No es posible admitir que el Gobierno prosiga con la “terapia de choque”, que degrada la vida de millones de compatriotas, la administración del Estado y el sistema republicano, hoy golpeado por la lógica “caoísta” del Presidente Javier Milei en beneficio de los “dueños” de algunas corporaciones mundiales y locales. Reiteramos pues, ante el estado de debate en la sociedad y en el ámbito legislativo:

No ceder la suma del poder público

• El Congreso debe rechazar en todos sus términos tanto el DNU 70/23, como el proyecto de “Ley Ómnibus”. Aún con los recortes anunciados tras el Paro y Movilización del 24 de enero, el escándalo de un trámite parlamentario y la brutal extorsión a los gobernadores. Si no cederá la suma del poder público al Presidente Milei, vía la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal previsional, de seguridad, de salud, tarifaria, energética y administrativa, con lo que podría imponer sus decisiones en todos los temas que ha retirado.

No podemos aceptar la violencia económica que significa para los jubilados, contra millones de trabajadores -registrados o no- la brutal reducción de sus ingresos alimentarios, las consecuencias para pymes, comerciantes, profesionales, cuentapropistas. Ni, por ejemplo, la liquidación del Fondo de Garantía y Sustentabilidad del sistema previsional, la profundización del embate contra los derechos laborales y las organizaciones sindicales que los hicieron posibles, la privatización o semiprivatización de empresas públicas estratégicas, la enajenación de activos a través de una peligrosa ley que incentiva a la inversión extranjera liberándola de toda regulación.

Revertir la terapia de choque

• Es urgente revertir esa “terapia de choque” con una firme política antiinflacionaria que incluya, entre otras medidas, la emergencia alimentaria, la efectiva recuperación del poder de compra de salarios, jubilaciones, asignaciones y salario social complementario, el desacople de los precios internos de los alimentos de los internacionales. A estas medidas aludimos en https://drive.google.com/file/d/1vjJ7vkc8NTYTSTeDOTHqe1SO2dH-Kw_p/view
• El Congreso debe asumir la responsabilidad del arreglo de la deuda pública, tanto externa como interna, como establece la constitución nacional. (Art.75)

Tener un plan comùn

Es imprescindible un plan común a los sectores afines al interés nacional. Para superar el caos de este gobierno que ha sido posible por la resignación de compromisos electorales, de recursos e instrumentos que estaban y están a disposición, por la sujeción a una lógica burocrática “posibilista”.

Sin un compromiso cierto y creíble la sociedad argentina no logrará avanzar hacia una necesaria unidad nacional, para salir de esta trampa y no ser botín de ajenos.

Las condiciones para hacerlo se han esbozado en el paro general, coordinado por la CGT, ambas CTA, la UTEP con la concurrencia de organizaciones de la actividad productiva, científica y cultural, sociales, políticas, por los derechos humanos, con multitudinarias manifestaciones en todo el país.

El ajuste no es inevitable

El ajuste no es inevitable. Ni los salarios, ni el gasto público social, ni la imprescindible inversión en Obra Pública, ni el “exceso de demanda interna”, son causa de la inercia inflacionaria, hoy potenciada por el gobierno con sus medidas de depreciación del peso, liquidación de activos y ahorros, en pos de una dolarización que consolidaría nuestra dependencia.