El 27 de enero, a los cuatro meses de la desaparición forzada de 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa y el asesinato de otros cuatro, el procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, repitió los argumentos, versiones y testimonios ya presentados el 7 de noviembre de 2014. Con un agregado: ahora los declaró “verdad histórica”. Con esta presentación pretende cerrar el caso, suspender toda investigación y cortar la interlocución con los familiares de las víctimas.

El juez de la Corte Suprema Raúl Zaffaroni participó de un acto en la Legislatura porteña. Hijos Capital les agradeció “por haber elegido la lucha, por ser valientes, por habernos enseñado que lo imposible sólo tarda un poco más”.

Durante un homenaje que tuvo lugar en la exEsma, el ministro de Educación, Alberto Sileoni, afirmó que la organización de derechos humanos es un ejemplo de que "pelear por lo que uno ama es la mejor manera de vivir" y consideró que su creación el 30 de abril de 1977 "constituyó la fecha de parto de la democracia moderna de nuestro país". A través de una carta, la agrupación HIJOS les agradeció "habernos enseñado que lo imposible sólo tarda un poco más" y "seguir firmes y llenas de amor".

"Junto a estas mujeres queremos ratificar la importancia de que la escuela hable de valores, que pueda reflexionar sobre el pasado reciente, porque este es uno de los caminos educativos", indicó Sileoni durante el encuentro "Vida Siempre", que se realizó en el ECuNHi.

Antes del golpe de 1976, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) tenía unos 5000 trabajadores y al menos 794 fueron cesanteados durante la dictadura. Entre ellos hubo detenidos, personas obligadas a renunciar, trasladados, asesinados y cuatro desaparecidos. Todos esos datos comienzan a ser revisados en una nueva causa judicial impulsada por un sobreviviente y familiares de los desaparecidos en el juzgado federal de Daniel Rafecas. Las víctimas le piden a la Justicia un análisis de lo ocurrido como un “todo” y una revisión de las responsabilidades penales a la luz de la actuación que tuvieron los civiles y en particular la Sociedad Rural Argentina que, desde el Consejo Directivo Nacional del organismo, tuvo un rol determinante en esa depuración.

Dice Guido Prividera que empezó a preguntarse qué pasó en el INTA cuando escuchó las primeras denuncias sobre la participación de civiles durante la última dictadura. “Alguien hizo allí las listas, alguien señaló a mi mamá para que la vinieran a secuestrar, no fueron los militares.” Guido Prividera, sociólogo e integrante de la Comisión de Reparación Histórica del INTA, es hijo de Marta Sierra, una investigadora del área de Ecología del INTA Castelar que fue secuestrada un día después de la intervención del organismo.

El juez Fernando Poviña lo procesó en dos causas. “La cooperación tuvo lugar en el marco de una persecución político-sindical llevada a cabo por la empresa Ledesma”, dice el escrito, que también alcanza al ex gerente administrativo Alberto Lemos.

El paso está dado. El juez federal Fernando Poviña procesó al empresario Carlos Pedro Tadeo Blaquier como cómplice en primer grado de la privación ilegal de la libertad agravada de 29 personas durante la última dictadura militar. El procesamiento se hizo en dos causas, cuyas distintas características importan para entender el peso determinante de esta medida.

Ver los fallos de las dos causas por las que se lo procesa:">http://www.iade.org.ar/uploads/c87bbfe5-a223-9690.pdf]
-Aredez
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Estuvo seis meses detenido en el penal de Gorriti. Dice que “los treinta mil habitantes de Libertador saben cuál fue el comportamiento de la empresa durante la última dictadura” y que “la apoyatura de transporte (para los militares) es sólo una parte”.

Hugo Condorí es el único dirigente gremial de la empresa Ledesma que sobrevivió a la dictadura. Era el presidente de la obra social del Sindicato de Obreros y Empleados del Azúcar del ingenio cuando fue secuestrado, en 1975. Hace pocos días dio su testimonio durante cuatro horas en la causa que investiga la desaparición del ex intendente de Libertador General San Martín, Luis Arédez, con quien había trabajado cuando era asesor de salud del gremio. Junto al vicepresidente de la obra social, el desaparecido Jorge Weisz, ejercían el control del cumplimiento de la Ley de Salubridad, un asunto que considera clave para entender la impunidad con que se manejan los Blaquier desde hace décadas. Condorí –que aún no se jubiló, está casado, tiene seis hijos, 25 nietos y dos bisnietos– hoy lucha por conseguir una indemnización desde la Asociación de Ex Presos Políticos. Y planea impulsar candidaturas para las próximas elecciones desde el Partido Solidario, que preside a nivel provincial. “Hubo 30 mil desaparecidos que querían un país mejor, que soñaban con un proyecto de independencia económica; hoy está cambiando el país grande, que es América latina, por eso trato de ser un orientador y facilitador con los jóvenes”, dice.

Rita declaró durante el Juicio a las Juntas. Fue una de las mujeres secuestradas durante la semana del 20 al 27 de julio de 1976, en lo que se recuerda como la Noche del Apagón. Su marido Agustín Donato Garnica era el fundador del sindicato de zafreros de Ledesma y a esa altura estaba preso. El 20 de julio, los carros que levantaron a 200 personas en esa noche la levantaron a ella de su casa y con ella se llevaron a dos de sus hijos: Miguel Angel y Domingo Horacio, que siguen desaparecidos. Rita estuvo secuestrada seis meses. Su marido pasó siete años en la cárcel. Ella perdió su casa, y la vida en ese momento. Hoy está casi ciega, se sostiene con una vara de madera y apenas ve sólo por el costado de uno de los ojos. Allí, en la casa de una de sus hijas, en este pueblo de Ledesma que todavía está paralizado por el poderoso efecto de opresión que genera la compañía, ella había conseguido ganarse unos pesos en los últimos meses cuando un vecino decidió estacionar su auto en el patio de entrada de la casa. La semana pasada, cuando empezaron a escucharse las últimas noticias sobre el pedido de indagatoria a Blaquier y su salida del país, en el pueblo comenzaron nuevamente a agitarse los fantasmas que señalan a los ex detenidos como subversivos; y aquel vecino nunca volvió a estacionar el auto en la casa.

Quisiera que me recuerden sin llorar

ni lamentarme

quisiera que me recuerden por haber hecho caminos

por haber marcado un rumbo

porque emocioné su alma

porque se sintieron queridos, protegidos y ayudados

porque interpreté sus ansias

porque canalicé su amor.

Quisiera que me recuerden junto a la risa de los felices

la seguridad de los justos

el sufrimiento de los humildes.

Quisiera que me recuerden con piedad por mis errores

con comprensión por mis debilidades

con carilo por mis virtudes,

si no es así, prefiero el olvido,

que será el más duro castigo por no cumplir mi deber de

HOMBRE.

Tenía poco más de dos años cuando irrumpió la dictadura cívico-militar genocida. Mi hermano había cumplido apenas un año 20 días antes. Mi papá, Carlos, hacía meses que no venía por casa: su nombre integraba una larga lista de “subversivos” buscados por las fuerzas represivas. Mi mamá, Mecha, trabajaba en el hospital, atendía nuestras demandas y esperaba noticias de su compañero. Ambos eran médicos y militantes del Partido Revolucionario de los Trabajadores. Ambos componen la nómina de 30 mil detenidos desaparecidos. No volvimos a saber nada de ellos.

¿Dónde está mi papá? ¿Cuándo viene? Mis preguntas debieron representar un peso insoportable para mi mamá. Desde marzo no se sabía nada de Carlos. Sólo llegaban versiones contradictorias que desalentaban cualquier esperanza y aumentaban la angustia que rodeaba el entorno familiar. El 7 de junio un grupo de tareas entró en la humilde casa en que vivíamos y secuestraron a Mecha y golpearon a mi tío y se burlaron de mi abuela.