Los elogios que recibió la oferta del gobierno argentino a los fondos buitre por parte del mediador Daniel Pollack, del secretario del Tesoro estadounidense Jack Lew y del Financial Times, son la mejor prueba de lo mucho que ha ablandado la posición el macrismo respecto de lo que estaba dispuesto a pagar el kirchnerismo. La propuesta de pagar 6.500 millones de dólares en efectivo implica una quita del 25 por ciento respecto de la pretensión máxima de los acreedores, equivale al doble de lo que estaba dispuesto a conceder el gobierno anterior y genera ganancias para los fondos buitre de hasta diez veces lo que en su momento invirtieron en comprar los bonos argentinos defaulteados. Intentar cerrar el diferendo de esa manera muestra una gran vocación acuerdista y la urgencia que tiene la conducción económica para dar vuelta la página y poder acceder a financiamiento externo en mejores condiciones.

Una interesante nota publicada por el portal del oficialista Grupo Clarín el 5 de febrero, durante las negociaciones con los fondos buitre, revelaba que según “fuentes oficiales” el gobierno de Macri había “propuesto una quita en torno del 40 por ciento sobre los intereses a devolver a los acreedores” y que la estrategia “apunta a obtener una mayor quita a cambio de pagar en efectivo”. Otro medio publicaba exactamente la misma cifra el mismo día. Ambos calificaban a la oferta de “agresiva”.

El jueves 15 de diciembre de 2005, Néstor Kirchner anunció en el Salón Blanco de la Casa Rosada que Argentina cancelaría con reservas de libre disponibilidad del Banco Central la deuda con el FMI por un total de 9510 millones de dólares, desembolso que se efectivizó el 3 de enero de 2006.

Ese inmenso esfuerzo de la sociedad de destinar esos miles de millones de dólares sirvió para retirar de la escena local al auditor de los intereses de los acreedores, cuya única receta es el ajuste ortodoxo. Kirchner había afirmado que la cancelación de la deuda con el Fondo Monetario permitiría “ganar grados de libertad para la decisión nacional” puesto que a partir de esa medida “el país será otro: tendrá soberanía política e independencia económica”.

Los doce años transcurridos desde el día en que Néstor Kirchner anunció a los argentinos que no había venido a gobernar para dejar sus convicciones en la puerta de la Casa Rosada, han ido marcando una línea ascendente en la confrontación con el bloque dominante. Como bien se señala en la presente investigación de CIFRA, la confrontación con las patronales agrarias en el 2008 constituyó el punto de inflexión a partir del cual el hostigamiento del poder económico fue persistente y sistemático.

Aldo Ferrer y Alejandro Rofman analizan debilidades y fortalezas de la situación económica del país y las incógnitas frente al recambio presidencial. Inserción internacional y restricción externa.

Compartimos el informe del Sexto Desayuno de Trabajo realizado por FIDE. El mismo hace un balance sobre los avances de la economía argentina en los últimos años.

Economistas de la alianza Cambiemos y un ex presidente del Banco Central coinciden en apuntar la devaluación ampliada que planea el macrismo. Éste será uno de los ejes centrales en el debate.

Durante la semana, el economista de la alianza Cambiemos Alfonso Prat Gay planteó la posibilidad de realizar una presentación judicial debido al “compromiso patrimonial” que la venta de dólar en el mercado futuro estaba implicando para el Banco Central. Instantes después, el titular de la entidad monetaria, Alejandro Vanoli, afirmó que llevaba adelante “una política cambiaria y monetaria con gran responsabilidad y con total apego a la normativa vigente”, al tiempo que afirmó que esta modalidad le había permitido al Banco Central registrar una ganancia de casi 5.500 millones de pesos en el último año.

Bernardino Rivadavia fue el administrador de la subordinación de las clases acomodadas post independencia (criadores de ganados y grandes comerciantes) a los intereses de Inglaterra, potencia dominante en pleno proceso de revolución industrial. No solo abrió de par en par nuestra aduana a los productos británicos destruyendo nuestras precarias industrias de tejidos, alimentos, muebles, carros, embarcaciones, etc., sino que lo hizo endeudándonos con la banca inglesa en general, y con la Baring Brothers en particular, por un millón de libras esterlinas, y dio como garantía los ingresos fiscales y la tierra pública (la pampa húmeda y hasta las sierras de Famatina en la provincia de La Rioja), y, como demuestra la historia de esa deuda, una parte menor llegó al país para financiar las importaciones, pero se terminó pagando más de veinte veces esa suma hasta saldarla en la presidencia de Manuel Quintana (quien antes y después de ser Presidente fue abogado principal del Banco de Londres en el Río de la Plata).

El déficit fiscal primario de 2015 estará por debajo de la media regional y global. Las distintas mediciones, oficiales y paralelas, lo sitúan entre menos de 1 y hasta 3 puntos del PIB. El déficit financiero, es decir; después del pago de deuda, estará entre el 2 y el 4 por ciento del Producto, siempre según quién lo mida. A pesar de estos números, Argentina asiste a una suerte de revival fiscalista, tanto de los conocidos de siempre, como de algunos que rodean al candidato del FpV. En este contexto, la Ley de Presupuesto 2016, apenas un esquema guía para la distribución de los recursos del Estado, y que en el mejor de los casos brinda algún indicio sobre qué pretende priorizar el gobierno, es tratada acríticamente como una presunta ley de leyes, un empeño repetitivo que ignora el rol histórico del instrumento.

1. Un Estado soberano tiene derecho, en el ejercicio de su facultad discrecional, a elaborar sus políticas macroeconómicas, incluida la reestructuración de su deuda soberana, derecho que no debe verse frustrado ni obstaculizado por medidas abusivas. La reestructuración debe hacerse como último recurso, preservando desde el inicio los derechos de los acreedores.