Desde Economía afirmaron que, a diferencia de los anteriores, el nuevo Ipcnu no sólo mide los productos y servicios de Capital Federal y Gran Buenos Aires, sino que realiza un relevamiento –a través de 290 encuestadores y la asistencia técnica de 17 universidades nacionales–, sobre un total de 200 mil precios mensuales en 13 mil negocios de 100 localidades de las 23 provincias, cuyos gobiernos acordaron colaborar con la confección del Índice (sólo se negó el de la Ciudad de Buenos Aires). Asimismo, señalaron que su medición incluye los distintos tipos de canastas de las diferentes regiones, y responde a los cambios de consumo efectuados en los últimos años. Su puesta en marcha fue largamente esperada por la sociedad y todo tipo de organismos económicos independientes, que venían desacreditando los informes anteriores. Entre estos últimos, se encontraban diversas universidades nacionales –entre las que se destaca la UBA–, el Centro de Investigación y Formación de la República Argentina (Cifra) de la CTA y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) de Naciones Unidas, los cuales utilizaban en sus informes los cálculos de inflación de las provincias. También el FMI había emitido en febrero de este año una declaración de censura, “solicitando a la Argentina adoptar medidas correctivas para encauzar la calidad de los datos oficiales del PBI y del IPC-GBA”. Fue justamente este último organismo el que en octubre del año pasado dio el visto bueno al diseño del nuevo indicador que debutó la semana pasada.

Estadísticas de ficción. El escritor norteamericano Mark Twain señaló alguna vez que “existen tres tipos de mentiras: las mentiras, las malditas mentiras, y las estadísticas”. En gran medida, éstas corresponden a una ciencia que como afirma un viejo refrán, “alientan a que la gente lleve armas al avión, porque las estadísticas demuestran que es casi imposible que dos grupos de personas lleven armas”.

Lo cierto es que, tan relativas como lo demuestran estas frases, las estadísticas constituyen un aspecto fundamental para el desarrollo de un país, en la medida en que permiten al sector público efectuar un correcto diseño de políticas públicas, al privado decidir sus alternativas de inversión, y al tercer sector (la sociedad civil) obtener un conocimiento útil para su vida cotidiana y fundamental a la hora de ejercer sus derechos cívicos.

En nuestro país las mediciones entraron en el ojo de la tormenta con la intervención del Indec, realizada por el ex secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, a comienzos de 2007. En aquellos momentos, según denunciaron diversos trabajadores del Indec, se produjeron fuertes amedrentamientos y amenazas contra aquellos que no respondieran a la orden de modificar las mediciones previas.

Se trató, además, de una jugada que afectó al Gobierno en general y al organismo en particular, pues las maniobras realizadas sobre el Índice de Precios al Consumidor (IPC), que alteraron los datos de inflación pero también de pobreza e indigencia, llevaron a una deslegitimación total del Indec frente a la opinión pública, pese a que la mayor parte de sus áreas, entre las que revisten estudios sobre actividad económica, industria, empleo, turismo, entre muchas otras, continuó funcionando con normalidad.

Esta situación, además, fue convenientemente utilizada por algunas consultoras privadas, que ganaron espacios en los medios y el sector empresarial ofreciendo sus servicios, los cuales en muchos casos adolecieron de un estudio riguroso e independiente como el que puede llegar a prestar, por estructura y resguardo legal, un organismo público.

Las razones para manipular este IPC tuvieron que ver con intentar disminuir las expectativas inflacionarias, así como reducir la retribución de los bonos de la deuda que se ajustaban por el Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER) el cual dependía de la inflación. De hecho, se calcula que de haber permanecido el viejo índice, el Estado debería haber erogado por esos bonos alrededor de 30 mil millones de dólares extras. Pero además de convertirse en una pesada carga en materia de confiabilidad del espacio público y privado, estas acciones tuvieron además un correlato en el aspecto económico. Sucede que son varios los analistas que coinciden en señalar que las altas tasas de interés que en los últimos años se exigieron al país –cuyas variables económicas eran sólidas– tuvieron que ver en un aspecto con la desconfianza de los actores económicos a causa de los vacíos estadísticos.
Pero como en otras cuestiones, el Gobierno introdujo también mediante esta situación un necesario e importante debate sobre las ocultas maniobras que actores de la sociedad realizaban bajo un enmascaramiento de técnica neutra. Un comunicado que el Indec difundió a la nueva dirección a mediados del 2009 posibilitó dar luz a muchas maniobras y manipulaciones previas a 2007 –la mayor parte de ellas fácilmente constatables–, exhibiendo que aquella eficiencia, neutralidad e independencia con las que diversos sectores opositores buscaron revestir a este organismo con anterioridad a la intervención, eran, cuanto menos, muy relativas.

De acuerdo con el comunicado oficial de los funcionarios que habían tomado la conducción del Indec (el cual se puede observar enhttp://www.indec.com.ar/comunicado_13_07_09.pdf), en el anterior IPC existían graves errores metodológicos. Entre ellos, se denunciaba que se mantenían en la muestra muchos locales informantes que “no presentaron ni un solo precio por períodos superiores a un año”, por lo que se asignaban valores ficticios, y que en el relevamiento de precios se utilizaban “marcas específicas distintas a las utilizadas en el cálculo habitual del IPC”. También se daba cuenta del hecho de que muchas variaciones de precios no reflejaban la realidad, ya que “no se hacían ajustes por ‘cambios de calidad’”, dando como ejemplo que se podía comparar el costo de un auto base con el de un modelo full, con lo que “las variaciones no responden a cambios de precios, sino de prestaciones”. Se sostenía además que para elaborar las variaciones correspondientes al gasto por servicio doméstico, en lugar de confeccionar una muestra representativa se “homologó un listado de personas con desempeño laboral en el Ministerio de Economía y en el Indec –alguna de ellas con rango de Directora–, incluyendo familiares”, y se agregaron “respuestas de personas que no disponían de servicios de personal doméstico”. También, detallaba la ausencia de actualizaciones, ejemplificando que luego de la Ley de Genéricos no había sido actualizado el listado de medicamentos, y que “no se sustituyeron los destinos turísticos nacionales ni se excluyeron destinos internacionales pese a la salida de la convertibilidad”.

Asimismo, remarcaba que las 818 variedades que medía el IPC- GBA base 1999=100 “fueron seleccionadas en plena etapa de la convertibilidad, reflejando consumos de bienes importados de alta gama” que contenían una variedad que incluía “rosas de Ecuador, la castración del gato, los viajes a Cancún, Miami, Río de Janeiro, whisky importado, y café en grano, entre otros”, todo lo cual no lo hacía representativos de los sectores de bajos recursos.

Pero, además, daba cuenta de diversas irregularidades en el manejo de la información. Entre ellas, citaba una “total falta de resguardo de información confidencial”, pues “podían acceder a la base de datos del Índice personas que no trabajaban en la Dirección del IPC”, y que el resultado del índice semanal que se proporcionaba a las autoridades, “coincidía exactamente con la información semanalmente publicada por un importante diario de esta ciudad”. En este sentido, agregaba que en múltiples oportunidades se había brindado información de carácter confidencial a terceros no integrantes del Sistema Estadístico Nacional, “incluidas consultoras privadas” sin ninguna autorización administrativa.

Por eso, con un dato realista para la inflación de enero de este año, el Ipcnu del Indec parecería dejar atrás su etapa de promiscuidad con el poder económico y mediático, hasta 2006, y con el político, a partir del año siguiente, el cual resultó verdaderamente nocivo para el Gobierno. Pero sólo el tiempo podrá dar la respuesta definitiva.

Consultoras militantes.

Durante la presentación del primer guarismo del nuevo IPC, el ministro de Economía, Axel Kicillof, manifestó en relación con las cifras difundidas por algunas consultoras privadas que éstas “tienen un fuerte contenido político, por eso no espero rigor, porque la idea es decir un número (de inflación), y cuanto más alto mejor, y es por eso que esa variación aparece en escalerita temporal”. Más tarde, en declaraciones radiales afirmó que “los índices que miden las consultoras privadas son mentirosos e inconsistentes”.

Posiblemente la generalización no ayude a esclarecer este fenómeno, pero lo cierto es que diversas consultoras privadas, habitualmente citadas a gran espacio por los medios hegemónicos, están lideradas por economistas que poseen cargos o candidaturas políticas en la oposición:
Analytica tiene como uno de sus directores a Ricardo Delgado, quien trabaja junto a Sergio Massa.

LCG es codirigida por Martín Lousteau, diputado por Unen.
M&S Consultores es liderada por Carlos Melconian, quien el año pasado buscó candidatearse a diputado por el PRO.

En otros casos, pueden no surgir tantos conflictos de intereses, pero éstas son conducidas por ex funcionarios que han tenido actividad política en espacios cuyos referentes económicos se encuentran hoy en la oposición:
Abeceb es liderada por Dante Sica, ex secretario de Industria del gobierno de Eduardo Duhalde.

Finsoport es codirigida por Jorge Todesca, ex viceministro de Economía de Eduardo Duhalde.
Orlando J. Ferreres & Asoc. es presidida por el ex viceministro de economía de Carlos Menem.

Estudio Bein & Asociados es dirigida por Miguel Bein, ex viceministro de Economía de Fernando de la Rúa. A diferencia de la gran mayoría, la consultora de Bein no ha emitido pronósticos fuertemente negativos, por lo que durante estos años de crecimiento económico sus proyecciones se han cumplido mayormente, lo que valió el reconocimiento de pares y políticos. (Para este año su consultora pronosticó una inflación promedio del 33% “que es alta, pero puede ser estable y permitir el desarrollo de una economía razonablemente tranquila”, un dólar estable a $ 9,30, una probable evolución del aumento de salarios en paritarias del 28%, crecimiento de la agricultura y la construcción, y retrocesos en los sectores automotores, de electrónica, y consumo prescindible.) Según afirmó este economista el año pasado “ahora hay muchos economistas que hacen política partidaria, y pierden libertad a la hora de opinar".

Miradas al Sur - 16 de Febrero de 2014