La contención de personas ha sido el eje central de la política migratoria en Estados Unidos durante casi tres décadas y la respuesta más elemental a la migración indocumentada. En términos generales, la estrategia ha consistido en reforzar las medidas de seguridad en la frontera para evitar —o cuando menos disuadir— el ingreso de más migrantes al país.

Esa infraestructura, creada a principios de los años 1990 para detener y procesar a inmigrantes tradicionales (adultos que buscan mejores oportunidades económicas), resulta inoperante ante la nueva migración: niños y familias que buscan entregarse a las autoridades para solicitar asilo. Más de 400,000 menores han cruzado la frontera sin sus padres desde 2003 y la cifra sigue creciendo todos los días.

La narrativa dominante y unidimensional de una “frontera vulnerable” ha desviado la atención y los recursos necesarios para mitigar las causas de origen de este fenómeno migratorio. Pese al incremento en las medidas de seguridad en la frontera, el flujo continúa pues las personas migrantes huyen de la violencia, la corrupción y la falta de oportunidades en sus países. A esos factores ahora se suman la desinformación, la pandemia y el cambio climático.

Sin una estrategia integral y corresponsable de los actores regionales, la frontera seguirá funcionando como el equivalente a una sala de emergencias. Es el último eslabón en una larga cadena de hechos que canalizan ahí a miles de niños y de familias, los cuales protagonizan las imágenes actuales de caos: Estados Unidos está expulsando a la nueva ola de familias migrantes de vuelta a México, donde en la enorme mayoría de los casos aguardan junto con otras decenas de miles de personas para volver a cruzar. Los albergues en ambos lados de la frontera están abarrotados.

Además, la falsa noción de una frontera insegura ha nutrido la poderosa retórica nativista que criminaliza y deshumaniza a quienes migran. Tanto funcionarios demócratas como republicanos han justificado la inversión de miles de millones de dólares en la militarización de la frontera, con un costo enorme para contribuyentes estadounidenses.

Desde 2003, cuando se creó el Departamento de Seguridad Interna, el presupuesto de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP por su sigla en inglés) pasó de 5,900 millones de dólares a 17,700 millones en 2021. Tan solo el monto asignado a la Patrulla Fronteriza creció de 363 millones en 1993 a 4,900 millones en este año fiscal. Durante el mismo periodo, el número de agentes federales desplegados entre México y Estados Unidos aumentó de 3,555 a 17,000.

Estos agentes, junto a elementos de las Policías locales, la Guardia Nacional y militares en activo, patrullan los 3,169 kilómetros de frontera. Es una de las regiones más vigiladas del mundo, con 1,123 kilómetros de muro, drones, vehículos todo terreno y equipo de vigilancia.

Pese ello, el presupuesto destinado a esta tarea ha tenido un efecto mínimo en la reducción de la inmigración indocumentada hacia Estados Unidos.

La semana pasada el nuevo secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, reconoció que en las próximas semanas las aprensiones de inmigrantes indocumentados en la frontera podrían alcanzar niveles no vistos desde el año 2000, cuando CBP reportó la cifra récord de más de 1,676,000 arrestos en la frontera.

En vez de reducir la migración irregular hacia Estados Unidos, la estrategia de contención ha incrementado el número de muertes en la frontera, ha fortalecido la operación de las redes criminales que trafican con la vida de migrantes y ha creado una industria privada multimillonaria —centros de detención y contratos de seguridad fronteriza, agentes y construcción del muro, entre otros— que lucra con un sistema completamente abrumado.

La opinión pública en Estados Unidos debe comenzar por reconocer que el principal factor que empuja a cientos de miles de migrantes hacia este país no es una frontera vulnerable o las políticas de la administración en turno, sino que en sus países de origen hay una combinación tóxica de factores que los expulsa.

Esto no quiere decir que las mismas causas apliquen a todos los países involucrados en esta crisis regional. La pandemia, la desinformación y la violencia son factores comunes, pero en el último año Honduras también se ha visto impactada por la inestabilidad política del gobierno de Juan Orlando Hernández y por los potentes huracanes Eta y Iota.

La situación actual en la frontera no es diferente a lo que vimos en 2014 y en 2019 con las crisis de niños viajeros y migrantes muertos. El guion y los protagonistas son prácticamente los mismos. Los últimos 30 años, y en especial la historia reciente, nos han demostrado que la retórica barata, miles de guardias armados y un muro no son obstáculo para la desesperación de las familias que migran.

Cualquier solución a largo plazo debe incluir un plan que atienda los factores que tradicionalmente han empujado a las personas migrantes hacia Estados Unidos y los nuevos retos derivados de la pandemia y el avance del cambio climático. La región enfrenta una crisis humanitaria sin precedente y todos los actores involucrados deberían actuar a la altura de las circunstancias. Las medidas coercitivas solo han empeorado la situación.

La alternativa es clara: podemos seguir enfocando tiempo, energía y recursos en la frontera sin tener un efecto real en las comunidades de origen o podemos invertir en ellas para lograr una gran diferencia en la frontera. Es momento de que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y el Congreso actúen de forma responsable, de lo contrario, la situación solo seguirá empeorando cada vez más.

- Enrique Acevedo, es periodista en Estados Unidos. Es el primer corresponsal latino en la historia del programa ’60 Minutes’.

^{The Washington Post - 24 de marzo de 2021}