Es lo que está sucediendo. En marzo de 2025, ante la inaceptable injerencia del Gobierno del presidente Trump en los asuntos internos^[1] de nuestro país que hoy se ha acrecentado, señalamos:

“El mundo vive una guerra económica, comercial, tecnológica y por el control de recursos naturales estratégicos, que incluye conflictos bélicos, e inaceptables intromisiones de las naciones más poderosas en otros países…”

Lo corrobora la brutal agresión estadounidense contra Venezuela del 3 de enero – en flagrante violación del derecho internacional – invadiendo, bombardeando su territorio, asesinando a decenas de personas, y secuestrando al presidente de ese país, Nicolás Maduro, y a su esposa.  Al referirse a esta acción ilegal e intolerable, Trump reclamó acceso total al petróleo venezolano en beneficio de las empresas norteamericanas.^[2]

Es en este contexto que deben analizarse las decisiones de política internacional, económica, financiera, social e institucional del gobierno de Javier Milei, alineado incondicionalmente con el presidente estadounidense .

Es el caso del mentiroso e inconsistente Presupuesto 2026, que impulsado por el Gobierno libertario se sancionó en el Congreso Nacional violando, entre otros, el artículo 75 inciso 19 de la Constitución Nacional, y el art. 20 de la ley 24.156 de administración financiera.

Es decir, se votó una ley inconstitucional que, entre otros, tiene el vicio de su finalidad:  un fenomenal ajuste, que implica la violación sistemática de los derechos constitucionales de una inmensa mayoría de las argentinas y argentinos (ver anexo 1). Su ejecución supone menores ingresos alimentarios, menor consumo, caída de la demanda, de la producción, destrucción de empresas y de empleo, con menos recursos para previsión social, educación y salud públicas, ciencia y tecnología, y defensa nacional.

Ese presupuesto está subordinado al cumplimiento de acuerdos sobre compromisos fraudulentos con gravísimos vicios de origen suscriptos con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Gobierno del presidente Trump, lo que, en Argentina, beneficia a las empresas de la Cámara de Comercio de EE. UU. (AmCham), y a una minoría enriquecida con la especulación financiera o la oligopolización de los precios, en particular de los alimentos, la energía, e insumos necesarios para producir.

Lo mismo vale para la denominada Ley de Inocencia Fiscal, que profundizará la caída de recaudación fiscal (ver anexo 2), favoreciendo la evasión tributaria y el lavado de dinero proveniente de actividades criminales como el narcotráfico. Ello coincide con el objetivo declarado de Javier Milei de destruir el estado^[3].

O para el DNU 945/2025 por el que «La Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) incrementará su opacidad y su poder sin control parlamentario; todas sus actividades de espionaje pasarán a ser «encubiertas», transformando a los agentes de inteligencia en ‘policía secreta’ o ‘fuerza parapolicial’, y habilitando la detención de personas sin orden judicial»…iniciativas que  “divorciadas de las genuinas prioridades de nuestro pueblo, surgen como el complemento represivo indispensable de un programa económico y social de ajuste continuo que se está llevando a cabo y que no resultará sustentable en el tiempo» como señala la CGT ^[4] y que ambas CTA caracterizan como arquitectura ilegal para la persecución ilegal política, sindical, y social.

O para las normas que ceden recursos y empresas estratégicas (ver anexo 3) a la par que el Gobierno lleva adelante una política exterior que compromete la seguridad de nuestra sociedad y abre la puerta a la cesión de nuestra soberanía marítima y de nuestras Islas Malvinas.

Por ello insistimos, antes de que sea demasiado tarde, necesitamos dejar de lado mezquindades inaceptables que están postergando una unidad con contenido^[5] expresada en un proyecto común, en una estrategia con acciones y compromisos claros con todos los sectores vinculados al interés nacional, con el fin de revertir las políticas de entrega de nuestros recursos estratégicos y destructivas de nuestro entramado socio productivo.