Globos amarillos, música de fiesta, el perro Balcarce ‘en el sillón presidencial: con el triunfo de Mauricio Macri los medios de comunicación nacionales e internacionales fueron unánimes, irrumpió en Argentina la “Revolución feliz” – el fin del endurecimiento populista y la “vuelta a la escenario mundial”. Una ideología liberal, democrática de derecha. Macri dijo a un grupo de periodistas reunidos, pertenecientes a Le Monde, The Guardian, La Stampa y El País, que se sentía reflejado en su ídolo Nelson Mandela. Ninguno de los presentes sintió la más mínima sospecha de sarcasmo.

Ni Mauricio Macri, ni Alfonso Prat-Gay, ni Federico Sturzenegger explicitaron aún cuál es su modelo de desarrollo para el país. Una posibilidad es que no lo tengan. Lo que existe hasta el momento son interpretaciones de las medidas que van tomando y señales fáciles de decodificar como el retorno al FMI, a la cumbre de Davos o la alfombra roja en Casa Rosada para recibir a la Mesa de Enlace y a la Asociación Empresaria Argentina (AEA), con Héctor Magnetto y Paolo Rocca a la cabeza, mientras entidades como la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios emiten comunicados advirtiendo que las pymes están en peligro. Pero no hubo por parte de las autoridades una presentación acabada del proyecto económico en marcha, cuáles serán los sectores y los actores sociales que actuarán como locomotora, y mucho menos cómo impactará esa estrategia en la distribución del ingreso y la justicia social.

A veces se hace necesario recapitular y explicar. En el caso de la detención de Milagro Sala, que va adquiriendo la dimensión de un escándalo institucional sin precedentes en los treinta y dos años de vida constitucional continuada que por suerte tenemos, es menester hacerlo, aunque la explicación requiera meterse en cosas algo técnicas, pero que el público debe conocer.

La decisión del oficialismo de mantener paralizado el Congreso durante el receso de verano es un tema de actualidad, pero de disímil tratamiento en la doctrina constitucional. Quizá será el momento de darle encuadre a una interpretación constitucional acorde a nuestra realidad contemporánea.

Este artículo desarrolla la hipótesis de que una de las dos corporaciones de los sectores dominantes más relevantes de la historia y la economía argentina, la Unión Industrial Argentina (UIA), y la Acción Coordinadora de Instituciones Empresarias Libres (ACIEL) contribuyeron a crear un clima destituyente a partir de sus críticas y presiones constantes. La vinculación de sus propuestas y de las políticas efectivamente aplicadas a partir de la dictadura militar de Juan Carlos Onganía da cuenta de lo que constituye un entramado de complicidad cívico-militar que posibilitó y facilitó el derrocamiento del presidente.

Complejidades del orden político, económico y de las relaciones internacionales caracterizaron al período 1955-1976 en la Argentina. Se trata de una etapa que va desde el derrocamiento del general Perón por parte de la autodenominada Revolución Libertadora hasta el inicio de la última y más sangrienta dictadura militar que conoció el país. En términos políticos, la cuestión central del período fue la proscripción del peronismo, los vaivenes entre represión e inclusión del movimiento sindical, y finalmente su radicalización a partir de fines de la década de 1960.

¿Persigue acaso fines de redistribución equitativa de la energía o de los subsidios? ¿Se propone incrementar el consumo, el bienestar ciudadano, entregar más energía para las 23 provincias? ¿Qué rol cumplen los subsidios energéticos que el FMI pide eliminar de cuajo? Véase la imagen y luego, por favor, téngase a bien leer lo que sigue debajo.

Los abajo firmantes, integrantes del sistema científico-tecnológico y universitario argentino, queremos expresar nuestra preocupación por una serie de acciones del gobierno del Presidente Mauricio Macri. Lo hacemos con la premisa de que tanto la práctica como la gestión de la ciencia y la tecnología no son ajenas a las acciones generales de gobierno, al modelo económico-social y al funcionamiento del sistema democrático. Nuestra tarea cotidiana se construye sobre las bases del pensamiento crítico, por lo cual no podemos mirar para el costado frente a medidas que apuntan a generar una restauración conservadora en nuestro país, que eche por tierra conquistas sociales y populares e instale un discurso adormecedor de conciencias.

El plan económico del gobierno de Mauricio Macri significó, en pocos días de gestión, la aplicación de un conjunto de políticas que excedieron sustancialmente la devaluación (o su presentación mediática como “levantamiento del cepo”) y han delineado una nueva comunidad de negocios. En ese espacio comulgan el complejo agroexportador, la cúpula industrial orientada al mercado externo, el sector financiero, las empresas de servicios públicos y las fracciones acreedoras del exterior que apuestan al retorno al financiamiento internacional.

La Argentina estuvo 38 años bajo acuerdos con el FMI. Entre 1956, cuando entró al organismo, y 2006, cuando en enero canceló toda su deuda. Pasar 38 años de 50 bajo programas del FMI es mucho, es decir que tenemos una larga experiencia, bastante negativa como país, la cual permite afirmar que los acuerdos con el FMI no traen prosperidad ni solucionan los problemas económicos.

La emergencia en seguridad y el parche batido sobre el narcotráfico volvieron a colocar en el centro de interés la radarización del país. La única discusión sensata al respecto es acerca de su importancia relativa y de la forma en que se incorporan las unidades. Durante el gobierno de Carlos Menem se concibió como un gran negocio que al mismo tiempo ayudaría a congraciarse con grandes empresas transnacionales y sus países de origen. La empresa norteamericana Northrop Grumman y la italiana Alenia Marconi se adjudicaron una primera licitación de 16 radares de tres dimensiones o primarios (aquellos que pueden ubicar a un avión aún cuando apague el trasponder y no colabore respondiendo a las señales). También estaban interesadas la canadiense Hughes y la alemana Siemens, cada una con su lobbysta en el gobierno nacional. Incluso hubo una oferta para instalar un centro de ingeniería en Anillaco. Pero muy pronto se judicializó por las impugnaciones de la francesa Thompson y la norteamericana Raytheon, lo cual además de una causa en tribunales dio lugar a negociaciones de alto nivel con los tres gobiernos interesados. Estados Unidos presionaba con su “preocupación por la facilidad que encontraban los vuelos de narcotraficantes para ingresar por la frontera norte de la Argentina”, así como ahora el vicepresidente Joseph Biden ofrece colaboración a Macrì para la “lucha contra el narcotráfico”.