Aunque no falten quienes se entretengan con la discusión zonza acerca de los desacuerdos entre el Banco Central y el Ministerio de Hacienda por el nivel de la tasa de interés, cuando todos saben que esas tasas son las que sostienen la fiesta de los banqueros, y aunque tampoco falten los dirigentes empresarios que a pesar de las podas generalizadas de salarios y bajas de impuestos hablen todavía de “falta de competitividad” de la economía, la realidad es que la recesión continúa porque la demanda sigue derrumbada. A pesar de la devaluación y la eliminación de retenciones, las exportaciones 2016, como lo muestran los números del Indec para los primeros nueve meses, son inferiores a las de 2015. Ni hablar de las ventas industriales. Los únicos recursos que llegaron del exterior fueron el endeudamiento y los capitales especulativos de corto plazo. Con la capacidad instalada ociosa que se acerca, según dirigentes de la UIA, el 50 por ciento, ningún empresario local en su sano juicio ampliará inversiones, aunque en público exalten creaciones literarias como “la mayor confianza de los mercados y el nuevo clima de negocios”.

Contra las predicciones de Alfonso Prat Gay la economía brasileña no encuentra fondo. Para muestra un botón: el Estado de Río de Janeiro recortó salarios públicos en un 35 por ciento. La policía tomó el Congreso y consiguió una excepción. Los establecimientos educativos siguen tomados por los docentes. A nivel nacional se propuso una enmienda constitucional para prohibir los aumentos del gasto público por 20 años, mientras cotidianamente se encarcelan integrantes de la clase política. Al parecer también en Brasil los funcionarios económicos argentinos miran otro canal. El dato cierto es que no habrá aumento de exportaciones industriales en 2017, no habrá aumento de la inversión privada y nada indica que se conseguirán paritarias por encima de la inflación para recuperar el consumo. El promocionado Plan Belgrano ya es un chiste y los números del presupuesto muestran que los números de la obra pública estarán por debajo de los de 2015. El endeudamiento externo de las provincias, en tanto, se aprueba a cambio de ajustes locales. Sólo los economistas de amianto siguen considerando un hecho la recuperación de 2017.

También en artículos publicados en este espacio en los primeros meses del año se destacó que la peor manera de analizar la evolución de la economía era a partir de la supuesta intencionalidad de los hacedores de política. Se proponía que el análisis debía enfocarse desde la teoría, no desde las intenciones. Se explicaba que las autoridades actuales, en línea con la ortodoxia tradicional, adherían a los incentivos por el lado de la oferta y que, por ello, podía esperarse que enfaticen todos los factores de baja de costos empresarios, especialmente salarios e impuestos. Hoy, cuando se aproxima el cumplimiento del primer año de gobierno, esa mirada estrictamente económica parece ingenua. Las acciones de la Alianza PRO manifestaron un marcado revanchismo político que llegó hasta la subversión del discurso electoral institucionalista y republicano, y cuyo extremo se expresa en el reclamo de la ONU por la libertad de la presa política Milagro Sala. Al revanchismo se agrega el volumen de las transferencias económicas realizadas, las que sumaron los pagos sin chistar a los buitres, la subsiguiente toma de 45 mil millones de dólares de deuda, los 3600 millones de dólares pagados a los beneficiarios de las operaciones de dólar futuro, incluidos muchos integrantes del gobierno que decidieron la magnitud de la devaluación, las transferencias a las petroleras vía aumentos del precio del gas en boca de pozo, el gracioso perdón de 19 mil millones de pesos a las firmas eléctricas en el marco de la disparada de tarifas y la matriz delictiva del elenco gobernante emergente de los Papeles de Panamá, todos factores negados, enmascarados o subvertidos por la prensa del régimen. Si bien todavía no ocurrió, se sentaron las bases legales para el desguace del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la Anses. Nótese que se trata de decisiones que benefician a sectores particulares y que surgen de la voluntad política, no del devenir necesario de un plan económico ofertista. La evolución del plan se manifiesta en otros factores menos extraordinarios, como la caída de salarios, la disparada del déficit fiscal, una inflación anual que ya supera los 40 puntos, la explosión de deuda del Banco Central vía Lebac y la suba de más de 3 puntos del desempleo.

Dicho de otra manera, el impacto económico del primer año del gobierno de la Alianza PRO fue tan grande que ningún analista, aunque previera su carácter recesivo, lo advirtió en su total magnitud y, en consecuencia, demanda un replanteo drástico del escenario político opositor. Se trata de un gobierno de clase que indujo una recesión con fines redistributivos, restauró los lazos de dependencia con los poderes globales y redujo los grados de libertad actuales y futuros de la política económica. El gobierno cortoplacista de los egresados del Cardenal Newman demanda una reconfiguración de las alianzas sociales para frenar las políticas neoliberales, y sus ribetes delictivos, que alejan el horizonte de desarrollo con el que la economía nacional había comenzado a soñar nuevamente en la década pasada. Un sueño que emergió tras la salida de la mega crisis provocada, precisamente, por un cuarto de siglo de neoliberalismo.

Suplemento CASH de Página/12 - 20 de noviembre de 2016