Los debates acerca de lo que ocurre hoy en Famatina conducen a reflexionar con qué paradigmas, con qué modos de conocer y generar información se manejan los actores en disputa. Boaventura de Sousa Santos contrapone, en muchos de sus trabajos, al agónico paradigma “moderno” la creación de uno nuevo que aún no lo hemos nominado pero que, sin duda, despunta. Lo acompaña un pensamiento social crítico que se configura en los derroteros de las organizaciones y pueblos en resistencia en este siglo XXI. La modernidad, el paradigma hegemónico hasta hace algunas décadas, tuvo pilares básicos para sostener su deslumbrante ingeniería social, pero desde hace años debe generar bisagras con un nuevo tiempo. El rasgo “monocultural” europeizante de los viejos pilares de la modernidad se abre para cobijar “otras” culturas generadas por la humanidad toda. El autor elige el sugerente concepto de “ecologías” para dar cuenta de cómo un viejo dispositivo “moderno” que “invisibilizaba” otras maneras de vivir se puede desprender de su naturaleza colonial y transformarse en una herramienta mucho más democrática y pluricultural. Santos habla de cinco ecologías donde “lo ausente” se haga “presente”, entre ellas la “ecología de saberes”, que será el concepto a usar para mostrar la incapacidad de los actores del poder para comprender sujetos inmersos en ideas y acciones de este siglo.

En el conflicto de Famatina podemos observar, por un lado, esa dupla formada por gobiernos y las corporaciones –Luis Beder Herrera y la empresa Osisko Mining Corporation– y, por otro lado, las asambleas y poblaciones en resistencia. La dupla del gobierno provincial y la Osisko ha decidido suspender el emprendimiento minero en el cerro Famatina sin rescindir el contrato como demandan las poblaciones en lucha, sino que plantean “hacer una campaña de información” para luego consultar a la población. Las asambleas inmediatamente respondieron que “este pueblo está informado”. Frente a un mismo problema –información–, los actores muestran dos maneras de comprenderlo difíciles de conciliar.

La dupla sostiene que el pueblo riojano necesita información científica que le muestre que la contaminación y los riesgos ambientales no existen. Para este fin cuentan con algunos ingenieros en minas, geólogos (y también cientistas sociales) que, en la convicción de que sus meros títulos universitarios los autorizan a declarar inofensiva la actividad, pasan por alto toda evidencia en contra o la etiquetan de “no científica”; y el “principio precautorio”, para ellos, no existe. De este modo, “informar” es convencer mediante el dispositivo monocultural-moderno “lo dice la ciencia” (pobre ciencia) y por lo tanto los emprendimientos deben hacerse.

Por otro lado, los asambleístas y poblaciones en lucha saben que para fundamentar el rechazo necesitan conocimientos científicos que demuestren (no simplemente que enuncien) los graves problemas de la actividad extractiva pero, además, y esta es su gran ventaja, cuentan con la recopilación de muchos otros saberes que provienen, por ejemplo, de pueblos que ya han pasado por esta situación y dan sus dramáticos testimonios, agricultores que saben cuánto baja cada año el agua del acuífero del valle y que apenas alcanza para esa labor y para el consumo... Es decir, al mentado “conocimiento científico” de los técnicos al servicio de las empresas les contraponen conocimientos científicos generados por grupos independientes de universidades nacionales y extranjeras combinados con los significativos “otros” saberes. En síntesis, las poblaciones en resistencias, como dignos sujetos sociales de este siglo, manejan una “ecología de saberes” que las diferencian y las ponen en ventaja sobre la supuesta única “racionalidad” enunciada por los universitarios de la modernización colonial.

Existe, de todos modos, una sospecha generalizada acerca del “modo” en que la supuesta información será difundida por el gobierno y la corporación. No obstante, atravesamos tiempos distintos, con lógicas de acción colectiva, modos de generación y asimilación de información que al poder le cuesta mucho entender y, por lo tanto, sus estrategias de “convencimiento” vienen fallando, aun desplegando mucho dinero. Cuando una población se opone no hay “licencia social” y sin ella no hay minería en democracia.

Frente a las reiteradas protestas populares relacionadas con el rechazo a la minería a cielo abierto en algunas localidades de nuestro país como Tinogasta, Santa María, Belén, Andalgalá (Catamarca), Amaicha del Valle (Tucumán), Famatina (La Rioja) y otras queremos expresar, como grupo de curas en la opción por los pobres, nuestra solidaridad con las víctimas, en quienes vemos todavía hoy, los dolores del Crucificado: las víctimas de la represión y del desalojo de tierras legítimamente ocupadas por comunidades campesinas; las víctimas de la incertidumbre sobre el trabajo y sobre el futuro que generan muchos de estos proyectos de explotación minera a gran escala; en este sentido, también repudiamos enérgicamente la represión violenta e indiscriminada sobre los manifestantes tanto por parte de efectivos policiales o militares como de patotas violentas e impunes que responden a intereses de las empresas involucradas, y nuestra apuesta al diálogo como instrumento de la justicia y camino de resolución de estos complejos conflictos.

La minería a gran escala es expresión cabal de una demanda cada vez mayor de parte de los países desarrollados hacia los países emergentes o dependientes, de materias primas o bienes de consumo. Esta tendencia consolida cada vez más un paradigma productivo fuertemente extractivista, apoyado en la sobreexplotación de recursos naturales. En Argentina, en el lapso que va entre 2003 y 2008, según datos de la Secretaría de Minería de la Nación, el crecimiento acumulado de los proyectos mineros llegó al 907 por ciento (más de 400 proyectos).

Dicho paradigma tiene dolorosos antecedentes en la historia de América latina en la que predominaron durante décadas los enclaves coloniales que esclavizaron pueblos y empobrecieron a los trabajadores. Debido a esto no pocos opinan que no es casualidad que la resistencia a la sobreexplotación de los recursos naturales y su enérgica defensa hayan surgido de movimientos y organizaciones indígenas y campesinas. Tal vez aquí estén las dos puntas de este conflicto: por un lado, la lucha por la defensa de la tierra y los bienes de todos y, por el otro, la consolidación de un discurso sobre el desarrollo, de fuerte base extractivista, orientado al abastecimiento del mercado externo. Dicho modelo de desarrollo tiene como caso emblemático la megaminería a cielo abierto.

Reafirmamos la necesidad del diálogo, la escucha de todas las partes en conflicto y el cese de amenazas o intimidaciones como condiciones que pueden abrir los caminos de entendimiento.

La minería a gran escala enfrenta a dos fuerzas asimétricas: las organizaciones campesinas, indígenas o de vecinos autoconvocados y las empresas transnacionales cuyo peso en la economía local y global es tan grande que no sería extraño que los intereses de las corporaciones presionen o intenten sustituir al Estado, avasallando las decisiones o necesidades del pueblo. La implementación del modelo extractivista suele estar respaldada con la criminalización de la protesta social y políticas represivas o autoritarias. Debe garantizarse un diálogo en iguales condiciones.

La economía, el desarrollo y la producción no pueden ni deben estar desconectados del bien común y el estado de bienestar de la sociedad. Los proyectos mineros en cuestión amenazan recursos vitales para la subsistencia humana, como el agua y la energía. El agua es un elemento imprescindible en los procesos extractivos y se obtiene de ríos, glaciares y acuíferos. Reclamamos que el Estado nacional y los Estados provinciales ejerzan el debido control y defensa de los recursos que forman parte del patrimonio nacional, ya que no todo es mercancía ni debe tener precio en el mercado. A la vez, es deber del Estado informar debidamente a las poblaciones afectadas y no negociar a espaldas de los posibles perjudicados.

Nos preocupa que sólo se evalúen los costos económicos y no se eviten posibles graves costos socioambientales, como la usurpación de tierras habitadas, contaminación de aguas y tierras a causa de los procesos de lixiviado de los minerales extraídos, etcétera.

Creemos en el Dios de la Vida, que “levanta del polvo al desvalido, alza de la basura al pobre” (Salmo 113, 7). Nos ponemos del lado de pueblos y familias angustiados, agredidos y amenazados por el avance de un modelo de sociedad que ubica la acumulación de ganancia por encima del derecho a la vida y el bienestar de todos por igual. Confiamos esperanzados en el diálogo justo e igualitario –a pesar de las ya mencionadas asimetrías de las partes en conflicto– como camino de verdad y justicia.

Las movilizaciones contra la megaminería en Catamarca y La Rioja, más los problemas graves en la producción de petróleo y gas, instalaron una nueva agenda de discusión. La reactivación del organismo que nuclea a las provincias productoras de crudo y la creación de otro similar que agrupa a las mineras son algunas de las respuestas oficiales, ya sea para incrementar la productividad, acrecentar la participación estatal en las ganancias de estos sectores o simplemente presionarlos.

La escalada en la confrontación con Repsol no se detiene. Ante la advertencia de la compañía por una eventual falta de gasoil, el ministro Julio De Vido respondió: “Que una empresa que el año pasado remitió utilidades por 1.200 millones de dólares diga que no tiene divisas para importar combustibles suena, por lo menos, irrisorio”.

A continuación presentamos una selección de artículos publicados por Miradas al Sur, el domingo 19 de febrero de 2012. Escriben E. Blaustein y D. Bosque. Entrevista a Héctor Nievas por E. Anguita.

La sala Jacobo Laks del Centro Cultural de la Cooperación fue escenario de una serie de debates sobre la actividad minera, realizados en el marco de las primeras Jornadas de Desarrollo que impulsó el Instituto Argentino Para el Desarrollo Económico (IADE) y su grupo de estudios.

El objetivo del encuentro fue reflexionar sobre la cuestión de los recursos naturales no renovables en Argentina y América latina. Así lo expresó el director del departamento Editorial del CCC, Jorge Testero, en sus palabras de bienvenida: «Para nosotros es muy importante que se hagan estas jornadas aquí. Este es uno de los temas complejos y sensibles de la Argentina actual que no está ajeno a nuestras preocupaciones».

El investigador mexicano hace un repaso inquietante de las razones y consecuencias del aumento de gases de efecto invernadero. También advierte sobre las deficiencias de América latina y el problema de la actitud de China y Estados Unidos.

Uno de los principales impactos del cambio climático en las grandes ciudades se relaciona con la alteración en los patrones de lluvia, el aumento constante de la temperatura y el cambio en los ciclos de agua. El mexicano Gian Carlo Delgado Ramos, doctor en Ciencias Ambientales por la UAB de Barcelona, visitó Buenos Aires invitado por el IADE y conversó con Cash sobre los principales impactos del cambio climático. El investigador de la UNAM analizó los altos costos económicos que se desprenden de estos efectos y las dificultades que enfrentan las urbes de los países en vías de desarrollo por la falta de un presupuesto suficiente y una planificación de largo plazo que permita hacer estimaciones fiables e impulsar acciones de adaptación y mitigación.

“En Argentina hay decenas de Famatina”, avisa Urbano Cardozo, jubilado, militante socioambiental, que vive desde hace 73 años en la cuna de la megaminería argentina: Andalgalá (Catamarca), donde hace 18 años se instaló Bajo la Alumbrera, el yacimiento de oro y cobre más grande del país. “Es el caso testigo de que no produce ni trabajo, ni desarrollo local y sí produce contaminación”, denuncia Cardozo y advierte que Famatina es “un paso más hacia la pueblada nacional que tenemos que hacer contra el saqueo y la contaminación”. Según datos de la Secretaría de Minería de Nación, la exploración minera aumentó en los últimos ocho años un 664 por ciento. Un informe de la Red de Asistencia Jurídica contra la Megaminería (Redaj) detalla que en la actualidad se encuentran en explotación 14 yacimientos y existen al menos 121 proyectos en exploración. “El avance minero tiene directa vinculación con la violación de derechos humanos, observamos que ante cada intento de instalación se produce una alta conflictividad social que lleva años sin resolverse, como es el caso de Famatina y Andalgalá”, denunció Soledad Sede, de la Redaj.

En la década del ’90 se sancionó la ingeniería legal para el de-sarrollo de la megaminería. En 1994, comenzó la construcción del yacimiento Bajo la Alumbrera, de capitales suizo-canadiense. En la actualidad están en marcha otros 13 proyectos: Cerro Vanguardia, San José-Huevos Verdes, Manantial Espejo, Martha y Espejo (Santa Cruz); Veladero, Casposo y Gualcamayo (San Juan); Pirquitas y El Aguilar (Jujuy); Salar del Hombre Muerto (Catamarca), Campo Quijano (Salta) y Andacollo (Neuquén). San Juan cuenta con dos proyectos en construcción: Pachón y Pascua Lama, el primer megayacimiento binacional, en manos de la Barrick Gold.

La Secretaría de Minería de la Nación informó en un comunicado el 13 de enero: “Histórica inversión de riesgo. 1.031.600 metros perforados. Se perforó un 41,3 por ciento más que en 2010 y un 664 por ciento con respecto al inicio de 2003. Permite promover nuevos emprendimientos productivos”, destacó la Secretaría (“metros de perforaciones” es la forma en que se mide la actividad exploratoria).

El comunicado remarcó que “el record histórico ratifica a la Argentina como uno de los países con mayor dinámica en esta actividad”. Y explicó que “el fuerte aumento de la actividad exploratoria generó la aparición de nuevos emprendimientos, el país ya cuenta con más de 600, en todo concepto”. Y detalló que las principales provincias con proyectos mineros son Santa Cruz, San Juan, Salta, Catamarca, Jujuy, Mendoza, Neuquén y La Rioja.

Según datos oficiales del informe de 2009, “La minería en números”, en 2003 había sólo 40 proyectos mineros. En 2009 ya eran 336 (840 por ciento) y en 2012 llegan a 600: un 1500 por ciento más que en 2003.

La Red de Asistencia Jurídica presentó a fines de 2011 ante la Defensoría del Pueblo de la Nación el relevamiento “Informe preliminar sobre vulneración de derechos y conflictividad socio-ambiental minera”, en el que focalizó en la megaminería. Contabilizó 121 proyectos en “exploración avanzado” (en los que ya se conocen las ubicación y calidad de las reservas pero aún no se resuelve la solvencia económica para dar inicio a la explotación). Encabezan la lista Santa Cruz (36 proyectos), Salta (17), Chubut (14), San Juan (11) y Jujuy (ocho). Le siguen Neuquén (siete); Mendoza, La Rioja y Río Negro (seis cada una) y Catamarca (cuatro).

“Los proyectos son propiedad de 51 empresas, sólo dos de capital nacional y 49 de capital transnacional: Canadá, Reino Unido, Australia, Estados Unidos y Suiza (entre otros)”, destaca el informe y advierte que “la instalación de transnacionales mineras implica diferentes conflictos sociales, jurídicos y ambientales, entre los que destacamos la utilización intensiva de químicos de alta toxicidad y el consumo masivo de agua y energía, situación que coloca a la actividad en una condición estructural de tensión con las poblaciones y actividades económicas locales”.

Argentina cuenta con 5000 kilómetros de cordillera. En una centena de pueblos existen asambleas socioambientales. Siete provincias limitan algún aspecto de la megaminería (Tucumán, Mendoza, La Pampa, Córdoba, San Luis, Tierra del Fuego y Chubut).

Río Negro también limitaba la megaminería (prohibía el uso de cianuro). Al asumir en diciembre pasado, el Frente para la Victoria (Carlos Soria, luego reemplazado por Alberto Weretilneck) derogó la ley y dieron luz verde a la minería. Hubo movilizaciones en Viedma, Ingeniero Jacobacci y todos los miércoles se reúnen en Bariloche en rechazo a la actividad extractiva. Las organizaciones sociales y comunidades mapuches se declararon en estado de alerta y movilización.

En febrero de 2010, los asambleístas catamarqueños cortaron un camino vecinal en rechazo a un nuevo proyecto (Agua Rica), publicitado como tres veces más grande que Alumbrera y a sólo 17 kilómetros del pueblo. Sufrieron una dura represión por la noche, con una decena de heridos y detenidos. La violencia policial motivó una pueblada con históricas marchas en la plaza de Andalgalá. La instalación de Agua Rica fue paralizada, momentáneamente, por un fallo judicial.

Desde hace una semana, y en paralelo a las protestas riojanas, vecinos de Andalgalá realizan bloqueos en Belén y Santa María, en las rutas de acceso a Alumbrera. Sólo se detiene a los vehículos mineros.

En Famatina habían sido imputados ocho asambleístas por participar en el acampe en la base del cerro. En Catamarca fueron apresadas cuatro personas el jueves y 18 asambleístas más el viernes 27. En ambos casos fueron liberados a las pocas horas, pero siguen en calidad de imputados.

“Registramos un preocupante proceso de persecución y criminalización de la protesta social en contextos de conflictividad por el desarrollo de la megaminería”, denunció Soledad Sede, de Redaj. Explicó que, donde se movilizan contra la megaminería, son “cotidianos” los casos de amenazas y detenciones ilegales. Sede afirmó que existe evidencia de la “vulneración sistemática de los derechos ciudadanos y, en particular, la violación al derecho de manifestarse legítimamente que se ha puesto en jaque tras la sanción de la ley antiterrorista”.

En los últimos días se sumaron cortes en Amaicha del Valle (Tucumán), también contra Alumbrera y en rechazo a Agua Rica. “Estamos jugados, decididos, no importa que nos encarcelen o repriman, acá está en juego el futuro de nuestros hijos y nietos”, alertó Urbano Cardozo, asambleísta de Catamarca, y lanzó una propuesta: “Iremos a Buenos Aires si hace falta. Plaza de Mayo o la 9 de Julio, ahí también gritaremos ‘el agua vale más que el oro’”.

Durante el pasado martes 13 de diciembre el grupo de estudios del Instituto Argentino para el Desarrollo Económico (IADE) y la revista Realidad Económica, en el marco de las I Jornadas de Desarrollo, llevo a cabo en el Centro Cultural de la Cooperación un debate sobre las consecuencias socioeconómicas de la nueva minería metalífera que desde los años 90 viene avanzando en la Argentina.

La importancia de dicho debate no sólo radicó en la calidad y la solidez de las ponencias, sino también en haber sido el primer evento en Buenos Aires de carácter público (libre y gratuito) en que algunos de los defensores de los intereses sectoriales compartieron la mesa con intelectuales críticos de distintas disciplinas y debatieron frente a un público no seleccionado por sus directos intereses en el desarrollo de la actividad. El antecedente de este tipo de jornada fue el Foro que llevó a cabo la Universidad Nacional de San Juan en octubre de 2010, denominado Minería y Sociedad (pueden verse las ponencias en www.mineriaysociedad.unsj.edu.ar). Si bien este cambio de estrategia por parte de las organizaciones empresariales descansa sobre la seguridad de estar debatiendo sobre los hechos ya consumados (es decir, sobre un régimen de extracción ya legalizado y puesto en marcha), son los crecientes cuestionamientos de amplios sectores urbanos y rurales los que ahora los lleva a buscar una legitimación cultural. Dicha preocupación tiene un fundamento concreto: a pesar del gran avance de la mega minería, ya son 8 las provincias argentinas que prohíben la minería a “cielo abierto” y la utilización de distintas sustancias tóxicas necesarias para los nuevos métodos de explotación. El objetivo, por lo tanto, también es claro: “Esperamos que en 2012 se deroguen las leyes provinciales antimineras”, dijo Manuel Benítez, presidente de la Cámara Argentina de Empresarios Mineros al periódico sectorial El Inversor (N° 61, Octubre 2011).

El crecimiento de la minería da lugar a un encendido debate. Dos especialistas dan su visión sobre el proceso argentino.

El boom de la megaminería en la Argentina, que comenzó a fines de los ’90, despierta posturas contrapuestas, algunas de ellas encendidas, como decirle no a la actividad o, en el otro extremo, la defensa que encarnan las empresas y algunos gobiernos de las provincias donde se explotan esos recursos. Otros especialistas analizan de qué forma la minería puede generar desarrollo económico. Desde una posición crítica, Gian Carlo Delgado Ramos, doctor en Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de México (UNAM), y Marcelo Giraud, geógrafo de la Universidad de Cuyo, convocados para un debate que organizó el Instituto Argentino para el Desarrollo Económico (IADE), conversaron con Página/12 sobre el tipo de explotación minera en América latina.

El mapa minero argentino reconoce unos 400 proyectos. En su mayoría orientados a la extracción de metales en la zona cordillerana. Las iniciativas ponen en juego cuestiones ambientales, sociales y económicas que trascienden lo coyuntural.

En la última década, la actividad minera a gran escala registró un fuerte proceso de crecimiento, tanto en nuestro país como en el resto de América latina. Un boom que se explica, en gran medida, por la fuerte demanda de China y de otros países asiáticos, que empujaron los precios de los commodities y quebraron la tendencia a la baja que registraron en los años ’70, ’80 y ’90. La dinámica explica, diferencial de precios y costos mediante, las rentas extraordinarias obtenidas por un capital originado, principalmente, en Australia, Canadá, Estados Unidos, Sudáfrica y Brasil, y que opera asociado con actores locales de menor envergadura.

Según quedó de manifiesto en las jornadas organizadas por el Instituto Argentino para del Desarrollo Económico (Iade), varias son las discusiones que atraviesan la cuestión. Su impacto en las economías regionales, la generación de empleo y los pasivos ambientales que produce la actividad son algunos de los temas que alientan un debate que, además, supone analizar la propiedad, la gestión y el control de recursos vitales para el desarrollo. La problemática, subrayan los especialistas, también incluye indagar en el rol del Estado y el papel de las multinacionales.