La crisis del año 2001 fue terminal para el modelo de valorización financiera que, a su vez, fue la causa del estrangulamiento del sector externo, ante un déficit comercial de proporciones (por el atraso cambiario las importaciones superaban las exportaciones) y el gravoso pago de los servicios de la deuda, intereses que significaron ese año el 4,8% del PIB.

La implosión del modelo de valorización financiera se explica por la constante y creciente fuga de capitales que en el año 2001 fue, según el Mercado Único y Libre de Cambios, de 29.913 millones de dólares, a lo que se sumó que a esos mismos empresarios que tenían deuda en dólares en el mercado local se les “pesificó” la misma, fijándola a un tipo de cambio de un peso un dólar,  pero la depreciación de nuestra moneda fue incontrolable, en el mercado paralelo y en Montevideo, en abril del año 2002 se cambiaba el dólar a 4 –cuatro- pesos, lo que impactó en el poder adquisitivo del salario y el nivel de vida de toda la población.

La administración de Duhalde en lugar de buscar paliar la situación de crisis a través de estímulo a la demanda y la obra pública, lo que hizo fue traspasar gran parte de la deuda de esos grandes empresarios al Estado Nacional mediante el Decreto 214/02 de pesificación asimétrica, del 3 de febrero de 2002, con lo que la deuda en dólares con los bancos se cambió a $ 1 por dólar, mientras se dejaba “flotar” libremente el valor de la divisa norteamericana en el mercado cambiario argentino. Los grandes deudores, beneficiados por la medida, fueron el grupo Pérez Companc,  el grupo Techint, el grupo Clarín, SOCMA (Sociedad Macri), el grupo Bulgheroni y empresas como Cargill SA, Telefónica Argentina SA, Repsol SA, Telecom Argentina SA, Nidera SA, Shell SA, Esso Argentina SA, Bunge Cerval SA; IBM Argentina SA, SA Louis Dreyfus y Cía, Ford Argentina SA, Renault Argentina SA, entre otros.

En ese contexto, se siguió reprimiendo las manifestaciones de reclamo y disconformidad, produciéndose la muerte de los jóvenes Kosteki y Santillán el 26 de junio de 2002 en la localidad de Avellaneda, su sangre generosa obligó al gobierno de Duhalde a llamar a elecciones en las cuales ganó Néstor Kirchner, por no presentarse en la segunda vuelta Carlos Menem.

Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner impulsaron  una política de incremento del gasto público en salud, educación, planes sociales, obra pública y subsidios a las tarifas energéticas y al transporte, lo que hizo que la economía se expandiera, aumentando el consumo, la inversión, las exportaciones, y paradójicamente se incrementaba la participación del Estado en una economía creciente.

2015, el último año de gobierno de los Kirchner, el gasto primario de la Administración Nacional representó el 23,42% del PIB, que sumado a los intereses de la deuda por 1,78% del PIB, implicaron un gasto total de la Administración Nacional del 25,20% del producto. Paralelamente los ingresos propios (tributarios y no tributarios) de la Administración Nacional fueron del 20,7% del PIB, y los 4,5% restantes se debieron a los subsidios (sobre todo energéticos y de transporte) que alcanzaron ese año la suma de $ 240.000 millones al tipo de cambio de $ 9,70 por dólar, unos U$s 25.000 millones, con lo que la administración, si no hubiera subsidiado la producción y el consumo,  habría equilibrado las cuentas públicas, pero ante la reticencia inversora de las grandes corporaciones se habría caído el PIB.

El déficit que se financió con emisión monetaria siempre en procura que “tirando” la demanda y subsidiando la energía y el transporte, en algún momento los empresarios iban a incrementar las inversiones, cosa que sucedió en forma irregular y deficientemente.

El gobierno pierde las elecciones y gana el macrismo, que lo primero que hace es sacar casi la totalidad de las retenciones y reducir la de la soja, medidas que sumada a la devaluación de nuestra moneda significó una brutal transferencia de recursos a los sectores más concentrados del campo y de las exportaciones del sector, para transcurrido un par de meses y viendo que la “lluvia de inversiones” no se producía, acometer una política de endeudamiento que supera los U$s 70.000 millones de dólares desde el 10 de diciembre de 2015 al 18 de mayo de 2017, dólares que en gran parte se fugan porque se le dan todas las posibilidades de que se compren a precio vil en el mercado, y con los que se queda el BCRA se convierten en dinero que la misma autoridad monetaria debe comprar en LEBAC (Letras del Banco Central de 28 a más días)  y Pases,  generando un deuda cuasi-fiscal mayor que toda la base monetaria (emisión de dinero puesto en circulación por el BCRA).

En el gobierno de Macri, tanto la Administración Nacional como la de las provincias autorizadas a endeudarse por el gobierno central, colocan títulos en dólares para pagar gastos corrientes.  Esos dólares deben ser vendidos al BCRA el que a cambio de ellos emite pesos. Esos pesos al 12 de mayo de 2017 son esterilizados por “Pases Pasivos” ($ 107.126 Millones) y “Lebac” ($ 843.180 Millones), con lo que constituyen una deuda cuasi fiscal de $ 950.306 Millones, cifra que supera la Base Monetaria ($ 785.871 Millones) y devengan un interés anual (que se pagan mayoritariamente en pesos) por el equivalente a unos 11.500 millones de dólares por año.

Las altas tasas de los pases y de las Lebac, permiten a un alto costo, el ingreso de divisas que se convierten en pesos para percibir esas tasas, y luego volverse a la moneda extranjera al crecer el tipo de cambio en pesos muy por debajo de la tasa de interés

A toda esa parafernalia y despropósito hay que sumarle los Adelantos Transitorios al Gobierno Nacional del BCRA por  $ 432.230 millones al 12 de mayo de 2017.

En qué gasta la administracióm macrista

El gobierno nacional presenta en el Boletín Fiscal los números agregados de la ejecución del gasto del año 2016, que demuestran las grandes inconsistencias y lo insustentable del gasto público del macrismo:
 

PRESUPUESTO EJECUTADO AÑO 2016 – BOLETIN FISCAL

Fuente: Ministerio de Hacienda de la Nación

Los intereses de la deuda representan el 14% del gasto público de la administración macrista, superando ampliamente el gasto de capital (obra pública),  y también los subsidios, que siguen siendo importantes componentes del gasto público pese a la suba sideral de las tarifas, del combustible y del transporte.

Pero la eliminación de la mayoría de las retenciones y la disminución de las de la soja, más la caída del nivel de actividad, se refleja en la menor recaudación tributaria, la que fue compensada por fuerte endeudamiento cuando, según cifras oficiales, cerraron el año 2016 con un déficit fiscal de 481.920,7 millones de pesos, cifra que es mayor que cualquier componente del gasto y que significó el 22,72% del mismo y 5,6 % del PIB.

Ese grado de desfinanciamiento continúa y se profundiza en lo que va del año 2017, en que la administración macrista no pudo ni puede hacer el ajuste fiscal ante la resistencia de la población, por lo que prefirió y prefiere incurrir en déficit fiscal y de deuda del BCRA cada vez más grande e inmanejable (deuda para pagar un déficit cada vez mayor), más el financiamiento en divisas (reconociendo otros fueros para la emisión de deuda), lo que constituye  un camino ya recorrido y que siempre termina mal para el pueblo argentino, dejando  enriquecida a la minoría que financia al Estado (banqueros nacionales y extranjeros y grandes capitales que operan en el país).

Es más, la incongruencia entre el gasto sostenido, la caída en el nivel de ingresos y, por ende, la de generar un déficit fiscal creciente, hace que sea más dependiente de los bancos, por lo que no es casualidad que sean casi los mismos bancos que financiaron el canje del 4 de junio de 2001 (JP Morgan; Citigroup, HSBC, Crédit Suisse, Francés, Santander Río, Galicia), los que son a su vez importantes poseedores de títulos del BCRA en la actualidad.

Como no es casualidad que los principales funcionarios del área económica han sido (y seguramente después seguirán siéndolo) importantes funcionarios del banco HSBC (Francisco Cabrera), del Banco Galicia (Nicolás Dujovne), y del JP Morgan (Alfonso Prat Gay y ahora Luis Caputo),  como fue en su momento, Manuel Quintana presidente conservador de la Argentina del principio del siglo XX, que antes y después  de ser  la máxima autoridad nacional, fue abogado principal del Banco de Londres en América del Sud.

Sin impulso a la producción, desprotegiendo el mercado interno y el trabajo nacional, van a esperar las elecciones y, si no pierden, van a llevar adelante un brutal ajuste fiscal que va a recaer en el gasto social, en la inversión pública, en las transferencias a las provincias (obligándolas a reducir sus erogaciones), en la posibilidad cierta de extender la edad para jubilarse, y en las remuneraciones del personal estatal, lo que redundará en una menor demanda global y con ello en una caída sistemática del PIB, para a su vez, garantizar un mayor porcentaje del gasto en el pago de los servicios de la creciente deuda, cumpliendo la expresión del presidente Nicolás Avellaneda de 1877, se honrará la deuda (que contrajeron ellos para fugarla en su gran mayoría) con el enorme sacrificio del pueblo argentino.

* Economista, profesor y miembro del Instituto Argentino para el Desarrollo Económico (IADE).

18-05-2017