Desde Tax Justice Network elaboran el llamado Índice de Secreto Financiero. ¿Qué es lo que mide exactamente este índice y cómo desarrollan el proceso de análisis?

El Índice de Secreto Financiero es una publicación que realiza Tax Justice Network cada dos años. El índice establece un ranking no sobre cuáles son las jurisdicciones más opacas o secretas, sino sobre cuáles son las mayores responsables o las que más contribuyen al secreto financiero a nivel global. Para hacer este índice se combinan dos elementos. El primero es el “puntaje de opacidad” que consiste en unos veinte indicadores que analizan el marco legal de los países. Esto es ponderado con el segundo elemento que es el del peso que tiene el secreto medido en relación al tamaño del centro financiero. Lo que busca expresar esto es que cuanto mayor es el centro financiero, es decir, cuantas más personas extranjeras o no residentes van a esa jurisdicción para abrir cuentas bancarias, depositar dinero, o crear sociedades y fideicomisos, mayores son las responsabilidades de ese centro financiero de ser transparente. Solo con una pequeña laguna legal ya se establecen enormes consecuencias a nivel mundial.

Imagino que algunas islas del Caribe siempre aparecen primero. ¿Pero qué pasa con los centros financieros más poderosos?

Justamente, lo importante del índice es mostrar el enorme rol que tienen, en este caso, los centros financieros más importantes del mundo. Muchas veces, estos centros financieros no aparecen en ninguna lista de paraísos fiscales ni son pensados como parte de los países problemáticos. A veces sorprende el caso de Suiza (aunque en ocasiones se hable del secreto bancario de ese país) pero lo que más suele impactar es el rol de países como Estados Unidos, Singapur, o Luxemburgo.

¿Cómo es el caso de Estados Unidos?

Estados Unidos es uno de los mayores centros financieros internacionales. Su participación en el mercado de servicios offshore es del 22%. Lo interesante es que si uno lo compara con Reino Unido, que tiene una participación del 17%, surge una situación que merece una atención particular. Estados Unidos está en la posición número dos del ranking, mientras que Reino Unido se encuentra en el puesto número 23. ¿Por qué? Porque Estados Unidos es una jurisdicción mucho más opaca que Reino Unido. Además, esta opacidad y esta política de secreto que ofrece Estados Unidos, tiene una escala un poco mayor por tener una participación más alta en el mercado de servicios offshore. Lo más llamativo de Estados Unidos es la poca transparencia a nivel de vehículos jurídicos. Mientras que algunos países de América Latina, Asia y África, empezaron a registrar la información de los llamados beneficiarios finales, en Estados Unidos ni siquiera se registra a los accionistas. Esto sucede para él caso de sociedades comerciales o de capital, pero también para los fideicomisos. Uno de los grandes puntos de Estados Unidos es, entonces, la facilidad con la que se pueden crear sociedades sin que nadie tenga información sobre los verdaderos dueños. Otro de los puntos importantes es el vinculado al intercambio automático de información. Este intercambio comenzó a desarrollarse en la mayoría de los países a partir del año pasado a partir de la reglamentación conocida como Common Reporting Standard desarrollada por la OCDE. Sin embargo, Estados Unidos se opone a la aplicación de esa normativa.

¿Dónde hay una mejor reglamentación? ¿Dónde hay normas jurídicas que favorezcan menores niveles de opacidad?

La realidad es que no hay ningún país modelo. Pero si uno se fija únicamente en las leyes y los reglamentos a nivel de transparencia, vemos que Eslovenia es el país con el nivel de opacidad más bajo. Y, aun así, si lo pensáramos como un examen del colegio y le diéramos a Eslovenia una serie de preguntas, lo que sucedería es que no alcanzaría el 60% de las respuestas correctas. Es decir, el país con los niveles más bajos de opacidad tampoco pasaría el examen. Si el mejor alumno no lo pasa, imaginemos el resto. Por lo tanto, yo diría que no hay ningún país que tenga un nivel aceptable de transparencia. De todas formas, si vamos a temas específicos, hay jurisdicciones que sí son mejores que otras. El Reino Unido, a nivel de sociedades de capital, es el que más avanzó en la registración de beneficiarios finales. Además, brinda la información online y de manera gratuita. Sin embargo, no hizo lo mismo en torno a los fideicomisos. Y tampoco le exige a sus dependencias (Islas Caimán o las Islas Vírgenes, por ejemplo) que den la información. Por lo tanto, su estrategia es la de exhibir una mayor transparencia en Inglaterra pero concentrando toda la opacidad en sus dependencias.

¿Cómo analiza las políticas de blanqueo para los evasores que se desarrollan en diversos países?

Creo que las políticas de blanqueo tal como las hemos conocido últimamente no favorecen en nada a la transparencia. Solo benefician a los evasores. En principio, los habilita a reducir sus penas, a no ser investigados o a evitar pagos fiscales. Lo interesante de esta cuestión es que los blanqueos no aparecen de la nada. Como la información de los evasores se conocerá en uno o dos años, se les recomienda blanquear y se habilita ese mecanismo.Esta política puede ser entendible desde el costo para la administración (en términos de ahorro), pero la realización de un blanqueo general solo implica beneficiar a los evasores frente a una sociedad que pagó impuestos y hasta se vio afectada porque tuvo que soportar una mayor presión fiscal mientras que otros que podían pagar no lo hacían. Parece realmente absurdo que gobernantes piensen en estos términos: “Como quiero tener empleo e inversión, debo traer dinero”, sin importarles si ese dinero es de origen ilegal o no. La separación de los objetivos del Estado debe ser objeto de estudio y crítica. Existe una contradicción en declamar como objetivo la transparencia y la lucha contra la corrupción, y por otro lado favorecer políticas de blanqueo masivas sin averiguar el origen de los fondos que participan del blanqueo.

¿Qué pasa con los paraísos fiscales? ¿Por qué estas juridicciones siguen teniendo relevancia y peso? ¿Cómo se puede trabajar contra ellos?

Los paraísos fiscales están tan institucionalizados y aceptados que son utilizados de manera permanente. Eso es lo que los beneficia. Como se confunden fácilmente los negocios legítimos con los ilegítimos, estos últimos pueden pasar más fácilmente desapercibidos. Esta falta de transparencia corroe a las democracias. A veces resulta hasta gracioso que los argumentos que se esgrimen para defender la existencia de los paraísos fiscales. Hay quienes dicen que benefician a movimientos de derechos humanos, a disidentes políticos, o a activistas sociales y políticos perseguidos, protegiendo su anonimato. Pero jamás se ha visto que una de estas personas utilice una cuenta offshore. Suelen ser siempre los dictadores y los peores violadores de derechos humanos quienes se benefician. Los argumentos que se utilizan son muy pobres. Lo que siempre intentamos explicar es que, si bien los paraísos fiscales son negativos per se, también depende de los países cooperantes tomar medidas contra ellos. Claro que ninguno lo está haciendo. Sabemos que las Islas Caimán son un paraíso fiscal. ¿Y por qué tantos países siguen permitiendo que cualquier empresa o accionista sea de las Islas Caimán o tenga a ese territorio en su cadena legal? ¿Por qué se les permite abrir cuentas o fideicomisos allí? Cada país podría hacer mucho más para prevenir estos efectos de la opacidad.

¿Cómo? ¿Cuáles son las medidas que se pueden adoptar?

La primera es establecer los registros de beneficiarios finales y hacerlos públicos para cualquier tipo de vehículo jurídico. Ninguna entidad debería poder operar económicamente sin registrar a sus verdaderos dueños y hacer pública esa información. No podrían ni ser titular de bienes inmuebles, ni abrir cuentas bancarias, ni ninguna otra cosa. Se debe tener la información para verificar si es un funcionario político y existe conflicto de intereses, si es una persona que no tiene forma de justificar los ingresos para sus propiedades, o, por el contrario, si todo es correcto. Queda, como vemos, mucho por hacer.

- Andrés Knobel, es abogado y consultor de Tax Justice Network, y ha trabajado como consultor para el Green Party del Parlamento Europeo y el Banco Interamericano de Desarrollo. Su trabajo se centra en el Financial Secrecy Index, un análisis de investigación sobre el marco legal de transparencia de más de 100 jurisdicciones en términos de secreto bancario, registro de beneficiarios reales y lucha contra el lavado de dinero, entre otros. También se especializa en el intercambio automático de información (FATCA y el CRS de la OCDE), los regímenes abusivos de la ley de fideicomisos y los mecanismos de evasión fiscal. Ha sido invitado a hablar en conferencias sobre estos temas en Argentina, Colombia, Costa Rica, Ecuador, India, Indonesia, Panamá, Perú, España, el Reino Unido y los Estados Unidos. Estudió derecho en la Universidad de Buenos Aires (programa de intercambio en la Universidad de Columbia en Nueva York) y tiene una Maestría en Derecho y Economía en la Universidad Di Tella (programa de intercambio en la Universidad Humboldt de Berlín).

nuso - marzo de 2018