La posverdad orientada al manejo de los gastos públicos es esencial para avanzar con una reasignación de esos recursos que genera un impacto más inequitativo en la sociedad. ¿Cuánto se puede achicar el gasto primario sin tocar las jubilaciones, asignaciones familiares y salarios de empleados públicos, que llegan al 68 por ciento del total? 

En este aspecto, un tema importante son los anuncios del gobierno sobre el cumplimiento del déficit primario (que no incluye el pago de intereses netos). Este es un enfoque compartido entre las autoridades nacionales y el FMI, que consiste en centrar los recortes sobre el déficit primario, dando por descontado que sobre los intereses de la deuda pública no puede recaer ningún ajuste.

Esta decisión, que algunos pueden considerar técnica, tiene un fuerte componente político y se agrava porque el pago de intereses de la deuda pública está creciendo aceleradamente, una cuestión que no aparece en la cuenta del déficit primario.

Tomando datos para el primer trimestre de los últimos dos años, se observa un crecimiento constante de los intereses de la deuda: si se compara el primer trimestre de 2018 con igual lapso de 2017, se registra un aumento del 107 por ciento. Este incremento desdibuja por completo la imagen del achicamiento del déficit primario (-25 por ciento), ya que determina una fuerte suba del déficit financiero o total (+30 por ciento). Este último es en verdad el déficit que importa, puesto que al incluir los intereses, da una idea de la magnitud que se debe financiar en los mercados financieros, ya sea el interno como el externo. A mayor déficit total, mayor necesidad de financiamiento. Y esto es lo que, en parte, se oculta.

Una posverdad asociada es que la deuda externa llega al 30 por ciento del PIB. En la última reunión del G20 en Buenos Aires, el FMI ha analizado la deuda argentina, y ha indicado que un nivel de deuda del 30 por ciento del PIB no resultaría preocupante, dado que otros países poseen endeudamientos mucho más significativos. Esta perspectiva ha sido tomada por los funcionarios. Por ejemplo, en su exposición ante el Congreso, el ministro de Finanzas, Luis Caputo, informó un sendero de deuda pública que parte del 25 por ciento del PIB en 2016, sube al 30 por ciento en 2017, y llegaría al 38 por ciento en 2020, año a partir del cual comenzaría a reducirse.

En realidad, ésta es una medición parcial de la deuda, y se refiere a la deuda con privados y con organismos internacionales. No incluye la deuda intra sector público, que es significativa. Y lo peor es que no repara en la exposición a la que está sometida en términos de moneda dura.

En el último Monitor Fiscal del FMI se indica que Argentina es uno de los cuatro países emergentes que en 2017 evidenciaron la mayor proporción de deuda pública en moneda extranjera, como porcentaje de la deuda total, en el caso de nuestro país con cerca de un 68 por ciento. Lejos está Uruguay, con el 50 por ciento y más lejos Chile, con el 20 por ciento. Esta situación augura un mayor pago de intereses, debido a que gran parte están nominados en dólares, y el valor de la moneda estadounidense ha crecido fuerte entre diciembre de 2017 y febrero de 2018, como también lo ha estado haciendo en estos días.

Por fuera de la posverdad, los datos preocupan. Indican el grado de vulnerabilidad externa que posee la economía argentina, que está atada al humor de los capitales especulativos, algo que estamos viviendo en estos días.

- Carlos Heller, Presidente Partido Solidario.

Suplemento CASH de Página/12 - 6 de mayo de 2018