De la misma manera el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas ha sido reemplazado lentamente mediante acuerdos bilaterales de defensa con Estados Unidos, con el mismo espíritu que lo anterior. Esto se complementa con la privatización de la seguridad y la creación de ejércitos privados contratados como consultores del gobierno. Claramente el modus operandi de esta nueva aproximación al régimen internacional es la bilateralización y privatización del sistema.

Lo primero que se debe de señalar es que el sistema financiero internacional ha dejado de comportarse como tal a partir de los años ‘80, cuando paradójicamente comenzó su proceso de desregulación. Para comprender la desregulación en los Estados Unidos que ha precedido la del resto del mundo, es preciso observar que todos los secretarios del Tesoro de ese país desde 1979 están relacionados con la banca de inversión, menos dos, en el primer gobierno de George W. Bush.

Si se agrega a esto que la Reserva Federal, el banco central de ese país, está controlado por la banca privada desde su creación, y que ellos seleccionan y eligen a dos tercios de los directorios, entonces se puede apreciar la acumulación de poder que existe desde 1979. Además, a partir de 1980 hay un incremento sustantivo del gasto de lobby en el Capitolio de Estados Unidos que sólo en la última década se ha duplicado, pasando de 600 mil dólares diarios a 1,3 millón de dólares por día.

La suma de todas las formas de influencia sobre la política pública del país del Norte permite sugerir que la acción combinada del sector financiero sobre el Gobierno termina en su representación en el gobierno. Esto se vendría a llamar el complejo financiero, para utilizar la frase feliz de Eisenhower en referencia al complejo militar industrial. Dado que es dueño de una parte del sistema de la Reserva Federal, y que nombra y designa al secretario del Tesoro, tiene el poder de privatizar los esfuerzos regulatorios realizados por el gobierno. Por esta razón, argumentamos, las recomendaciones regulatorias multilaterales de la Comisión de alto nivel de Naciones Unidas presidida por Joseph Stiglitz en 2009 fueron dejadas de lado a cambio de medidas bilaterales lideradas por la ley Dodd Frank del 2010. Esta ley ha estado sujeta a presiones de los intereses del complejo bancario y financiero a través de su lobby.

Según el economista Posen, del Instituto Peterson de Economía Internacional, el sector financiero ha ganado acceso a los funcionarios electos del gobierno convirtiéndose en sus fuentes confiables de información y consejo en materia de política monetaria. Esto se logra a través de anuncios públicos, interacción personal, empleo de funcionarios de la banca central y proveyendo parte de los candidatos a directores y gobernadores del banco central.

Se podría argumentar que la relación entre el sector financiero y los tomadores de decisiones de la banca central se puede extrapolar a otros sectores y no sólo sobre el tema de inflación, sino sobre la naturaleza de la crisis y los problemas involucrados en encontrar una solución correcta a la crisis de largo plazo.

Las reuniones del G-20 son ejemplos de espacios de influencia. En 2008 se trazaron dos principios para guiar la reforma del mercado financiero: una fue fortalecer regulaciones sólidas y el otro fue reforzar la cooperación internacional para que las leyes sean más consistentes a través de todos los mercados. Cuatro años más tarde, en el 2012, el Business 20 (B-20), el grupo de empresarios que se reúnen para discutir la agenda del G-20 con antelación, hicieron un llamado contra la re-regulación del sistema financiero. El G-20 pasó de ser un grupo de Estados intentando regular el sistema financiero a ser un grupo de Estados que está en contra de las regulaciones lanzadas por la banca central. Este es el efecto del poder del B-20 sobre el G-20. El B-20 tiene poco interés en las regulaciones y tiene creciente interés en convertirse en la secretaría del G-20.

El peso de la industria financiera es suficiente como para influir sobre la agenda mundial de los gobiernos del G-20. Existe la creciente convicción de que el multilateralismo público es disfuncional y debe ser reemplazado. Si la sociedad civil y sus aliados quieren tener éxito en lograr que las estructuras multilaterales de gobernanza rindan cuenta por los bienes públicos, deben comprender las formas en que el G-20 está fomentando el crecimiento del poder empresarial y la proliferación de acuerdos comerciales y de inversión que codifican los derechos empresariales.

Página/12 - 24 de diciembre de 2012