La política oficial llevada adelante de mega-devaluar la moneda genera una transferencia de ingresos mayúscula hacia ciertos sectores de la actividad económica, en particular los agroexportadores. Considerando el caso de la soja, el cultivo más difundido, encontramos que la campaña 2018/19 se encarará a un valor del dólar un 115% más alto nominalmente que el que regía al momento de sembrar la 2017/18 (tipo de cambio pasó de $17,5 a $38 por dólar). Considerando el dato USDA, que acaba de prever una cosecha Argentina de 57,5 millones de toneladas, y asumiendo provisoriamente un precio de venta como el actual (precio futuro a mayo/19 de 309 USD/tn), esto implica una masa de dinero adicional del orden de los 365.000 millones de pesos como facturación de la producción (sin contar liquidación de stocks, que con este marco cambiario se supone será muy importante). Es cierto que esto es ingreso total de la cosecha y no ganancia, pues muchos costos (claramente no es el caso de los salarios de los obreros rurales que explota el agronegocio) están cuasi-dolarizados. Pero de cualquier forma el margen se agiganta en proporción. Considerando -en un cómputo preliminar- costos medios de implantación de 420 dólares y un rinde de 3 toneladas, existe un excedente, descontando retenciones, de 266 dólares la hectárea, unos 10.000 pesos promedio al cambio del 31 de agosto, con lo que un campo sojero de 5.000 ha explotado por administración arroja un ingreso anual, ya descontadas las retenciones actuales e imputando beneficios de economías de escala asociadas a esa envergadura productiva, de aproximadamente 60 millones de pesos.

En este marco, antes que reducir los salarios reales y hacer recaer el costo de la crisis económica sobre los sectores populares,  así como el gobierno podría incrementar su recaudación afectando directamente a la renta de la tierra mediante el aumento del impuesto inmobiliario sobre la gran propiedad, se impone la necesidad de gravar a la cúpula que controla lo esencial del agronegocio agrícola, recurriendo a la imposición y/o aumento de los derechos de exportación.

La fundamentación de esta medida nos lleva a reflexionar sobre dos puntos principales. El primero, es que los costos de la crisis recaigan sobre grupos que han sido beneficiarios de las políticas del gobierno. El impuesto aquí juega un doble rol. Por una parte, incrementando la recaudación fiscal y consiguientemente reduciendo el déficit del Estado, tan declamado por el gobierno y el FMI. Cada punto de retenciones a la soja y sus derivados podría aproximarse (si son eficientemente recaudadas) en la más que significativa suma de 6.750 millones de pesos.

Por su parte, aplicadas al trigo y al maíz -aunadas a un control de las corporaciones que procesan estas materias primas que esté a la altura de las críticas circunstancias en materia de poder de compra de la población- permitirán limitar el encarecimiento de productos de primerísima necesidad para el consumo y para otras actividades agropecuarias.

Finalmente, y es nuestro aporte más específico, el segundo punto es el de utilizar el impuesto (en realidad, un sistema de reembolsos, dado que las retenciones propiamente dichas son cobradas a las exportadoras) para contribuir a modificar de forma progresista la estructura social agraria, que experimenta en las últimas décadas un intenso proceso de concentración productiva. Según los números que eventualmente trascendieron de ONCCA y la recordada resolución 126/15 del Minagri, alrededor de entre el 10 y el 15% de los productores registrados dan cuenta del 70% de la producción sojera. Elevar las retenciones a la soja, por ejemplo a un 45% solamente para estos estratos superiores –es decir de manera segmentada-, permitiría avanzar hacia un escenario menos concentrado, en el que ganen protagonismo como sujetos los productores de base familiar y demás pymes del mundo rural, dado que la progresividad así incorporada al tributo mitigará las ganancias por economías de escala que obtienen los grandes productores (terratenientes capitalistas, gran capital arrendatario y pooles) y son la base de la liquidación de los chacareros pampeanos. Esto a la vez sumaría a la recaudación de 2019 casi 90.000 millones de pesos (y es sólo la soja y, de nuevo, sin incorporar la liquidación de stocks). Siendo que la totalidad de esta suma restaría al componente rentístico del excedente -renta que se ha multiplicado por la megadevaluación-, el mismo no significaría un desincentivo a la producción, excepto tal vez en aquellas zonas de menores rindes (marginales para el total del volumen producido), sobre las que por cierto la Argentina se debe un debate sobre la conveniencia del destino sojero que se les está imprimiendo.