A días del comienzo del incendio que destruyó más de 70 viviendas y lleva quemadas casi 3000 hecáteras de bosque nativo, pastizales y forestaciones implantadas de pino en Epuyén, al noroeste de Chubut, bullen las operaciones para señalar culpables del desastre. ¿Es casual la aparición en escena de Patricia Bullrich, ministra de Seguridad de la Nación? ¿Dónde quedó la tensión con el gobernador más joven del país y delfín del PRO en la región patagónica, Ignacio “Nacho” Torres? Un punto de alianza: la militarización como respuesta al desastre ambiental.

Mientras hierve la olla de las operaciones mediáticas, con el sello de los servicios de inteligencia que operaron en la región durante la gestión anterior de Bullrich en la cartera de Seguridad, el pueblo de Epuyén y la Comarca Andina del Paralelo 42° —región que une localidades de las provincias de Chubut y Río Negro— se aboca al trabajo silencioso y urgente de control de uno de los incendios forestales de interfase más grandes de los que se tenga registro, tras lo ocurrido en el verano de 2021.  

Se habla de "interfase" cuando los incendios forestales se producen en zonas de transición entre áreas urbanas, rurales, semi-rurales y boscosas. En el caso de este último incendio, la mayor afectación a población humana se dio en un paraje rural conocido como La Rinconada, a partir de un foco que se originó en una forestación implantada de pinos, abandonada hace años, y que transitó rápidamente a sectores urbanizados y semi-rurales, siguiendo el camino de la forestación de pino y avanzando sobre pastizales y bosque nativo. 

La acción de los fuertes vientos —derivados de los sistemas de baja presión imperantes en la zona en los últimos años—, la ausencia de lluvias y las características específicas de las forestaciones exóticas de pino —la sequedad que generan en los suelos, la gran proporción de aceites en su composición orgánica y el efecto multiplicador que tienen las explosiones de las piñas (fruto del pino)— explican las dimensiones y la velocidad del incendio. Este último factor parece ser lo que los discursos punitivistas y persecutorios intentan ocultar, desviando el foco de atención hacia el eterno retorno del enemigo interno número uno de la élite porteña desde hace 150 años: el pueblo nación mapuche.

^{Foto: Martín Levicoy}

La trama de una operación mediática

Durante la mañana del sábado, a cuatro días de declarado el incendio, se da a conocer la noticia de un supuesto atentado incendiario en una estancia en cercanías de Trevelin, al sur de Epuyén, y cerca del territorio de donde fue desalojada, recientemente, la comunidad mapuche Pailako, que reivindica un territorio ocupado por generaciones en disputa con el Parque Nacional Los Alerces. La huella de los operadores es burda.

La noticia se difunde en redes sociales a través de falsos perfiles que emulan sitios de noticias, similares a los que aparecen en contexto de campañas electorales con notas compradas. Pero la fuente es siempre la misma: FM Del Lago, una radio de Esquel conocida por su participación en montajes vinculados a las disputas territoriales con comunidades originarias. 

Al compartir la noticia con una comunicadora de Epuyén, la respuesta me devuelve a la dimensión real de los hechos: “Ni idea de dónde es esa estancia. Nosotros estamos buscando un tanque para llevar agua”.  No hay tiempo para analizar la veracidad de la información. Hay necesidades urgentes y un montón de personas trabajando para mitigarlas. Se están quemando bosques milenarios en lo alto de los cerros que envuelven al pueblo. Hacen cerca de 30 grados y de las raíces incendiadas puede brotar un nuevo foco. ¿Quién puede dedicarle un segundo a las noticias?

En la conferencia de prensa que brindó el gobernador de Chubut la mañana del jueves 16 de enero, al día siguiente del desastre, nombró una sola vez la palabra “bosque”. Fue ante la pregunta de una comunicadora local sobre la política a aplicar en relación con las forestaciones abandonadas de pino. El significado asociado a la presencia del "bosque" fue el riesgo: “Hay que tomar conciencia y dimensionar el riesgo que genera por parte de todos los vecinos. Hay viviendas que están muy cerca del bosque, que son privadas, y tienen la responsabilidad civil de limpiarlas. Muchos no lo hacen, lamentablemente”, respondió el gobernador. 

Torres no respondió sobre las forestaciones de pinos fuera de control, ni tampoco fue capaz de articular alguna idea distinta a la afectación de la propiedad privada cuando fue consultado por otra colega sobre los impactos en la naturaleza. 

^{Foto: Nicolás Palacios}

En cambio, dedicó buena parte de la conferencia a la hipótesis de intencionalidad en el incendio, recuperando algunos rumores de otros incendios forestales en la zona (como la ridícula afirmación de la presencia de “una vela sobre rollos de papel higiénico”). En su discurso, Torres apeló a una estrategia retórica muy en boga en el discurso libertario en el poder: la división entre ciudadanos de bien y gente que busca hacer el mal. 

La moralización del discurso público que pretende dividir a la sociedad en grupos asociados a categorías tan despojadas de historicidad como “bien” o “mal” no sólo supone un prejuzgamiento por parte de quien detenta el poder ejecutivo del estado provincial sino que persigue un fin muy preciso: dividir, enemistar y construir de esa manera un grupo social susceptible de ser excluido de los derechos colectivos.

En esta línea, el gobernador atacó en la conferencia de prensa a supuestos jueces garantistas que no permiten que se aplique la ley con el rigor necesario, y se empantanó en el intento de ejemplificar esa afirmación con el reciente desalojo de la comunidad mapuche Pailako. Esa referencia provocó quejas entre los presentes, que interpelaron al gobernador al grito de “no tiene nada que ver”. 

Más allá de que las garantías procesales brillaron por su ausencia en el desalojo del lof Pailako —el mismo juez que tuvo a su cargo la causa todo el proceso fue el que terminó dictando el desalojo sin haber cumplido con todas las instancias judiciales requeridas por el código procesal penal—, la apelación de Torres, en esa primera conferencia de prensa, fue el indicio de la trama que comenzaban a orquestar las huestes oficialistas. 

Un ingrediente fundamental de esa trama sería la confusión, elemento distractivo que autoriza una argumentación desbocada. ¿Qué vínculo estaba mostrando Torres entre el desalojo en Los Alerces y el incendio en Epuyén? Ninguno. Pero la sola mención va armando la trama. Una trama que traza un arco desde la crisis entre el gobierno nacional y el provincial hace un año atrás —cuando Bullrich definió a los chubutenses como una provincia sin gente y con solo un millón de guanacos—, al alineamiento del gobernador con el discurso de combate al "terrorismo" y su alejamiento de las necesidades de la población afectada por el siniestro. 

Violencia entre líneas

Días después, durante la conferencia de prensa post-presentación del Comando Unificado en Esquel, el uso de esta estrategia fue todavía más grosero. Torres volvió a la moralina divisoria señalando que existen comunidades originarias “de bien” y otras que utilizan “falsas banderas” para sus propios intereses. Despotricó contra la idea de la autoadscripción de la identidad indígena cuando lanzó: “A mi nadie me va a venir a decir que alguien que viene de Avellaneda a tomar un terreno en Lago Puelo, después de un incendio, tiene un derecho ancestral. O sea, ¡dejémonos de joder!, ¡basta! La mitad de los que tomaron los terrenos de Lago Puelo tiene '011' en su celular, son todos del conurbano bonaerense”.

¿Qué vínculo establece el gobernador entre la autoadscripción identitaria mapuche y las procedencias de las personas que censaron en los barrios populares de Lago Puelo luego del incendio forestal de interfase más grande de la región? ¿Qué relación traza entre el incendio que azotó a esos barrios y consumió miles de hectáreas de bosque nativo en marzo de 2021 con este horrible trauma que atraviesa hoy Epuyén? La estrategia discursiva no sigue una línea de argumentación. Simplemente pone todo al mismo nivel y promueve la confusión. Y en esa confusión siembra la violencia.

En otra lectura, las omisiones y los silencios del gobernador dicen mucho más. Vincular al Pueblo Mapuche con el conurbano bonaerense no sólo implica atravesarlo con un montón de imágenes construidas en el discurso mediático acerca del conurbano, que a su vez se vinculan con las  asentadas en el imaginario nacional hace mucho tiempo ya respecto a los pueblos originarios. También está en esa operación discursiva la intención, una vez más, de cuestionar la preexistencia del Pueblo Mapuche: “No son de acá, vinieron de otro lado”.

^{Foto: Martín Levicoy}

En esa segunda conferencia, el gobernador comentó que hay comunidades originarias que están de acuerdo con la instalación del Comando Unificado, y planteó la necesidad de diferenciar a quienes pretenden ejercer sus reclamos en forma violenta, de “aquellas comunidades que han convivido de forma pacífica durante muchísimo años con nosotros”. ¿Quién está adentro y quién está afuera de ese “nosotros”? Las comunidades, sean violentas o no en el discurso del gobernador, están claramente afuera. “Han convivido con nosotros”, dice, y por lo tanto no son “nosotros”. 

Entonces, ¿quién es ese nosotros que las excluye? En su esfuerzo por “diferenciar a la gente de bien de los delincuentes”, Torres muestra con claridad el trasfondo racista de su pensamiento, pero también eso que damos en llamar racismo institucional y que atraviesa a todas las instituciones del Estado. 

Profundizar la lectura abre la posibilidad también de preguntarse por los efectos de esa matriz cultural racista en la gestión política de los territorios, en un contexto de emergencia. Los montajes en danza, ¿son sólo de una maniobra distractiva que pretende ocultar intereses o hay detrás una estrategia que busca capitalizar políticamente el dolor y la empatía que producen estos eventos? Para ello, es importante dar cuenta de algunos de esos intereses ocultos.

Cortina de humo entre el negocio de los pinos

Si las dimensiones del incendio de Epuyén se explican en gran medida por la presencia de pinares abandonados, estas forestaciones tienen, a su vez, una razón de ser y una historia. O más bien una multiplicidad de historias en las que se reproducen siempre los mismos patrones: el de los dueños y del modelo repetido. 

En la cordillera de Chubut y Río Negro han ido apareciendo, en los últimos 25 años, diversos conflictos territoriales asociados a los intentos de empresarios forestales de apropiarse de extensiones de tierras con la excusa de la compra de derechos de forestación. En todos los casos, se encontraron con la resistencia de pobladores rurales, a veces de comunidades mapuche, que emprendieron acciones que les permitieron en algunos casos resguardar sus territorios de la voracidad empresarial. 

El patrón habitual incluye la vinculación, muchas veces directa, de los empresarios forestales con elementos del Poder Ejecutivo provincial, que además sostuvo participación accionaria en empresas del sector durante años. Los casos de Enrique Korn con las comunidades Leopoldo Quilodrán, Pulgar Huentuquidel, Motoco Cárdenas, Cayún y Huanguelen Puelo en el nordeste Chubut o de Martínez Pérez en Río Negro están suficientemente documentados en abultados expedientes judiciales. 

A su vez, como trasfondo de estos conflictos, aparecen las desacertadas políticas de promoción forestal de las agencias provinciales y nacionales, que se apoyan a su vez en modelos de negocio transnacionales. En este sentido, las promocionadas agendas del capitalismo verde suponen un nuevo modelo de colonización de los territorios del sur global, que no están exentos de conflictividad social. El caso de los bonos de carbono, por ejemplo, que supone la recirculación de millones de dólares hacia el mercado financiero global vía supuestas acciones de remediación climática, a través de la forestación con monocultivos de rápido crecimiento, se enmarca en estos formatos. 

^{Foto: Euge Neme}

Son estos modelos los que explican las plantaciones de pino ponderosa en Patagonia, cuya madera de baja calidad no es aprovechable en términos económicos y deriva en plantaciones abandonadas que se extienden en el paisaje como manchas uniformes de un verde monótono, distinto a los tonos discontinuos del bosque nativo. Los efectos de esas manchas de monocultivo forestal en los equilibrios ecológicos de la región han sido devastadores. 

Según explica el colectivo de investigación Agua Yala en Bienvenidos a Pinolandia. Agua, pinos y territorio, es la alta tasa de supervivencia en su primer año de esta especie de pino en particular y su resistencia a la sequía (versus otras más aprovechables como el Oregon) lo que garantiza un modelo de negocios basado en la obtención de subsidios por plantación. “Esta motivación cortoplacista está incentivando las plantaciones masivas de esta especie, sin considerar las consecuencias ecológicas”, reseña la publicación.

Hay un nombre que resuena en la historia de las plantaciones de pino en Epuyén. Durante los años 90 se hizo famosa una estafa llevada adelante por un empresario forestal, que desapareció del país adeudando la devolución de un crédito del Banco del Chubut, cuya cifra total se acercaba al millón de dólares.  El empresario, de apellido Sánchez Cabezudo, había conformado una década antes la sociedad anónima denominada “Bosques de Epuyén”, con la que había obtenido concesiones forestales de parte del estado provincial, que derivaron en ese negociado que lo eyectó del país hacia fines de los '90. “No podría admitir que nadie diga que existe alguna prebenda o beneficio político por mi amistad con el gobernador Carlos Maestro”, había declarado Sánchez Cabezudo poco antes de desaparecer del país. 

^{Foto: Euge Neme}

Antes de ese derrotero, la empresa "Bosques de Epuyén" también había sido beneficiada por la dictadura militar con una concesión forestal a 30 años de 200 hectáreas en cercanías a los arroyos Pedregoso y Blanco, hoy arrasadas por el fuego. Así, desde los años 70, había ido haciéndose con diferentes fracciones de tierras en la zona de Epuyén, con operaciones que siempre se titularizaban a nombre de su esposa, y que darían nombre a la sociedad anónima.

Con la desaparición del empresario y el tendal de deudas, la empresa sobrevivió, cambió de composición accionaria incorporando capital norteamericano, y sostuvo algunos permisos de explotación como el de Rincón del Aceite, en Corcovado. En la actualidad, según reseña el libro Epuyén, lo que la tierra se llevó, de Ernesto Maggiori, las tierras que la empresa ocupaba en Epuyén se han multiplicado y, en parte de ellas, se lleva adelante un loteo cuestionado por vecinos de la región, que han iniciado acciones legales y administrativas para impedir el avance del negocio inmobiliario en ese lugar. 

Esta deriva del modelo de negocio forestal al inmobiliario es también una explicación para el estado de abandono de las forestaciones de pinos que funcionaron como una mecha en el reciente incendio. Pero, ¿cuánto explican de los intentos del gobernador Torres y la ministra Bullrich por desviar el foco de atención? Algunos patrones, decíamos, vuelven a repetirse. El propio ex gobernador Maestro (UCR) frecuenta los actos del gobernador Torres, y ha vuelto a ser una palabra autorizada en la política provincial con el ascenso del joven mandatario del PRO a la cima del poder ejecutivo.

Clima de linchamiento contra el Pueblo Mapuche

La línea punitivista en el discurso oficial prepara el campo para el linchamiento. Alguien tiene que pagar. Y ese alguien no es el poder. Al decir de los funcionarios, es todo culpa de un inadaptado, un delincuente que destruyó tus sueños y malogró tu esfuerzo de toda una vida. Primero se estimulan las emociones, luego se planta el objetivo. Las redes sociales se pueblan de haters preparados para ajusticiar al delincuente. Plomo, plomo, plomo, claman perfiles de Facebook e Instagram. Luego, el montaje. Habemus culpable. 

A tres días del incendio se produjo el supuesto atentado en Trevelin. El gobernador y la Ministra de Seguridad twittearon enlazando atentado e incendio con el desalojo reciente de la comunidad Pailako. Al día siguiente, domingo, presentan el Comando Unificado en Esquel, con la presencia de los jefes de todas las fuerzas de seguridad, pero también de las fuerzas nacionales presentes en el territorio. Durante la madrugada del domingo 19, la policía de Río Negro se vuelve a tropezar con Facundo Jones Huala en El Bolsón. La foto de Facundo detenido circula por los medios de comunicación. La ministra twittea que detuvieron al peligroso líder mapuche “cerca de los incendios”. La simplicidad de la operación discursiva sorprende. Sólo hace falta señalar que estaba “cerca”. Entre El Bolsón y Epuyén, donde ocurren los incendios, hay 40 kilómetros.

Durante ese día la Lof Quemquemtrew, comunidad mapuche que recuperó un territorio en disputa con un empresario forestal en la cordillera de Río Negro (a pocos kilómetros de El Bolsón), alerta sobre la presencia de un móvil policial en su tranquera y un retén en el camino vecinal. Para la noche son varios móviles más y la comunidad alerta sobre un posible intento de desalojo.

Hace tiempo la comunidad exige al gobierno provincial una mesa de diálogo. Quieren evitar la violencia de una represión en el territorio donde hace tres años fue asesinado Elías Cayicol Garay por empleados del empresario forestal Rolando Rocco. Los asesinos de Elías fueron condenado en diciembre de 2022, pero en junio de 2023 el Tribunal de Impugnaciones provincial dejó firme una de las condena por homicidio y anuló otra. La situación territorial de la comunidad es sumamente precaria, con una orden de desalojo en suspenso y recientes condenas en contra de varios comuneros por "usurpación".

^{Foto: Nicolás Palacios}

La aparición en escena de Bullrich y la detención de Jones Huala nos llevan al escenario de 2017. En ese entonces, en sendas operaciones de fuerzas federales comandadas por los funcionarios de la entonces ministra del presidente Mauricio Macri, desaparecieron y asesinaron a Santiago Maldonado y Rafael Nahuel. 

El operativo en que se produjo la desaparición de Santiago se dio a partir de un reclamo por la liberación del lonko Facundo Jones Huala, apresado un mes antes en un retén de Gendarmería Nacional. El territorio reivindicado por las lof, que encabezaba Facundo había sido recuperado, en 2015, a la multinacional Benetton, famosa por acaparar casi un millón de hectáreas en la Patagonia, tras la compra a la Compañía Inglesa de Tierras que operó en el país desde 1884. Uno de los negocios actuales de la compañía en esta región es la forestación con pino ponderosa.

Años después de la desaparición de Santiago, durante el intento ilegal de desalojo del territorio, el Poder Judicial sentenció que las tierras no pertenecían al denunciante. Benetton había corrido el alambre para quedarse con tierras que ni siquiera había pagado. Para ese entonces Facundo ya había sido extraditado a Chile, donde era condenado a cuatro años de prisión bajo el régimen de la Ley Antiterrorista: con testigos reservados como única prueba. Los patrones, decíamos, se repiten.

Causas e intereses detrás de los incendios en Epuyén

Mientras se esperan los resultados de la investigación sobre el origen del incendio en Epuyén, la ola de estigmatización y hostigamiento hacia las comunidades crece en lo discursivo y en los hechos. Los primeros peritajes descartan la hipótesis de un cortocircuito en la red de electricidad, una de las principales hipótesis en el origen de los incendios de 2021 en Lago Puelo. La investigación, a cargo del mismo Fiscal, no pudo en ese entonces arrojar ningún resultado concreto. Si se hubiera comprobado la hipótesis de la red eléctrica, el responsable penal hubiera sido el Estado provincial. 

Según el ministro de Seguridad de Chubut, Héctor Iturrioz, la diferencia es que hoy están ellos en el poder. Por el camino trazado, la diferencia parece ser más bien la disposición a armar un montaje para aprovechar el trágico evento. En estos días han circulado algunas otras hipótesis a modo de vox populi. Sin embargo, hay un saber popular que mira la historia reciente y sentencia que tanto detrás de los incendios forestales, como detrás de los conflictos territoriales con comunidades originarias, están los intereses extractivistas (entre ellos, los inmobiliarios). Al parecer, una vez más el mal gobierno ha encontrado una excusa para allanar los caminos del poder económico en la región. 

^{Foto: Euge Neme}

^{Fuente: Agencia Tierra Viva - Enero 2025}