La “república de los empresarios” se inició en Perú con el golpe del 5 de abril de 1992, bajo los auspicios, financiamiento y soporte técnico del Banco Mundial. La justificación del golpe la dio Hernando de Soto, pagado por Usaid, en una conferencia de la Oea en mayo de 1992 en las Bahamas. Fue un golpe dado y justificado para que la libre empresa comenzara a funcionar y se dejara atrás la constitución de 1979, con sus ideas de “interés nacional” y “reglas del juego político”. El golpe terminó no sólo con el rol del Estado en la economía, sino con el concepto de lo nacional y de lo regional en el sentido de latinoamericano. Terminó con la forma de hacer política que prevaleció por apenas una década tras el retorno a la democracia en 1980, entonces llamada “la partidocracia”.

Alberto Fujimori Fujimori (Aff) inició su gobierno, tras el golpe, con un discurso en aquella cumbre, que fue redactado por De Soto con la ayuda del doctor Michael Coppedge, autor de Strong Parties and Lame Ducks: Presidential Party-archy and Factionalism in Venezuela (Stanford University Press, 1994). Entre 1992 y 1994 Coppedge fue asesor de Aff en materia de reforma constitucional. La asistencia la pagó Usaid. Con ese discurso Aff logró justificar mundialmente sacarse de encima al Congreso que no lo dejaba trabajar. En el nombre de la “libertad”, hizo escarnio de la democracia en construcción. Una lectura de ese discurso sería que Estados Unidos necesitaba que se justificara el golpe y que asentara las políticas del Consenso de Washington. En octubre de ese año, el ahora ex presidente de Perú Pedro Pablo Kuczynski (Ppk), creó la empresa Westfield Capital para participar de las privatizaciones peruanas de la mano del capital chileno. Uno de los padres del Consenso de Washington, Kuczynski iba a entrar en negocios con un gobierno espurio pero auspiciado por Washington.

Repetición

La historia siempre se repite, y en este caso primero como tragedia –el golpe– y segundo como farsa. La farsa ha durado 26 años y terminado con cuatro presidentes acusados de corrupción, por hacer negocios a cuenta propia y haber sido empresarios estando en el poder. Uno de ellos –Alberto Fujimori– está liberado, otro –Alejandro Toledo– está sujeto a un proceso de extradición. Ppk está sujeto a una orden de no salir del país y Ollanta Humala está en prisión preventiva. Los cuatro traicionaron a su base social, llegaron al poder con una agenda y terminaron con otra. Ppk tomó partido contra la liberación de Alberto Fujimori y por eso fue electo. No por liberal. Compitió en las elecciones con una agenda económica genuinamente liberal contra Keiko Fujimori que tenía la misma agenda, pero que cargaba con el peso de tener a su padre en la cárcel. La izquierda ante esa disyuntiva votó contra Keiko Fujimori y le dio el margen del 0,24 por ciento del voto total a Ppk en la segunda vuelta con el que pudo triunfar.

Un liberal ejemplar…

Los peruanos “sabíamos” que estábamos ante un liberal “honrado y exitoso” y “sabíamos” que estaba rodeado de lo mejor del Banco Mundial y del Fmi, a lo que se sumaba lo mejor de la tecnocracia peruana en el exterior. Mejor, imposible. Esa fue la impresión que tuvo medio país de Ppk y su entorno.

En setiembre de 2017 surgieron las primeras informaciones sobre una relación entre el presidente Ppk y la empresa Odebrecht. Surgieron de las declaraciones de Jorge Barata, ex gerente de la constructora, ante la fiscalía brasileña pidiendo una reducción de su condena de 20 años. Éstas fueron tomadas por una comisión investigadora del Congreso peruano que buscaba una relación entre Odebrecht y el partido de la ex alcaldesa de Lima Susana Villarán para terminar de sacarla del mapa político. La evidencia, sin embargo, comenzó a señalar a Ppk, lo que los llevó a citarlo. Según El Espectador de Bogotá, desde septiembre la comisión le remitió un oficio a Kuczynski solicitándole “fecha, hora y lugar” para reunirse con él y explicar un “listado de temas”.

En la respuesta escrita, el presidente peruano fue tajante en decir que no se reuniría con ninguna comisión y afirmó en televisión que “nunca he tenido relación empresarial y comercial con Odebrecht”. Lo que llevó a cuatro parlamentarios del partido Apra (Alianza Popular Revolucionaria Americana), que defendían al ex presidente Alan García de sus vínculos con Odebrecht, a abocarse al ataque. A ellos se sumaron los congresistas de Keiko Fujimori (de Fuerza Popular) que tenían sangre en el ojo por haber perdido las elecciones por 41 mil votos. El llamado fujialanismo fue el que puso a Ppk en el centro del debate de corrupción donde ni García ni Keiko Fujimori aparecen, a pesar de ser señalados por Barata.

El trueque

Frente al problema que representó la comisión investigadora, Ppk cambió de gabinete y organizó la liberación del reo Alberto Fujimori, por razones humanitarias, utilizando personal de tercer nivel en los ministerios de Justicia y Salud mandados por un vicealmirante de la Marina quien juramentó como ministro de Salud con este único fin. Fue el regreso del fujimontesinismo y sus modos. Ppk siempre negó cualquier relación entre los nuevos ministros y las revelaciones del ex gerente de Odebrecht y que hubiese habido cualquier negociación para liberar a Fujimori. El 17 de diciembre pasado, pocos días antes del indulto, el entonces presidente explicó públicamente con “toda transparencia” que tenía una empresa unipersonal donde tenía un “socio” que hacía cosas que él desconocía. Aseguró también que nunca recibió beneficios de los negocios de su socio. Ahora sabemos que la mitad de lo que facturaba el chileno Gerardo Sepúlveda iba para Ppk. Luego, el 21 de diciembre, Ppk fue citado al Congreso y se salvó de ser vacado de su cargo por seis votos de la izquierda que pensó que quizás el hombre había dicho la verdad. Fueron los últimos en creerle. Los otros que votaron contra la vacancia fue un grupo de congresistas convocados por el hijo del reo Fujimori, Kenji Fujimori, hermano de Keiko, con ala política propia. Kenji y Mercedes Aráoz, presidenta del Consejo de Ministros, negociaron el acuerdo con Ppk para liberar a Fujimori padre a cambio de no votar por la destitución del presidente. La estrategia de Ppk de dividir para vencer estaba en marcha, y parecía tener éxito. En vísperas de Navidad liberó a Alberto Fujimori. La calle salió a protestar esa misma Nochebuena.

La caída

Luego, el 13 de marzo pasado, la presidenta de la comisión investigadora del caso Lava Jato, Rosa Bartra, recibió una respuesta de la Unidad de Inteligencia Financiera a su solicitud de información sobre si los nombres de Ppk o las empresas Westfield Capital o First Capital (cuyo titular es Sepúlveda) figuraban en cuentas en Perú relacionadas con Odebrecht. La respuesta fue que se encontraban en cuentas de:  Kuntur Transportadora de gas (gasoducto); Concesionaria Interoceánica Sur Tramo 2-S; Concesionaria Chavimochic (irrigación); Concesionario Iirsa Norte Carretera Interoceánica; Concesionaria Trasvase Olmos (irrigación); Constructora Norberto Odebrecht; H2Olmos (irrigación); Rutas de Lima Sac (trasporte público); Odebrecht Perú Ingeniería y Construcción; Odebrecht Latinvest Perú Duclos SA.

Lo interesante de estas empresas es que todas tienen formas de crédito internacional con garantía del Estado. Además, muchas emitieron bonos para financiarse. El negocio de Ppk fue esta emisión de bonos, por los que cobraba 3 por ciento que se depositaban en Westfield Capital, entre otras cuentas.

Consultado por qué motivo no anunció la existencia de esta empresa en su declaración jurada exigida para asumir la presidencia de la República, contestó: “La pregunta a mi entender es ¿por qué no está puesto Westfield aquí?, ¿no? Westfield, en realidad es simplemente una cuenta bancaria, no es una empresa que tiene activos…”. Su negocio era sencillo: conseguir que se emitieran los bonos con la garantía del Estado peruano, como respaldo para las empresas emisoras. Y el Estado era él. El dinero entraba y salía de esa cuenta a otras cuentas y sin pagar impuestos a la renta en ninguna parte. Evadía impuestos en Perú y en Estados Unidos mientras usaba su influencia política para conseguir las garantías públicas.

Finalmente, si el ex presidente creyó que con sacar a Aff de la cárcel podría gobernar en paz, no tuvo en cuenta que entre los Fujimori no hay lealtades: en los noventa el marido encarceló a la esposa, la hija sustituyó a la madre como primera dama a los 19 años. Ahora la hermana Keiko traicionó a su hermano menor Kenji, que estaba comprando votos para salvar a Ppk de la destitución, y grabó su oferta de compra de voto. Luego de esta masacre Aff quedó fuera de la cárcel, listo para regresar a la política como siempre. Cortesía de un hombre de negocios que prefirió su dinero antes que el interés nacional.

- Oscar Ugarteche, Economista e investigador de la Unam. Coordinó el equipo técnico de la Comisión Investigadora de Delitos Económicos y Financieros 1990-2001 del Congreso peruano a principios de la década del 2000.

Sinpermiso - 15 de abril de 2018