Desde el punto de vista de la economía, el principal rol del Estado es establecer las reglas de comportamiento de todos los sectores de la sociedad, en una situación de la historia en que existen dos tipos de regulaciones, una generada por los mercados y otra establecida por el Estado (que lo hace en nombre del bien común), y si bien trabajan en forma conjunta, es el Fisco el responsable final al ser el depositario de la administración y, por ende, el que debe fijar las pautas y la estrategia de crecimiento económico y mejora del nivel de vida de la población.

En el sistema económico que vivimos, no es la ausencia de una capacidad objetiva que deba resolverse con el incremento de la riqueza, sino que es la consecuencia de una matriz de profunda desigualdad en la distribución, de ahí que es clave que el Estado, como guarda de los derechos sociales e individuales, articule modos de intervención en el proceso de producción y distribución del ingreso nacional para asegurar el crecimiento económico, con mejoras en la asignación de recursos y de gastos, y que a la vez preserve el medio ambiente, lo que se denomina desarrollo sustentable.

El objeto de análisis es el conjunto de actividades mediante las cuales los sectores populares garantizan su supervivencia en un contexto de globalización que ha empobrecido a grandes segmentos poblacionales en todo el planeta y generado una economía a tres velocidades por sus diferenciales de productividad. Se plantea que en este contexto las estrategias para mejorar la eficiencia de la economía, si no involucran a los sectores populares y tienen un fuerte apoyo estatal, terminan atentando contra ellos y sus posibilidades de supervivencia. Se debe estimular con políticas el aumento de la complejidad general de la economía y concomitantemente eliminar rentas especulativas de las otras velocidades al tiempo que se garantice un sistema de empleo y previsional que asegure ingresos dignos y protección a los miembros de la Economía Popular. El proyecto nacional ha avanzado en el sentido de lo planteado, pero los límites han estado dados por los problemas estructurales difíciles de superar. Se propone una serie de instrumentos de intervención del Estado generales y en las cadenas de valor para que a la Economía Popular no se le haga tan difícil su existencia.

Una charla abierta en la cual se ponen en duda todas las respuestas que la politología clásica de hace cincuenta años tenía para la Argentina. La clase política actual, ¿está efectivamente preparada para gestionar el Estado?

Los “linchamientos” concretos a los que hoy asistimos han sido precedidos por muchos años de linchamientos mediáticos. Se ha construido una otredad negativa desde los aparatos de formación de sentido común; la figura del delincuente subversivo que habilitó el silencio sobre los campos de concentración de la dictadura militar, ha sido reemplazada por la del “pibe chorro” el que supuestamente entra por una puerta y sale por otra. Pero la demagogia punitiva ha calado tan profundo en nuestra sociedad, capilarizando a todas las clases sociales (los vecinos organizados de Rosario son laburantes) que se han generado condiciones de enunciación para llamar justicia por mano propia a lo que claramente es homicidio calificado. Ahora, muchos se rasgan las vestiduras clamando por el Estado ausente, y los políticos en campaña utilizan oportunistamente el tema para posicionarse. Pero cuando desde el gobierno nacional se intenta hacer una reforma de la Justicia, hay quienes dicen que “se invade la división republicana de poderes”.

El punto más débil de la canasta familiar se muestra a la hora de la enfermedad. Mano a mano con la industria privada, el Estado promueve la fabricación de remedios en laboratorios oficiales, que no ponen por delante la ganancia.

La inflación es el crecimiento generalizado de los precios, y es también el deterioro del poder adquisitivo del dinero.

El dinero es el medio de pago creado por el Estado a través del Banco Central, por ende la inflación perjudica a los que tienen ingresos fijos.

Muchos economistas siguen fascinados por el Equilibrio de Nash como una muy buena solución en la Teoría de Juegos, en la que ningún jugador tiene incentivos para modificar individualmente su estrategia. Algo así como un escenario en el que todos están contentos sin deseos de seguir disputando un cambio sobre el acuerdo establecido. Este desarrollo, que gozó hasta de un Premio Nobel, ha sido puesto en uso para muchos fines: en resolución de conflictos, en acuerdos laborales, en arbitraje internacional. Quizás, ahora este pacto de todos felices, de una década ganada-ganada, para los unos y para los otros, para las mayorías populares y para las transnacionales (y burguesías nacionales cada vez más relacionadas transnacionalmente) es lo que desea-anhela buena parte de los poderes económicos dominantes para América latina. Un pacto que implique implícitamente una promesa de no disputa en el futuro. Quizás así, el capital esté buscando su nuevo punto de equilibrio de Nash posneoliberal, entendiendo que de esta forma, a través de este nuevo estadio estable propuesto desde sus posiciones aún dominantes en la región, se pueda lograr un escenario muy favorable para sus tasas de ganancia sin tener que dejar de ser positivo para las mayorías. El objetivo puede que sea un nuevo círculo virtuoso que concilie posneoliberalmente los intereses inter clasistas.

Francisco Rosario, especialista brasileño en economía industrial, dialogó con TSS sobre el papel de las grandes empresas, las pymes y el sector académico en el esfuerzo por vincular la política de ciencia y tecnología con la política industrial en Brasil.

Agencia TSS – Durante los últimos años, Brasil ha comenzado a implementar medidas específicas que pretenden vincular el desarrollo de innovaciones científicas y tecnológicas con ciertos sectores fuertes de su economía, como los de alimentos, bioenergía, petróleo y gas, explica Francisco Rosario, especialista del Grupo de Estudios en Tecnología, Innovación y Competitividad de la Facultad de Economía, Administración y Contabilidad (FEAC) de la Universidad Federal de Alagoas (UFAL), en Brasil.

Disculpen, estimados lectores, si lo que estoy escribiendo se aproxima más a una historia de vida que a una nota periodística. En el momento en que mis dedos se deslizan por el teclado, los equipos de rescate de la explosión de Rosario se esfuerzan por encontrar a las víctimas desaparecidas del fatídico edificio, entre los que se encuentra una sobrina de mi hermano y su pareja.

Hace cuarenta años que vivo en Buenos Aires, trabajando en el mundo editorial. Hace cuarenta años que dejé mi Rosario natal y hace cuarenta años que no siento el olor cotidiano de herramientas, reguladores desarmados, calefones en reparación y todo ese olor característico del propano odorizado que existe en el taller de un gasista, como el de mi padre, que lo era.

Lo que referiré a continuación sucedió en los ’90 y los protagonistas son mi padre, mi hermano y Litoral Gas.