La foto: provincias incendiadas

Según reporta el Servicio Nacional del Manejo del Fuego, en lo que va del 2020 se quemaron 434.975 hectáreas, siendo las provincias más afectadas Entre Ríos, Córdoba, Río Negro, Santa Fe y Santiago del Estero. Actualmente son 12 las provincias afectadas, pero 22 las que sufrieron incendios en lo que va del año.

Para controlar la situación, además de los recursos provinciales y locales, en muchos casos principalmente bomberos voluntarios y organización comunitaria, Nación aportó aviones hidrantes, brigadistas y otras herramientas de contención de incendios. Sin embargo, los recursos son escasos para la cantidad de focos que hay. Por eso, más allá de jerarquizar el trabajo de bomberos y brigadistas que continúan arriesgando sus vidas para apagar el fuego, lo urgente a desplegar hoy es un plan de prevención para evitar que este escenario se repita el año que viene. 

Para ello, lo primero es determinar las causas de los incendios. Según informa el Ministerio de Seguridad “el 95% de los incendios forestales son producidos por intervenciones humanas, siendo dentro de estos los principales escenarios la preparación de áreas de pastoreo con fuego; fogatas y colillas de cigarrillos mal apagadas y el abandono de tierras”. Además, en muchas zonas existen sospechas de incendios intencionales para liberar terrenos para la producción agrícola o ganadera y/o para la instalación de proyectos inmobiliarios.

Es decir que tenemos tres causas: negligencia, quemas productivas que se salen de control e incendios intencionales para cambio de uso del suelo. Para atacar la negligencia se requiere fuerte concientización a la población. Respecto de las quemas en el marco de procesos productivos, es fundamental controlar y penar duramente los fuegos llevados adelante sin autorización oficial. Por último, prohibir los cambios de uso del suelo para evitar los incendios con esa intencionalidad. A esto último apunta el proyecto presentado el viernes dos de octubre por el presidente del bloque del Frente de Todos, Máximo Kirchner, junto a los jefes de los cinco bloques federales y provinciales: prohibir por 30 o 60 años, dependiendo del tipo de ecosistema, cualquier cambio de uso del suelo después de un incendio, sea este accidental o intencional.

La película: profundización de la crisis climática

Más allá de la intencionalidad en muchos casos, los incendios no se dan, y sobre todo no se descontrolan, en cualquier lado, sino en los territorios más vulnerables. En este sentido, los factores climáticos como la falta de precipitaciones, las temperaturas elevadas, el bajo porcentaje de humedad y los vientos fuertes inciden en su propagación.

Según el Centro Regional del Clima para el Sur de América del Sur son más de 1 millón de km2 en Argentina que están sufriendo condiciones de sequía moderada a excepcional, principalmente regiones del NEA, Centro y en las inmediaciones del Río Paraná, aunque también hay regiones muy secas en el oeste del país. Esto es parte de un fenómeno más amplio que ocupa también importantes zonas de Paraguay y Brasil.

Pocas veces los fenómenos son directamente atribuibles al cambio climático, sin embargo, sabemos que en este planeta más cálido los eventos extremos se vuelven más comunes. Por lo cual es de esperar que estas condiciones de sequía continúen en los años y décadas siguientes. De hecho, el informe que realizó la Fundación Ambiente y Recursos Naturales sobre las eventuales consecuencias del cambio climático en nuestro país, alerta sobre un aumento en la frecuencia de las sequías y las olas de calor en el litoral y la pampa húmeda. Complementadas con precipitaciones intensas y un aumento del caudal de los ríos de la cuenca del Plata (en parte causa de los cambios de uso del suelo), potenciando así el riesgo de mayores inundaciones. Esto trae consigo mayores riesgos de incendios como los que estamos viviendo actualmente, pero también constituye un riesgo para la salud, la infraestructura y las actividades económicas como la agropecuaria y el turismo, por ejemplo.

A título de botón de muestra, según el mismo informe, en el AMBA las inundaciones serán la principal amenaza con los asentamientos y villas de emergencia en zonas bajas corriendo los mayores riesgos. Se proyecta que las precipitaciones y el nivel del Río de la Plata seguirán aumentando a lo largo del siglo lo cual incrementaría la frecuencia de inundaciones, sobre todo en la cuenca baja del sistema Matanza-Riachuelo, el Reconquista y los arroyos del norte de la Ciudad. A su vez, las temperaturas más cálidas y condiciones más húmedas aumentarían el riesgo de contagio de enfermedades transmitidas por mosquitos y otros vectores.

Desarrollo sustentable para salir del laberinto

Vemos que se nos presenta un escenario bien complejo de un sistema climático que está cambiando y nos obliga a encarar el desafío de adaptar nuestro sistema socio-productivo a la nueva realidad ambiental a la vez que desarrollamos la economía argentina para saldar las históricas deudas de pobreza y desigualdad.

Con ese objetivo, el proyecto presentado por el bloque oficialista es importante en particular para dar un mensaje contundente respecto del desincentivo a los incendios para habilitar el cambio de uso del suelo y, sobre todo, porque resulta urgente que el gobierno tome cartas concretas en el asunto y empiece a incorporar lo ambiental como una variable determinante para pensar y llevar adelante el proceso de desarrollo argentino.

Ahora bien, esto tiene que venir acompañado de una serie de cuestiones. En primer lugar, una mayor capacidad y voluntad de control por parte de los gobiernos provinciales, soberanos sobre sus recursos naturales, y una consecuente intervención judicial para que haya penas efectivas para aquellos delincuentes que prenden fuegos sin autorización poniendo en riesgo vida y bienes de conciudadanos y el ambiente de todos los argentinos. En segundo lugar, se requiere mayor inversión en sistemas eficaces de prevención de incendios a fin de tener los recursos necesarios para enfrentar emergencias como la actual. Por último, y principalmente, son necesarios procesos de planificación de las actividades productivas que permitan desarrollar la economía y generar empleo, pero pensando en el largo plazo con el ambiente en pie.

En este sentido, por ejemplo, la sanción de la Ley de Humedales es indispensable y sólo una discusión ordenada en función de una transición hacia la sustentabilidad puede salir por arriba del laberinto de suma cero de conservación versus producción.  

El cambio climático ya está entre nosotros, que las y los argentinos tengamos futuro depende también de cómo nos adaptemos a este planeta más caliente y de qué manera gestionemos los recursos naturales para que el crecimiento económico sea sustentable.

- Elisabeth Mohle, Analista de Política Ambiental. Licenciada en Ciencias Ambientales, magíster en Políticas Públicas y doctoranda en Ciencia Política en UNSAM.

^{Cenital - 4 de octubre de 2020}