Argentina en el pozo neoliberal

Hay que comprender y explicar que el neoliberalismo es una política y una visión que propone el dominio completo de todas las actividades de la sociedad por parte de los sectores del capital más concentrado, a favor de su propio beneficio. Toda la vida social, subordinada a los negocios. La salud, la educación, el esparcimiento, la alimentación, el cuerpo, el espacio urbano, todo. Ni qué hablar del medioambiente. Todo condicionado a los negocios privados, sin límite.

En la Argentina, si bien mantenemos del pasado ciertas instituciones de protección social, como salud pública, educación gratuita, sindicatos con obras sociales, un sistema jubilatorio abarcativo, derechos laborales y sociales, y algunos logros más, el control de la dinámica económica actual se encuentra en manos del capital privado. Esto significa que es el capital privado concentrado el máximo responsable de cómo están los precios, cómo están los ingresos de la población, qué nivel tiene la recaudación impositiva y por lo tanto los recursos con los que cuenta el Estado, cómo están las reservas del Banco Central para poder controlar el dólar, etc.

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El Estado Nacional, ya dinamitado financieramente por la dictadura cívico militar de 1976 mediante el endeudamiento externo, fue despojado de numerosos instrumentos de regulación por el menemismo. En el medio de los dos, la gestión alfonsinista que no tenía como objetivo el avance del mercado sobre lo público, no supo enfrentarse a la presión de las corporaciones, y terminó contribuyendo -mediante su debilidad y falta de explicitación de los problemas- a popularizar la idea neoliberal completamente ficcional de que todo lo público funcionaba mal y todo lo privado era genial.

Nunca se pudo revertir completamente el desmantelamiento de las capacidades estatales para regular la economía y poder orientarla en función de los intereses de las mayorías.

El Estado promotor del desarrollo fue desarticulado y sumido en la impotencia, tanto por el enorme endeudamiento externo, por la falta de instrumentos e instituciones para intervenir adecuadamente, como por la progresiva erosión del personal estatal, siempre sometido a vaivenes, degradaciones y climas de desaliento.

Lo que se hizo conscientemente a través de varias administraciones en nuestro país fue una verdadera transferencia de Poder, desde el Estado hacia el sector privado. 

Esa transferencia de poder condicionó todo el período posterior, limitando concretamente la acción de gobiernos reformistas mientras potenciaba las capacidades de daño de las políticas neoliberales.

Es importante tomar nota de esto cuadro estructural, porque lo que ocurre en la actualidad en materia de una crisis económica básicamente inducida, con redistribución regresiva del ingreso e impotencia oficial para actuar, es la combinación de ese Estado debilitado estructuralmente que se recibió, y la existencia de un gobierno nacional cuya principal línea de acción política es no enfrentarse con los agresivos actores privados que tienen en su poder los principales instrumentos de regulación económica.

Es probable que el kirchnerismo no haya hecho todo lo que debía y podía hacerse en materia de reconstrucción del poder estatal, pero en todo caso mostró un Estado con voluntad de hacerse cargo de numerosos problemas populares, e incluso de adoptar decisiones que no figuraban en la agenda de las corporaciones locales. No revirtió el cuadro estructural, pero utilizó el poder disponible a favor de las mayorías, arrebatándole incluso al poder económico algunos instrumentos, como la masa de ahorro jubilatorio y la principal empresa petrolera del país.

El macrismo, expresión política de las corporaciones locales y extranjeras, retomó la tarea debilitadora y condicionante del Estado, cargándole una deuda completamente innecesaria, y sometiendo nuestras políticas públicas a la auditoría constante del FMI, organismo que es un reflejo de los intereses geopolíticos de Estados Unidos y de sus actuales vasallos europeos.

El gobierno de Alberto Fernández, llegó, hoy lo podemos afirmar en base al comportamiento registrado durante casi 3 años, con un programa mínimo que consistía en reactivar la economía, -lo que redundaría en una mejora para todos los sectores sin provocar conflictos distributivos-, pero sin realizar ningún cambio estructural ni en el Estado, ni en la regulación de actividades vitales para el país y su población.

La debilidad y la falta de convicción que el gobierno mostró frente a diversas dificultades, desde las políticas de protección económica en la pandemia hasta Vicentin, el dragado del Paraná, la defensa de las reservas del Banco Central, la admisión pasiva del insólito crédito del FMI, el control de la inflación especialmente en alimentos, la continuidad de la fuga de capitales por diversos medios, no hizo sino profundizar su debilidad en relación a los factores de poder privados.

No se puede dejar de lado que la actual soberbia privada, la desfachatez de sectores concentrados para negarle, por ejemplo, el derecho a la alimentación a una parte de la población fijando precios exorbitantes, está en relación directa con la total falta de disposición gubernamental para tomar las medidas necesarias para garantizar derechos elementales a los sectores más golpeados, y asumir los previsibles enfrentamientos con sectores concentrados.

Y en esto, la responsabilidad recae sobre todo en el Frente de Todos, no solamente sobre el Ejecutivo. Puede entenderse que haya silencios públicos en nombre de la “disciplina partidaria” o de la “razón de Estado” frente a temas secundarios. Pero es inaceptable en relación a temas irrenunciables como el hambre de la población y el derecho básico a alimentarse.

Como producto de la involución macrista y de la inacción frentetodista, es aquí, en Argentina, donde tenemos uno de los Estados más maniatados del mundo para realizar políticas públicas protectivas del conjunto de la población.

Este esquema de poder social corporativo no se limita a su capacidad para incidir en aspectos cruciales de la economía y por lo tanto en el bienestar de la población. Incluye también la capacidad para manipular las percepciones de parte de la población, regulando y distorsionando la información disponible, y suministrando su punto de vista en forma semi-monopólica como explicación única de los que ocurre.

Ese enorme poder económico y mediático, muy superior al poder del Estado en su forma actual, es además reasegurado por un poder judicial cooptado por el poder real, que en caso que fracasen las trabas parlamentarias, actúa como traba adicional a toda política pública progresista.

Es decir, estamos viviendo en un régimen neoliberal, en el que un gobierno que no concuerda con esos objetivos termina conviviendo con los mismos, aunque no sea esa es su política. Al no explicar a la sociedad qué tipo de disputa se da –y en la mayoría de los casos renunciando a la disputa de antemano- el Frente de Todos asume que lo que está pasando es parte de lo que quiere hacer, o que no sabe hacer otra cosa.

Si el Frente de Todos no explicita claramente que está totalmente en contra de la horrible distribución del ingreso, de la increíble anomia privada que lleva a saquear “libremente” los bolsillos de la población y las arcas del Estado, queda ante la mayoría de la población no politizada, como la fuerza política convalidante, naturalizante, o en todo caso responsable de este estado de cosas neoliberal.

Claro, tomarse la responsabilidad de enunciar los problemas reales que enfrenta el país, y los mecanismos de poder reales, habilitaría la pregunta popular sobre qué está haciendo el gobierno para cambiar las cosas.

Desastres neoliberales y oportunidades populares

La naturalización del poder corporativo sobre la sociedad y el sistema político es tan grande en la pos dictadura, como ocurrió en los ´90, que sólo se abren márgenes de maniobra para políticas populares cuando los sectores concentrados llevan a la sociedad a alguna catástrofe, como ocurrió con la convertibilidad.

Pareciera que sólo en situaciones de catástrofe neoliberal se generan los grados de libertad imprescindibles para realizar políticas públicas diferentes.

La secuencia histórica caída de la convertibilidad-kirchnersimo no puede ser equiparada a la secuencia catástrofe macrista-frentetodismo. 

En la primer catástrofe, con la caída de De la Rúa, el derrumbe político y la aguda crisis social se llevaron puesto todo el verso ideológico de la convertibilidad eterna y del ingreso menemista al “primer mundo”, al tiempo que el establishment argentino se sumía en una desorganización transitoria, asustado por el “caos” expresado por la indignación y movilización popular.

No sabían aún los sectores más retrógrados quiénes eran y qué podían hacer Néstor y Cristina Kirchner, lo que ayudó a que llegaran a la Presidencia de la Nación y aprovecharan la ocasión para cambiar el rumbo neoliberal de la historia. Su gestión fue sometida a una resistencia feroz desde el sector privado concentrado, desde los medios, desde el sistema judicial que trababa decisiones económicas, y desde el exterior, para impedir el libre acceso del país al crédito internacional.

El insólito episodio del derrumbe del experimento macrista pasará a la historia como la experiencia de un bloque social muy poderoso que puede hacerse añicos aplicando exactamente las medidas que reclaman sus principales socios. La inconsistencia e inviabilidad del programa del poder económico argentino llevó a la ruina al gobierno del “cambio”. Quizás uno de los fracasos más rotundos de esa gestión fue no haber cumplido con una misión política central: reducir al kirchnerismo a ruinas, destruyendo política y personalmente a su líder, y atomizando a su estructura y adherentes.

El derrumbe económico de otra gestión de la derecha argentina podía haber creado las condiciones necesarias para que un nuevo gobierno popular, con decisión política, pudiera avanzar nuevamente en transformar las condiciones de gobernabilidad de la Argentina.

Ahí podemos entender la función que cumplió la “proscripción” virtual de Cristina en las elecciones de 2019. Llamamos proscripción virtual a una situación de amenaza de violencia política de tal magnitud, que genera la actitud prudente y responsable de abstenerse de tomar determinada decisión para no desencadenar enfrentamientos civiles o golpes institucionales.

Lo cierto es que esa proscripción de facto contra Cristina fue lograda en base a una monumental inversión de recursos financieros y medios, realizada por el poder económico durante más de una década (2008-2019), apuntando a la manipulación masiva de la opinión pública a través de diversas redes y medios de comunicación dominantes. La generación de odio fue necesaria para vetar a Cristina, para sostener sus causas judiciales con respaldo de la “opinión pública” y eventualmente eliminarla, como han entendido que debe hacerse los retoños culturales fascistoides del poder económico concentrado.

Cristina evaluó en esa oportunidad que no podía presentarse, que no había condiciones democráticas normales sino amenaza de violencia generalizada y desestabilización económica planificada, y debió elegir a un candidato que no generara el mismo nivel de encono que su persona.

Alberto Fernández, que hacía 10 años criticaba y combatía políticamente a la líder popular con dureza desde posiciones cercanas al poder corporativo, fue el elegido para llevar adelante la candidatura electoral. Era también un gesto, un intento de apaciguamiento de Cristina hacia ese poder corporativo. Estaba ofreciendo un espacio de negociación que fue absolutamente despreciado y boicoteado por los actores a quienes estaba destinada esa fórmula presidencial.

Los errores propios

En 2019, con la proscripción de facto de Cristina, el desastre macrista desembocó en un gobierno no corporativo pero que no tuvo la voluntad política de aprovechar ese descalabro para hacer políticas populares más audaces.

Se podían y se debían haber hecho, pero el que tenía la lapicera no tenía ninguna disposición política e ideológica para hacerlo, y caben dudas sobre si buena parte de su frente electoral estaba dispuesto o tenía claro que había que cambiar drásticamente de rumbo. ¿Era Alberto o todo el Frente de Todos que sugerían “kirchnerismo nunca más”?

Ese gobierno, que tenía internalizado el “limite” conservador a su gestión, que gobernaba leyendo La Nación por la mañana para saber qué ofendía a los señores dueños del país, no podía por lo tanto ni controlar la economía, ni emitir un discurso confrontativo con el poder real. El gobierno tenía -a no dudarlo- límites objetivos externos nada sencillos, pero también límites ideológico-políticos internos, lo que lo llevó a un extremo inmovilismo, antesala directa del cuadro económico actual.

Así llegamos a este pozo neoliberal en el que está hundida la Argentina, donde se cumplen casi todos los deseos del capital –no importa cuán compatibles sean con objetivos y prioridades nacionales o sociales-, no se toma ninguna medida concreta para proteger a la población de las distorsiones del mercado porque “los señores se enojan”, y el gobierno está ausente para representar a las mayorías.

Quiero remarcar lo del pozo neoliberal, porque en el resto del mundo se están encarando medidas específicas de protección en relación a lo que está ocurriendo en la economía mundial, tanto por la pandemia como por el impacto creciente de la guerra en Ucrania.

Un solo ejemplo para ver de qué estamos hablando: en Suiza –dados los muy elevados costos de la energía en Europa- se ha establecido que la temperatura máxima que puede haber dentro de las casas es de 19 grados. No se puede superar esa medida para poder garantizar que cubra las necesidades de la población y de la economía suiza. Las multas serán de 500.000 euros para quienes transgredan la disposición y eventualmente de 3 años de cárcel. Y las autoridades invitan a denunciar a las autoridades a quienes no cumplan con ese límite. Suiza no tiene un ápice de comunismo, ni de chavismo, ni de todo el repertorio de monstruos autoritarios con los que asusta la derecha latinoamericana. Tiene Estado, y el Estado suizo toma disposiciones colectivas orientadas al bien común.

En Argentina no se puede frenar el precio de los alimentos teniendo alimentos de sobra, ni regular el precio de la energía en función de necesidades sociales, ni tomar ninguna medida de emergencia –como por ejemplo encarecer el costo del turismo en el exterior- porque cierto sector de la sociedad se irrita.

El gobierno de Alberto Fernández llevó el poder y la autoridad gubernamental a un mínimo tal que lleva a muchos a preguntarse si el Frente de Todos está de adorno, o si es cómplice del actual estado de cosas

¿Tenemos que volver al Karl Polanyi de “La Gran Transformación” para recordar que la economía de mercado desregulada engendra concentración de riqueza y desequilibrios económicos tales que terminan en cuadros sociales severos de desprotección y reclamos desesperados de orden?

El movimiento popular en la encrucijada

El atentado contra Cristina Kirchner puso de manifiesto una situación dramática. El retroceso del movimiento popular es extremo, y si no reacciona, una derecha que no tiene ningún valor rescatable lo puede derrotar electoralmente simplemente por el completo alejamiento de su base social.

El atentado contra Cristina debió haber disparado una profunda reflexión sobre el camino claudicante y de derrota que llevó a este punto, pero eso no está ocurriendo.

El derrotero del gobierno de Alberto Fernández no sólo fue malo desde el punto de vista de la gestión de gobierno, sino que fue profundamente deprimente para todo el espacio popular, que vio cómo se abandonaba una a una las trincheras políticas de lucha en aras de la moderación y de un discurso democratista vacío, que remedaba al peor Alfonsín, aquel que se conformaba con pasarle la banda presidencial a otro civil. O sea, la democracia completamente vacía de todo contenido popular.

Se dice habitualmente que el Frente de Todos no se puede romper para no favorecer el retorno de la derecha destructiva… Es cierto, si en lo que resta del gobierno se hace algo efectivo.

Si no, el Frente se va a romper, no por grandes decisiones de sus componentes, ni por dramáticos gestos de sus líderes, sino por procesos moleculares, donde mucha gente se sentirá desalentada o defraudada. Y porque seguramente los sectores dinámicos querrán salir del inmovilismo y ofrecer una alternativa electoral que los entusiasme.

De lo no hecho por este gobierno surge un programa positivo de acciones que ayudarían a controlar la economía y reorganizar la distribución de la riqueza en nuestro país. Retomar el control sobre la riqueza que se produce y que sale sin tributar del territorio nacional, en agricultura, minería, energía y pesca. Eso dotaría al Estado de enormes recursos para solucionar el tema del empleo, de la vivienda y de la producción en un período no muy extenso.

Pero antes debe haber un claro objetivo de poner en pie un Estado capaz de tomar decisiones y poder ejecutarlas. Con capacidad técnica, con recursos, con decisión política y con fuerza institucional y popular.

Ese debería ser el punto número uno de un programa popular alternativo: revertir las reformas neoliberales que transfirieron el poder real y los principales mecanismos de regulación económica a minorías sociales que carecen de un proyecto nacional y sólo cuentan con un plan de negocios. Para eso, es imprescindible una renovación amplia de la dirigencia del movimiento popular.

Una dirigencia que entienda que no puede haber un gobierno nacional y popular que no contemple como tarea prioritaria y fundamental la reconstrucción de la capacidad del Estado para implementar concretamente políticas críticas para el desarrollo nacional y el bienestar popular.

- Ricardo Aronskind, Economista y magister en Relaciones Internacionales, investigador docente en la Universidad Nacional de General Sarmiento.

^{La Tecla Ñ Revista - 3 de octubre de 2022}