Amaia Egaña, de 53 años, casada y con un hijo, decidió arrojarse desde el balcón del departamento en el que vivía en la localidad vasca de Barakaldo, justo en el momento en que una partida de policías y oficiales de la justicia se disponía a tomar su casa.

Su trágica muerte conmocionó a los españoles, en un país en el que se prevén 360.000 ejecuciones hipotecarias en los próximos tres años, y donde, por el mismo motivo, ya se había ahorcado un hombre en la ciudad andaluza de Granada el 25 de octubre pasado. A ese hecho le siguió, horas después, otro intento frustrado de suicidio en Burjassot, Valencia, aunque la víctima llegó a ser hospitalizada a tiempo.

El temor a una ola de suicidios y al agravamiento de la situación por el número creciente de desalojos -en el segundo trimestre de 2012 se llegó al inquietante récord de 526 familias desalojadas por día en toda España- llevó al gobierno de Mariano Rajoy a promover cambios urgentes en la legislación.

En este sentido, ayer, el propio presidente español adelantó que, sobre el inicio de la próxima semana, podría haber importantes novedades sobre este delicado tema.

"Espero que podamos hablar el lunes de la paralización temporal de desalojos que afectan a las familias más vulnerables. Y de los umbrales de exclusión, para aplicar mejor el código de buenas prácticas, para que se pueda renegociar la deuda y permanecer en la vivienda", dijo el mandatario.

El Palacio de la Moncloa había anunciado el viernes pasado el inicio de gestiones con la oposición para acelerar la reforma de las leyes vigentes sobre el desalojo, que en la actualidad priorizan los derechos de los bancos por sobre la situación social de los clientes más vulnerables a las consecuencias de la crisis.

El gobierno se mostró sensibilizado luego de que, a principios de este mes, el índice de desempleo superó la barrera del 25%, una tasa que afecta así a uno de cada cuatro españoles en edad activa.

La legislación actual, que en ocasiones obliga al deudor a seguir pagando la hipoteca aun después de haber devuelto su vivienda, recibió esta semana un duro dictamen del Tribunal de Justicia Europeo, al "incumplir" las normas europeas que protegen al consumidor contra prácticas abusivas.

De acuerdo con el fallo de este órgano judicial, los estados miembros de la Unión Europea (UE) "no pueden poner obstáculos" a los derechos de defensa del consumidor contemplados en la directiva 93/13, que regula las garantías de los ciudadanos comunes.

Ante esta presión adicional de Europa, la vicepresidenta Soraya Sáez de Santamaría prometió "acelerar al máximo" el proceso hacia un acuerdo con la principal fuerza de la oposición, el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), para encontrar una salida legal a este verdadero drama.

Entre las medidas de aplicación inmediata que se barajan, el socialismo propuso la suspensión de todos los desalojos previstos hasta el momento en que se promulgue la nueva ley.

Otra propuesta que analizan las asociaciones de defensa de los derechos del consumidor es la de conseguir una moratoria que reemplace al desalojo como medio para reparar una situación de impago, en especial para aquellas personas de menores recursos.

Más allá de que el debate sobre la solución para adoptar está en marcha, todos coinciden en que la medida para detener la epidemia de desalojos debe implementarse más temprano que tarde.

El fenómeno del "desahucio", como es conocido en España, avanzó en forma demoledora y simultánea con la crisis: desde 2008 hasta la fecha, se produjeron 213.275 desalojos, según cifras oficiales proporcionadas por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Pero, según la ONG española Plataforma de Afectados por las Hipotecas, el número de familias afectadas en estos últimos cuatro años superaría las 400.000, dado que el propio CGJP reconoce que sus estadísticas "no incluyen" los datos provenientes de los juzgados de primera instancia.

Por su parte, otra organización local, la Asociación de Afectados por Embargos y Subastas (AFES) afirma que el drama de la quita forzosa de viviendas no agotó su poder destructivo: de acuerdo con sus estimaciones, entre 2012 y 2015 se producirán 360.000 nuevos desalojos.

La Nación - 10 de noviembre de 2012