El ICC se elabora en base a un cuestionario sobre la situación personal de los entrevistados, sobre la opinión y expectativas que tienen acerca de la situación macroeconómica, y sobre la predisposición a comprar bienes de consumo durables y a cambiar de casa.

Los tres subíndices registraron bajas significativas, particularmente el que refleja el interés hacia la compra de durables, que cayó un impactante 33,1 por ciento. Los datos son tan contundentes que hasta el diario Clarín le dedicó al tema una página con el título “Devaluación e inflación golpearon fuerte el humor de los consumidores”. Aunque otras encuestas siguen reflejando un alto grado de aprobación sobre Mauricio Macri y la gestión, en el Gobierno son conscientes de que la aceleración inflacionaria con la consecuente pérdida de poder adquisitivo, la contracción económica, y el temor a perder el empleo que se está extendiendo, están horadando el apoyo. Eduardo Fidanza escribió el sábado en La Nación que “la sociedad está redefiniendo sus sentimientos positivos: abandona la euforia, se desprende poco a poco del optimismo pueril y se sitúa en lo que puede denominarse un optimismo realista”. Ese cambio de humor es lo que explica el agresivo y sesgadísimo diagnóstico de la herencia que hizo el Presidente en el discurso de apertura de las sesiones ordinarias del Congreso: la enfermedad recibida requiere un tratamiento doloroso. Así como aceptan que el humor social ha empeorado, se niegan a reconocer que otra sensación que va instalándose es que Macri gobierna para los ricos. Tan presente está el tema que una de las columnas políticas del domingo pasado en La Nación se titula “¿Es el de Macri un gobierno para los ricos?”. El artículo no lo responde, pero señala que “por muchas razones, el gobierno nacional, en el poco tiempo que lleva, debe luchar contra una percepción que anida en parte de la sociedad según la cual Macri gobierna para los ricos”. Efectivamente, hay muchas razones para sostener esa idea. Hasta el impreciso anuncio en el discurso del martes sobre la devolución del IVA en consumos básicos de sectores bajos, casi todas las medidas económicas relevantes habían sido a favor de sectores acomodados. En la lista figuran la devaluación, la quita de retenciones al agro, a la industria y a la minería, el arreglo con los fondos buitre, la modificación por decreto de necesidad y urgencia de la Ley de Medios, la cesión a canales privados de la televisación más rentable del fútbol, entre otras. Hasta los anuncios del martes, la única medida significativa a favor de los más pobres había sido el pago extra de 400 pesos en diciembre por única vez a jubilados con el haber mínimo y a receptores de la AUH: una ayuda que implicó 3.300 millones de pesos, una cifra muy inferior a las mejoras de rentabilidad que generaron los ejemplos citados. A los que podría agregarse el aumento en el margen de ganancia que logran los formadores de precios en momentos de aceleración inflacionaria. Antes de que lo preguntara La Nación, Marcos Peña había escuchado varias veces el mismo planteo. Como el caso de los dos diputados radicales que la semana pasada le señalaron que mucha gente comienza a pensar que Cambiemos gobierna para los sectores más acomodados. Lo mismo que en cada oportunidad que surgió el tema, el jefe de Gabinete reconoció el cambio de humor y lo atribuyó a “errores de comunicación”. Cualquiera tiene derecho a creer que Peña miente y con cinismo atribuye a errores de comunicación lo que es un deliberado objetivo de favorecer a los ricos y perjudicar a los pobres. Supone adjudicarles perversidad y ausencia de ambición para revalidar legitimidad en las urnas. La alternativa, más rica para el análisis político, es pensar que él, y el Gobierno en general, están ideológicamente convencidos de que las medidas que están tomando son inevitables y necesarias para poder reencauzar a la economía en un sendero de crecimiento que aumente el bienestar de la mayoría. En lo conceptual, el macrismo cree que una política amigable con los mercados y propicia para los negocios, junto con una gestión eficiente del Estado, son las condiciones básicas para la expansión económica. En lo operativo y coyuntural, el grueso de las fichas está puesto en el endeudamiento. Lo explicó con total sinceridad Alfonso Prat-Gay durante el anuncio del acuerdo con los fondos buitre más recalcitrantes. Dijo textualmente: “La única forma de poner a la Argentina en la senda del crecimiento es con crédito”. Como pieza central de la macri-economía, el endeudamiento cumple tres funciones. En primer lugar, achica el nivel de emisión monetaria para financiar el déficit fiscal, en la medida que los dólares se utilicen para cancelar vencimientos externos. De esa manera contribuye al objetivo de bajar la inflación, que para ellos es básicamente consecuencia de lo que se emite para cubrir desequilibrios presupuestarios. Según el ministro de Hacienda, “si nadie nos prestara no habría margen para el gradualismo”. En otras palabras, está diciendo que sin crédito externo el ajuste fiscal sería más brusco. La segunda función del endeudamiento es financiar el plan de obra pública, que junto con una ingenua confianza en la inversión privada, son las dos vías de expansión que planteó el Gobierno. Con caída de salario real y algún retroceso en el empleo, nada se puede esperar por el lado del consumo. Tampoco se puede esperar impulsos por el lado de la demanda externa, con Brasil en fuerte recesión, China desacelerando y los precios de los productos que exporta el país en bajos niveles. Por último, el endeudamiento es a la macri-economía lo que el (mal) llamado cepo fue al último kirchnerismo: la manera de enfrentar la recurrente restricción externa, es decir, la incapacidad que desde hace unos años volvió a tener la economía para generar los dólares que necesita. Aun cuando la Argentina tiene un nivel de endeudamiento muy bajo, un esquema que depende tanto del crédito externo obliga a estar muy atentos para no repetir viejas y muy malas experiencias.

Revista Veintitrés - 4 de marzo de 2016