La primera gran derrota sufrida por las mineras extranjeras en Chile, ocurrió en octubre del año 2000, cuando el Tribunal Constitucional, al analizar la inconstitucionalidad del Tratado Minero chileno argentino, dictaminó en el rol N° 312, que los tribunales chilenos no están facultados para otorgar servidumbres a concesiones mineras que se encuentran fuera del territorio nacional, lo que impedía la salida por puertos chilenos a los yacimientos de la Cordillera Argentina, que era el objetivo principal del Tratado Minero. Este fue un duro golpe para las transnacionales mineras, que gracias a este tratado, querían exportar por puertos chilenos los concentrados de los yacimientos de la Cordillera Argentina, entre los cuales se encontraba el yacimiento El Pachón, en la provincia de San Juan, y muy cercano al yacimiento chileno Los Pelambres.

Las ganancias extraordinarias de las compañías habilita el debate sobre el aporte del sector al Estado nacional y las provincias. La presión fiscal, el marco normativo de los ’90 y la riqueza de muchos yacimientos en el centro del debate.

Una resolución oficial determinó que las compañías del rubro deberán crear departamentos especiales para definir el reemplazo de insumos importados por otros nacionales.

Las empresas mineras radicadas en el país deberán contar con un departamento de sustitución de importaciones y contratar fletes de transporte a compañías nacionales. Así lo dispuso la Secretaría de Minería a través de dos resoluciones publicadas ayer en el Boletín Oficial. La medida alcanza a las empresas beneficiadas con la ley 24.196, que fija un régimen de atracción de inversiones para la actividad minera. El texto de la norma enmarca la disposición en las políticas inclusivas que refuerzan la economía, preservando las fuentes laborales, creando nuevas oportunidades de trabajo y profundizando el proceso de sustitución de importaciones.

¿Minería sí o minería no? El exponencial crecimiento en la cantidad de proyectos mineros a cielo abierto, de sólo 18 en 2002 a 614 el año pasado según datos de la Secretaría de Minería de la Nación, la intención del Gobierno de promocionar la actividad modificando algunos aspectos como la compra de insumos nacionales, la liquidación de divisas o suspensión del giro de utilidades, el espectacular alza en el precio de los metales y el apoyo de una parte del pueblo de las provincias mineras a raíz de los puestos de trabajo generados y el aporte al presupuesto provincial, debería correr el eje de la discusión. La pregunta que surge entonces es qué tipo de minería se hace en Argentina y en qué medida aporta al desarrollo económico. Cash visitó el mayor yacimiento de cobre del país, Bajo de la Alumbrera, y consultó a expertos para dilucidar esta cuestión.

En Argentina, y en general en América latina, se experimenta un boom minero. En 2010, la región explicó el 27 por ciento del presupuesto exploratorio mundial, y Argentina entró en la lista de los 10 países con mayor proyección en la materia. Ese ranking lo encabezan Canadá, Australia y Estados Unidos. Según datos del Banco Central, el stock de inversión extranjera directa en minería en el país creció un 40 por ciento entre 2009 y 2010, y es el cuarto más importante de la economía nacional, detrás del petróleo, la industria química, la automotriz y las comunicaciones. La minería es el cuarto complejo exportador más grande, con ventas por casi 4 mil millones de dólares el año pasado.

Un yacimiento de 490 metros de profundidad y 1800 de diámetro, ubicado a 2600 metros sobre el nivel del mar, y un dique de cola, donde se alojan los residuos de la explotación, de más de 600 hectáreas, son sólo algunos ejemplos de las abismales dimensiones en Bajo de la Alumbrera, el mayor yacimiento de cobre del país, ubicado en el noroeste de Catamarca. Allí Minera Alumbrera, que opera Xstrata, extrae cobre, oro y molibdeno. El pozo de extracción es un gigantesco cráter cuyas laderas forman terrazas para que los 42 camiones Caterpillar, con ruedas de 3,5 metros de alto y motores de hasta 70 mil centímetros cúbicos de cilindrada, transporten al año las 110 millones de toneladas de mineral que se desprenden de las sucesivas explosiones semanales en el cerro. Bajo de la Alumbrera comenzó a explotarse en 1998, y sólo le quedan cinco años de vida útil.

El cierre de la mina es un proceso delicado por el alto riesgo medioambiental. El peligro es que se contaminen los cursos de agua a partir del drenaje ácido, que se produce cuando las miles de toneladas de roca enterradas entran en contacto con el oxígeno y el agua. Las rocas removidas pasan por un proceso de trituración donde se mezcla el polvo resultante con agua y diversas sustancias químicas. El mineral que se libera es filtrado, mientras que los desechos se arrojan en el dique de cola que las mineras, luego de finalizar sus actividades, rellenan para evitar filtraciones. El peligro es que esos residuos entren en contacto con la superficie o un curso de agua subterráneo.

Durante la década de 1990 la reforma del marco normativo de la actividad minera, llevada a cabo por los distintos países de la región, aceleró la inserción de América Latina en el mapa mundial de inversiones mineras. El endurecimiento de las reglamentaciones medioambientales en los países centrales, junto con el agotamiento de distintos yacimientos mineros y la generalización de nuevas tecnologías de explotación, motorizaron el creciente interés por los recursos minerales de la región.

En este sentido, la búsqueda de nuevos territorios y de mejores tasas de rentabilidad por parte de las transnacionales del sector motorizó los cambios normativos implementados por las distintas administraciones nacionales. En ese marco, la particular configuración sectorial en el ámbito local conllevó la apertura de diversos yacimientos en exploración y explotación de minerales metalíferos y, con ellos, el inicio -prácticamente- de una nueva rama de actividad en el país. En el presente trabajo se pretende realizar una aproximación a la particular configuración sectorial a través de una caracterización de la estructura jurídica vigente; del análisis de su desempeño productivo y su relación con la evolución de la cotización internacional de los commodities; y de un acercamiento al fenómeno de la renta minera con el objetivo de explicitar la importancia que adquiere la misma en el marco de las ganancias extraordinarias registradas durante los últimos años por las empresas transnacionales que explotan los principales yacimientos en actividad.

Las manifestaciones que se oponen a la explotación a cielo abierto generaron la discusión. Voces a favor y en contra de una actividad que genera polémica.

En política, durante los meses de enero y febrero, la rutina indica que las aguas están calmas. La actividad parlamentaria se toma vacaciones, la feria judicial exime a los abogados de ir a Tribunales y la prensa se traslada a la costa, en busca de novedades. Sin embargo, este verano fue una excepción en materia de acontecimientos ajenos a los espectáculos y la farándula de temporada. Como la minería que, tras el conflicto desatado en Famatina, La Rioja –donde los habitantes impidieron que la empresa Osikoko Mining Company pusiera en marcha un proyecto a cielo abierto, que podía contaminar el agua–, y otros similares en Andalgalá, Belén, Amaicha y Tinogasta, abrió un debate sobre los alcances de su explotación y su impacto en el medioambiente. Como contrapartida, las diez provincias argentinas que desarrollan actividad minera en su territorio conformaron la Organización Federal de Estados Mineros (OFEMI), cuyo objetivo apunta a coordinar y unificar las normas del sector para permitir un marco de sustentabilidad ambiental y sostenibilidad social. Así, Jujuy, Salta, Tucumán, San Juan, Catamarca, Río Negro, Neuquén, Mendoza, Chubut y Santa Cruz firmaron un acta bajo la égida del ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, para cooperar junto al gobierno nacional en una mejora de las políticas ambientales, teniendo en cuenta que, para muchas de ellas, la minería significa la principal actividad económica local.

En medio de una discusión aún no saldada sobre los beneficios e inconvenientes de la explotación minera, las miradas disímiles constituyen aportes para la reflexión. Veintitrés convocó a cuatro referentes sobre la temática y les propuso responder una serie de preguntas. Pase y lea.

ANDALGALA.- Un derrame que no alcanzó para apagar el fuego. Más allá de los planteos ambientalistas, los números de Minera Alumbrera ayudan explicar parte del descontento social que atraviesa a esta localidad del oeste catamarqueño. Con exportaciones de cobre, oro, plata y molibdeno por 43.848 millones de pesos hasta 2010, la mina apenas emplea directamente a unos 100 vecinos de Andalgalá, que provee una ínfima parte de los productos que la mina consume.

Según un informe interno de mediados de 2011, que Minera Alumbrera entregó a LA NACION, el yacimiento Bajo de La Alumbrera , ubicado a 80 kilómetros de Andalgalá, extrae cada año un promedio de 140.000 toneladas de cobre en concentrado, 352.000 onzas de oro en concentrado, 45.000 onzas de oro doré y 960 toneladas de concentrado de molibdeno. El concentrado es la masa de roca y agua que la empresa envía por un ducto a Tucumán para deshidratarla y, que luego, con trenes propios, saca del país a través del puerto de Santa Fe.

En 2010, esa tarea le permitió exportar mineral por 1590 millones de dólares o 6390 millones de pesos: en un sólo año facturó más de lo que invirtió para iniciar la producción de la mina (1300 millones de dólares). Entre 1999 y 2010, la facturación declarada por la empresa acumuló 10.962 millones de dólares, casi diez veces la inversión inicial. La crisis mundial de 2008 disparó los precios de los metales, por lo que las ganancias del año pasado -se difundirán en abril- elevarán el promedio.

En Andalgalá , percibir esos números es tan difícil como llegar. La única vía de acceso asfaltada a la ciudad es la ruta hacia la capital provincial . Para llegar a Belén o Santa María, las localidades que rodean la mina, a La Rioja o Tucumán, se necesita atravesar caminos de ripio que colapsan con las lluvias.

Ambientalistas o no, los andalgalenses no recuerdan que las deterioradas calles del pueblo hayan estado peor antes de la llegada de Alumbrera. Ni las escuelas. Ni los centros de salud. De hecho, LA NACION intentó consultar los servicios médicos del único hospital público local: no había oculista ni traumatólogo. A la tercera pregunta, cortaron la llamada. Si alguna enfermedad necesita traslado a la capital provincial, el afectado debe conseguir unos 500 pesos para el combustible de la ambulancia.

Los andalgalanses, incluso los "promineros", se quejan que el Estado continúa siendo el principal empleador y que el desempleo, aún con la mina, sigue afectando a un tercio de la población.

Según los datos oficiales de Minera Alumbrera, la empresa tiene 1400 empleados directos y otros 630 indirectos. Los catamarqueños (560), no son mayoría: Tucumán, donde la megaminería no está permitida, aporta más trabajadores a la mina: 630 (el 45%). Anti y pro mineros coinciden en la explicación: la falta de capacitación de los catamarqueños, otra promesa que suma 15 años.

Impacto directo

En el área de impacto directo del proyecto (API), esto es, los departamentos catamarqueños de Santa María, Belén y Andalgalá, se generaron sólo 481 empleos. Belén es el municipio que más aporta (222 trabajadores), seguido por Santa María (159). Andalgalá, apenas un centenar.

En 2010, los 1400 empleados directos cobraron salarios por casi 160 millones de pesos. La fórmula kirchnerista del "fifty-fifty" no opera en Catamarca: los sueldos representan el 2,5% de los $ 6390 millones que exportó la compañía. Desde el inicio de las operaciones se pagaron salarios por 746 millones: el 1,7% de los $ 43.848 millones facturados.

Al comprar productos y servicios, la mina genera nuevas fuentes de trabajo indirectas. Según la empresa, por cada empleado directo se generan otros 10 empleos. Pero no en la API, donde Alumbrera reconoce un rendimiento menor: apenas 3,5 nuevos trabajadores por cada obrero de la mina. Eso significa que en Andalgalá, donde hay 100 empleados directos, se generaron sólo 350 empleos más: un total de 450 empleos para una población de 18.000 almas.

En 2010, la minera compró bienes y servicios por 1220 millones de pesos. Pero sólo el 4,5% de esas compras se realizaron en Catamarca: unos 54,6 millones de pesos. La comparación que proponen quienes no quieren a la mina puede resultar odiosa, pero no deja de ser cierta: en 2010, Alumbrera vendió diariamente $ 17,5 millones de pesos en minerales extraídos de la montaña, un recurso no renovable. Pero consumió productos catamarqueños por $ 150.000 cada día.

En este rubro, Andalgalá sí fue beneficiada: proveyó el 69 por ciento de los productos y servicios que la mina compró dentro de la API: unos 65.000 pesos diarios. Para los ambientalistas, esto explica el empeño de los "promineros" andalgalenses, los principales proveedores regionales de la mina. Con todo, se trata de una fracción ínfima frente a los 3 millones de pesos que gasta al día en el país.

El Informe de Sustentabilidad de 2010 habla de generar oportunidades para "capturar el derrame" que genera la minería.

No sólo es una palabra odiosa para el relato oficialista: la furia desatada en esta ciudad apunta a que tampoco fue una oportunidad concretada. Alumbrera pretende ahora explotar Agua Rica, un yacimiento mayor, ubicado a sólo 17 kilómetros de Andalgalá. Deberá lidiar con quienes luchan por el agua y la ecología. Los números no alcanzan para eso.

Lo que factura
• 43.848 MILLONES DE PESOS
Exportó hasta 2010
Es casi diez veces la inversión inicial, de 1300 millones de dólares.
• 6390 MILLONES DE PESOS
Exportó sólo en 2010
Es el resultado del último informe anual presentado.
• 140.000 TONELADAS DE COBRE
Extrae por año
Más 352.000 onzas de oro en concentrado y 45.000 onzas de oro doré.

Lo que aporta
• 1397 EMPLEOS DIRECTOS Trabajo generado
Según la minera, por cada puesto se generan 10 indirectos.
• 3916 MILLONES DE PESOS
Aportó a la economía
En impuestos, regalías utilidades, etc, según la empresa.
• 1220 MILLONES DE PESOS
Consume en el país
Por compras realizadas en 2010. En Adalgalá: $ 34 millones.

La minería, con su impacto ambiental y económico, ha irrumpido con fuerza en el debate público a partir de la tradicional resistencia de movimientos sociales de los pueblos donde se desarrollan los proyectos.

En enero hubo manifestaciones en contra de la minería (y continúan) en las poblaciones de Famatina y Chilecito de la provincia de La Rioja, que en pocos días se extendieron a otras regiones cercanas o alejadas. No es la primera vez. Algo similar sucedió allí hace unos 4-6 años y hace un par de años en la vecina ciudad de Andalgalá. Es importante que la gente participe y esté preocupada por el lugar o entorno en donde vive. Deberán aguantar a los que vienen de otros lados con su lema que, en resumen, es “No a la mina” y se mezclan en esas manifestaciones genuinas machacándoles que la “minera sólo viene a robarse todas las riquezas y degradar tanto su ambiente que no podrán volver a vivir allí”.

La gente preocupada por su hábitat debe tener la máxima información posible sobre la minería (y en general sobre cualquier tema en el que participe). Los medios de comunicación no aportan nada a ello o, lo peor, aportan “verdades a medias”. En algunos casos debe ser porque no saben del tema y, en otros, porque no conviene a sus intereses. Por cierto, los “No a la mina” rechazarán cualquier información o explicación que no sea la de ellos.

Actividad

En minería hay tres etapas básicas de trabajo, distintas entre sí. Conforme a su objetivo y en orden temporal se denominan: prospección (búsqueda), exploración y explotación (producción). Durante la prospección sólo se buscan áreas interesantes para realizar una exploración. Esa exploración estudiará con mayor detenimiento alguna de esas áreas y si es exitosa (muy pocas veces sucede) hallará un yacimiento que puede explotarse, es decir, transformarse en una mina en producción. Desde el inicio suelen transcurrir varios años y aun decenas de años. En Internet grupos “No a la mina” ya tienen la cantidad de onzas de oro que hay en el Famatina. Una cifra fabulosa y con una precisión digna de una exploración muy avanzada. Es curioso porque todavía no se descubrió ningún yacimiento y ni siquiera comenzó la exploración.

No hay una premeditación en el tamaño y tipo de mina. Cuando se descubre un yacimiento, éste puede ser grande o pequeño y la escala de la operación minera será acorde a ese tamaño. Además el mineral hallado puede estar cerca de la superficie o situado en profundidad, lo cual condicionará el tipo de explotación: a cielo abierto o subterránea, respectivamente. Además, pequeñas porciones de esa masa de minerales deben someterse a pruebas en planta piloto para definir cuál es el mejor método para separar los minerales útiles de los no útiles, para después decidir qué tratamiento se aplicará. Existen numerosas tecnologías para ello que, simplificando, dependen del tipo de mineral y del tamaño de sus partículas.

Frases como “no es que nos oponemos a la minería, sino a la megaminería a cielo abierto con uso de cianuro” se expresan porque no comprenden de qué se trata. Los proyectos mineros tienen cierta flexibilidad en alguno de sus aspectos y pueden discutirse para llegar a un acuerdo que beneficie a todos los interesados, pero el condicionamiento que posee esa frase la hace una contradicción: es lo mismo que decir “me opongo a la minería”.

Medio ambiente

La minería no tiene como objetivo contaminar el ambiente. Actualmente se desarrolla con procedimientos muy estrictos para evitar los impactos negativos sobre el ambiente (natural y social). Esos procedimientos, las tecnologías e insumos que se utilizarán en una producción minera se planifican antes de su inicio de modo de prevenir esos impactos y se monitorea su efectividad continuamente durante la “vida” de la mina y posteriormente.

La Ley 24.585 (de 1995) es el marco jurídico ambiental para la actividad minera. Puede ser mejorada, pero es una norma muy completa y comprende todas las etapas de la minería (prospección, exploración y explotación con el cierre y post cierre de mina). Los informes que exige no sólo deben describir exhaustivamente el proyecto y el ambiente de influencia, sino también los posibles impactos sobre el ambiente (incluyendo el social) y las medidas de prevención, mitigación o recomposición. Su cumplimiento debe ser controlado por el Estado y la sociedad.

El cianuro es un producto altamente tóxico. Del total que se produce en el mundo, la minería consume alrededor del 15 por ciento; el resto se emplea principalmente en metalurgia, galvanoplastia y elaboración de plásticos y acrílicos. En la minería de oro se utiliza desde hace más de 100 años, por un lado por su rendimiento en la recuperación de ese metal y, por otro, porque es fácilmente controlable de modo de no producir daños a la salud y al ambiente. La cianuración se practica bajo rigurosas normas de seguridad en un circuito cerrado (reciclado). Los residuos que contienen cianuro se tratan adecuadamente ya que se descompone fácilmente con la luz solar, contacto con el oxígeno y actividad biológica. De esta forma esos residuos tienen restos de cianuro por debajo de lo aceptado por las regulaciones ambientales más estrictas.

El agua es un bien muy preciado y necesario para la vida humana. Los estudios sobre aguas superficiales y subterráneas deberían ser la base para establecer su uso en distintas actividades sin que ninguna de ellas provoque un efecto negativo (o colapso) de la otra, y mucho menos que produzca escasez de agua para consumo humano. Desde luego la industria minera utiliza agua por la que paga un canon a la provincia correspondiente. El volumen que utiliza depende en gran medida de las condiciones climáticas de la región donde se emplaza, debido a la evaporación. Una buena parte del agua que utiliza la minería es de reciclado del propio proceso de tratamiento de minerales, pero el agua que se evapora por las condiciones climáticas debe ser repuesta. Sólo para referencia sobre el agua que utiliza la minería, un ejemplo: aproximadamente 40.000 hectáreas de olivares se han incorporado en las provincias de La Rioja y Catamarca en los últimos 10 años. Estos nuevos olivares en 6 días utilizan para riego la misma cantidad de agua de reposición que usa en 1 año la mina La Alumbrera (Catamarca).

Economía

Además de las leyes generales que correspondan, la minería está regulada por la Ley de inversiones mineras 24.196 (de 1993) y su modificación, Ley 25.429 (de 2001). En ellas se norma el tema impositivo.

Es notable el desconocimiento que existe sobre los impuestos que paga la minería. Es cierto que esta actividad tiene un marco promocional que la exime del pago de algunos impuestos (o los reduce). Esto constituye parte del “gasto tributario” que se define como el monto de ingresos que el fisco deja de percibir al otorgar un tratamiento impositivo que se aparta del establecido con carácter general en la legislación tributaria, con el objetivo de beneficiar a determinadas actividades, zonas, contribuyentes o consumos.

En 2010 el gasto tributario total fue del orden de 28.000 millones de pesos, del cual a la minería le correspondieron 452 millones. Para comparar, fue menos de la mitad de lo que dejó de percibir el fisco por la devolución parcial del IVA por compras con tarjeta.

Ahora veamos lo que paga. Cuando el proyecto es aprobado por la autoridad correspondiente puede entrar en el “régimen de estabilidad fiscal”. Esto es, debe pagar todos los impuestos vigentes a esa fecha sin que pueda aumentarse la carga fiscal total por 30 años. Entre los principales impuestos pagará “Ganancias” (35 por ciento), “retenciones” (5 por ciento en la exportación de lingotes y 10 por ciento en la de concentrados), los impuestos a los combustibles, energía e Ingresos Brutos (provincial). Además debe pagar las “regalías” (3 por ciento sobre el valor en boca de mina”). En 2010 la minería pagó en impuestos alrededor de 4300 millones de pesos a la Nación y 1300 millones de pesos a las provincias: en total doce veces lo que fue el gasto tributario.

Estos datos contradicen la insistente frase “la minería se lleva todo y no deja nada para el país”.

Otro dato económico es que en 2010 Argentina exportó como productos minerales alrededor de 4500 millones de dólares e importó por un valor de cerca de 2000 millones de dólares en ese mismo rubro. Entonces el saldo comercial fue positivo por un valor de 2500 millones de dólares.

Hay numerosas estimaciones acerca de cómo se reparte el dinero que genera un proyecto minero. Una de esas estimaciones realizada por una consultora privada (no gubernamental), con datos propios y de la AFIP, expone que en promedio el dinero generado por la minería se reparte en: 33 por ciento para el consumo intermedio y salarios, 34 por ciento en impuestos nacionales y provinciales y 31 por ciento de beneficio para la empresa

Los debates acerca de lo que ocurre hoy en Famatina conducen a reflexionar con qué paradigmas, con qué modos de conocer y generar información se manejan los actores en disputa. Boaventura de Sousa Santos contrapone, en muchos de sus trabajos, al agónico paradigma “moderno” la creación de uno nuevo que aún no lo hemos nominado pero que, sin duda, despunta. Lo acompaña un pensamiento social crítico que se configura en los derroteros de las organizaciones y pueblos en resistencia en este siglo XXI. La modernidad, el paradigma hegemónico hasta hace algunas décadas, tuvo pilares básicos para sostener su deslumbrante ingeniería social, pero desde hace años debe generar bisagras con un nuevo tiempo. El rasgo “monocultural” europeizante de los viejos pilares de la modernidad se abre para cobijar “otras” culturas generadas por la humanidad toda. El autor elige el sugerente concepto de “ecologías” para dar cuenta de cómo un viejo dispositivo “moderno” que “invisibilizaba” otras maneras de vivir se puede desprender de su naturaleza colonial y transformarse en una herramienta mucho más democrática y pluricultural. Santos habla de cinco ecologías donde “lo ausente” se haga “presente”, entre ellas la “ecología de saberes”, que será el concepto a usar para mostrar la incapacidad de los actores del poder para comprender sujetos inmersos en ideas y acciones de este siglo.

En el conflicto de Famatina podemos observar, por un lado, esa dupla formada por gobiernos y las corporaciones –Luis Beder Herrera y la empresa Osisko Mining Corporation– y, por otro lado, las asambleas y poblaciones en resistencia. La dupla del gobierno provincial y la Osisko ha decidido suspender el emprendimiento minero en el cerro Famatina sin rescindir el contrato como demandan las poblaciones en lucha, sino que plantean “hacer una campaña de información” para luego consultar a la población. Las asambleas inmediatamente respondieron que “este pueblo está informado”. Frente a un mismo problema –información–, los actores muestran dos maneras de comprenderlo difíciles de conciliar.

La dupla sostiene que el pueblo riojano necesita información científica que le muestre que la contaminación y los riesgos ambientales no existen. Para este fin cuentan con algunos ingenieros en minas, geólogos (y también cientistas sociales) que, en la convicción de que sus meros títulos universitarios los autorizan a declarar inofensiva la actividad, pasan por alto toda evidencia en contra o la etiquetan de “no científica”; y el “principio precautorio”, para ellos, no existe. De este modo, “informar” es convencer mediante el dispositivo monocultural-moderno “lo dice la ciencia” (pobre ciencia) y por lo tanto los emprendimientos deben hacerse.

Por otro lado, los asambleístas y poblaciones en lucha saben que para fundamentar el rechazo necesitan conocimientos científicos que demuestren (no simplemente que enuncien) los graves problemas de la actividad extractiva pero, además, y esta es su gran ventaja, cuentan con la recopilación de muchos otros saberes que provienen, por ejemplo, de pueblos que ya han pasado por esta situación y dan sus dramáticos testimonios, agricultores que saben cuánto baja cada año el agua del acuífero del valle y que apenas alcanza para esa labor y para el consumo... Es decir, al mentado “conocimiento científico” de los técnicos al servicio de las empresas les contraponen conocimientos científicos generados por grupos independientes de universidades nacionales y extranjeras combinados con los significativos “otros” saberes. En síntesis, las poblaciones en resistencias, como dignos sujetos sociales de este siglo, manejan una “ecología de saberes” que las diferencian y las ponen en ventaja sobre la supuesta única “racionalidad” enunciada por los universitarios de la modernización colonial.

Existe, de todos modos, una sospecha generalizada acerca del “modo” en que la supuesta información será difundida por el gobierno y la corporación. No obstante, atravesamos tiempos distintos, con lógicas de acción colectiva, modos de generación y asimilación de información que al poder le cuesta mucho entender y, por lo tanto, sus estrategias de “convencimiento” vienen fallando, aun desplegando mucho dinero. Cuando una población se opone no hay “licencia social” y sin ella no hay minería en democracia.