Periodista: ¿Por qué afirman en el documento que “los tarifazos son incompatibles con un modelo de desarrollo económico”?

Federico Bernal: Porque los precios de la energía como los valores de las tarifas de los servicios públicos (gas y electricidad) son determinantes no solamente para una vida digna, sino también para el normal funcionamiento del aparato productivo e industrial de cualquier nación. Cuando los precios y las tarifas del sistema energético se desbocan (cuando la energía se mercantiliza), entonces se transforman en una poderosa herramienta de ajuste y atrofia del mercado interno. Así ocurre desde la asunción de Macri. No fue un error, fue una decisión que hace a la supervivencia de este proyecto político, el proyecto político de una Argentina reducida a los límites de la Avenida General Paz y un par de chacras aledañas del otro lado, importadora de manufacturas y exportadora de granos, carne, minerales, gas y petróleo. Por eso decimos que la política tarifaria de Cambiemos es incompatible con un modelo de desarrollo. Es decir, incompatible con una nación desarrollada, entendiendo por ella un país con un mercado interno pujante y en expansión, una economía autosuficiente y diversificada, un pueblo con movilidad social en permanente ascenso.

P.: Ustedes encontraron que el peso de los servicios públicos como porcentaje del salario mínimo vital y móvil (SMVM) saltó del 6,1% en 2015 a 26% en enero de 2019…

F.B.: Casi que se multiplicó por 4. Hay que recordar que la Corte Suprema en su fallo de 2016 ordenó al Ejecutivo que el incremento tarifario fuera justo y progresivo, condicionado al nivel socioeconómico de la población. Tristemente, el máximo tribunal está avalando, no ya el tarifazo, sino una estafa. ¿Por qué? Porque proporcionalmente a ese incremento crecieron las ganancias de las distribuidoras de gas y electricidad, generadoras y productoras de hidrocarburos. Todo en el marco de entes reguladores cooptados por ex directivos de las propias empresas. O sea, sin el más mínimo control, con el agravante de un ENRE presidido por un ex perito de parte de compañías energéticas en al menos diez juicios contra el Estado argentino ante el CIADI. Me refiero al señor Andrés Chambouleyron.

P.: ¿Qué es la pobreza energética y qué sucede con ella durante la gestión macrista?

F.B.: Una familia u hogar es pobre energético cuando gasta el 10% o más de sus ingresos en cubrir sus necesidades energéticas. En EPPA encontramos que el peso de los servicios públicos aumentó un 44% desde 2015, más que superándose ese 10%. El macrismo ha sido la gestión más empobrecedora de la historia argentina en términos de energía. Cuando el presidente dice, y lo ha hecho en innumerables ocasiones, de tender a un consumo, a una matriz energética y a precios como los de Uruguay y Chile está queriendo decirnos: pasemos del gas a las garrafas, y de las garrafas a la leña. Paguemos la energía a precio de país importador, a precio dólar. Uruguay y Chile deben importar prácticamente el 100% de la energía que consumen y, vaya casualidad, son las naciones con los mayores índices de pobreza energética del continente.

P.: Pero el gobierno de Macri dice que las tarifas hasta 2015 eran muy baratas y que se regalaba la energía…

F.B.: Es que la energía no es barata ni cara per sé. No es esta la disyuntiva ni el debate a dar. La energía cuesta y vale lo que el gobierno de turno entienda por energía. En cuanto a que se regalaba, esa zoncera se demuele cuando se analizan las ganancias de las empresas antes de Macri. Ganaban. Y si ganaban, ¿cómo era que se regalaba la energía?

P.: Entonces, ¿cuánto vale la energía para Macri y cuánto valía para el kirchnerismo?

F.B.: La energía tiene un costo, por supuesto. A su vez, ese costo determina un precio tal que permita remunerar a los actores privados si los hubiera, y simultáneamente dejar un margen adicional para la reinversión de tal forma de seguir mejorando la accesibilidad, la calidad del servicio, la producción, etc. Ahora bien, y acá me detengo, porque si el sistema energético está mercantilizado, esto es, enajenado por un puñado de corporaciones y convertido en negocio -en lugar de considerarlo un Derecho Humano o un servicio público esencial que hace a la concreción de los derechos humanos de las personas- entonces ese margen para la reinversión tiende a cero, los precios se disparan y se extranjerizan. Las ganancias resultantes entonces se vuelcan casi en su totalidad a distribución de dividendos y giro a las casas matrices. ¿Qué sucede en cambio cuando la energía es considerada una herramienta fundamental de lucha contra la pobreza, de desenvolvimiento económico, social industrial y científico-tecnológico del país? Los costos se argentinizan y los precios son cubiertos en parte por el Estado nacional, reservando una cantidad lógica y controlada de ganancias para las empresas que inviertan y reinviertan en el país. Esa cobertura del Estado se realiza a través de los subsidios, que a su vez reducen el impacto de los servicios públicos sobre los ingresos de los hogares, las fábricas, los comercios. Ese ahorro se vuelca al consumo, a la reinversión, al vivir con dignidad y con niveles de desarrollo humano y calidad de vida tendientes a los del Primer Mundo. Es el círculo virtuoso del desarrollo. Una suerte de irrigación, de abajo hacia arriba, en lugar del derrame, de arriba hacia abajo. Es el dinero en poder de la ciudadanía y el mercado interno. Así fue como se fundaron las naciones hoy industrializadas. En definitiva, lo que estoy queriendo decir es que la energía vale (y cuesta para la ciudadanía tenerla) lo que una definición. En este sentido, nosotros sostenemos que los servicios públicos energéticos son cruciales para el desarrollo y el bienestar socioeconómico de los pueblos, elevar su nivel de vida, erradicar la pobreza y proteger la igualdad social. Son, por tanto y como señaló el violado fallo de la Corte de 2016, servicios públicos esenciales, esto es, derechos sociales. Y los derechos sociales son derechos humanos. Y los derechos humanos deben ser garantizados por los Estados. Entonces, y dado que la carga de la responsabilidad técnica y económica recae sobre el Estado en esta cuestión, la ciudadanía debe disociarse de sus costos de producción. Es por ello que decimos que hay que desmercantilizar la energía y volver a humanizarla.

P.: Y también desdolarizarla, como mencionan en el documento, a través de la creación de un Comité Nacional de Emergencia Tarifaria a nivel Congreso de la Nación

F.B.: La dolarización de la energía tiene que ver con lo que comentaba en la respuesta anterior: es la extranjerización de los costos y los precios, es la mercantilización de la energía, su reducción a un producto como los que uno encuentra en una góndola, en un negocio cualquiera. Al dolarizar la energía, las empresas se protegen de la inflación y la devaluación, y se aseguran el mejor retorno para sus dueños y accionistas, buena parte de los cuales son extranjeros. Importan a precio dólar y exportan a precio dólar. Y a ese precio nos la venden. Por eso prefieren importar combustibles que producirlos localmente. Por eso están exportando masivamente gas en vez de volcarlo localmente. Piensan en construir plantas de GNL en Chile y en un gasoducto que conecte Vaca Muerta con los puertos de Buenos Aires en lugar de terminar el gasoducto del GNEA, paralizado por esta gestión, que podría llevar gas de red a más de 750.000 nuevos usuarios de las provincias de Formosa, Chaco, Corrientes y Misiones. Al dolarizar la energía se destroza la economía nacional y el mercado interno. Los ingresos de los argentinos y las argentinas se pulverizan. A la producción y a la industria domésticas se las asfixia. Pero, además, la dolarización retroalimenta la inflación y la necesidad de nuevos ajustes (incrementos) en precios y tarifas. También, y como mencionamos en el documento, retroalimenta los subsidios. Y no es que esté mal subsidiar la energía. Lo que está mal, muy mal, es tener un escenario donde la ciudadanía subsidia a las empresas y de forma creciente (vía tarifazo), donde el Tesoro subsidia a las empresas también de forma creciente y donde las tarifas no paran de crecer, siendo ya impagables para la inmensa mayoría desde hace más de un año. Es una locura lo que está pasando; más que eso, una anarquía absoluta que está destruyendo el país y empobreciendo a extremos inéditos y a una velocidad sin precedentes a la población. Por eso planteamos resolver el tarifazo (terminar con la política energética neoliberal) en el marco del Congreso nacional.

P.: En el documento reivindican la política de los subsidios a la energía durante el kirchnerismo ¿Por qué?

F.B.: La reivindicamos como una herramienta anticíclica fundamental. Y desde OETEC, reivindicamos también a los subsidios como la mejor herramienta para lograr una expansión de los servicios públicos acorde a las necesidades de una Argentina autosuficiente, moderna y socialmente justa. Gracias al Plan Energético Nacional lanzado en 2004 y ejecutado por el Ministerio de Planificación hasta 2015, se logró una incorporación récord de nuevos usuarios a los servicios públicos de gas y electricidad. Los subsidios a la energía fueron clave en este sentido. Y no es casualidad cuando vemos que, al reducirlos, como intenta hacer esta gestión, la expansión de la red de gas se acerque a los niveles de la crisis de 2001. Incluso, los supere. Por ejemplo, nosotros hemos encontrado que ocho de las nueve distribuidoras registraron una expansión en su red de gas domiciliaria mucho más baja entre 2016 y 2018 que respecto del período inmediato anterior (2013-2015). En seis de ellas, además, se encontró que en el período macrista se verificó la menor incorporación de usuarios residenciales de su historia. Notable. Mejor dicho, indignante.

P.: Macri dijo en su discurso del 1 de marzo que en materia energética estamos mucho mejor que en 2015 ¿Es así?

F.B.: En absoluto. Que haga una encuesta al pueblo argentino de esas que encarga ya enfermizamente para conocer su estatus político de cara a octubre. A ver, algunos datos claves. Primero, la producción de petróleo cerró en 2018 un 8% abajo que la de 2015. El procesamiento de crudo un 11% menor al de 2015. La producción de gas, que es cierto que creció, depende exclusivamente de los “malditos” subsidios, sin los cuales caería por debajo de 2015. Y más grave: lograron que toda la producción nacional dependa de una sola concesión, de una sola empresa. Me refiero a Techint. En cuanto a la elaboración de nafta y gasoil, también debajo de 2015, con importaciones de combustibles que en 2018 alcanzaron el mayor volumen desde 1994. Y lo más importante: el consumo de gas y electricidad del pueblo argentino y sus industrias y empresas está estancado o en caída libre, en algunos casos batiendo mínimos históricos o cayendo a niveles de 2011, como sucede con el gas entregado por las distribuidoras a nivel residencial.

P.: Por último, desde OETEC calificaron a la política tarifaria de Cambiemos como una estafa ¿Por qué?

F.B.: La estafa es la política energética de Cambiemos. El tarifazo, es apenas una parte de ella. Nosotros la hemos calificado así no por capricho, sino porque ese término define perfectamente lo que nos está ocurriendo. El Diccionario de la Real Academia define “estafa” como todo delito consistente en provocar un perjuicio patrimonial a alguien mediante engaño y con ánimo de lucro. Pues bien, nos vienen engañando desde la campaña de 2015 con la "crisis energética", el derroche, la fiesta, que consumir daña el ambiente, que consumir mucho es malo, que debemos seguir el ejemplo de Uruguay y Chile, que las empresas no ganaban, etc. Todo mentira. Por desgracia, esa mentira fue comprada como verdad, y llevó a razonar la energía por parte de vastas capas de la población como accionistas y ejecutivos de empresas en lugar de usuarios, consumidores, meros ciudadanos y ciudadanas. Nos la hicieron pensar como una mercancía en lugar de un Derecho Humano. ¿Y todo para qué? Para que nadie advierta ni critique su transformación en un negocio multimillonario para un puñado de empresarios, muchos de ellos amigos y socios del Poder Ejecutivo; para que aceptemos el descomunal incremento, incremento que nos provoca un gravísimo perjuicio patrimonial mientras que a las empresas ganancias extraordinarias (el ánimo de lucro de la definición de “estafa”). En fin, la política energética es una estafa porque es un claro delito cometido contra los más de 42 millones de compatriotas.

Ámbito - 20 de abril de 2019