La problemática de la inflación en la Argentina debe ser abordada desde una perspectiva alternativa a la que se maneja infructuosamente desde hace tiempo. En primer lugar, es necesario reconocer un componente central en el proceso de crecimiento intenso de los precios al consumidor que se vincula al rubro de alimentos, el cual tiene mayor incidencia cuanto menor es el ingreso que obtiene quien incurre en gastos para su adquisición.

El derecho a la alimentación saludable está explícitamente consagrado en nuestra Constitución Nacional en uno de los documentos complementarios del articulado formal pero que se considera parte integrante de la Ley fundamental de la Nación. 

Se trata de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que está incorporada según el artículo 22 como tratado internacional al texto constitucional. Dicha declaración, en su artículo 25, expresa que “toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado, así como a su familia, la salud, el bienestar, y en especial la alimentación”. 

Además, la Constitución afirma en su artículo 42 lo siguiente: “Los consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen derecho en la relación del consumo (…) a la defensa de la competencia contra toda forma de distorsión de los mercados”. De manera similar a la salud y la educación, la alimentación adecuada es un derecho consagrado constitucionalmente.

Derecho

El Estado está obligado a garantizar la alimentación más allá de cualquier cuestión de intereses privados y puede y debe actuar por afuera del criterio de mercado capitalista, que siempre pretende aspirar a maximizar su tasa de ganancia. La alimentación es un derecho humano inalienable y como tal, no puede estar regido por leyes y normas que obstaculicen o impidan a cualquier ciudadana o ciudadano acceder a los nutrientes necesarios para sobrevivir o tener una vida digna.

Siguiendo este criterio, el Estado debe cooperar activamente para satisfacer la necesidad básica de alimentar a los integrantes de la sociedad, como lo ha venido haciendo con los diferentes programas de ingreso social y de seguridad alimentaria, aunque hoy resulte insuficiente. 

La existencia de un segmento de más del 8 por ciento de los habitantes del país, según el Indec, en carácter de indigente exige con urgencia el cumplimiento del precepto constitucional citado. El alimento, como la salud y la educación, no puede estar manejado por el mercado. Para ello, es preciso que el precio de los alimentos obedezca al objetivo de que su provisión sea factible para el conjunto de la sociedad. 

Por otra parte, el poder abusivo de los formadores de precio (aun en tiempos de pandemia) impide una posible negociación, acuerdo o fijación de precios con el reducido conglomerado de monopolios y oligopolios industrializadores de alimentos. Y, por último, es preciso recordar que las cadenas agroalimenticias de productos frescos reconocen intermediaciones excesivas que desnaturalizan los valores que se pueden obtener, por ejemplo, en el Mercado Central de Buenos Aires.

Garantizar la alimentación

A lo largo y ancho de nuestro país existen iniciativas muy valiosas que con distinto grado de organización y desarrollo han ido avanzando en el escenario productivo nacional en la tarea de vincular la oferta productiva y su comercialización solidaria a los consumidores evitando la presencia de la intermediación, con precios justos para los oferentes y una razonable valorización de los alimentos de la economía solidaria.

En este sentido, destacamos la iniciativa del Ministerio de Desarrollo Agrario de la Provincia de Buenos Aires, que implementa Mercados Bonaerenses. Este programa promueve el desarrollo de canales alternativos de comercialización que garantizan el acceso a una oferta variada de alimentos. Está conformado por una red de más de 1450 productores regionales con 42 puntos asistidos con tiendas móviles de carnes, pescado, lácteos y pastas que complementan los puestos de la producción local.

El programa del gobierno provincial genera a las familias un ahorro de alrededor del 25 por ciento en la compra de alimentos en comparación con los canales tradicionales y ofrece un plan de descuentos con la tarjeta DNI del BAPRO que llega al 40 por ciento. Como parte de la política de fortalecimiento de este programa, está previsto crear nuevos mercados concentradores de alimentos en 10 municipios durante el período 2022-2023.

Un importante número de municipios y de gobiernos provinciales han encarado diversos y diferentes programas de abaratamiento de alimentos, fomento de la producción local y de acceso al consumo popular. Es una gestión conjunta entre el Estado, las organizaciones de productores, universidades nacionales, el INTA y comercializadoras solidarias. 

A manera de ejemplo, se citan algunas de estas iniciativas: las empresas mixtas alimentarias riojanas, el impulso a la cadena de valor de la miel en el Chaco, el entramado socioproductivo de empresas sociales en La Pampa, la tarjeta alimentaria del Municipio de Tapalqué, la apuesta a la producción agroecológica de Gualeguaychu o la iniciativa del Polo Agroalimentario Sustentable El Pato 2050 de la Municipalidad de Berazategui, entre otras.

Leche Marcos Paz

En este marco, es para destacar la experiencia que realiza el municipio de Marcos Paz, en la provincia de Buenos Aires. Consiste en una experiencia de articulación productiva y comercial para abaratar la canasta básica de alimentos. Creó la marca colectiva “Leche Marcos Paz”, coordinó la producción con una planta industrial familiar la provisión de leche fluida y vinculó 40 almacenes locales para garantizar el acceso al consumo familiar. 

Así, el municipio estableció un acuerdo que posibilita un precio final de alrededor de la mitad del que habitualmente se consigue en los comercios privados. Con el pan se aplicó la misma metodología con siete panaderías marcopaceñas a las que le redujeron tributos municipales para vender el pan a un valor 40 por ciento menor.

En estas iniciativas, el comerciante no lucra con el precio de venta pan y gana al ampliar el acceso de consumidores, a los que ofrece otros productos de su elaboración. Los programas cubren tanto la leche como el pan para alrededor del 25 por ciento de la demanda local. 

El principal instrumento para el abaratamiento de los precios de los alimentos es la Feria Municipal, que articula con el Programa Provincial Mercados Bonaerenses, en donde más de 20 productores locales ofrecen sus productos a precios inferiores a los del mercado privado. El ocupante de cada local de la feria no paga alquiler ni servicios, pero se compromete a no modificar precios sin el acuerdo de la Secretaría de Producción del Municipio.

Cercanía

En forma silenciosa, existen numerosas iniciativas locales que apuntan a fortalecer las relaciones de cercanía entre la producción de alimentos y el consumidor en forma directa. El productor tiene garantía de demanda creciente de su producción, elude todo tipo de intermediación y cuenta con la promoción municipal que facilita el acceso de los vecinos. 

Los consumidores alcanzan productos a precios accesibles, con promociones y descuentos bancarios, evitan gastos de traslado y recrean su vinculación con el entramado productivo local. Así se respeta y valoriza la cercanía territorial asociando agricultores familiares y consumidores que acceden a productos en forma directa. Se estimulan de este modo, mercados de cercanía que operan por afuera de las grandes cadenas de supermercados.

Vienen creciendo diferentes experiencias adoptadas por organizaciones sociales que incluyen desde los supermercados de la Unión de Trabajadores de la Tierra-UTT y de la red de comercializadoras de la economía solidaria (Altared), los locales de Almacén Cooperativo, que ofrecen productos de todo el país, hasta los nodos de consumidores del Mercado Territorial de la UNQ, en referencia del conjunto de diversas organizaciones populares que comercialización bolsones hortícolas y frutícolas que abaratan sensiblemente su costo y promueven la organización del consumo responsable.

La extensión y multiplicación de tales iniciativas que alientan el consumo familiar no implica costos muy elevados para el Estado local, sino capacidad de gestión y de articulación con asociaciones de productores para la provisión de una canasta básica de alimentos que supone reducción de precios absolutos por debajo de la tasa de inflación oficial. 

Un estudio reciente de la Secretaría de Producción de Marcos Paz indicó, para junio de este año, que el costo total de una canasta básica alimentaria como la del Indec ascendía, para una familia tipo, a un valor de 10.216 pesos, mientras que los mismos productos en las cadenas de supermercados nacionales, suponían un monto total de 16.806 pesos; lo que implica un 40 por ciento de diferencia a favor del consumidor.

En lo inmediato, se requiere de una fuerte y decidida política pública que apoye y multiplique las diferentes y diversas iniciativas de producción local y consumo popular, que se enmarquen en la conformación de un Plan Federal Antiinflacionario con el propósito de eliminar la indigencia como objetivo central del Estado Nacional.

Se debe aumentar la escala productiva, masificar el alcance y el volumen de productos para su comercialización bajo estos esquemas de cercanía. Se requieren finanzas solidarias que fomenten estas políticas locales destinadas a la creación de nuevos puestos de trabajo. También es necesaria la incorporación de tecnologías adecuadas para una rápida generación de valor agregado en origen. 

La utilización de plataformas virtuales de software libre que faciliten los procesos de comercialización y una fuerte inversión en programas de infraestructura productiva regional como los que viene aplicando el Ministerio de Obras Públicas en el último año.

La gravedad del problema nutricional actual hace que la fuerte dosis asistencial que se implementa a través de los programas de la seguridad social no alcance para enfrentar los niveles de pobreza e indigencia. Además de aumentar la cobertura social ante la emergencia, se requiere desarrollar una política pública de producción de alimentos para mejorar la situación nutricional de las familias más vulneradas. 

Es indispensable coordinar las múltiples experiencias en una gran red de redes que permita potenciar su vinculación territorial y proponer la creación de “Sistemas Locales de Producción y Consumo de Alimentos Saludables” destinados a mejorar la alimentación de los sectores populares. Que priorice la producción de la agricultura familiar, la recuperación de las economías regionales y nuevas formas organizativas en los territorios para avanzar en la distribución de la riqueza. 

Se necesita fortalecer el Estado local, desconcentrar el mercado de alimentos, disponer de mayor regulación sobre las diferentes cadenas de valor en favor de los pequeños productores. Implementar programas que faciliten condiciones de acceso al agua y recuperación de tierras productivas, tecnologías adecuadas y mayor conectividad para el desarrollo de las diferentes formas de consumo responsable en perspectiva de avanzar en la construcción de la soberanía alimentaria.

^{Página 12 - Noviembre de 2022}