Venimos, conforme el facultamiento contenido en el art. 174 y c.c. del CPPN, a promover denuncia dirigida contra todo el PEN y los senadores y diputados que presten su voto afirmativo para la comisión del obrar reputado delictivo, con domicilio legal en Balcarce 50 y Av. Rivadavia 1864 de esta C.A.B.A, respectivamente, para que se instruya causa respecto de un obrar que, “prima facie”, tipifica como traición a la patria (art. 215, inc. 1º, C. Penal), en concurso con defraudación especial (art. 173, 7º, C. Penal), con violación de los deberes de funcionario público (art. 248, C. Penal).

El 10 de septiembre de 2015, en medio de la campaña electoral para las elecciones presidenciales de octubre del mismo año, se hacen públicas las declaraciones de uno de los referentes económicos del principal partido de la oposición (ahora gobierno), quien afirmaba que el tipo de cambio oficial requería una devaluación del 60%.

Compartimos la exposición que Jorge Gaggero hizo en la comisión de presupuesto y finanzas sobre el pago a los fondos buitres y el endeudamiento.

Hay razones que pueden demandar endeudarse en dólares, como alejar la restricción externa para sostener el crecimiento, y otras que claramente no requieren divisas, como financiar déficit fiscal para morigerar un ajuste que, de hecho, ya existe y es especialmente potente. Con la excusa de quedar en mejores condiciones para tomar deuda nueva, la Alianza PRO, con el vergonzoso apoyo de sectores que en el pasado reciente integraron el FpV, se apresta a pagar cifras siderales e injustificadas a los fondos buitre. Para ello recurrirá a la emisión de nuevo endeudamiento que generará obligaciones futuras con impacto en la demanda interna de dólares.

El principal argumento del Gobierno para justificar el acuerdo con los fondos buitre es la necesidad de volver a los mercados de deuda para financiar un plan de obras públicas. El Presidente y sus ministros sostienen que sin ese canal de crédito no será posible encarar proyectos de infraestructura indispensables para el país y, junto con ello, no se podrá recuperar el crecimiento económico. No hay plan B, descartó el jefe de Gabinete, Marcos Peña.

Resulta llamativo que el gobierno de Macri traiga a colación, en pleno plan para coronar la mayor victoria buitre de la historia, el acuerdo firmado con el Club de París en 2014 por la administración Kirchner. De acuerdo a las palabras del actual ministro de Hacienda y Finanzas, el acuerdo con el Club de París habría sido ruinoso para Argentina, a diferencia de la actual rendición con los buitres, que daría lugar a una lluvia de dólares que solucionará todos nuestros problemas. Ante tamaño sinsentido, nos parece importante señalar las siguientes 12 diferencias entre el Acuerdo con el Club de París (ACP) y lo que el actual gobierno planea pagarle a los buitres.

1- En 2001 se defaultearon 81.000 millones de dólares. El 92.4% se reestructuró en 2005 y 2010, es decir, 75.000 millones de dólares. Quedaron pendientes de resolución otros 6.100 millones (holdouts). De esos 6.100 millones, 900 (1,1% de la deuda no reestructurada) estaban en manos de los buitres (la demanda original en el juzgado de Griesa), mientras otros 5.200 millones se hallaban en poder de otros holdouts.

Horas después de que Argentina llegara a un acuerdo con los fondos de cobertura de Nueva York para poner fin a un engorroso litigio de deuda de 15 años, los principales funcionarios del área económica del gobierno hicieron el anuncio en Buenos Aires con total regocijo.

La Universidad Torcuato Di Tella le puso un número preciso a la creciente sensación que hay acerca de que el humor social ha empeorado en comparación con las primeras semanas del nuevo gobierno. El Índice de Confianza del Consumidor (ICC) que elabora todos los meses la Escuela de Negocios de ese centro de estudios cayó en febrero un 15,6 por ciento respecto del mes anterior y se ubica un 9,7 por ciento más abajo que en igual mes del año pasado.

A más de dos meses de su asunción, los lineamientos económicos del nuevo gobierno están sobre la mesa. El conjunto de decisiones económicas adoptado por las nuevas autoridades del Estado argentino (maxidevaluación, disminución y reducción quita de retenciones a las exportaciones, apertura económica, desregulación, eliminación a las restricciones de compra de divisas, aumento de tarifas, quita de subsidios, eliminación del impuesto a los vehículos de alta gama, y “reinserción” en los mercados financieros internacionales previo acuerdo con los buitres y el FMI, etc.)