Estas operaciones fraudulentas generan perjuicios a la economía doméstica desde varios ángulos, afectando las reservas internacionales, así como la recaudación impositiva. En el caso de una empresa electrónica, se detectó una sobrefacturación de importaciones asociada con un incremento artificial en los precios, lo cual, además de la sangría de reservas, aumenta los costos y disminuye la base imponible del Impuesto a las Ganancias.

La subfacturación de exportaciones, es decir, enviar al exterior mercancías a un precio menor, en algunos casos, a un tercio del valor del producto, fue detectada en grandes multinacionales dedicadas al negocio cervecero y al farmacéutico; esta operatoria es una forma encubierta de remitir utilidades ya que en el exterior las mercancías se venden al precio de mercado. Además, disminuye las ganancias declaradas, y de esa forma pagan menos impuestos, y reduce las divisas que ingresan al país.

Otra práctica que resulta habitual en las multinacionales es relocalizar las ganancias a través de los precios de transferencia, que son los costos de mercancías, servicios o patentes que se comercian entre filiales de la misma firma en distintos países y su casa matriz. Estas operatorias de difícil detección, aunque por suerte no imposible, son utilizadas por las multinacionales a nivel global para evadir impuestos y regulaciones, muchas veces a través de la triangulación (operaciones con una filial en un país con escasos controles, para luego ingresarlas a precios de mercado en los países que aplican fuertes inspecciones). De allí que se requieren leyes nacionales, y convenios internacionales, para limitar estas operaciones dolosas que minan las finanzas de los países.

También se ha detectado, en los casos que se están investigando, operaciones especulativas de varias empresas en el contado con liquidación, el mecanismo para hacerse de dólares vía la compra en pesos de bonos públicos nominados en dólares en el mercado local, que luego son vendidos en dólares en plazas extranjeras.

Sin otro justificativo que las maniobras especulativas con esta operatoria, la cotización del contado con liquidación se llevó de 11 a 15 pesos, explicó en una exposición en la Universidad Nacional de Moreno, el presidente del BCRA, Alejandro Vanoli. El titular de la autoridad monetaria comentó que "con la coordinación del Estado y algunas medidas como el acuerdo con el sector agroexportador, la implementación del swap de monedas con China y el establecimiento del piso de tasas de interés ya hubo resultados", y efectivamente, las cotizaciones del contado con liquidación bajaron, a la vez que las reservas internacionales dejaron de caer. A esta enumeración, puede sumarse la aprobación por parte del gobierno de nuevos cupos para la exportación de granos. Este reordenamiento de variables por sí mismas desdibujan las expectativas y las presiones sobre el tipo de cambio. En este tema Vanoli fue categórico: "No habrá ninguna devaluación."

Es importante reflexionar sobre algunos razonamientos mediáticos que indican que cuando el dólar sube, es por la acción de la oferta y la demanda, pero cuando baja es por la intervención estatal. En estos días se asoció la baja del dólar ilegal con las restricciones que imponen los controles para que se respeten las normas cambiarias y tributarias. Con una limitación de oferta, o mayor dificultad para realizar las transacciones, el precio del dólar ilegal debería haber llegado a las nubes, según la más elemental teoría económica. En parte, este enfoque de que el dólar baja debido a los controles tiende a ocultar que el valor del dólar ilegal había llegado a valores ilógicos, derivados de las presiones para instalar la idea del atraso cambiario y, por lo tanto, la "necesidad" de una devaluación. Algunos analistas plantean que una parte importante de las ventas de dólares oficiales con acuerdo de la AFIP estaría fluyendo al mercado ilegal, y de esa forma, bajando la cotización, razonamiento que creo no puede aplicarse en mercados que son altamente especulativos e ilegales.

Volviendo a la exposición del presidente del Central, Vanoli expresó su intención de "generar condiciones" para reformar la Ley de Entidades Financieras, y de esa forma avanzar hacia la desdolarización del ahorro y promover la federalización del sistema bancario. Cabe aquí mencionar que hay varios proyectos de reforma a la Ley de Entidades Financieras; uno de ellos ya lleva más de cuatro años con trámite parlamentario, e instaló la definición de usuario de servicios financieros, así como propone la orientación del crédito hacia las pymes y la financiación hipotecaria para la vivienda única, con tasas máximas.

Estos temas han sido abordados en parte por el BCRA, a partir de las capacidades que le otorga la Carta Orgánica de 2012, una legislación que la mayoría de los candidatos presidenciales han prometido derogar, junto con otra gran cantidad de leyes sancionadas en la última década.

CALENDARIO BUITRE. El pasado lunes el juez Thomas Griesa abrió un nuevo capítulo en la puja con los buitres, al habilitar al mediador Daniel Pollack a recibir los reclamos de los holdouts que no tienen sentencia, los denominados "me too" (yo también). Entre ellos están el fondo EM Limited, de Kenneth Dart, que pide por unos U$S 835 millones (por bonos comprados a menos de U$S 200 millones entre 2001 y 2006), reclamo que podría llegar a U$S 1200 millones si se le aplican los mismos ajustes que a los fondos NML, Aurelius y otros. A esto hay que sumarle un nuevo reclamo por U$S 1100 millones del fondo Bracebridge Capital, y el que hace un mes llevó a cabo un grupo de once entidades buitre, por un monto que no fue informado.

Estos buitres pretenden dejar rubricados sus reclamos ante la nueva fase que se abre a partir de 2015, con la caída de la cláusula RUFO. Previendo esta serie de reclamos, el ministro de Economía Axel Kicillof le expresó a Griesa, hace ya algún tiempo, que el gobierno argentino sólo va a negociar con todos los holdouts. Kicillof señaló que la negociación "a partir de enero es posible" siempre y cuando implique atenerse "a la ley, a la justicia, a la igualdad y a no darle a los bonistas más de lo que se les da a otros". Por su parte, Vanoli expresó: "Si alguien espera que el 1 de enero alguien vaya de rodillas a negociar con los buitres, no entiende nada de cómo funciona el gobierno nacional."

La postura férrea del gobierno argentino resulta más valiosa aún a la luz de las evidencias que se desprenden de la carta que la presidenta Cristina le envió a Obama. Allí pide explicaciones acerca del nombramiento de Nancy Soderberg al frente del Public Interest Declassification Board (PIDB) y su vinculación con la American Task Force Argentina (ATFA), organismo de los buitres para atacar a nuestro país. La directora del PIDB, este "comité asesor" en temas relacionados con actividades de seguridad nacional norteamericana, reflexionaba en un artículo del año 2007 sobre la existencia de "un quiebre entre los gobiernos de América Latina, con el ala izquierda volviendo a tener participación, llevando a cabo un contraataque en contra de las reformas en pos del libre mercado y las políticas de los Estados Unidos", destacando en esta puja a Venezuela y Argentina. Sin embargo, para el gobierno de Obama las responsabilidades oficiales de Soderberg como directora del PIDB no están relacionadas con ninguna actividad que pueda tener como ciudadana particular en el litigio de la Argentina con los bonistas.

La explicación no resulta en absoluto satisfactoria, teniendo en cuenta los importantes puntos de contacto que suelen existir entre los diversos aspectos que conforman la seguridad nacional norteamericana y los trabajos concretos de desestabilización de naciones extranjeras, que suelen encarnar organizaciones como ATFA.

Esta idea no obedece a una visión de tipo conspirativa y se desprende de manera concreta del plan desestabilizador de cinco puntos de los buitres, que en su momento dio a conocer nuestra presidenta. De allí que la carta escrita por Cristina y el conflicto con los buitres tienen un fuerte significado político, aunque algunos analistas y políticos lo presenten, aviesamente, como una mera disputa financiera.

Tiempo Argentino - 9 de noviembre de 2014