El jefe de la Policía Bonaerense reconoció en estos días que “el delito más simple aumenta” y que hay gente que delinque que antes no lo hacía. También señaló una causa de ese fenómeno: una situación social que determina el “apremio económico” en esa gente que deriva, a su vez, en el delito.

Es raro ver a un alto funcionario policial planteando que la inseguridad social puede también ser causa de la inseguridad civil. En La metamorfosis de la cuestión social, una maratónica y espléndida obra de Robert Castel se aborda esa compleja relación. Castel plantea que es justamente la imposibilidad de visualizar el proceso de generación de “supernumerarios”, de gente sobrante, gente que queda en los bordes del sistema, lo que puede hacer eclosionar la inseguridad civil. Y desde allí, esos subconjuntos fragmentados pasan a ocupar un lugar en el centro de la escena político social.

La ceguera de este proceso usualmente impone una respuesta ideológica y concreta: es necesario más policía, más represión, menos jueces “garantistas”, más condenas y más dureza en la condena. Se focaliza el problema en el sistema judicial y la política criminal. El problema, entonces, no es el desempleo, la precarización laboral, la pérdida abrupta del poder de compra en amplios sectores sociales o las políticas devastadoras de la Seguridad Social, esa propiedad colectiva que atiende a aquellos que quedan fuera de la arisca propiedad privada o del mercado. La ministra de Seguridad del gobierno nacional, Patricia Bullrich, rápidamente descalificó al policía, aunque luego fue el jefe de la Policía Federal quién reconoció “el hambre” como causa de delitos, en el mismo sentido que su par bonaerense.

Sobre esa Seguridad Social, justamente, también esta semana se expidió el influyente senador Pichetto. Señaló que en la Argentina “hay 10 millones de personas que trabajan y 17 millones de cheques del Estado”, sugiriendo un problema y haciéndose algunas preguntas: “¿Es sostenible en el tiempo que haya 10 u 11 millones de AUH?” “¿Es sostenible este modelo previsional?”. El encumbrado senador también opinó sobre Finlandia: “Dejó sin efecto la asignación universal por hijo porque dicen que es una pérdida de incentivos para aquellos que tienen que buscar trabajo”. 

Algunos datos. En la Argentina no hay 10 millones de trabajadores sino cerca de 17 millones, 12.3 millones de trabajadores registrados y más de 4 millones no registrados. En la Argentina hay 4.3 millones de chicos que perciben AUH y no 10 u 11. Si, en la Argentina hay más de 17 millones de cheques del estado: 7 de jubilaciones y pensiones, 10 de asignaciones familiares nacionales y provinciales y 1.5 millones de prestaciones no contributivas.  Cheques muy heterogéneos, por cierto: $120.000 promedio por mes para los 4.800 jubilados del poder judicial, un cheque de $7.660 del haber mínimo previsional que cobran los titulares de 4.4 millones de beneficios, el 63% del total; y $1.493 para los chicos que reciben la AUH.

En Finlandia no hay AUH. En la Argentina, hay. Una prestación percibida en un 80% por familias de los dos quintiles más pobres y que, según un reciente y vastísimo informe encargado por la ANSES a 3 centros de investigaciones de la UBA, la UNLP y UNICEF, no provoca desincentivos significativos en el mercado laboral. De vuelta, en la Argentina la AUH no genera problemas relevantes en la oferta de trabajo.

Lo que hubo en Finlandia fue un “experimento” que consistió en otorgar una “renta básica universal” a dos mil personas con problemas de empleo y que duró dos años, el tiempo estipulado del programa. El gobierno conservador finlandés no lo renovó asegurando que “seguirán buscando alternativas de seguridad social” en un país preocupado por el avance de la precarización laboral, los efectos de los cambios en Nokia y otros fenómenos. Pero no explicitó las razones que, anunciaron, se darán a conocer a fines de año.

Finlandia, una sociedad de 5.5 millones de habitantes en donde los ingresos del 10% más rico son 6 veces el correspondiente al 10% más pobre. En la Argentina ese número es 23 veces. Finlandia, el país con un gasto social de 30% PIB, el segundo más alto entre los países de la OCDE.

La sostenibilidad de la Seguridad Social no es un problema técnico sino una construcción política. Hace 100 años, el primer presupuesto de don Hipólito Yrigoyen asignó a la Seguridad Social una 30ava parte de la que existe hoy en términos de PIB. ¿Era esto último entonces pensable? ¿Alguien lo podía imaginar?

Enfrentar el devenir del envejecimiento demográfico y su impacto en las finanzas de la seguridad social, enfrentar la formación de un “precariado” laboral, a decir de Guy Standing, la principal novedad sociológica de nuestro tiempo; enfrentar un sistema cuya conducción hegemónica intenta desarticular las “protecciones fuertes al trabajo”, eje del consenso de los “treinta gloriosos” [años] del capitalismo post segunda guerra mundial, es el verdadero desafío.

En el mundo la distribución del ingreso y de la riqueza han empeorado salvajemente en estos últimos 40 años. Las ganancias de productividad alimentan prioritariamente a los percentiles más ricos de la pirámide social. Suponer que esas condiciones se mantienen en el tiempo hace insostenible cualquier prospectiva. Y eso es precisamente lo que hay que atacar para evitar tener inseguridad social que derive en inseguridad civil.

El tema central es la búsqueda de la productividad y las posibilidades de su distribución, esa es la enseñanza de la historia. Construir una macroeconomía para la seguridad social y una seguridad social para potenciar la macroeconomía del crecimiento y el desarrollo. No es tan fácil, pero esa es la cuestión.

* Secretario del Instituto Argentino para el Desarrollo Económico (IADE) (sicv2005@yahoo.com.ar) | 10-05-2018.