En 2007/2008, cuando se produjo la pelea por las retenciones móviles, el área sembrada se ubicó en 16,6 millones y en la siguiente, en 18 millones. El último año de gestión de Cristina Fernández de Kirchner marcará entonces el punto máximo de siembra y cosecha para el cereal, por arriba de los 46,2 millones de toneladas de producción del año del conflicto entre el Gobierno y las cámaras agropecuarias.

Esa evolución se produjo a pesar de que el precio internacional de la soja sufrió una caída de 23 por ciento respecto de marzo de 2008, cuando el Gobierno emitió la resolución 125 que fijaba un esquema móvil para los derechos de exportación. En aquel momento se ubicaba en 496 dólares la tonelada, frente a los 386 dólares actuales. El valor máximo para el cereal fue de 623 dólares en agosto de 2012. El voto no positivo de Julio Cobos y el rechazo de la mayor parte del arco opositor a las retenciones móviles les permitió todos estos años a los diferentes actores del sector rural –aunque no de manera lineal– obtener rentabilidades extraordinarias, mientras que restó recursos para el Estado. Si la medida hubiera prosperado, el Gobierno habría tenido mayor margen para redistribuir ingresos, que quedaron concentrados en una cúpula empresaria. Grandes productores, pools de siembra y las multinacionales exportadoras resultaron los más favorecidos por aquella definición del conflicto.

Los 386 dólares de cotización de la soja a nivel internacional siguen siendo rentables para el sector, como lo marca el hecho de que la producción alcanzará este año el record de 55 millones de toneladas. En la campaña 2007/2008, el precio promedio fue de 407 dólares la tonelada. En la de 2008/2009, 403 dólares; en la de 2009/2010, 372; en la de 2010/2011, 449; en la de 2011/2012, 478; en la de 2012/2013, 555, y en la de 2013/2014, 511.

Las retenciones quedaron en 35 por ciento y, como se ve, eso no inhibió un avance constante de la producción sojera. El argumento de que los derechos de exportación son un obstáculo para el sector no se constata en la realidad, pese a los reclamos de las entidades agropecuarias. Propuestas como la de Mauricio Macri de reducir las retenciones a la soja sólo aumentarían la transferencia de ingresos hacia los empresarios del campo. A la vez, obligarían a un mayor ajuste fiscal si se siguiera la recomendación del PRO de equilibrar las cuentas públicas. Hasta el momento los dirigentes de ese espacio no explicaron qué partidas recortarían. Sólo enunciaron que su plan es bajar los derechos de exportación de la soja a razón de 5 puntos por año hasta llegar a cero en siete años, y eliminarlos para el resto de los granos, cereales, carnes y economías regionales. En el enunciado tampoco hubo explicaciones sobre cómo se evitaría el impacto inflacionario de esas medidas.

Volviendo al campo, otro dato que refleja la realidad del sector más allá de las declaraciones públicas de sus principales dirigentes es el del precio de la tierra. En 2007, el valor de una hectárea en la zona núcleo era de 9167 dólares. Al año siguiente, en plena disputa por la resolución 125, escaló a 11.825 dólares. La tendencia alcista se prolongó hasta 2012, cuando la cotización de una hectárea en los campos más productivos de la Argentina llegó al pico de 17.375 dólares. En 2013 fueron 15.883 dólares y en 2014, 15.000, según los datos que recopila la publicación especializada Márgenes Agropecuarios.

Si el negocio no fuera atractivo no habría forma de que el precio de la tierra llegara a esos niveles. Nadie estaría dispuesto a pagarlo si no esperara altos rendimientos por la inversión.

La misma fuente estima el margen bruto de la zona núcleo sojera. Para un campo de bajo rendimiento alcanzaba a 547 dólares por hectárea en la campaña 2007/2008. Fue uno de los niveles más altos de la década. Lo mismo se observa para un campo de alto rendimiento, que llegó a ostentar un margen bruto de 643 dólares por hectárea. En promedio, el margen bruto de esa región se ubicó en 595 dólares en el año de la 125. La estimación para la presente campaña muestra un declive, con valores de 344 dólares, 416 y 380, respectivamente. Eso dio lugar a una recomposición de las utilidades hacia adentro de la actividad agropecuaria. Los dueños de campos que los ceden en alquiler tuvieron que bajar sus pretensiones, y lo mismo sucedió con los contratistas, en ambos casos forzados por los actores más grandes de la cadena. El costo del arrendamiento tocó los 500 dólares por hectárea en la campaña 2008/2009, después del triunfo rural por las retenciones móviles, y llegó a un máximo de 613 dólares en 2011/2012. En este momento se encuentra en 375 dólares por hectárea.

El proyecto de ley de retenciones móviles que llegó a aprobar en su momento la Cámara de Diputados mejoraba la situación de los productores más chicos y de las regiones más alejadas de la zona núcleo. El propio Eduardo Buzzi, hasta hace poco presidente de la Federación Agraria, reconoció que la iniciativa resguardaba a esos campesinos frente a las oscilaciones del precio de la soja e incluso llegaban a pagar menos de 35 por ciento con el esquema que finalmente quedó enterrado en el Senado.

La resolución 125 modificada por el Congreso hacía recaer los mayores costos en las grandes producciones. Una simulación de cómo hubiera impactado todos estos años indica que la tasa máxima de retenciones habría sido de 50,7 por ciento en octubre de 2012, y el piso de 31,4 en diciembre de 2008. En diciembre de 2014, la tasa habría sido del 39,6 por ciento.

Otros indicadores sobre la situación del sector agropecuario muestran que atraviesa una de las mejores etapas de su historia. Muy lejos quedaron los tiempos en que los pequeños productores sufrían el remate de los campos y carecían de financiamiento para desarrollar su actividad. Por el contrario, el sector agropecuario es el que cuenta con mayor disponibilidad de crédito en la Argentina. La relación créditos/PBI tuvo una evolución envidiable para el campo. En 2007 era equivalente al 20,2 por ciento y de ahí en más fue creciendo año tras año hasta llegar al 40,2 por ciento en 2013, en tanto que para el total de la economía se encontraba en 15 por ciento en 2007 y subió sólo al 21,4 en 2013. Ese incremento en el acceso al financiamiento para el complejo agropecuario se produjo al mismo tiempo que los niveles de morosidad cayeron a mínimos históricos. En 2007 era del 2,5 por ciento y en 2013 retrocedió a 1,6. Para el total de la economía, la tasa de morosidad era de 6,1 por ciento en 2007 y de 3,7 en 2013, según un informe publicado por el Ministerio de Agricultura.

Todos esos datos dan cuenta de que la verdadera razón de las cámaras agropecuarias cuando le apuntan al esquema de retenciones es conseguir rentabilidades aún más abultadas en detrimento de las mayorías populares. En un año electoral, no faltará mucho hasta que los dirigentes de ese espacio vuelvan a batallar para conseguir una menor incidencia e incluso la eliminación de los derechos de exportación. Hay candidatos que ya anticiparon que están dispuestos a hacerlo, independientemente de cuál sea la realidad económica del sector.

Página/12 - 10 de enero de 2015