Seguirle la pista a la evolución de la cúpula empresarial no es tema menor: muestra la dimensión del bloque del poder económico y echa luz sobre la suerte del patrón de acumulación realmente existente. Dos importantes trabajos publicados en Realidad Económica Nº 297, fueron presentados en una actividad en la UNSM convocando al debate a tres destacados intelectuales. El resultado: un abordaje particularmente potente de la temática, con un corolario de saberes y nuevas preguntas.

El proyecto de ley de “reparación histórica a los jubilados” propone la creación de una “Pensión Universal a la Vejez” en reemplazo de las actuales moratorias. Al respecto, proponemos un breve recorrido por la historia de las pensiones a la vejez no contributivas en el país.

Sin vueltas: robar está mal. En la vida privada y en la pública. En la calle y en el Estado. Pero, en política, hay momentos en que además de un acto que va contra la ética y contra el Código Penal, robarse el dinero público puede ser un acto suicida. Políticamente suicida. Más aún para fuerzas que invocan la defensa de los intereses populares y que gobernaron mediante la extensión de derechos sociales y no a través de su restricción.

Toda declaración de emergencia, sea por decreto de necesidad y urgencia o por ley, se traduce en una gama infinita, y por cierto imprevisible, de posibilidades de cercenamiento de derechos; siempre importa una restricción a los particulares y una correlativa ampliación de facultades del Poder Ejecutivo, y por ello, su declaración solo se justifica frente a una situación límite y extraordinaria. La situación previsional argentina en absoluto se encuadra en ese supuesto. La declaración de emergencia resulta para el caso, cuanto menos, innecesaria.

En el diario Página/12 de ayer, en la nota titulada "El botín de las acciones de la Anses", por Alfredo Zaiat, se hace referencia a un informe de Hernán Letcher y Julia Strada (Centro de Economía Política Argentina, CEPA), en donde se analiza la participación del Estado en las empresas privadas del Fondo de Garantías de Sustentabilidad (FGS). Las empresas del FGS son aquellas en donde el Estado Nacional se presenta como un posible socio estratégico, llevando a cada instancia de participación su perspectiva en relación al desarrollo económico nacional.

Corrupción y transparencia se volvieron palabras clave de este año político. Mientras los voceros del gobierno se valen de ellas como cortina para disimular el ajuste, los Panamá Papers nos recordaron que hay pocas cosas más regresivas que la falta de transparencia del capitalismo global.

Ya pasó más de un año desde que se inició la campaña Ni Una Menos. Hoy volvemos a reclamar, porque no vemos que haya políticas públicas para evitar los femicidios. Además tenemos que lamentar el cierre de programas nacionales de asistencia a las víctimas de violencia de género y que no haya planes ni acciones en ese sentido a nivel provincial.

La Argentina tiene hoy un presidente que no solo está vinculado con personajes como Raúl Martins, dueño de prostíbulos y acusado de trata de personas, sino también casado con una mujer denunciada por trabajar con talleres clandestinos que explotaban a niños y mujeres para abaratar los costos de sus prendas y continuar enriqueciéndose a costa del sufrimiento de los más vulnerables.

Es fácil, simple y comprobable ver la lógica rentista en el gobierno de Macri, por la sencilla razón que ha sido la lógica de la burguesía Argentina en gran parte de su existencia, exasperada cuando asumen la administración del país.

La convención anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas no es el lugar más apropiado para hablar de moral, aunque tal vez sí lo sea para ponerle precio. Fue en ese particular ámbito donde días atrás Alfonso Prat-Gay confirmó que el Gobierno lanzará un blanqueo de capitales, y que la oportunidad para que empresas e individuos regularicen su situación con el fisco tendrá una tasa impositiva alta “porque es la manera moral de equilibrar la cuestión de que algunos pagan y otros no”.

Una legión de por lo menos 27 financistas ocupa diferentes cargos estratégicos en la estructura del gobierno de Mauricio Macri, y la mayoría ha trabajado en Wall Street. Están en el Ministerio de Hacienda y Finanzas, Banco Central, Comisión Nacional de Valores, Anses, Unidad de Información Financiera, YPF, Banco Nación, y hasta en el Ministerio de Desarrollo Social. Es tan impactante este desembarco que sorprende a los propios protagonistas del mercado financiero internacional, que lo festejan pero a la vez les genera intriga el experimento. Wall Street está acostumbrada en Estado Unidos a colocar en ciertos cargos claves alguno de sus representantes, para luego desplegar una extraordinaria capacidad de lobby para conseguir condiciones que permitan ampliar su fabuloso negocio sin interferencias. La administración Macri fue más allá y entregó directamente el manejo de varios organismos estatales al mundo de las finanzas internacional. Wall Street se instaló de ese modo en la Casa Rosada como no lo ha hecho en ningún otro gobierno.