Las tarifas seguirán subiendo por la reducción planeada de subsidios, aumentarán los despidos en el sector público y las caídas del salario real de los trabajadores en ese ámbito, se recortarán drásticamente las transferencias de recursos a las provincias. La obra pública encarada y prevista por el Estado prácticamente será suspendida con el impacto que ello provocará en términos de reducción de la actividad económica. Mientras tanto, se reforzará el impulso de los emprendimientos público-privados, en los que la inversión privada es cubierta con la recaudación futura de peajes, tarifas y precios que garanticen la rentabilidad de la misma, y avalada por el Estado en caso de situaciones imprevistas que la afecten. Como en el 2001 el FMI impuso el objetivo de déficit 0, ahora como meta fijada para el 2020.

La línea de crédito abierta por 50.000 millones de dólares se implementará con un adelanto de 15000 millones y posteriores desembolsos sujetos al cumplimiento del programa económico impuesto por el fondo. La vuelta al FMI significa la renuncia a la autonomía ganada cuando el gobierno de Néstor Kirchner decidió cancelar toda la deuda con ese organismo internacional. Ahora el corazón de la política económica quedaría fuera de la decisión ciudadana, de sus gobernantes y representantes para ser definida por expertos del organismo que opera como el gran auditor de los capitales financieros globales. El monto del préstamo se aproxima a la suma de los vencimientos de capital e intereses de los años 2018 y 2019; lo que supone que el nivel se ha determinado en función de garantizar el repago de la deuda. El volumen es de una magnitud significativa que traduce el apoyo al régimen fundamentalista del neoliberalismo implantado por el PRO y la UCR en nuestro país. Ese apoyo no es ajeno al respaldo de EEUU al avance de políticas que, en el orden del alineamiento a su estrategia continental, la represión interna y la reformulación del rol de las FFAA viene implementando el gobierno. Resulta seguro, de proseguirse con la implementación del acuerdo crediticio, que ese rumbo será acentuado.

El fondo exigió la flexiblidad cambiaria, lo que importará una depreciación en escalera del valor del peso con la consecuente caída del nivel de actividad, del salario y del empleo asociados a la reducción de las importaciones de los insumos necesarios para su sostenimiento. La política cambiaria sumada a la reducción de las retenciones acelerará la concentración de la riqueza en las cerealeras y los agentes intervinientes en la producción primaria y sectores vinculados.

La reforma estructural de fondo que ha sido explicitada en el acuerdo es el cambio de la Carta Orgánica del BCRA. La CO aprobada en el 2012 con objetivos múltiples ponía al Banco Central como instrumento del desarrollo y amplió su posibilidad de asistencia al Tesoro Nacional. Ahora se propone un agudo retroceso, porque se eliminaría la atribución para esa asistencia, a la vez que el único objetivo sería atender a la estabilidad de precios. También se propugnan modificaciones en el régimen de estabilidad de los directores. Se fomenta el divorcio del BCRA de la orientación general de gobiernos y representantes electos por el voto del pueblo. Para el caso del arribo de un gobierno popular en el futuro, la entidad será el enemigo insertado en el aparato del Estado por el establishment del capital financiero internacional.

Así se avanza en la implementación del modelo económico de Metas de Inflación, en su versión ortodoxa de manual más acabada, que el FMI predica en su repertorio actual de recomendaciones. Las tasas altas de interés para combatir la inflación se traducirán en crecientes beneficios para los capitales golondrinas que vienen a rentabilizarse en el corto plazo. Tasas altas y tipo de cambio devaluado con restricción fiscal compondrán una drástica recesión con costos altísimos para los sectores populares y las pequeñas y medianas empresas, así como para las economías regionales, agregándosele una crisis para las finanzas provinciales.

Resulta avieso y repudiable que los plazos del crédito otorgado (36 meses) como la reforma de la CO del Banco Central sean impuestos como una carga que hipotecará los márgenes de acción para el período posterior al de la presidencia de Macri, mientras que le tranquilizarán el escenario para la futura campaña electoral.

URGENTE E INDISPENSABLE

Por todo lo enunciado y denunciado es necesario ponerle freno y evitar el progreso de este acuerdo. Los ajustes deberán ser sometidos a debate en la Ley de Presupuesto, mientras que la reforma de la Carta Orgánica requiere una Ley específica. Sin apoyo de la oposición no hay leyes para implementar la política que se pretende imponer. El contrato electoral ha sido roto completamente por el macrismo, y con esta nueva etapa abandonarán el gradualismo. Es imperioso que toda la oposición descarte cualquier gesto que le otorgue gobernabilidad a esta política de retroceso social, de entrega de la soberanía nacional y renuncia a la independencia económica. Sería gravísimo que se repitan situaciones como las protagonizadas por una parte de la oposición cuando votara la ley que habilitó el pago a los buitres, actitud (como la de Massa) colaboradora con Cambiemos que creó las condiciones para el curso de las políticas actuales que están destruyendo a la Nación. O que se reiteren bochornosas y reprobables “agachadas” como las abstenciones (ej: Abal Medina) o votos aprobatorios cuando se trató la reforma previsional que perjudicó los ajustes de las jubilaciones.

Es urgente que todos los bloques parlamentarios que se propongan impedir la consumación de la rendición ante el FMI, decidida por los CEOS que gobiernan, se pronuncien claramente comprometiéndose a que usarán todos los métodos eficaces, desde el voto negativo hasta el no otorgamiento del quórum, para evitar la sanción de leyes que viabilicen el acuerdo. Una conducta que no se alinee en esa dirección dividirá inevitablemente aguas entre quienes se identifiquen con la defensa de un rumbo democrático, nacional y popular y otros que decidan ser la pseudo oposición dentro del régimen neoliberal. Ese pronunciamiento público de los opositores debe ser inmediato – en función de lograr la interrupción del avance del acuerdo- y tendrá que incluir la advertencia que en el caso de obtenerse el ejercicio del gobierno en el 2019 no se seguirán aplicando las políticas convenidas para el stand-by. Las actitudes de los distintos agrupamientos políticos en el 2018 frente al ajuste fondomonetarista diseñarán inevitablemente el futuro político argentino, incluyendo el del mapa electoral, porque es inconcebible la concurrencia conjunta a los comicios de quienes se habrán comprometido en combatir al neoliberalismo con otros que explícita o tácitamente habrán adoptado el comportamiento de otorgarle gobernabilidad.

Así mismo, manifestamos nuestra desazón por las dilaciones del triunvirato de la CGT en fijar la fecha del paro general, cuya consigna central debe ser oponerse al acuerdo con el FMI. Nada puede ser subsanado en el marco de ese acuerdo. Las direcciones sindicales que no lo combatan con todos los medios quedarán señaladas como colaboradoras con una política cuyo objetivo central es el ataque a las conquistas de los trabajadores y los más desposeídos. Así también ocurrirá con los políticos que aquellas sostengan como candidatos para la representación popular.

Es necesario oponer al programa del Fondo uno propio cuyos lineamientos principales no pueden omitir la reposición de los instrumentos de regulación al movimiento de capitales, la recuperación del dispositivo regulatorio del mercado de cambios, la implementación de una institucionalidad que permita la intervención y regulación del comercio exterior por parte del Estado, la dinamización de las paritarias para la recuperación del salario, la implementación de una ley de medios de comunicación que termine con la censura privada a las expresiones que no coinciden con los requerimientos del poder mediático, financiero y económico, y una reforma judicial profunda que concluya con la articulación del poder judicial con el establishment económico y político de nuestro país.

CARTA ABIERTA - 8 de junio de 2018