Las nuevas críticas a la política económica comenzaron así a depurarse de intencionalidades inmediatas, con lo que pudieron advertirse posturas más de fondo en las críticas, que por cierto adolecen casi siempre de mencionar que los objetivos centrales en los que se focalizó el Gobierno en materia de economía política fueron, de hecho, el nivel de empleo e ingresos (salarios, jubilaciones, planes sociales), así como de desendeudamiento con el exterior.

Respecto a este último punto, la deuda bruta del país pasó de representar el 166,4% de su PBI (el total de lo producido en el país durante un año), en 2003, a cerca del 50% en el año 2014, siendo además su mayor parte intrapública y con organismos multilaterales, es decir en ambos casos fácilmente refinanciables.

En el caso de la ocupación y los salarios, ambos tuvieron un ascenso casi constante desde 2003, disminuyendo recién el año pasado, aunque en un nivel muy distante de los tradicionales ajustes económicos que se experimentaron en el país: de acuerdo con el Ministerio de Trabajo, las paritarias promediaron una suba del 29,7%, mientras que el Estudio Bein relevó una inflación anual del 32,5%. En tanto, según el Indec, el nivel de desocupación pasó del 6,8% al 7,5%, al tomar en comparación los últimos trimestres de 2013 y 2014.

Estos elementos constituyen una cuestión neural al analizar la coyuntura, pues el desendeudamiento y la defensa del empleo y los ingresos –como cualquier otra decisión de política económica– poseen costos asociados, que expuestos fuera de contexto, brindan un parcial panorama de la situación.

Ello no implica que algunas de las objeciones formuladas por estos críticos sobre la mala praxis en la gestión económica tengan sustento. Entre ellas, resaltan los descomunales subsidios energéticos, que aun cuando contribuyeron a sostener los niveles de ocupación e ingreso, en otros casos estuvieron direccionados a sectores que no los necesitaban, provocando fuertes erogaciones del erario público.

El “retraso” cambiario es otro de los ítems criticados, aún cuando la devaluación ampliada de enero del año pasado resultó una razón fundamental, aunque no excluyente, para los retrocesos en los niveles de empleo e ingresos anteriormente reseñados. En rigor, son muchos los economistas del oficialismo que coinciden en diagnosticar la necesidad de una devaluación, pero en función de las experiencias pasadas, sostienen que por el momento resulta peor ese remedio que la enfermedad, por lo que la elección es sostener las restricciones a las importaciones y a la adquisición del dólar, junto a la búsqueda de financiamiento externo, como manera de sostener casi sin cambios el valor de la divisa norteamericana, así como sus reservas en el Banco Central.

Con todo, uno de los elementos más resaltados en la “nociva herencia” es el de la alta inflación. Pocas dudas caben acerca de que los niveles están por fuera de los que se evidencian en el mundo, y que resultan problemáticos para la economía. Sin embargo, desde estos sectores de la oposición se plantean como causas centrales el déficit fiscal (el nivel de gastos por encima de la recaudación pública) y la emisión monetaria (impresión de dinero), debida a la lógica neoliberal que asocia inflación tanto con emisión (en forma directa), como al “recalentamiento” económico que produce el consumo adicional promovido por el déficit fiscal. En ambas cuestiones, se aduce también la dificultad de revertirlos sin mediar un fuerte ajuste.

En relación con el primer punto, recientemente el Ministerio de Economía difundió que el déficit fiscal primario llegó al 2,6% del PBI (lo total de lo producido por el país durante el año) es decir 110.000 millones de pesos. O bien 3,4%, si se computan también los pagos por los servicios de la deuda, que este año se vieron incrementados por los pagos a la petrolera española Repsol y al Club de París, para revertir dos medidas tomadas en gobiernos anteriores, como lo fueron la privatización de YPF y la toma de deuda por parte de países europeos.

Con todo, y en relación con el déficit primario, éste llegaría al doble si no se computaran como ingresos los aportes del Banco Central y la Anses.
De acuerdo con el Gobierno, el actual déficit se explica por la necesidad de revertir el contexto recesivo local, potenciado por la recesión y/o desaceleración que se experimentó en los nuestros principales socios comerciales (Brasil, China, Europa), todo lo cual provocó una caída del consumo (cercana al 1,5%) y las exportaciones (del 12%).

Desde una lógica keynesiana, se buscó revertir o suavizar esta caída aumentando los ingresos de la población, con el objetivo de potenciar un consumo que explica más de las dos terceras partes del PBI. Desde la óptica ortodoxa, se plantea que este déficit fiscal, que aumentó en un 45% en relación con 2013, es responsable de la alta inflación, lo cual es tan real como el hecho de que su propuesta implícita sería reducir al máximo posible este déficit, lo cual redundaría de forma directa en una mayor recesión.

Pero lo más llamativo, sin embargo, es que los países que estos críticos plantean como ejemplos a imitar, han obrado de igual manera para combatir sus recesiones. Según la consultora Datosmacro.com, en 2014 el déficit fiscal de Estados Unidos fue del 5,76% sobre su PBI, el de España del 6,8%, el del Reino Unido del 5,8%, el de Japón del 8,71%, el de Portugal del 4,9%, el de Francia del 4,10%, el de Brasil del 3,25% y el de Canadá del 3,01%.

Algo similar sucede con la emisión monetaria, pues de acuerdo a los parámetros de sus países de referencia, sus críticas sobre este aspecto de la política económica también caen en saco roto.

Desde la caída en la crisis de las hipotecas en diciembre de 2007, la Reserva Federal de Estados Unidos fue subiendo su emisión a un ritmo promedio del 27% anual, alcanzando la cifra récord de 4 billones de dólares. Por su parte, desde hace dos años el Banco Central de Japón (BoJ) viene incrementando su emisión monetaria en el orden del 50% anual, con el objetivo de cuadruplicar su base monetaria de 2007.

En lo que respecta a nuestro país, la base monetaria y de M3 (circulante más depósitos a la vista y a plazo fijo) aumentó, de acuerdo al Banco Central, un 24,9%, es decir en un nivel similar al del año pasado y menor al de los años anteriores. En efecto, de acuerdo al 11º informe del Observatorio de Coyuntura Económica de la Universidad de Tres de Febrero, el incremento de la base monetaria interanual había sido de un 23% en 2013, de un 40% en 2012, y de un 36% en 2011.

Estos guarismos se basan en la lógica heterodoxa de que el circulante debe acompañar (o ayudar a elevar) el nivel de actividad económica para sostener los niveles de empleo e ingresos, con lo que los ascensos y descensos estuvieron vinculados con los del PBI. Una concepción opuesta a la de los críticos al modelo, que observan que dicha emisión (junto a las tasas de interés) debería regirse según metas de inflación, es decir tomando a la suba de precios como parámetro para definir la cantidad de dinero –y su costo–, que se arroja al mercado, sin importar si para ello se destruyen empleos y miles de familia caen en la pobreza.

Por eso, si ningún error no forzado por parte del gobierno o maniobra de desestabilización externa modifica de forma profunda el actual rumbo económico, la real herencia para el próximo gobierno será la de una economía con alto consumo, baja desocupación, bajo nivel de endeudamiento y niveles de emisión y déficit fiscal similares a las de los países desarrollados. Así como también un conflicto irresuelto con los fondos buitre, un dólar “retrasado”, una alta inflación, y un monto de subsidios insostenibles en el tiempo. Desafíos sin dudas importantes, pero que pueden resultar ciertamente nocivos si se los combate con las viejas recetas conocidas.

Industriales

UIA y los acuerdos con China

Durante la semana, se pusieron de manifiesto dos líneas internas de la Unión Industrial Argentina (UIA) en relación con los recientes acuerdos celebrados con China. El actual presidente Héctor Méndez, el anterior Ignacio de Mendiguren, así como representantes de Techint, emitieron un documento crítico sobre algunos puntos del acuerdo, mientras que los actuales vicepresidentes metalúrgico Juan Carlos Lascurain y José Urtubey respaldaron el acercamiento a China.

De acuerdo con la presidenta Cristina Kirchner, la línea opositora estaba motivada por razones ideológicas y políticas, antes que por el acuerdo en sí, y de hecho mencionó que el Grupo Techint se beneficiaría con uno de los acuerdos. El viernes se reunió Méndez con diversos ministros de Gobierno, quienes dieron su visión sobre los puntos cuestionados por la UIA. “Yo me voy muy conforme de la reunión, nos permitió aclarar las dudas que teníamos”, afirmó Méndez.

Miradas al Sur - 15 de febrero de 2015