Las palabras de Alberto Fernández, mencionadas al finalizar la jornada eleccionaria del 14 de noviembre pasado, parecieron anunciar el esperado resultado de una negociación con el principal acreedor de la Argentina, pero que resulta claro a esta altura que continuará durante los próximos tiempos.

Diversos analistas sostienen en este sentido que la fecha tope sería el 22 marzo, cuando vencen 2.873 millones de dólares de la devolución del préstamo conferido por este organismo a la alianza Cambiemos, al que hay que sumar 2.400 millones del Club de Paris, que solo se refinanciarían si hay acuerdo con el Fondo.

Montos que, por fuera de cualquier ideología, el país no dispone.

Pero en rigor, se firme o no un acuerdo de intención para esa fecha, una lectura histórica del asunto demuestra que lejos de tener una fecha de “cierre”, la negociación tendrá un carácter permanente, entre un FMI que ya demostró sostener sus recetas habituales de ajuste para priorizar los compromisos financieros antes que sociales o productivos, y gobiernos argentinos que, o bien intentarán demarcarse de estas imposiciones, o bien buscarán un cumplimiento igualmente imposible por el efecto que las mismas generan en la población.

De esta última situación bien pueden dar cuenta los funcionarios de la alianza Cambiemos, que aún en coincidencia ideológica con el diseño neoliberal de las políticas que exigía el Fondo, debieron modificar en cuatro oportunidades los acuerdos rubricados, ante su imposibilidad de efectuar su cumplimiento.

Justamente esta modificación permanente que la alianza Cambiemos efectuaba con el FMI, eran la evidencia de que los acuerdos eran a prueba y error, y que aun cuando los mismos estaban comprendidos dentro de los tipos Stand By en lugar del Extended Fund Facility que actualmente se negocia, y que había un alineamiento entre el FMI y la alianza Cambiemos, en todos los casos resultaba una quimera predecir el nivel de daño de los ajustes del FMI, y su consecuente efecto en la economía nacional, cuestión que hoy se agrava por el contexto de pandemia y la acumulación de problemas estructurales que acarrea la Argentina.

Sin razón para el default

Dentro de este esquema, cabría preguntarse cuál sería la utilidad de decretar una cesación de pagos, más allá de que la misma haya sido una buena carta de negociación durante estos dos años, debido a las implicancias que tendría el default mismo para la región y también para el FMI.

Actualmente, de los 288.000 millones de dólares que dispone el FMI para otorgar en préstamo, la Argentina es el principal deudor, con 44.000 millones, por encima de los otros tres países más comprometidos con el Fondo, como son Egipto, Ucrania, y Pakistán. La idea de que un default permitirá un alejamiento de este organismo, suena poco realista, pero si lo sería que este organismo espere y trabaje para la reanudación de sus acuerdos de cobro, idealmente por parte de un gobierno que comparta su visión económica y geopolítica, como el de la alianza Cambiemos.

Lo que en cambio si resulta claro, es que la cesación de pagos tendría repercusiones concretas. Por caso, y por fuera de las opiniones, la Fundación FIDE le puso números. Concretamente, y de acuerdo a la arquitectura financiera internacional, la entrada en default con el Fondo implicaría para el país el automático cese de acuerdo con otros organismos de crédito multilaterales, como el Club de Paris, el Banco Interamericano de Desarrollo o el Banco Mundial, que implicarían restricciones de fondos por cerca de 25.000 millones de dólares.

Y si bien es real que existe vida después del default, el interregno para la estabilización puede ser realmente cruento para los sectores vulnerables. Ciertamente la Argentina de principios de siglo pos default fue un ejemplo de crecimiento virtuoso, pero aquella cesación de pagos se redujo a acreedores privados, pues al FMI, es decir a los 190 Estados acreedores de la Argentina, jamás se les dejó de abonar. Aún así, el trimestre que siguió a la declaración de cesación de pagos, primero de 2002, implicó el derrumbe del PBI en un 16,3 por ciento.

Por fuera del default, cualquier acuerdo exigirá un compromiso imposible: Abonarle a Fondo los 40.000 millones de dólares que restan del préstamo entre 2026 y 2031, monto que se superpondría a los 48.000 millones acordados con los privados en la reestructuración del año pasado. Fondos que, de no obrar un milagro, el país no tendrá. Y que al igual que la magnitud de reducción del déficit y de devaluación del peso que solicita actualmente el FMI, serán de imposible cumplimiento.

Lo que anuncia que, por fuera de un acuerdo o cesación de pagos, el conflicto no tiene fecha de resolución.  

^{eldestape - 27 de diciembre de 2021}