La Unión Suramericana de Naciones (UNASUR) nace en mayo de 2008, al calor de la oleada de cambios que se registran en la región ante la pérdida de hegemonía de la retórica neoliberal y el entendimiento de que rescatar la perspectiva integracionista es una condición ineludible para gravitar realmente en un mundo globalizado, con posiciones, metas y sentidos comunes.

Hoy, la Secretaría General de este organismo está a cargo de Alí Rodríguez Araque, abogado y diplomático venezolano, quien entre otras dignidades ha ocupado los cargos de ministro de Economía y Finanzas, Relaciones Exteriores, y Energías y Minas, secretario general de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), y presidente de Petróleos de Venezuela.

“El neoliberalismo como corriente está en su fase terminal. Digamos que está muerto, pero no enterrado. Para enterrarlo es necesario un pensamiento fuerte acompañado por prácticas fuertes”, afirma el científico social brasileño Theotonio dos Santos, en desarrollo de sus charlas y entrevistas que concedió durante su permanencia en Buenos Aires para participar como conferencista principal en el VI Encuentro Internacional de Economía y Derechos Humanos organizado por el Centro de Estudios Económicos y Monitoreo de las Políticas Públicas (CEMoP) de la Universidad Popular Madres de Plaza de Mayo y que se realizó entre el 4 y el 6 de octubre.

Universidad y América Latina. La Universidad Nacional de La Plata otorgó el Doctor Honoris Causa al jefe de Estado del vecino país, por su defensa política de la educación pública, libre, gratuita y laica.

En un multitudinario y emotivo acto, el presidente de la República Oriental del Uruguay, José Alberto Mujica Cordano, fue distinguido con el título Doctor Honoris Causa de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP).

El primer mandatario recibió la máxima distinción universitaria de manos del presidente Fernando Tauber, en una ceremonia que tuvo lugar esta tarde, en el Patio del Rectorado.

En un multitudinario y emotivo acto, el presidente de la República Oriental del Uruguay, José Alberto Mujica Cordano, fue distinguido con el título Doctor Honoris Causa de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP).

El primer mandatario recibió la máxima distinción universitaria de manos del presidente Fernando Tauber, en una ceremonia que tuvo lugar esta tarde, en el Patio del Rectorado.

Triunfaron los que apoyan los gobiernos denostados como populistas en América Latina. Vencieron los que apuestan a cambios posibles en medio del triunfo mundial de un capitalismo brutal sumido en una profunda crisis. Celebramos los que luchamos contra las campañas difamatorias de los medios dominantes, defensoras de sus intereses y representantes del poder económico concentrado. Nos emocionamos los que confiamos en que en circunstancias límites, los pueblos tienen un GPS político que los orienta a favor de los líderes que se han preocupado por mejorar sus vidas.

Con la constitución de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) se rompió la inercia que inmovilizaba a la integración regional. Hasta ese momento, parecía inconcebible que este continente, forjado en una historia compartida y el pensamiento de sus Libertadores, careciera de un organismo independiente y ajeno de las injerencias estadounidenses y europeas.

Más de doscientos años, después de iniciado el camino de la independencia, fue necesario para que al fin pudiera concretarse un espacio llamado a convertirse en el foro de la unidad latinoamericana.

Contrariando normas y pactos internacionales, el país que gobierna Chávez fue incluido en el bloque regional.

El ingreso de Venezuela al Mercosur sin contar con el necesario consentimiento expreso de Paraguay está viciado de nulidad y es, por lo tanto, ilegal. Así lo han reconocido o advertido voces tan importantes como las de los respetados embajadores de Brasil Luis Felipe Lampreia y Rubens Barboza; del vicepresidente de Uruguay, Danilo Astori, y del internacionalista oriental Heber Arbuet, entre muchas otras.

Para tratar de justificar lo injustificable, el presidente uruguayo, José Mujica, sostuvo que, respecto de ese ingreso, "lo político supera ampliamente a lo jurídico". Esa frase, en boca del primer mandatario de un país hasta ahora reconocido por su apego a la ley, sorprende enormemente. Porque, en otras palabras, eso quiere decir que se hizo "porque se nos dio la gana", por encima de lo que dictan las normas internacionales, dejadas perversamente de lado.

O sea, sin perjuicio de lo que estipula el propio Tratado Constitutivo del Mercosur, que, en su articulado, aclara expresamente, más allá de todo margen para la duda, que las solicitudes de ingreso de nuevos miembros deben ser aprobadas por "decisión unánime" de los Estados partes. Ello no sucedió. Por razones "políticas", dice Mujica, y los demás asienten.

La historia reciente es conocida. Acusando a Paraguay de haber violado el orden democrático al consumar un presunto "golpe de Estado" con el que se habría depuesto al ex presidente Fernando Lugo -proceso en el que en rigor se siguió el curso constitucional previsto a tal efecto, con la salvedad de que se pudo haber lastimado, en alguna medida, el derecho de defensa del acusado-, se abrió la puerta a Venezuela, pese a que para Brasil no hubo estrictamente "golpe de Estado", sino problemas que tendrían que ver con el debido proceso legal.

Sobre esa base se "suspendió" a Paraguay, situación que fue utilizada para no permitirle votar sobre el ingreso de Venezuela, al que se oponía, como ciertamente era su derecho y sin respetar las disposiciones de la Convención de Viena de 1969, que aclara que cuando en un tratado se "suspende" a una de las partes lo que efectivamente se suspende es el cumplimiento de los derechos y obligaciones que tienen que ver con las "relaciones mutuas", no otros. Esto es, los vinculados con las relaciones con terceros.

A ello, la Convención agrega que la parte que se pretende suspender debe tener por lo menos tres meses para "dar sus razones" para defenderse. Este derecho elemental (usado para suspender a Paraguay) se le ha negado -cercenándolo totalmente- en el Mercosur al propio Paraguay, al que no se quiso escuchar siquiera, con una actitud de cinismo y arrogancia sin igual, lo que constituye un grosero error histórico, cometido pese a que el Protocolo de Ushuaia aclara expresamente (respetando la Convención de Viena) que, en caso de ruptura del orden democrático en un Estado parte, se promoverán las consultas del caso, con el Estado afectado. Eso tampoco ocurrió y es gravísimo.

Tampoco puede ocultarse que la Venezuela de Hugo Chávez está absolutamente en las antípodas de la democracia. Hablamos de un país que responde a los caprichos e impulsos de un dirigente autoritario; de un aliado estratégico de Siria, Irán, Corea del Norte y Bielorrusia, que tiene una estructura institucional hiperpresidencialista, en la cual la discrecionalidad de Chávez es total y donde no hay ni equilibrios ni contrapesos democráticos. Por otro lado, el Poder Legislativo está sometido al Ejecutivo, y sin una justicia que pueda ser tenida por imparcial e independiente.

Peor aún, estamos ante un país que acaba de anunciar al mundo que abandonará nada menos que el Pacto de San José de Costa Rica, instrumento regional que contiene las garantías básicas en materia de defensa de las libertades esenciales y de los derechos humanos, de rango constitucional para los argentinos.

La Venezuela de Chávez no es una democracia, es un país autoritario. La ley allí es tan sólo la voluntad de Chávez. Y ésa es la presunta democracia que se acaba de invitar, ilegalmente, a incorporarse al Mercosur. Por esto, Lampreia concluye, con un pesar con el que coincidimos, que el Mercosur "ya no funciona como mecanismo de integración sino que, por el contrario, se ha transformado en un mecanismo político orientado sólo por razones ideológicas dictadas por los presidentes de Venezuela (cuando no era siquiera un pretendido miembro del Mercosur) y la Argentina, básicamente, y hasta cierto punto por Brasil". Para Brasil, cabe apuntar, el mercado venezolano, que cree puede tener cautivo a través del Mercosur, se ha transformado en conveniente prioridad económica.

Lo inaceptable es que para ello los derechos humanos, el Estado de Derecho y las convenciones han quedado de lado, gravemente pisoteados.

En el día de ayer se ratificó en Brasilia el ingreso de Venezuela al Mercosur. De este modo el bloque comercial sudamericano se refuerza tanto cuantitativa como cualitativamente. Lo primero, porque agrega a un nuevo socio con un producto bruto estimado -por el World Economic Outlook del FMI en paridad de poder adquisitivo en 397.000 millones de dólares. Es decir, se agrega una economía de un tamaño ligeramente superior a la de Suecia. El Mercosur agrandado cuenta ahora con un producto interno bruto total de 3.635.000 millones de dólares, lo que lo convierte en la quinta economía del mundo, sólo superado por Estados Unidos, China, India y Japón, y claramente por encima de la locomotora europea, Alemania.

Cualitativamente hablando la incorporación de Venezuela significa integrar a un país que, según el último anuario de la OPEP, dispone de las mayores reservas certificadas de petróleo del mundo, habiendo desplazado de ese sitial a quien lo ocupara por varias décadas: Arabia Saudita. Además, desde el punto de vista de la complementación económica de sus partes el Mercosur luce como un espacio económico mucho más armónico y equilibrado que la Unión Europea, cuya fragilidad energética constituye su insanable talón de Aquiles y una fuente permanente de dependencia externa.

La Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (APYME) y la Confederación Gremial Nacional Unida de la Mediana, Pequeña y Microindustria, Servicios y Artesanado de Chile (CONUPIA) expresan su solidaridad con el destituido presidente democrático de Paraguay, Fernando Lugo, y el pueblo de ese país, que en la última semana han sido víctimas de un golpe institucional.

Las entidades manifiestan su enérgico repudio al desconocimiento de la voluntad popular por parte de una Legislatura desprestigiada, que sirve al propósito de instaurar en la nación hermana un retroceso de las aspiraciones populares en beneficio de los poderes corporativos y los sectores políticos tradicionales.