Todavía no está confirmado, pero los trascendidos indican que el precio que tendrán que pagar los que, mediante un ilícito, negrearon fondos, será de alrededor de 5 por ciento si introducen el dinero al sistema y de aproximadamente el 10 por ciento si lo declaran pero lo dejan en las cajas de seguridad, en cuentas offshore o en algún otro escondite.

El ministro de Hacienda considera que de esa manera los incumplidores equipararán su moral con los que respetaron las leyes fiscales.

De esa manera, además, el Gobierno aspira a recaudar varios miles de millones de dólares. Los pronósticos más audaces sostienen que el blanqueo podría llegar a 50.000 millones de dólares. Es un número que fuera de contexto parece un vaticinio desmesurado, pero que luce algo más razonable al tener en cuenta que esa cifra representa poco más del 10 por ciento de los 400.000 millones de dólares que los argentinos fugaron.

En Hacienda fundamentan su optimismo en que hay condiciones extraordinariamente favorables para que el blanqueo rinda muchísimo más que cualquiera de los anteriores. (El último, lanzado por el kirchnerismo en 2013, logró que se exteriorizaran algo menos de 2.600 millones de dólares.) En primer lugar, la sucesión de revelaciones sobre dinero oculto –desde los listados del JP Morgan aportados por el arrepentido Hernán Arbizu hasta los Panamá Papers, pasando por las miles de cuentas en el HSBC de Ginebra que sustrajo Hervé Falciani, entre otras– alteró los nervios de mucha gente cuyos nombres aún no salieron a la luz ni llegaron a la Justicia, y que podrían querer aprovechar esta nueva oportunidad para dormir más tranquilos.

Un segundo incentivo al blanqueo es que a comienzos de 2017 entra en vigencia el acuerdo de intercambio de información tributaria promovido por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), al que algunos países se sumarán un año después.

A eso se agrega, destacan los funcionarios, que la mayoría de las personas que tienen dinero negro confían en el actual gobierno y no creen que vaya a alterar las reglas que se planteen.

Por último, se debe tener en cuenta que la Argentina actual brinda variadas alternativas para obtener ganancias financieras elevadas, rápidas y fáciles. La que está de moda entre grandes inversores es suscribir las Letras del Banco Central (Lebac), que a 35 días pagan una tasa anual del 36,75 por ciento y complementar la operación mediante la compra de dólares en el mercado de futuros a un precio determinado, que en conjunto arroja una rentabilidad no menor al 10 por ciento anual en dólares.

Claro que para participar de ese casino con premio garantizado hay que tener las fichas blancas.

En base a las proyecciones más optimistas sobre los dólares que ingresen y al castigo impositivo que se fijaría para limpiar inmoralidades, la AFIP podría llegar a obtener entre 3.000 y 5000 millones de dólares adicionales, lo que en la alternativa más alta equivale a casi la mitad de la recaudación de un mes, o a casi la mitad de lo que el Banco Central tiene previsto aportar para financiar el déficit del Tesoro Nacional.

Tal vez esos números tan potentes logren que Alberto Abad olvide su rechazo a los blanqueos. El actual titular de la AFIP fue quien llevó la voz cantante en 2008 en contra del primer blanqueo del kirchnerismo. Además de encabezar por orden alfabético la lista de firmantes de un petitorio publicado en el blog Noalblanqueodecapitales.blogspot.com, en el que aparecían varios otros miembros del actual gobierno, dijo entonces: “Estuvimos seis años trabajando junto a 20.000 empleados de la AFIP para crear una nueva cultura tributaria. Pero esto que se anunció va en la dirección contraria. Rompe con las reglas del pacto social y fiscal, y alienta una conducta antisocial ya que castiga al que cumplió y favorece a los que violaron las leyes”.

Sin ser tan tajante, Prat-Gay también había sido muy crítico del blanqueo del 2013. Pero su objeción fue que las condiciones eran demasiado favorables a los evasores porque no se les pedía nada a cambio. No se los obligaba a pagar el precio de la moral.

Cuando en la mencionada convención de ejecutivos de finanzas le preguntaron si habría blanqueo, Prat-Gay respondió afirmativamente y agregó una aguda ironía: “Pensé que íbamos a hablar de cómo acelerar la inversión, pero no; me preguntan si habrá un blanqueo. Esto muestra un poco la foto de la Argentina”.

Sin embargo, en los medios y en el debate público aparecen con mucha mayor frecuencia y espacio las fotos de la corrupción. La corrupción provoca un enorme daño social, por el dinero que se desvía y porque la amoralidad involucra a funcionarios públicos. Pero de ninguna manera alcanza la dimensión que algunos le atribuyen. En uno de sus tantos exabruptos, Elisa Carrió afirmó que el matrimonio Kirchner se robó 10.000 millones de euros. El arrepentido Leonardo Fariña dijo que Lázaro Báez y Néstor Kirchner “se robaron el PBI de un año”. Dos disparates.

Prat-Gay no incurrió en semejantes exageraciones. En la citada convención dijo que van a bajar el déficit fiscal “dejando de chorear”, pero también “dejando de regalarle al que no lo necesita y poniendo la economía en marcha”.

Olvidó incluir en la receta el dinero de los delitos económicos privados que se van a blanquear pagando el precio de la moral.

Revista Veintitrés