Dentro de poco más de un año, los estadounidenses votarán para determinar qué partido político controlará las dos cámaras del Congreso. El Partido Republicano del presidente Donald Trump controla actualmente ambas cámaras, pero sus mayorías son estrechas (53-47 en el Senado y 219-213 en la Cámara de Representantes). No hay precedentes modernos de que el partido de un presidente evite perder las elecciones de mitad de mandato en la Cámara de Representantes a menos que la aprobación popular del presidente esté muy por encima del 50% y, en el caso de Trump, un promedio no ponderado de encuestas recientes revela que su aprobación es del 45,3%, con una desaprobación del 51,9% (un neto de -6,6) de los votantes.

En circunstancias normales, el presidente intentaría mejorar la posición electoral de su partido. Trump, en cambio, está redoblando algunas de sus políticas más impopulares. Por ejemplo, sus últimas declaraciones sugieren que está decidido a enviar más tropas de la Guardia Nacional a las ciudades controladas por el Partido Demócrata, a pesar de que el 58% de los norteamericanos se opone a este tipo de despliegues. Si bien la Ley Posse Comitatus de 1878 prohíbe el uso de tropas federales para la vigilancia nacional, la Ley de Insurrección de 1807 prevé una excepción en respuesta a levantamientos violentos contra el estado, y Trump ya amenaza con invocarla.

Por eso Trump y sus asesores utilizan cada vez más términos como “terrorista” e “insurrección” para describir a cualquiera que se oponga a su agenda. Recientemente, Trump afirmó, falsamente, que Portland, Oregon, ha sido tomada por “terroristas nacionales” de izquierda (y añadió, absurdamente, que la ciudad “ya ni siquiera tiene tiendas”). Del mismo modo, Stephen Miller, subjefe de Gabinete de la Casa Blanca, que cada vez más parece estar al mando, ha calificado de “terroristas” e “insurrectos” a los jueces federales que han fallado en contra de la administración Trump. También ha dicho que los demócratas no son un partido político, sino una “organización extremista nacional”.

Estos rótulos importan, porque el propio Trump ha descrito explícitamente cómo cree que se debe tratar a los extremistas. Si los “lunáticos de la izquierda radical” causan problemas el día de las elecciones, le dijo a Fox News en octubre pasado, el problema “debería ser fácilmente manejado, si fuera necesario, por la Guardia Nacional, o si realmente es necesario, por el ejército”. Esa alusión a la jornada electoral no es casual. Asimismo, la vaguedad en torno a la identidad precisa del enemigo sirve al propósito de Trump. Como declaró recientemente ante una audiencia de 800 altos mandos militares, basta con decir que Estados Unidos se enfrenta a una “invasión interna... No es diferente a un enemigo extranjero”.

Por supuesto, no hay ningún enemigo interno, del mismo modo que no hay ciudades que sufran una delincuencia descontrolada o amenazas de insurrección o terror. Estas son las acciones de un líder autoritario que ya intentó robar una elección, y que no tendría reparos en robar la próxima. A Trump no podrían importarle menos unas elecciones justas. Solo le importa el poder, y no dudará en llevar a cabo una ocupación militar de ciudades estadounidenses para conservarlo.

No es la primera vez que se ha utilizado a las milicias estatales con fines políticos en Estados Unidos. Cuando muchos estados del sur se opusieron a la desegregación escolar en las décadas de 1950 y 1960, los gobernadores estatales llamaron a la Guardia Nacional para impedir que los estudiantes negros se matricularan en escuelas públicas totalmente blancas (en Little Rock, Arkansas, en 1957, y en la Universidad de Mississippi en 1962).

Más tarde, también se recurrió a la Guardia Nacional para impedir protestas por los derechos civiles -la más infame de las cuales fue la violenta interrupción de una manifestación pacífica en Selma, Alabama, en marzo de 1965-. En estas y otras ocasiones, el apoyo visible o la inacción de la Guardia ante las agresivas turbas supremacistas blancas y las milicias locales (como el Ku Klux Klan) sirvieron como una herramienta eficaz de intimidación.

Los presidentes Dwight D. Eisenhower (republicano), John F. Kennedy (demócrata) y Lyndon B. Johnson (demócrata) terminaron federalizando a la Guardia Nacional para contrarrestar la resistencia estatal a la desegregación y la igualdad de derechos electorales. Pero, irónicamente, Trump ahora ocupa ciudades predominantemente demócratas como Chicago con tropas de la Guardia Nacional provenientes de estados sureños afines como Texas, lo que parece revivir y revertir las profundas divisiones seccionales que culminaron en la Guerra de Secesión y la era de las leyes de Jim Crow, posterior a la guerra civil, de la supremacía blanca sureña.

A primera vista, el despliegue de tropas de la Guardia Nacional en estados pro-Trump parece tener como objetivo contribuir a la implementación cada vez más agresiva de políticas antiinmigrantes basadas en la raza por parte de la administración. Pero también sienta las bases para una toma de poder. La lealtad de estas fuerzas a Trump bien puede aumentar la probabilidad de que reciban, y luego sigan, órdenes de escrutinio de votantes “no calificados” (en particular, no blancos) el día de las elecciones. Trump solo necesita desplegar tropas fuertemente armadas de la Guardia Nacional en barrios supuestamente “hostiles” llenos de “extremistas” y “terroristas” para intimidar y disuadir a los votantes.

Los milicianos armados de Trump también son más propensos a obedecer órdenes ilegales de confiscar urnas “sospechosas”, o tal vez de imponer la suspensión total de las elecciones, con el pretexto de que los disturbios civiles han hecho insostenible un proceso “justo”. Trump ya ha recurrido con éxito a este pretexto para justificar las continuas ocupaciones militares de ciudades estadounidenses, violando la Ley Posse Comitatus y, por supuesto, también puede indultar a cualquiera que actúe ilegalmente en su nombre (como hizo con los insurrectos del 6 de enero).

Avivar el seccionalismo bien podría dar pie a una versión estadounidense de la masacre de la plaza de Tiananmen de 1989, cuando las fuerzas armadas chinas movilizaron tropas de provincias lejanas para reprimir las protestas estudiantiles pacíficas en Beijing. Si este escenario parece improbable, recuerden el tiroteo de 1970 en la Universidad Estatal de Kent, donde tropas de la Guardia Nacional de Ohio, nerviosas, abrieron fuego contra manifestantes estudiantiles, matando a cuatro.

En este contexto, el creciente índice de desaprobación de Trump no es un gran consuelo. El hecho de que esté redoblando sus esfuerzos en políticas impopulares sugiere que se están realizando preparativos deliberados para perturbar unas elecciones de mitad de mandato libres y justas. ¿Para qué molestarse en intentar ganar votos cuando existen alternativas para conservar el poder? El creciente ejército de aliados multimillonarios de Trump en los medios de comunicación -Larry Ellison (Paramount Global Media, y pronto TikTok), Elon Musk (X), Mark Zuckerberg (Meta), Jeff Bezos (The Washington Post) y Rupert Murdoch (Fox News)- parece estar más que dispuesto a ayudarlo a crear el pretexto que necesita para una represión militar.

Al final, el Departamento de Justicia de Trump encontrará y procesará a los chivos expiatorios de la suspensión de las elecciones. Los amigos serán recompensados, los enemigos serán castigados, y Trump habrá cumplido su promesa de campaña más infame. “En cuatro años”, les dijo a sus partidarios en julio de 2024, “no tendrán que volver a votar. Lo habremos solucionado de una vez por todas. No tendrán que votar”.

Eso puede terminar siendo así para todos los norteamericanos. No tendremos que votar, porque no podremos hacerlo.

^{Fuente: Project Sindycate - Octubre 2025}