Cerca del 50 por ciento de los ingresos del Perú provienen de la minería, lo que ha generado protestas y movilizaciones. Lynch debate el rechazo total a esta actividad por parte de algunos movimientos y plantea alternativas.

–¿Cómo caracterizaría la situación en Perú y las condiciones del gobierno de Humala, a partir de la construcción del espacio Gana Perú y del acuerdo con el centro que posibilitó el triunfo en la segunda vuelta?

La primera gran derrota sufrida por las mineras extranjeras en Chile, ocurrió en octubre del año 2000, cuando el Tribunal Constitucional, al analizar la inconstitucionalidad del Tratado Minero chileno argentino, dictaminó en el rol N° 312, que los tribunales chilenos no están facultados para otorgar servidumbres a concesiones mineras que se encuentran fuera del territorio nacional, lo que impedía la salida por puertos chilenos a los yacimientos de la Cordillera Argentina, que era el objetivo principal del Tratado Minero. Este fue un duro golpe para las transnacionales mineras, que gracias a este tratado, querían exportar por puertos chilenos los concentrados de los yacimientos de la Cordillera Argentina, entre los cuales se encontraba el yacimiento El Pachón, en la provincia de San Juan, y muy cercano al yacimiento chileno Los Pelambres.

Una resolución oficial determinó que las compañías del rubro deberán crear departamentos especiales para definir el reemplazo de insumos importados por otros nacionales.

Las empresas mineras radicadas en el país deberán contar con un departamento de sustitución de importaciones y contratar fletes de transporte a compañías nacionales. Así lo dispuso la Secretaría de Minería a través de dos resoluciones publicadas ayer en el Boletín Oficial. La medida alcanza a las empresas beneficiadas con la ley 24.196, que fija un régimen de atracción de inversiones para la actividad minera. El texto de la norma enmarca la disposición en las políticas inclusivas que refuerzan la economía, preservando las fuentes laborales, creando nuevas oportunidades de trabajo y profundizando el proceso de sustitución de importaciones.

Las manifestaciones que se oponen a la explotación a cielo abierto generaron la discusión. Voces a favor y en contra de una actividad que genera polémica.

En política, durante los meses de enero y febrero, la rutina indica que las aguas están calmas. La actividad parlamentaria se toma vacaciones, la feria judicial exime a los abogados de ir a Tribunales y la prensa se traslada a la costa, en busca de novedades. Sin embargo, este verano fue una excepción en materia de acontecimientos ajenos a los espectáculos y la farándula de temporada. Como la minería que, tras el conflicto desatado en Famatina, La Rioja –donde los habitantes impidieron que la empresa Osikoko Mining Company pusiera en marcha un proyecto a cielo abierto, que podía contaminar el agua–, y otros similares en Andalgalá, Belén, Amaicha y Tinogasta, abrió un debate sobre los alcances de su explotación y su impacto en el medioambiente. Como contrapartida, las diez provincias argentinas que desarrollan actividad minera en su territorio conformaron la Organización Federal de Estados Mineros (OFEMI), cuyo objetivo apunta a coordinar y unificar las normas del sector para permitir un marco de sustentabilidad ambiental y sostenibilidad social. Así, Jujuy, Salta, Tucumán, San Juan, Catamarca, Río Negro, Neuquén, Mendoza, Chubut y Santa Cruz firmaron un acta bajo la égida del ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, para cooperar junto al gobierno nacional en una mejora de las políticas ambientales, teniendo en cuenta que, para muchas de ellas, la minería significa la principal actividad económica local.

En medio de una discusión aún no saldada sobre los beneficios e inconvenientes de la explotación minera, las miradas disímiles constituyen aportes para la reflexión. Veintitrés convocó a cuatro referentes sobre la temática y les propuso responder una serie de preguntas. Pase y lea.

ANDALGALA.- Un derrame que no alcanzó para apagar el fuego. Más allá de los planteos ambientalistas, los números de Minera Alumbrera ayudan explicar parte del descontento social que atraviesa a esta localidad del oeste catamarqueño. Con exportaciones de cobre, oro, plata y molibdeno por 43.848 millones de pesos hasta 2010, la mina apenas emplea directamente a unos 100 vecinos de Andalgalá, que provee una ínfima parte de los productos que la mina consume.

Según un informe interno de mediados de 2011, que Minera Alumbrera entregó a LA NACION, el yacimiento Bajo de La Alumbrera , ubicado a 80 kilómetros de Andalgalá, extrae cada año un promedio de 140.000 toneladas de cobre en concentrado, 352.000 onzas de oro en concentrado, 45.000 onzas de oro doré y 960 toneladas de concentrado de molibdeno. El concentrado es la masa de roca y agua que la empresa envía por un ducto a Tucumán para deshidratarla y, que luego, con trenes propios, saca del país a través del puerto de Santa Fe.

En 2010, esa tarea le permitió exportar mineral por 1590 millones de dólares o 6390 millones de pesos: en un sólo año facturó más de lo que invirtió para iniciar la producción de la mina (1300 millones de dólares). Entre 1999 y 2010, la facturación declarada por la empresa acumuló 10.962 millones de dólares, casi diez veces la inversión inicial. La crisis mundial de 2008 disparó los precios de los metales, por lo que las ganancias del año pasado -se difundirán en abril- elevarán el promedio.

En Andalgalá , percibir esos números es tan difícil como llegar. La única vía de acceso asfaltada a la ciudad es la ruta hacia la capital provincial . Para llegar a Belén o Santa María, las localidades que rodean la mina, a La Rioja o Tucumán, se necesita atravesar caminos de ripio que colapsan con las lluvias.

Ambientalistas o no, los andalgalenses no recuerdan que las deterioradas calles del pueblo hayan estado peor antes de la llegada de Alumbrera. Ni las escuelas. Ni los centros de salud. De hecho, LA NACION intentó consultar los servicios médicos del único hospital público local: no había oculista ni traumatólogo. A la tercera pregunta, cortaron la llamada. Si alguna enfermedad necesita traslado a la capital provincial, el afectado debe conseguir unos 500 pesos para el combustible de la ambulancia.

Los andalgalanses, incluso los "promineros", se quejan que el Estado continúa siendo el principal empleador y que el desempleo, aún con la mina, sigue afectando a un tercio de la población.

Según los datos oficiales de Minera Alumbrera, la empresa tiene 1400 empleados directos y otros 630 indirectos. Los catamarqueños (560), no son mayoría: Tucumán, donde la megaminería no está permitida, aporta más trabajadores a la mina: 630 (el 45%). Anti y pro mineros coinciden en la explicación: la falta de capacitación de los catamarqueños, otra promesa que suma 15 años.

Impacto directo

En el área de impacto directo del proyecto (API), esto es, los departamentos catamarqueños de Santa María, Belén y Andalgalá, se generaron sólo 481 empleos. Belén es el municipio que más aporta (222 trabajadores), seguido por Santa María (159). Andalgalá, apenas un centenar.

En 2010, los 1400 empleados directos cobraron salarios por casi 160 millones de pesos. La fórmula kirchnerista del "fifty-fifty" no opera en Catamarca: los sueldos representan el 2,5% de los $ 6390 millones que exportó la compañía. Desde el inicio de las operaciones se pagaron salarios por 746 millones: el 1,7% de los $ 43.848 millones facturados.

Al comprar productos y servicios, la mina genera nuevas fuentes de trabajo indirectas. Según la empresa, por cada empleado directo se generan otros 10 empleos. Pero no en la API, donde Alumbrera reconoce un rendimiento menor: apenas 3,5 nuevos trabajadores por cada obrero de la mina. Eso significa que en Andalgalá, donde hay 100 empleados directos, se generaron sólo 350 empleos más: un total de 450 empleos para una población de 18.000 almas.

En 2010, la minera compró bienes y servicios por 1220 millones de pesos. Pero sólo el 4,5% de esas compras se realizaron en Catamarca: unos 54,6 millones de pesos. La comparación que proponen quienes no quieren a la mina puede resultar odiosa, pero no deja de ser cierta: en 2010, Alumbrera vendió diariamente $ 17,5 millones de pesos en minerales extraídos de la montaña, un recurso no renovable. Pero consumió productos catamarqueños por $ 150.000 cada día.

En este rubro, Andalgalá sí fue beneficiada: proveyó el 69 por ciento de los productos y servicios que la mina compró dentro de la API: unos 65.000 pesos diarios. Para los ambientalistas, esto explica el empeño de los "promineros" andalgalenses, los principales proveedores regionales de la mina. Con todo, se trata de una fracción ínfima frente a los 3 millones de pesos que gasta al día en el país.

El Informe de Sustentabilidad de 2010 habla de generar oportunidades para "capturar el derrame" que genera la minería.

No sólo es una palabra odiosa para el relato oficialista: la furia desatada en esta ciudad apunta a que tampoco fue una oportunidad concretada. Alumbrera pretende ahora explotar Agua Rica, un yacimiento mayor, ubicado a sólo 17 kilómetros de Andalgalá. Deberá lidiar con quienes luchan por el agua y la ecología. Los números no alcanzan para eso.

Lo que factura
• 43.848 MILLONES DE PESOS
Exportó hasta 2010
Es casi diez veces la inversión inicial, de 1300 millones de dólares.
• 6390 MILLONES DE PESOS
Exportó sólo en 2010
Es el resultado del último informe anual presentado.
• 140.000 TONELADAS DE COBRE
Extrae por año
Más 352.000 onzas de oro en concentrado y 45.000 onzas de oro doré.

Lo que aporta
• 1397 EMPLEOS DIRECTOS Trabajo generado
Según la minera, por cada puesto se generan 10 indirectos.
• 3916 MILLONES DE PESOS
Aportó a la economía
En impuestos, regalías utilidades, etc, según la empresa.
• 1220 MILLONES DE PESOS
Consume en el país
Por compras realizadas en 2010. En Adalgalá: $ 34 millones.

Los debates acerca de lo que ocurre hoy en Famatina conducen a reflexionar con qué paradigmas, con qué modos de conocer y generar información se manejan los actores en disputa. Boaventura de Sousa Santos contrapone, en muchos de sus trabajos, al agónico paradigma “moderno” la creación de uno nuevo que aún no lo hemos nominado pero que, sin duda, despunta. Lo acompaña un pensamiento social crítico que se configura en los derroteros de las organizaciones y pueblos en resistencia en este siglo XXI. La modernidad, el paradigma hegemónico hasta hace algunas décadas, tuvo pilares básicos para sostener su deslumbrante ingeniería social, pero desde hace años debe generar bisagras con un nuevo tiempo. El rasgo “monocultural” europeizante de los viejos pilares de la modernidad se abre para cobijar “otras” culturas generadas por la humanidad toda. El autor elige el sugerente concepto de “ecologías” para dar cuenta de cómo un viejo dispositivo “moderno” que “invisibilizaba” otras maneras de vivir se puede desprender de su naturaleza colonial y transformarse en una herramienta mucho más democrática y pluricultural. Santos habla de cinco ecologías donde “lo ausente” se haga “presente”, entre ellas la “ecología de saberes”, que será el concepto a usar para mostrar la incapacidad de los actores del poder para comprender sujetos inmersos en ideas y acciones de este siglo.

En el conflicto de Famatina podemos observar, por un lado, esa dupla formada por gobiernos y las corporaciones –Luis Beder Herrera y la empresa Osisko Mining Corporation– y, por otro lado, las asambleas y poblaciones en resistencia. La dupla del gobierno provincial y la Osisko ha decidido suspender el emprendimiento minero en el cerro Famatina sin rescindir el contrato como demandan las poblaciones en lucha, sino que plantean “hacer una campaña de información” para luego consultar a la población. Las asambleas inmediatamente respondieron que “este pueblo está informado”. Frente a un mismo problema –información–, los actores muestran dos maneras de comprenderlo difíciles de conciliar.

La dupla sostiene que el pueblo riojano necesita información científica que le muestre que la contaminación y los riesgos ambientales no existen. Para este fin cuentan con algunos ingenieros en minas, geólogos (y también cientistas sociales) que, en la convicción de que sus meros títulos universitarios los autorizan a declarar inofensiva la actividad, pasan por alto toda evidencia en contra o la etiquetan de “no científica”; y el “principio precautorio”, para ellos, no existe. De este modo, “informar” es convencer mediante el dispositivo monocultural-moderno “lo dice la ciencia” (pobre ciencia) y por lo tanto los emprendimientos deben hacerse.

Por otro lado, los asambleístas y poblaciones en lucha saben que para fundamentar el rechazo necesitan conocimientos científicos que demuestren (no simplemente que enuncien) los graves problemas de la actividad extractiva pero, además, y esta es su gran ventaja, cuentan con la recopilación de muchos otros saberes que provienen, por ejemplo, de pueblos que ya han pasado por esta situación y dan sus dramáticos testimonios, agricultores que saben cuánto baja cada año el agua del acuífero del valle y que apenas alcanza para esa labor y para el consumo... Es decir, al mentado “conocimiento científico” de los técnicos al servicio de las empresas les contraponen conocimientos científicos generados por grupos independientes de universidades nacionales y extranjeras combinados con los significativos “otros” saberes. En síntesis, las poblaciones en resistencias, como dignos sujetos sociales de este siglo, manejan una “ecología de saberes” que las diferencian y las ponen en ventaja sobre la supuesta única “racionalidad” enunciada por los universitarios de la modernización colonial.

Existe, de todos modos, una sospecha generalizada acerca del “modo” en que la supuesta información será difundida por el gobierno y la corporación. No obstante, atravesamos tiempos distintos, con lógicas de acción colectiva, modos de generación y asimilación de información que al poder le cuesta mucho entender y, por lo tanto, sus estrategias de “convencimiento” vienen fallando, aun desplegando mucho dinero. Cuando una población se opone no hay “licencia social” y sin ella no hay minería en democracia.

Durante el pasado martes 13 de diciembre el grupo de estudios del Instituto Argentino para el Desarrollo Económico (IADE) y la revista Realidad Económica, en el marco de las I Jornadas de Desarrollo, llevo a cabo en el Centro Cultural de la Cooperación un debate sobre las consecuencias socioeconómicas de la nueva minería metalífera que desde los años 90 viene avanzando en la Argentina.

La importancia de dicho debate no sólo radicó en la calidad y la solidez de las ponencias, sino también en haber sido el primer evento en Buenos Aires de carácter público (libre y gratuito) en que algunos de los defensores de los intereses sectoriales compartieron la mesa con intelectuales críticos de distintas disciplinas y debatieron frente a un público no seleccionado por sus directos intereses en el desarrollo de la actividad. El antecedente de este tipo de jornada fue el Foro que llevó a cabo la Universidad Nacional de San Juan en octubre de 2010, denominado Minería y Sociedad (pueden verse las ponencias en www.mineriaysociedad.unsj.edu.ar). Si bien este cambio de estrategia por parte de las organizaciones empresariales descansa sobre la seguridad de estar debatiendo sobre los hechos ya consumados (es decir, sobre un régimen de extracción ya legalizado y puesto en marcha), son los crecientes cuestionamientos de amplios sectores urbanos y rurales los que ahora los lleva a buscar una legitimación cultural. Dicha preocupación tiene un fundamento concreto: a pesar del gran avance de la mega minería, ya son 8 las provincias argentinas que prohíben la minería a “cielo abierto” y la utilización de distintas sustancias tóxicas necesarias para los nuevos métodos de explotación. El objetivo, por lo tanto, también es claro: “Esperamos que en 2012 se deroguen las leyes provinciales antimineras”, dijo Manuel Benítez, presidente de la Cámara Argentina de Empresarios Mineros al periódico sectorial El Inversor (N° 61, Octubre 2011).

El mapa minero argentino reconoce unos 400 proyectos. En su mayoría orientados a la extracción de metales en la zona cordillerana. Las iniciativas ponen en juego cuestiones ambientales, sociales y económicas que trascienden lo coyuntural.

En la última década, la actividad minera a gran escala registró un fuerte proceso de crecimiento, tanto en nuestro país como en el resto de América latina. Un boom que se explica, en gran medida, por la fuerte demanda de China y de otros países asiáticos, que empujaron los precios de los commodities y quebraron la tendencia a la baja que registraron en los años ’70, ’80 y ’90. La dinámica explica, diferencial de precios y costos mediante, las rentas extraordinarias obtenidas por un capital originado, principalmente, en Australia, Canadá, Estados Unidos, Sudáfrica y Brasil, y que opera asociado con actores locales de menor envergadura.

Según quedó de manifiesto en las jornadas organizadas por el Instituto Argentino para del Desarrollo Económico (Iade), varias son las discusiones que atraviesan la cuestión. Su impacto en las economías regionales, la generación de empleo y los pasivos ambientales que produce la actividad son algunos de los temas que alientan un debate que, además, supone analizar la propiedad, la gestión y el control de recursos vitales para el desarrollo. La problemática, subrayan los especialistas, también incluye indagar en el rol del Estado y el papel de las multinacionales.

I Jornadas de Desarrollo
El debate sobre la minería
Buenos Aires, 13 de diciembre de 2011
Sala Jacobo Laks - Centro Cultural de la Cooperación
(Av. Corrientes 1543 - CABA)

En las últimas décadas, la actividad minera experimenta un fuerte proceso de crecimiento en la Argentina y el resto de la región. Cambios en la legislación impulsados por el Estado neoliberal de los noventa han incentivado la concreción de distintos proyectos mineros, cuya principal modalidad ha sido la megaminería metalífera, la minería a cielo abierto.

Varias son las discusiones fundamentales que atraviesan la cuestión minera: la generación de empleo, el impacto en las economías provinciales, la contaminación ambiental, la propiedad, la gestión y el control de los recursos mineros, el papel de las empresas multinacionales y, en relación a estos puntos, la cuestión de la soberanía nacional sobre los recursos y el rol del Estado en la actividad. Los problemas ambientales derivados de la minería -entre otros- han impulsado la formación de un movimiento ciudadano de rechazo a la actividad.