Todo esto con un sistema de salud deteriorado y colapsado, inclusive antes de la incursión del Covid-19. Esta gestión irresponsable de la crisis se ha visto acompañada en las semanas recientes, por la aparición acumulada de un caso de corrupción tras otro, los cuales parecen estar guiados por un accionar concreto del gobierno.

La realidad inminente, la cual ya define y guiará las acciones y medidas impuestas por el gobierno en los próximos meses, acompaña a un panorama preelectoral, a exactamente 9 meses de los comicios presidenciales del 7 de febrero del 2021. El oportunismo electoral está llevando a varixs de lxs acólitxs del gobierno, entre los cuales constan Abdalá Bucaram y su familia, Guillermo Lasso y Jaime “Matraca” Nebot, a deslindarse del apoyo al oficialismo. Esto no únicamente por el catastrófico manejo de la crisis sanitaria, humanitaria y económica autoinducida por el gobierno, la cual fue exacerbada por la entrada del Covid-19. Las élites políticas se están lavando las manos frente a un gobierno evidentemente carente de coherencia interna y externa en su accionar y su discurso, sin embargo este deslindamiento corresponde puramente a un cálculo político.

Ahora nadie quiere estar relacionado con uno de los gobiernos más nefastos de nuestra historia contemporánea ante la posibilidad de sumar capital político para las próximas elecciones, frente a las cuales bien se podría prever un retorno del correísmo. Las autoridades gubernamentales, entre ellas el CNE y el Contralor General del Estado, Pablo Celi, se esmeran en su intento de ilegalizar a la lista 5 a toda costa. Esta estrategia viene acompañada de una puesta en escena de perseguir a autoridades centrales y locales aduciendo escándalos de tráfico de influencias, corrupción en sobreprecios en obras y contratos públicos, además de sobreprecios en insumos médicos en medio de la pandemia. La corrupción en el Estado burgués no termina por ser una irregularidad, sino que corresponde a una lógica interna del sistema. Así mismo, la reactivación de la persecución parece encontrarse en correlación a la respuesta de los grupos de poder en el Gobierno Nacional, los cuales pretenden reconfigurar el escenario político, posiblemente a favor de una candidatura que se consolide entre sus propias filas.

La carrera por el gobierno como trofeo de la oligarquía cuenta además con el apoyo del gobierno de Donald Trump y su maquinaria imperialista en la región. En su injerencia directa en asuntos internos del Ecuador. EE.UU. es el país al cual el Gobierno Nacional más le adeuda en términos económicos y políticos. Recordemos la reunión entre Diana Salazar y el embajador de EE.UU. en Quito días después de la revuelta de octubre, en la cual Michael Fitzpatrick destacaba el apoyo de EE.UU. en acciones judiciales para identificar a lxs supuestxs “responsables” del proceso popular y llevarlos ante la justicia.

Adicionalmente, el día de ayer, la Fiscal 10/20, Diana Salazar, cumplía un año en funciones. Su labor al frente de la Fiscalía General del Estado se destaca por una aplicación laxa de la ley a conveniencia de las élites políticas ecuatorianas. Entre las cuales constan el visto bueno a la invasión de la pista de aterrizaje del aeropuerto de Guayaquil por parte de Cynthia Viteri, peligrando así el aterrizaje de un avión humanitario, a pocos días de haberse declarado el estado de emergencia sanitaria en marzo pasado. Adicionalmente, la Fiscal se jacta de haber llevado la persecución al “correísmo” a otro nivel, con una precondena al expresidente Correa, y una persecución política sin precedentes bajo el mantra de dar prisión a todo lo que parezca disidencia, bajo el manto y beneplácito del resto de poderes estatales en una suerte de “descorreización” del Estado ecuatoriano.

Este 2 de julio, Fitzpatrick -embajador de los Estados Unidos en el Ecuador- declaraba en una rueda de prensa que el gobierno de EE.UU. había procedido a revocar más de 300 visas de ecuatorianxs que se encuentran bajo la mira de la justicia por corrupción, entre otros delitos, aduciendo el inicio de investigaciones internacionales. Estas visas habrían sido retiradas “no solo a grupos de mafias, pero también a sus familiares”, según declaraba Fitzpatrick. EE.UU. precisa de un gobierno sucesor en 2021 que, al igual que el de Moreno, siga al pie de la letra sus imposiciones y se perfile como súbdito leal a su política imperialista.

En sintonía a la imposición de EE.UU., el Estado burgués persigue a todx aquellx que le incomoda al gobierno a conveniencia y a dedo, criminalizando voces que se oponen a sus imposiciones, como también a la oligarquía oportunista que pretende deslindarse de este en miras al proceso electoral. La justicia no solo esta ciega del ojo derecho, sino que esta ceguera se amplifica por el principal acreedor del poder económico y político ecuatoriano: los EE.UU. Una vez más, lo que sucede en términos políticos y judiciales en el Ecuador, es impuesto desde afuera, con el acolitismo usual de los grupos de poder que se encuentran en el Estado. En esos términos, el gobierno que se consolide tras los comicios venideros, actuará con todavía más entreguismo al imperialismo estadounidense, aplicando medidas neoliberales de choque a toda costa y exacerbando el autoritarismo de Estado, el cual se ha profundizado por la irrupción del Covid-19.

Toda pandemia, crisis o catástrofe es utilizada por el Estado burgués para perfeccionar su maquinaria de muerte, con el visto bueno de un antiguo hegemón en abierta decadencia. Resulta inevitable imaginar que este sistema político, al igual que la pasada hegemonía de los EE.UU. sobre la región, más pronto que tarde, desencadenarán en un colapso multidimensional sin precedentes. La interrogante central en este contexto responde a si como pueblo sabremos aprovechar el momento contingente que se presenta para desarrollar un proyecto político diametralmente opuesto a todo lo que en la actualidad representa la podredumbre del Estado burgués en su totalidad.

^{Revista Crisis - 6 de julio de 2020}