Las cooperativas nacieron como respuesta crítica al capitalismo. Tanto es así que George Jacob Holyoake, historiador de los Pioneros de Rochdale (creadores de la primera cooperativa de consumo en 1844), destaca que más allá de los importantes logros de estos precursores, su propósito era transformar el mundo. Dicho de otro modo, demostrar en la práctica que había otra forma de organizar la economía, al servicio de los asociados y de la sociedad en su conjunto.

En tiempos de neoliberalismo se agudiza la confrontación de fondo con el modelo cooperativo. Por un lado, el sistema dominante genera concentración de la riqueza, exclusión social y agresión constante a la naturaleza. En contraposición, el cooperativismo promueve y ejercita la democratización de la economía, basado sobre principios y valores que orientan su gestión empresarial y su responsabilidad ante los asociados y la comunidad donde actúa. Estas diferencias esenciales constituyen el telón de fondo de las medidas contrarias al cooperativismo – y, en general, contra las diversas expresiones de la economía solidaria – tomadas en el último año bajo el gobierno de la Alianza Cambiemos.

Pero existen innumerables antecedentes en la historia argentina. En efecto, cada vez que se produjo un golpe de Estado en nuestro país, los gobiernos dictatoriales atacaron al movimiento cooperativo. Tal es el caso, por ejemplo, de la brutal ofensiva que las autoridades de facto aplicaron contra el cooperativismo de crédito durante la autodenominada “Revolución Argentina”, encabezada por el general Juan Carlos Onganía, en 1966.

Por su parte, tras el golpe cívico militar de 1976 y a partir de la aplicación del programa económico del superministro de economía de entonces, José Alfredo Martínez de Hoz, las PyMes y las cooperativas sufrieron el impacto de las medidas destructivas del aparato productivo nacional.

Además, la dictadura genocida estableció una serie de normas restrictivas para el sector de la economía solidaria, como ha sido el caso de la Ley de Radiodifusión que prohibía expresamente a las entidades sin fines de lucro (cooperativas y mutuales) la titularidad de medios de comunicación audiovisual. Es decir que además de procurar la desaparición física de las empresas de este sector, también se cercenaba la posibilidad de difundir los enfoques cooperativos de la realidad nacional y mundial.

El denominador común de dichos procesos fue la usurpación de las instituciones republicanas por parte del brazo armado de los poderes fácticos, con la finalidad de aplicar políticas favorables a los grandes grupos económicos transnacionales y locales.
Más allá de las coincidencias en muchas de las medidas dispuestas por el gobierno de la Alianza Cambiemos con las fijadas en tiempos dictatoriales, cabe señalar que las actuales autoridades surgieron de elecciones libres, con el 52 por ciento de los votos de la ciudadanía.

Han cambiado los actores y también las circunstancias, pero hay matrices ideológicas comunes como consecuencia de la gravitación de los factores del poder real de la Argentina en unos y otros gobiernos. Por eso no es casual que se hayan multiplicado vetos y disposiciones contrarias al cooperativismo, como los que reseñaremos a continuación.

Mediante el Decreto Número 672/011 del 16 de diciembre de 2011, publicado en el Boletín Oficial en vísperas de la Navidad el 23 de diciembre de ese año, el jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la sazón Mauricio Macri, vetó la Ley 4008, sancionada por la Legislatura de la C.A.B.A. por todos sus integrantes, incluyendo los diputados del PRO. Dicha norma establecía la prórroga por seis años de la Ley Nº 2970, publicada en el Boletín Oficial el 26 de enero de 2009, por la cual se brindaba una protección especial a las cooperativas de trabajo constituidas para la recuperación de las empresas quebradas o abandonadas por sus dueños.

En el artículo 5º de la ley finalmente vetada por Macri, se establecía que “La Ciudad Autónoma de Buenos Aires dona a las cooperativas enunciadas en los incisos (…) los bienes intangibles, incluidas marcas y patentes, y los bienes muebles enumerados en los anexos (…) y los existentes en los inmuebles que se declaran de utilidad pública y sujetos a expropiación…”

Sin entrar en más detalles técnicos, lo esencial es que la norma originaria de 2009, cuyo contenido actualizado y enriquecido se procuró sancionar en 2011, apuntaba a preservar un conjunto de empresas asociativas, para contribuir a la inclusión social con trabajo decente a numerosas familias que optaron por la forma cooperativa frente a la crisis.

El caso más reciente y resonante ha sido el veto a la ley que establecía la expropiación del Hotel BAUEN, sancionada por la Cámara de Diputados de la Nación a fines de 2015, en base a un proyecto presentado por el diputado nacional por el Partido Solidario Carlos Heller, y ratificada por el Senado a fines de 2016, con 39 votos a favor y 17 en contra.

Al respecto, resulta por demás clarificadora la declaración de la Asociación de Abogados de Buenos Aires, fechada el 28 de diciembre de 2016, cuyo texto transcribimos íntegramente a continuación.

"La Asociación de Abogados de Buenos Aires lamenta profundamente que el Poder Ejecutivo Nacional haya aplicado el veto total a la Ley N° 27.344 por la cual el Congreso Nacional había declarado de utilidad pública y sujetos a expropiación los inmuebles y todas las instalaciones del edificio del Hotel BAUEN para ceder su administración a la Cooperativa de Trabajo Buenos Aires Una Empresa Nacional Ltda., conformada por más de 130 trabajadores que administran el establecimiento desde el año 2001.

Cabe señalar la vaguedad y falta de sustancialidad en los argumentos que fundamentan el veto (Decreto N° 1302/16), siendo inexacto que se esté 'favoreciendo exclusivamente a un grupo particularizado y sin traducirse en un beneficio para la comunidad en general'. En primer lugar, ese 'grupo particularizado' son trabajadoras y trabajadores que no especulan con negocios inmobiliarios y/o financieros, ni han recurrido a empréstitos del Estado Nacional que luego no devolvieron. Este tratamiento despectivo a un grupo de trabajadores (a los que debemos sumar más de 130 familias) resulta sumamente preocupante por parte de quienes deben velar por la generación y mantenimiento del trabajo. En segundo lugar, la supuesta ausencia de 'beneficio para la comunidad general', demuestra el claro desconocimiento del trabajo realizado desde hace 14 años por los trabajadores del BAUEN en beneficio de cooperativas, asociaciones, partidos políticos y otros colectivos, para poder llevar a cabo sus objetivos sociales. No sólo se desconoce ese trabajo sino también el propio articulado de la norma vetada, en la cual se establece el destino de habitaciones para fines sociales, lo que hubiera beneficiado en primer lugar a familias del resto del país.

Por todo ello la AABA solicita al Congreso Nacional que insista con el proyecto, aprobando nuevamente el texto de la ley vetada de conformidad al procedimiento previsto en el artículo 83 de la Constitución Nacional, en beneficio de los trabajadores del BAUEN y de la comunidad".

Finalmente, y siempre con el propósito de brindar ejemplos concretos que confirman nuestras afirmaciones iniciales, transcribimos el siguiente comunicado de Cooperar, titulado Preocupación por avance contra la cooperativa de servicios de Gobernador Virasoro.

"La Confederación Cooperativa de la República Argentina expresó su solidaridad con la prestadora de esa ciudad correntina, formada por los propios usuarios hace cincuenta años, ante la incomprensible decisión del Ejecutivo provincial de poner fin a la concesión.

Cooperar se manifestó en las últimas horas en contra del decreto 3253, que ordena el cese de la prestación del servicio de distribución de energía eléctrica por parte de la Cooperativa de Servicios Públicos de Gobernador Virasoro y lo traspasa automáticamente a la Dirección Provincial de Energía de Corrientes.

En momentos en que todos los argentinos estamos debatiendo intensamente las condiciones de acceso a los servicios esenciales, y cuando todo el arco político y las organizaciones sociales coinciden en que es necesario garantizar la mayor participación ciudadana en esta problemática, el gobierno de la Provincia de Corrientes hace a un lado a los usuarios que organizados en la cooperativa brindaban servicios desde hace 50 años", reclamó la Confederación Cooperativa (Cooperar) mediante un comunicado de prensa.

Algo similar ocurrió en la segunda mitad de año pasado en Villa Carlos Paz, donde la intendencia intentó poner fin a la concesión del servicio brindado por la Cooperativa Integral de dicha localidad cordobesa, la COOPI. Una medida totalmente arbitraria que pudo frenarse con el apoyo de la comunidad y la solidaridad del movimiento cooperativo.

Como dijimos al comienzo, hay una contradicción insalvable entre el modelo del “estado mínimo y el mercado absoluto” y la organización y prestación de servicios basada en la ayuda mutua y el esfuerzo propio, como los define el artículo 2 de la Ley de Cooperativas 20.337.

En el contexto actual, la estrategia del cooperativismo enfatiza la práctica concreta del sexto principio de la cooperación: la integración cooperativa, tanto para fortalecer la presencia de esta expresión de la economía solidaria en la realidad argentina y a nivel regional, como para encara acciones de defensa del sector frente a las medidas restrictivas que adopten las autoridades de turno a nivel nacional, provincial o municipal.

* Presidente del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Diputado de la Legislatura Porteña (mandato cumplido) en el período 2011-2015, por el Partido Solidario.