Un nuevo ciclo de endeudamiento está en marcha a toda velocidad. En sus primeros seis meses de gestión, el Ministerio de Hacienda y Finanzas incrementó la deuda un 17 por ciento en dólares. De la mano del pago a los fondos buitre, la colocación de letras del Tesoro y el crédito de corto plazo solicitado por el Banco Central pasó de 160.000 a 187.000 millones de dólares. La magnitud del incremento en los pasivos externos del país es la más relevante para un período tan breve de tiempo desde 1994, marcando un quiebre con la etapa reciente de desendeudamiento.

Los últimos años del Gobierno kirchnerista se caracterizaron por una batería de medidas para “cuidar los dólares”. Sucesivas agudizaciones del cepo cambiario, controles de capital, restricciones a las importaciones, gradual devaluación del tipo de cambio oficial, desdoblamiento con el “dólar blue” y créditos externos tomados por el BCRA fueron los mecanismos usados para intentar evitar la salida de reservas internacionales. Esto no es nuevo en Argentina: la restricción externa (la escasez de divisas) ha sido la maldición que ha fundado las bases de la mayoría de las crisis de los últimos setenta años. Pero el Gobierno macrista parece haber dejado atrás esas preocupaciones. ¿Por qué la restricción externa desapareció de la agenda del Gobierno?

El nuevo ciclo de endeudamiento externo público y privado comenzó con 26.710 millones de dólares en apenas tres meses. Se suman otros 5000 millones de dólares recibidos por el Banco Central en un préstamo de corto plazo, con una garantía de 10 mil millones en bonos públicos. Más otros 1489 millones en Letras del Tesoro a corto plazo. El saldo en un solo trimestre alcanzó los 33.199 millones de dólares. Ese monto seguirá aumentando en lo que queda del año. Esta semana habrá una nueva ronda de esas Letras en dólares a 3, 6 y 8 meses, y el plan del blanqueo de capitales de por lo menos 20 mil millones de dólares, según estimaron funcionarios de Hacienda y Finanzas, tiene previsto que una parte se canalice a través de la emisión de títulos públicos a tres y cinco años.

El inmenso esfuerzo social de cancelación neta de deuda iniciado con el pago al FMI, en enero de 2006, proceso que se extendió hasta el final del anterior gobierno, dejó el terreno despejado para que un gobierno conservador pudiera desplegar lo que mejor sabe hacer: endeudamiento gigantesco para maquillar el descalabro fiscal autoinfligido y para abordar la debilidad del sector externo por el déficit comercial y la constante fuga de capitales. Así fue durante la dictadura militar, en la década del noventa con la convertibilidad y ahora en el gobierno de Macri.

El gobierno de Macri va a la deriva de un seguro naufragio, sin un norte claro y sin brújula para llegar a él, se agotó en cinco meses de una anodina gestión, fruto de su falta de representación y sin un plan de verdad, donde nunca se pensó en el mediano y largo plazo , por lo que el único camino que sabe es el de generar oportunidades y negocios para los sectores de mayores ingresos, pero esos sectores no lo reconocen ni como referente, ni como conducción.

El presente informe tiene el objetivo de brindar un monitoreo de las principales variables en la coyuntura económica actual.

En lo que refiere a la evolución de la actividad económica, los distintos indicadores arrojan invariablemente caídas en la actividad. Las ventas minoristas evidencian una caída de 5,8% en marzo1 . La construcción presenta cuatro meses consecutivos de caída de la actividad desde diciembre de 2015. La producción siderúrgica experimentó un claro declive a partir de noviembre de 2015, acelerándose esta caída a partir de diciembre. El complejo automotriz redujo sus exportaciones 38% en marzo y 40% en el primer trimestre de 2016.

La victoria política del gobierno con la ley buitre es inocultable y obedece a las condiciones estructurales de la economía y a la asimetría entre la Nación y las provincias. Pero un proyecto de ley transversal a distintas fuerzas de la oposición sometería al Congreso todo nuevo endeudamiento. También podrían aprobarse proyectos de emergencia que detengan la oleada de despidos, que ya está impulsando un reagrupamiento sindical. El default se debe a De la Rúa y Cavallo, no a Rodríguez Saá.

La aprobación del Congreso al acuerdo con los fondos buitre y el aumento de tarifas de servicios públicos son trazos firmes de la nueva política económica. Ambas decisiones guardan coherencia interna como parte del plan de restauración de un modelo neoliberal. Entender el ciclo de endeudamiento del Estado que pregona el macrismo desligado de esa matriz puede llevar a confusiones. El Gobierno pretende recuperar el crédito externo como puente hacia un modelo de valorización financiera, no para profundizar el proyecto de desarrollo productivo que intentó el kirchnerismo. Esta es la diferencia fundamental que pone en contradicción a los legisladores del Frente para la Victoria que votaron a favor del mal arreglo con Singer y compañía. Atentar contra la industria y el mercado interno como lo hace el Gobierno con el tarifazo, las tasas al 38 por ciento, la apertura comercial y los despidos demuestra que la intención del oficialismo no es trabajar sobre las causas estructurales de la restricción externa –insuficiencia de divisas–, sino habilitar canales de financiamiento para proveer de dólares a los sectores concentrados de la economía, como ocurrió en la dictadura y en los 90. Lo que se financia es la fuga de capitales.

En el marco de esta convocatoria a la reunión de voluntades para la construcción de una alternativa democrática y popular, el Instituto Argentino para el Desarrollo Económico (IADE) declara:

Toca opinar sobre una cuestión sensible en estos días: los arreglos institucionales y los efectos jurídicos del acuerdo con los holdouts (fondos buitres). Es una cuestión sensible, pero no nueva para la fiscalía que interviene en todos los eslabones que se han transformado en causas judiciales derivadas del endeudamiento externo desde 1976. Desde la causa iniciada por Alejandro Olmos hasta la hora presente.