Sin reformas estructurales, ni macro devaluaciones, ni tarifazos generalizados, ni bruscas contracciones del gasto público, como efectivamente ocurrieron durante la gestión Macri —y que le costaron la reelección—, el acuerdo prevé un mecanismo de monitoreo trimestral de las nuevas metas que se acuerden para los próximos 2 años.

Sin embargo Kristalina Georgieva, directora gerente del Fondo, echó ciertas sombras el jueves 3 de febrero sobre las características finales del acuerdo, al señalar que deberá incluir modificaciones tanto en el tema de la recaudación impositiva como también en el gasto público, agregando la novedad de que “nuestro enfoque principal (el del Fondo) es sacar a la Argentina de este camino muy peligroso de alta inflación”. Estas afirmaciones parecen coincidir con rumores sobre protestas de los fondos de inversión privados acreedores de Argentina ante el FMI por la insuficiencia del ajuste acordado, e incluso de recriminaciones de sectores políticos duros de los Estados Unidos por la supuesta blandura del Fondo hacia la administración actual de la Argentina. Da la impresión de que el proceso de negociación no está cerrado, y que soplan vientos deseosos de empeorar el acuerdo para nuestro país.

Si las metas, cuyo detalle evidentemente aún se está negociando, son viables desde el punto de vista social y económico, el acuerdo por los próximos dos años será cumplible, y los monitoreos trimestrales serán un trámite burocrático relativamente sencillo. Si, en cambio, en la fijación de metas cuantitativas se establecen objetivos que asfixian la economía y deterioran los ingresos de las mayorías, habrá protesta social, crisis en el proceso de “pago” de la deuda tomada en 2018, oportunidades de negocios en los mercados especulativos y alegría en la derecha política local.

El FMI, en tanto burocracia con intereses propios, no se propone generar una crisis de deuda con la Argentina, en la medida en que atraería las miradas hacia el escandaloso crédito otorgado al macrismo. Sin embargo, como ha dicho el Presidente Fernández en su reciente visita a Rusia, el FMI está muy vinculado a los Estados Unidos, que evalúa políticamente el desempeño de este gobierno y puede usar –y usa— al Fondo para presionar a nuestro país.

Para decirlo claro, el acuerdo –según lo conocido públicamente hasta el momento— es potencialmente cumplible en el corto plazo. En cambio, en el mediano plazo, digamos a partir de 2025/26, la acumulación de vencimientos de deuda con el FMI, con otros organismos, con los fondos acreedores privados, más los pagos de la deuda externa de las corporaciones privadas que operan en la Argentina (¡80.000 millones de dólares!) generará una presión difícilmente tolerable sobre el sector externo. En el mediano plazo la deuda actual parece impagable, porque está concentradísima en pocos años y no le da oportunidad al país de establecer una política de largo plazo que le permita recuperar la solvencia externa.

Un primer efecto del anuncio de acuerdo, débil pero real, es que contribuyó a desmontar la argumentación “objetiva” a favor de la corrida cambiaria, que tanto desean sectores financieros y exportadores locales: sin necesidad del FMI, buscan una maxi devaluación con los mismos efectos de empobrecimiento, quiebras y subdesarrollo que los famosos acuerdos con el organismo internacional. Ellos también compiten con las necesidades de reactivación del pueblo argentino, y con los acreedores externos, por la apropiación de los dólares que entren a nuestro país.

Hay que recordar siempre, que un tipo de cambio “recontra alto” como piden algunos, le dificultaría enormemente al Estado nacional pagar la deuda externa, ya que él es precisamente quien tiene que comprar los dólares al sector privado para efectuar los pagos externos.

El debate político

Habíamos escrito hace pocas semanas aquí, en el Cohete, que el gobierno no podía sino acordar, dado que no está preparado ni él mismo, ni el país, ni su economía para sostener un enfrentamiento que simplemente implique una demora en la resolución del pago. También porque no se encaró desde un comienzo el conflicto de otra forma tanto a nivel discursivo, diplomático, jurídico…

Sin embargo ciertos sectores del kirchnerismo se sintieron dolidos y desilusionados por el anuncio de presunto arreglo con el FMI.  Sorprende tal desilusión teniendo en cuenta el comportamiento político del Poder Ejecutivo desde el 10 de diciembre de 2019: ¿qué se esperaba que iba a hacer un gobierno que vino eludiendo las confrontaciones con los sectores dominantes y respetó los límites que le fue señalando la derecha desde sus medios, desde el tema judicial, hasta la contención de los precios básicos, pasando por una reforma impositiva, las maniobras con el dólar, o la regulación de los monopolios?

El gobierno del Frente de Todos es lo que es desde hace más de dos años. Tiene un estilo definido. ¿Por qué se suponía que iría a una confrontación con el FMI, si no se preparó para ella ni la desea?

Un gobierno que se viene fijando metas muy modestas en casi todos los terrenos, ¿se dedicaría a encabezar en soledad regional una “gesta anti imperialista”? ¿Sería esto lo que está esperando su electorado?

El Frente de Todos tuvo como prioridad, desde su fundación, evitar que gobiernen el país los sectores más destructivos y antinacionales, pero no queda claro dentro del peronismo realmente existente cuales de las grandes banderas históricas se continúan reivindicando genuinamente.

Desde dentro del gobierno se justifica a veces el inmovilismo señalando el problema de la correlación de fuerzas. Sin embargo, la correlación de fuerzas es una cuestión dinámica que depende también de lo que se haga desde el gobierno, y de lo que trabaje políticamente el Frente de Todos cotidianamente en la calle. La derrota electoral de medio término, que no fortaleció precisamente la correlación de fuerzas, fue la expresión del inmovilismo político del Frente y de la dificultad que tiene su gobierno para resolver cuestiones concretas de la mayoría.

Cosas que nosotros tenemos que hacer

Los efectos internos de lo acordado con el Fondo pueden ser muy distintos según cuales sean los criterios distributivos que adopte el gobierno del Frente de Todos en estos dos años finales de su gestión.

A diferencia de lo que sostienen ciertos sectores del campo popular, reducir el déficit fiscal no implica necesariamente reducir el gasto social, ni la obra pública, ni la participación del estado en la economía. Esa es la visión tradicional que implantó en el sentido común colectivo la derecha que ha gobernado intermitentemente desde 1976, interesada en debilitar sistemáticamente el Estado y empobrecer a los sectores subordinados: la única posibilidad de achicar el déficit es achicar el gasto público.

Sostenemos que en el centro de este razonamiento falaz está la consagración del derecho a la evasión impositiva: nunca se debe recaudar más, sino menos. Siempre pagar impuestos “desalienta” a un empresariado que piensa que la organización social tiene que vivir del aire.

La ofensiva ideológica de hace décadas ha llegado tan lejos, que se ha despojado al Estado hasta del derecho de aplicar la ley vigente, de sancionar a los evasores y de recuperar recaudación. Por lo tanto, hasta los partidos populares y progresistas han abdicado de introducir en su agenda pública la recuperación del derecho recaudatorio del Estado.

Sabemos desde hace décadas que la evasión impositiva en nuestro país es mayor que el déficit fiscal. Pero se instituyó que la evasión es intocable. Y se construyó una argumentación ad hoc para explicar que todos los empresarios estarían todo el tiempo al borde de la quiebra por lo cual cobrarles los impuestos que corresponden, los empujaría al abismo, o a la abulia inversora. Por lo tanto, para bajar el déficit sólo queda bajar el gasto público.

Como lo vienen manifestando especialistas y conocedores del comercio exterior, hay muchísimo para hacer en materia del combate a la evasión y el contrabando. Insistimos: es aplicar la Ley, no confiscar a nadie. El impuesto a las Ganancias es a las ganancias, no a las pérdidas.

Otro punto a discutir es el nivel de la tasa de interés. Así como existe un consenso progresista que a sectores empresariales productivos pequeños hay que asistirlos, en ocasiones, utilizando las tasas de interés negativas, parece más confuso cuando se habla del ahorro de millones de argentinos con cierta capacidad de tener excedentes por arriba de sus consumos.

¿El pensamiento progresista considera correcto limarles los ahorros, irlos disolviendo, pagándoles tasas de interés negativas, y empujándolos finalmente a otros formas efectivas de ahorro, como es el dólar en determinadas coyunturas? ¿No sería hora de pensar una estrategia realista contra la dolarización, y no reclamar que a los ahorristas argentinos se les vayan disolviendo sus ahorros por quedarse en pesos con tasas de interés negativas? En todo caso habrá que inventar un mecanismo sencillo de ahorro indexado a la inflación, por ejemplo los bonos muy líquidos atados al valor de la construcción, u otras variantes.

La reducción del déficit público se debe encarar aumentando recaudación impositiva como señalamos antes, atacando los gigantescos bolsones de evasión, y también bajando subsidios innecesarios. Debemos recordar nuevamente que cuando Cristina Kirchner, en 2011 empezó su política de “sintonía fina” en materia tarifaria, nos enteramos que estaban siendo subsidiados —debido a una emergencia económica que se había declarado hacía 10 años— a casinos y poderosas empresas petroquímicas. Es indefendible que el Estado pierda recaudación para aumentar las ganancias de empresas exitosas. Hay un 40% de la población que vive hoy muy bien, gana buena plata y puede pagar tarifas sin subsidio alguno.

Otro tema importante es el del dólar: tenemos en nuestro país una vastísima experiencia en manipulaciones cambiarias con efectos desastrosos. Cuando encontramos un valor del dólar razonablemente competitivo, como el actual, lo mejor es mantenerlo y no manipularlo. No generar maxidevaluaciones empobrecedoras –que ni siquiera sirven para generar auges exportadores—, ni abaratar ficticiamente el dólar para lograr estabilizaciones de precios que duran hasta que explota el sector externo. Es un objetivo sensato mantener un dólar competitivo sin exageraciones.

Finalmente, si la inflación es multicausal, como sostiene y el gobierno y como dice admitir el FMI, ¿por qué no actuar sobre todas las causas de la inflación? Debemos rechazar el volverse a centrar en el tema de la emisión monetaria, mantra neoliberal que sólo sirve para enfocar la lucha antiinflacionaria contra el gasto estatal y la libertad de acción de las autoridades monetarias. Hay muchas ideas para actuar en ese sentido.

¿Lo podrá hacer este gobierno?

Es evidente que, si el acuerdo con el FMI no asfixia totalmente a nuestro país, hay una agenda, concreta e implementable de medidas progresistas para los próximos doss años. Una agenda para que los sectores populares organicen su discurso y su acción política concreta. Hay muchas posibilidades de no sólo no ajustar, sino de sentar las bases de un país más productivo y equitativo.

Lo que no sabemos es si el gobierno será capaz de romper con la lógica política que lo llevó a la clara derrota electoral reciente. Se vuelve mucho más necesaria, una vez pasada la suspensión “pandémica”, la presión popular, la expresión de los disensos, las luchas y discusiones sin miedo. En el primer tramo de la actual gestión ejercieron más presiones, consistentes y organizadas, las diversas fracciones de poder económico. La responsabilidad oficial en el periodo anterior, es haber desalentado, activa o pasivamente la expresión de los sectores populares, porque disgustan al poder económico.

La reticencia política del gobierno frente a la manifestación de esta semana en Tribunales reclamando la democratización de la Justicia, es una muestra de lo poco partidario que es de la expresión masiva en las calles, y de las acciones plebeyas que rebasan el democratismo formal. Después será tarde para quejarse de que la correlación de fuerzas no da.

Algunos datos externos parecen favorecer una estrategia de ganar tiempo, aun cuando no se hayan resuelto los problemas de fondo del país:

1. en este año podrían instalarse en América del Sur (Colombia, Brasil, además de Chile) gobiernos más progresistas, que ayuden a consolidar una mayor autonomía regional de los de Estados Unidos y que apoyen con más fuerza la posición argentina en relación a las finanzas internacionales;
2. está madurando una compleja crisis financiera internacional (inflación en alza, suba de tasas en contexto de sobreendeudamiento) que reclamará nuevas medidas de alivio masivo a la deuda de gran cantidad de países endeudados, no sólo pequeños, lo que podría también beneficiar a la Argentina.

Si el gobierno de Frente de Todos fuera capaz de tomar medidas audaces y eficaces, de alto impacto político, se podría pasar de la actitud defensiva y apocada del tramo anterior, a generar una dinámica económica y política en la cual hasta se podría estimular la fractura de la derecha política local, que se alimenta especialmente de los errores y las debilidades del gobierno.

Pero si no se hace trabajo político bien pensado, si no se rebasan los límites del partidismo electoral formal, nada bueno se puede esperar, porque la derecha tiene múltiples formas de difundir ideas mágicas, adoctrinar a sus fieles y vaciar las instituciones de la democracia.

No hay forma de ganar si no se dice nada, si no se propone nada, si no se defiende nada.

Y si desde el punto de vista político no se ampara y fortalece a lo que le ha dado a este espacio el peso que tiene en la sociedad argentina: la propia militancia, hoy confundida y en la incertidumbre en cuanto al rumbo que adoptará el gobierno en materia de defensa del interés popular.

La tarea por delante no es fácil. Pero no es imposible.

^{El Cohete a la Luna - 6 de febrero de 2022}