Nuestra historia está plagada de ejemplos de asesinatos políticos para detener el avance de nuevos proyectos de país donde primen la justicia social y el alza sustancial de la calidad de vida de la población de bajos y medios ingresos. El primero a recordar fue la eliminación física de los 30.000 desaparecidos por la Dictadura Cívico-Militar implantada en el año 1976, con la intención de borrar del mapa a quienes postulaban otra sociedad en el marco de la aguda tensión político-social de los 70´. El gobierno surgido luego del Golpe, designó como Ministro de Economía a José Alfredo Martinez de Hoz, hasta entonces presidente de la filial argentina del Chase Manhattan Bank of New York. Desde ese momento, se implantó una política económica inspirada en el negocio financiero como eje de acumulación del desarrollo capitalista nacional. La Dictadura impuso un régimen brutal, asesinando a los luchadores políticos y sociales que la enfrentaron desatando un verdadero genocidio.

El otro asesinato político de magnitud ocurrió el 23 de julio de 1937, en pleno Senado de la Nación, cuando un matón contratado, al intentar asesinar desde un palco del recinto al senador Lisandro de la Torre, hirió de muerte al senador electo Enzo Bordabehere. De la Torre había presidido una comisión investigadora del negocio de las carnes a través del acuerdo con Gran Bretaña, llamado acuerdo Roca-Runciman por sus firmantes. El pacto favorecía los intereses de la oligarquía ganadera invernadora y a selectos frigoríficos ingleses. Su investigación permitió descubrir fraudes fiscales e impositivos de magnitud por dos empresas inglesas, Swift y Armour. Con el asesinato de De la Torre se intentaba  acallar la voz de un fuerte crítico de las acciones ilegales del capital británico en nuestro país. Nunca se supo quien le pagó a Ramón Valdez Cora, el asesino, el dinero compensatorio de su cometido y cómo le prometió impunidad. Pero no cabe duda de que así fue.

El hecho internacional más resaltante al respecto fue el asesinato del presidente de USA, John Kennedy, en 1963 por parte de un personaje muy contradictorio - Oswald-, que para acallar su posible confesión de los grandes intereses que propiciaron el magnicidio fue a su vez, al día siguiente de ser detenido, asesinado a la vista de los televidentes mientras la policía lo trasladaba. Aparentemente fueron los grandes intereses petroleros de Texas los que organizaron el luctuoso episodio.

Aquí debe haber pasado algo parecido. Si no fue una contratación directa de mano de obra ociosa por el Poder Económico, como en el caso de De la Torre, el odio y la persecución mentirosa azuzó al personaje envuelto en este intento de magnicidio para  incitarlo a cometerlo. Hubo fuerte aliento público de medios de comunicación y dirigentes políticos de extrema derecha que, con la difusión masiva de consignas anti-oficialistas y de odio generalizado hacia Cristina, lo incitaron a actuar. El Poder Económico habría de ser, sin duda, el gran favorecido por su desaparición en su rol de lideresa inexpugnable del movimiento popular que ella representa en forma resaltante.

En todos los casos se estimuló el método del asesinato político en forma directa, como en la Dictadura, o a través de individuos comprables, de perfiles psicológicos inestables y, luego, se intentaron eludir las pruebas para asegurarles impunidad a los ejecutantes o se los eliminaron.

Ahora, un nuevo escenario se abre. Ha quedado al descubierto que el odio y las acusaciones inventadas y propiciadas por un Poder judicial corrupto y cómplice exige una  respuesta condigna de la crítica situación generada tras el fallido atentado. Esa respuesta, para desarmar la siniestra conjura del Poder Económico, la prensa amarilla, el sector cómplice de la Justicia  y la dirigencia política que los respalda, debe ser rápida y contundente. Desde el Gobierno nacional y desde la Sociedad deberá actuarse con decisión en torno a la difamación de los medios y de las personas que incitan a la persecución directa de Cristina y lo que ella significa para el futuro del país. Para ello, es preciso articular un gran Frente contra la reacción económica y política de extrema derecha neonazi que tiene voceros ilustres, como la voluble Patricia Bullrich, la diputada Amalia Granata, etc. Ese Frente debe lanzar una gran iniciativa nacional a través de efectivos DNUs firmados por el Presidente y un amplio accionar de los sectores que apoyan a Cristina, salvaguardando su integridad física, y destacando su rol como la conductora indiscutible del proyecto de Otra Sociedad justa, participativa e inclusiva. Restitución inmediata de la Ley de Medios suspendida por Macri por decreto; apoyo irrestricto a la consolidación de la oferta de alimentos saludables producidos por decenas de miles de agricultores familiares que rompan el hegemonismo de las grandes  corporaciones del campo y de la agroindustria en la lucha frontal contra la inflación; impulso decidido a los medios de información alternativos a las corporaciones monopólicas; y sanción de decretos y leyes de democratización del poder Judicial; conforman el conjunto de medidas iniciales en la dirección apuntada. Un Plan para consolidar otro escenario al actual, que empodere a los protagonistas de un Proyecto nacional, popular, latinoamericanista y participativo con una campaña decidida de rechazo al odio, la discriminación social y la persecución judicial, armas que la Derecha económica y política activa para la reimplantación del modelo neoliberal que supondría un brutal retroceso productivo, social y de las libertades públicas. Este nuevo rumbo debe atender prioritariamente las necesidades del amplio segmento de la sociedad hoy dañado por la inflación y la informalidad laboral. Son derechos que la Constitución Nacional marca explícitamente y que deben ser urgentemente satisfechos. Se deberá comenzar con la inmediata eliminación del hambre en nuestro país bajo el lema: Ningún hogar indigente en la Argentina.

^{9 de septiembre de 2022}