El déficit público ha alcanzado ya en julio el 4,6% acumulado y aumenta mes a mes, cuando el máximo que autorizó la UE para todo 2012 era del 4,2%.
El último informe sobre desempleo de Eurostat (agencia oficial de estadísticas de la UE), muestra que la eurozona tiene un índice del 11,3% de desempleados –25 millones de personas– y el conjunto de la Unión Europea el 10,3% –18 millones de personas, 3.000 más cada día– y que España ha subido su porcentaje al 25,1%, el más alto de toda la UE.

Uno de cada cuatro de los españoles que componen la población activa ya no tiene trabajo.

La patronal, muy favorecida por la reforma laboral de Rajoy, aprovecha esa gran oferta de mano de obra desocupada para ofrecer salarios y condiciones laborales cada vez peores.

La distancia entre los ingresos de los trabajadores y los de los empresarios con respecto al PIB es día a día mayor. En el segundo trimestre del año, la remuneración de los asalariados cayó un 3,9% con respecto a igual período de 2011, mientras que los beneficios empresariales subieron un 3,4%.

Este viernes pasado el gobierno aprobó la tercera reforma financiera en los ocho meses que lleva en el poder, con la cual completa supuestamente todos los deberes que le impuso la troika –el Banco Central Europeo, la Unión Europea y el FMI–. Entre otras medidas, la nueva reforma prevé la creación de un “banco malo”, con participación al 50% del Estado, al que se trasladarán activos tóxicos por valor de unos 180.000 millones de euros, provenientes fundamentalmente de la burbuja inmobiliaria. Son activos en manos mayoritariamente de la banca que ha sido rescatada por el Estado. El gobierno pretende que el banco termine siendo rentable y que pueda deshacerse de esos capitales en un período de entre 10 y 15 años.

La reforma ha sorprendido a muchos en Europa; es la que más poder da en toda la UE al Estado para poder intervenir de inmediato bancos con problemas de liquidez y para decidir sobre su gestión o incluso sobre su liquidación. El gobierno ha decidido también no esperar más tiempo a que lleguen los primeros 30.000 millones de euros del primer rescate concedido a España por la troika para recapitalizar a la banca en aprietos. Adelantará 4.500 millones de euros de fondos públicos a Bankia para paliar su crítica situación financiera por temor a que ésta se agrave.

Las constantes nuevas normas que aprueba el gobierno, semana tras semana, mantienen en zozobra a la sociedad y provocan incluso roces entre el Estado central y algunas de las 17 comunidades regionales autónomas que tiene España, incluso con varias de las gobernadas por el propio partido gubernamental, el Partido Popular.
Núñez Feijoó, presidente de la Xunta de Galicia –gobierno autonómico– e importante barón del PP, ha decidido adelantar las elecciones en esa comunidad al 21 de octubre, para evitar que le afecte negativamente a nivel electoral el nuevo paquete de recortes que se prevé aplicará Rajoy a partir de noviembre. Cada vez son más los sectores del electorado del PP airados con la deriva antisocial de “su” gobierno.

Aumento generalizado de precios. Millones de españoles se encontraron este fin de semana, al volver de las vacaciones de verano, con que la nafta se había disparado hasta 1,50 euro; que la entrada en vigor del aumento del IVA había hecho subir la electricidad, el gas, el teléfono, los electrodomésticos, los libros de texto y otro material escolar –pasaron de tener un 4% de IVA a un 21%–, la canasta familiar, Internet, el cine, teatro, exposiciones y un largo etcétera, deteriorando así aún más su calidad de vida. Se calcula que supondrá de media un costo anual extra de 470 euros por familia.

Este fin de semana también entró en vigor finalmente la polémica prohibición expresa del Ministerio de Sanidad de seguir atendiendo en los hospitales públicos gratuitamente a los inmigrantes sin papeles. Se eliminarán así 910.342 tarjetas sanitarias y sólo se atenderán gratuitamente casos de urgencia.

A pesar de que las asociaciones mayoritarias de médicos y enfermeros se han declarado en rebeldía y anunciaron que seguirán atendiéndolos como siempre, en la práctica esto supondrá una gran complicación, en la medida que todo está informatizado y los sin papeles “desaparecerán” automáticamente de las computadoras.

Ante las dispares posturas asumidas por las distintas comunidades autónomas sobre el tema, el gobierno ha dado a éstas libertad para decidir de qué forma cobran los servicios sanitarios a los inmigrantes irregulares.

Los colectivos de inmigrantes anuncian movilizaciones para este mes. Víctor Sáez, inmigrante chileno portavoz de la asociación Violeta Parra, resumió así la situación: “Hemos pasado de ser personas normales a ser personas desechables”.

Miradas al Sur - 2 de septiembre de 2012