En mayo de 2017, el entonces ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, señalaba que Argentina había ingresado en un ciclo de “recuperación perdurable”, el que se iba a “quedar por mucho tiempo”. “Ya vemos un pequeño bosque de brotes verdes”, agregaba. Un año después, en junio de 2018, si bien el gobierno nacional, a través de la paralización temporaria de las medidas de ajuste, había reactivado levemente el mercado interno, la Argentina volvió a recurrir al FMI. Sin poder hacer frente a las obligaciones en divisas, el acuerdo con el Fondo pasó de ser calificado como “precautorio” a ser la única alternativa de endeudamiento ante la imposibilidad de acceder al resto de los acreedores internacionales. Tan sólo un mes después, en julio de 2018, el Instituto de Finanzas Internacionales (IIF, según sus siglas en inglés) incluía a la Argentina en el grupo de países que representaban los mayores riesgos de refinanciación en la deuda en moneda extranjera. En el informe, el IIF agregaba: “parecen ser los más vulnerables a grandes oscilaciones en los flujos de capitales”.

Más cerca en el tiempo, hace tan sólo dos meses, el presidente Macri mencionaba en su discurso por el acto del Día de las PyMEs: “estamos pasando momentos difíciles, estamos empezando a dejarlos atrás y estamos listos para empezar a cosechar los frutos que sembramos y así alcanzar lo que todos queremos, un futuro mejor”.

El interrogante que surge inmediatamente es ¿Qué pasó para que la Argentina llegue a una situación límite? ¿Qué llevó a que la Argentina fuera considerada por varias calificadoras como el más vulnerable?

Si bien en el periodo que siguió a las elecciones primarias que tuvieron lugar el 11 de agosto se exacerbaron la mayoría de los problemas financieros, esto no es más que la consecuencia del modelo económico implementado desde diciembre de 2015. Si bien Macri intentó hacer recaer la responsabilidad de la situación actual en la Argentina a los resultados electorales (la oposición —Frente de Todos— obtuvo 16 puntos porcentuales más que el oficialismo —unos cuatro millones de votos de diferencia—), dicha responsabilidad cabe exclusivamente a su gobierno y a sus aliados internos y externos, en especial el FMI.

A pesar de una fuerte intervención del Banco Central en el mercado, que involucró un monto de 2.038 millones de dólares desde el periodo post elecciones Primarias hasta fin de agosto, luego de haber frenado su cotización por motivos electorales, la variación del tipo de cambio llegó al 30% en ese mes, cerca de los valores máximos pactados con el FMI. Tal variación no resulta entonces situación excepcional, pero en una economía en la que los servicios públicos y los productos de primera necesidad se encuentran altamente ligados a la divisa norteamericana, esta devaluación seguramente tendrá un importante traslado a precios y presionará aún más sobre el deteriorado bienestar de la población.

Ante estas circunstancias, el gobierno argentino se vio obligado a aplicar una serie de regulaciones que van en contra de su ideología y modelo económico aplicado. De hecho, el flamante ministro de Hacienda, Hernán Lacunza, las definió como “incómodas” y aseguró que no son las que su equipo deseaba para la Argentina pero que son “necesarias para evitar males mayores”. Un concepto luego ratificado por el presidente Macri en una reunión con representantes de las más grandes empresas radicadas en Argentina.

Las medidas se resumen en una serie de restricciones cambiarias desde el 2 de septiembre hasta el 31 de diciembre, que fueron descriptas por el Presidente del Banco Central, Guido Sandleris, como “paraguas cambiario para que la economía pueda transitar la incertidumbre asociada al proceso electoral”. Se estableció un plazo de entre 5 y 180 días para que los exportadores liquiden sus divisas en el mercado local (la actual gestión había eliminado toda obligación de ingresar esas divisas al país). También se colocó un límite mensual para la compra de divisas y transferencias al exterior por parte de las personas humanas de 10.000 dólares por mes. En el caso de las empresas, no podrán adquirir dólares para atesorar y se regula el acceso a las divisas para importar bienes y servicios necesarios para operaciones ordinarias, entre otras.

“Reperfilamiento” de la deuda pública

Otro de los flancos sobre los que debió tomar medidas el gobierno tiene que ver con la importante concentración de vencimientos de deuda pública durante los próximos meses. En unos pocos meses debían afrontarse 16.000 millones de dólares bajo ese concepto. El propio gobierno debió reconocer con sus últimos anuncios que la política de endeudamiento que llevó adelante durante toda su gestión posee un perfil prácticamente imposible de afrontar.

Se pasó de un ratio deuda/PIB del 49,5% cuando asumió Macri, al 88,5% en marzo de 2019. Pero, además, los términos del acuerdo con el FMI en particular se traducen en una fuerte concentración de los desembolsos durante los primeros dos años (antes de las elecciones presidenciales de octubre de 2019), mientras que la devolución se pactó de forma tal que en el bienio 2022-2023 deberían devolverse más de 45.000 millones de dólares, prácticamente imposible.

En este marco, el haber lanzado un reperfilamiento de la deuda constituye un alivio ante una situación de emergencia. En el caso de la deuda de corto plazo, se produce una extensión de los vencimientos de hasta 180 días. Esta denominación —reperfilamiento— es la que reciben aquellas renegociaciones en las que se modifican los plazos de vencimiento pero no los términos del acuerdo en cuanto a montos adeudados e intereses.

En los albores de un muy posible cambio de gobierno que implique a su vez un cambio de modelo, estas medidas van en la dirección correcta. Otorgan liquidez al sistema financiero y resguardan las reservas internacionales.

Es importante entonces apelar a que en las próximas elecciones presidenciales de octubre quede más que nunca en evidencia la imperiosa necesidad de un cambio de modelo y de gobierno que permita tomar las decisiones de fondo para revertir la penosa situación de las mayorías argentinas. Ello se logrará utilizando herramientas que generen una redistribución del ingreso, mejorando la calidad de vida y el poder de consumo de la población, incentivando así la actividad de los sectores económicos más afectados en estos casi cuatro años, como la industria y las pymes, entre otros.

- Carlos Heller, Presidente Partido Solidario de Argentina. Ex diputado Nacional por Ciudad de Buenos Aires

^{Nodal - 6 de septiembre de 2019}