Desde los inicios de este siglo XXI, varios países latinoamericanos concibieron y aplicaron políticas tendientes a mejorar las condiciones de vida de los sectores y grupos más vulnerables de sus respectivas poblaciones. Argentina, Bolivia, Brasil, Ecuador, Uruguay y Venezuela compartieron un propósito común, disminuir las fuertes carencias de trabajo, alimentación, educación y salud que han caracterizado a la Región.

Aunque parezca contradictorio con las condicionalidades que el Banco Mundial impone en sus préstamos,  reconoce en su publicación Desigualdad en América Latina (1) el carácter profundamente asimétrico de las sociedades de estos países, formula propuestas para corregirlas e, incluso, ha llegado a financiar programas de asignaciones directas, como el Jefes y Jefas de Argentina a partir de 2004.

En un plano totalmente enfrentado con esas prácticas, la ola neoconservadora que esta asolando la región, considera que la lluvia de inversiones prometida, no puede concretarse por el populismo vigente en los últimos años y el temor de los inversionistas a que pudiera repetirse en el futuro próximo.

Tal como lo manifiestan destacados representantes de esos intereses, fue sólo un sueño insostenible producto de un populismo irresponsable que modificó, tímidamente, la estructura impositiva y que desarrolló sistemas de transferencias, asignaciones y subsidios orientados a mejorar el nivel de vida de las grandes mayorías.

Uno de los términos criticados por esos actores económicos políticos de este momento del país, es el de distribución del ingreso. 

Cabe destacar que para el economista ingles David Ricardo, al que acuden reiteradamente para justificar las mayores injusticias en la necesidad de fortalecer nuestra capacidad competitiva, ponía en el centro del análisis económico la distribución del ingreso como eje organizador de la sociedad.

En una economía de mercado como la nuestra, la distribución del ingreso, es decir la participación de los factores de la producción en la riqueza generada con su esfuerzo, se expresa en los salarios, sueldos, comisiones, honorarios, ingresos por servicios autónomos, renta de la tierra, intereses por inversiones financieras, alquiler de propiedades, beneficios empresarios, regalías por patentes y tecnologías y otras formas de retribución al trabajo o la propiedad.

Casi invariablemente esa distribución original del mercado deja fuera de sus beneficios a una parte significativa de la población que, por razones de edad, educación, salud o circunstancias sociales, no alcanza a cubrir sus necesidades esenciales y a ejercer los derechos fundamentales que le asignan la Constitución y las normas más elementales de equidad, justicia e inclusión.

En esa circunstancia cada sociedad debe definir los mecanismos y alcances de redistribución del ingreso que corrija las distorsiones u omisiones que se consideran inaceptables y determinar, por lo tanto, el rol y atribuciones del Estado para llevar a cabo esta tarea.

Es a esa función redistributiva que se le asigna en  Argentina la condición de irresponsable, insostenible, o populista. En contraposición se enumera una serie de países serios, con crecimiento sostenido y sustentable, con un desarrollo que debe ser imitado.

Es importante analizar las formas que adopta ese aparente populismo en diferentes regiones y países del mundo, cómo se lo concibe y qué efectos tiene.

¿Cuánto de cierto hay en la imputación de seriedad o falta de ella en las políticas de los diferentes países?, ¿en qué medida existen datos tangibles y no solo preconceptos retóricos con intencionalidad política, para evaluar esos comportamientos gubernamentales? 

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) ha publicado recientemente una investigación de Verónica Amarante (2) en la que se analiza la capacidad de diversos países para corregir, con políticas impositivas, transferencias, asignaciones, subsidios y servicios públicos, una distribución original del ingreso que conspira contra la equidad y condiciones de vida de sus habitantes, de todos sus habitantes.

El grafico siguiente presenta el indicador más utilizado para medir la distribución del ingreso que es el Índice de Gini. 

 
En la columna de la derecha, la línea roja presenta el índice que resulta de la distribución original determinada por el mercado y su retribución a los factores de la producción, en tanto la celeste refleja la modificación que generan las políticas impositivas y de transferencias, subsidios y asignaciones sociales. En la columna izquierda, en amarillo, el porcentaje en que la acción del Estado permite corregir las distorsiones socialmente inaceptables para cada país.

La parte superior  corresponde a un gran número de países integrantes de la OCDE, entre los que se encuentran aquellos que habitualmente consideramos más equitativos y, a la vez, serios, responsables y competitivos. 

En la parte inferior, algunos de los países latinoamericanos, recientemente acusados de populistas y de haber engañado a sus pueblos con la utopía insostenible de mejorar sus condiciones de vida.

¿A qué reflexiones nos conduce la interpretación de la figura que tenemos ante nosotros?

En primer lugar, las líneas rojas que reflejan la distribución original del ingreso entre trabajo y propiedad, en ambos grupos de países, presenta resultados bastante similares. Es decir, el mercado como asignador de recursos tiende a comportamientos relativos de parecida magnitud, aunque sus valores absolutos dependerán del nivel de ingreso per cápita en cada uno de ellos.

En cambio, lo notable, es la diferencia en las políticas de redistribución que, para la OCDE en promedio alcanza a casi un 40% de mejoría en la situación del conjunto de la población y, que en algunos países como Austria, Bélgica, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, Finlandia, Irlanda o Noruega se aproxima a una modificación del 50% de las condiciones determinadas por el mercado.

¿Qué instrumentos permiten semejante transformación? Aquellos que en la mezquina visión de los funcionarios del Gobierno Nacional califican como irresponsable populismo.

•    Un sistema impositivo con dos características fundamentales. La progresividad por la cual pagan más los que más recursos tienen y la condena jurídica y social a la evasión. No casualmente el Primer Ministro de Islandia renunció a su cargo cuando trascendió, a través de los Panamá Papers que tenía una cuenta off shore, cuyo propósito no podía ser otro que evadir sus responsabilidades tributarias.
•    Mecanismos de transferencia, asignación y subsidios como forma de garantizar el derecho de todo ciudadano a acceder a los servicios esenciales de salud, educación, vivienda, infraestructura, transporte, energía  y seguridad social.

Como contraste, en América Latina, aun en aquellos países que en la última década incrementaron la presencia del Estado para corregir las profundas asimetrías generadas por las dictaduras y el neoliberalismo de los 90, la capacidad de modificación de la distribución permanece por debajo del 15%, como se advierte en las líneas amarillas ya citadas.

Las políticas actualmente aplicadas en Argentina no pueden sino agravar la concentración del ingreso y sus efectos sobre las condiciones de vida de la mayoría de la población, la decreciente demanda dirigida a las pequeñas y medianas empresas, el consecuente incremento de la desocupación, el desequilibrio de la balanza de pagos, el creciente endeudamiento, la desarticulación de los sistemas de educación, ciencia y tecnología y la cancelación de los esfuerzos de integración regional.

La propuesta no sólo atrasa 100 años sino que no advierte las condiciones del presente mundial, ni mucho menos alcanza a percibir los cambios estratégicos que están prefigurando el futuro próximo. 
   

REFERENCIAS:
1) Desigualdad en América Latina  - Banco Mundial – 2005
2) Desigualdad en el mundo y en América Latina – Verónica Amarante CEPAL

* Director Instituto Economía, Producción y Trabajo – Universidad Nacional de Lanús.