En la carta, sostienen que los acontecimientos recientes en relación con el caso argentino también tendrán un impacto directo en Estados Unidos y su condición de “centro financiero de la economía mundial”. Temor sobre la plaza Nueva York.

La puja de la Argentina contra los fondos buitre generó un reclamo internacional para crear nuevos mecanismos legales que permitan proteger las reestructuraciones de deuda soberanas y evitar la arbitrariedad de un sistema judicial que logró avanzar sobre las decisiones de política económica de otro país. Este es el escenario que permite entender el contexto en el cual una serie de economistas como el Nobel adscripto a teorías neoclásicas Robert Solow, Branko Milanovic y Dani Rodrik escribieron una carta dirigida al Congreso de Estados Unidos instando a los legisladores a “actuar inmediatamente y buscar soluciones legislativas para mitigar el impacto nocivo de la decisión del tribunal” de Griesa. La presidenta Cristina Fernández de Kirchner mencionó este texto durante su discurso de ayer, y afirmó que le gustaría leer este tipo de argumentos en la prensa local y no en los periódicos extranjeros.

“La decisión de la Corte distrital, y especialmente el interdicto que está actualmente bloqueando a Argentina de realizar los pagos al 93 por ciento de sus bonistas extranjeros, podría causar un daño económico innecesario al sistema financiero internacional, así como a los intereses económicos de Estados Unidos y de la Argentina”, sostuvieron los economistas, acompañados de otras cien firmas.

Los países del Brics –Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica–, los de la Unasur, el Mercosur, las naciones que forman parte de la Organización de Estados Americanos (OEA) y el Grupo de los 77 se han pronunciado en contra del accionar de los fondos buitre en relación con el caso argentino, por el precedente que han sentado para las reestructuraciones de la deuda y, a su vez, comenzaron a demandar cambios en la legislación, ya sea a nivel local como supranacional.

“La decisión de la Corte de que la Argentina no puede continuar pagando a los bonistas reestructurados, excepto que primero pague a los demandantes, significa que cualquier holdout acreedor puede echar a perder todos los acuerdos existentes con los tenedores de bonos que optaron por negociar. Mientras que a individuos y corporaciones se les garantiza la protección de la ley de bancarrota, no existe tal mecanismo para los gobiernos soberanos”, escribieron los economistas Milanovic, Rodrik y Solow.

La visión de estos economistas, sumada a la del Premio Nobel Joseph Stiglitz (ver aparte), contrasta con la de los economistas locales. Si bien la mayoría ha cuestionado el accionar de los fondos buitre, enfatizaron más su crítica al gobierno nacional antes que considerar las implicancias globales de la puja que está llevando adelante el gobierno nacional. El ex secretario de Finanzas Guillermo Nielsen sostuvo durante un reportaje en Radio Nacional que los pronunciamientos de la OEA o los Brics no tenían importancia ni incidencia en la temática y que sólo podría generarse un cambio en el sistema financiero internacional dentro del FMI. Stiglitz, por su lado, y Milanovic, Rodrik, Solow y las otras cien firmas que enviaron su carta al Congreso norteamericano estarían considerando otros escenarios.

En la carta sostienen que los acontecimientos recientes en relación con el caso argentino también tendrán un impacto directo en Estados Unidos y su condición de “centro financiero de la economía mundial”. “Si bien gran parte de la deuda del mundo en desarrollo ha sido publicada bajo la jurisdicción de las leyes de Nueva York y la utilización de las instituciones financieras con sede en Nueva York, el fallo del tribunal (de Griesa) hará que sea más probable que los gobiernos soberanos busquen ubicaciones alternativas para la emisión de deuda. Gran Bretaña y Bélgica, por ejemplo, ya han aprobado una legislación destinada a prevenir este tipo de comportamiento de los acreedores holdouts”, aseveraron.

En su argumento está la pretensión de defender el statu quo de Estados Unidos como plaza financiera internacional. Es desde ese lugar que reclamaron cambios en el sistema jurídico de su país para evitar los abusos judiciales de la sentencia de Griesa, convalidada por la Cámara de Apelaciones y la Corte Suprema.

“La decisión del tribunal (de Griesa) obstaculizaría gravemente la capacidad de los acreedores y la de los deudores a concluir de manera ordenada una reestructuración, dejando que una crisis de deuda soberana ocurra. Esto podría tener un impacto significativamente negativo en el funcionamiento de los mercados financieros internacionales, como el FMI ha advertido en repetidas ocasiones”, indicaron Milanovic, Rodrik, Solow.

Lo que intentó dejar en claro este conjunto de economistas es que nada será igual en la arquitectura financiera internacional a partir del caso argentino, cualquiera sea su resolución.

El devenir de los ferrocarriles metropolitanos de Buenos Aires es una fuente interesante para análisis y reflexiones. Siendo una de las redes pioneras de Latinoamérica (apenas diferida respecto de las europeas) y una de las de mayor extensión, su historia acumula una vasta experiencia, apreciable también para otras ciudades. El modelo de gestión registró sucesivos vaivenes entre su gestión por empresas privadas y públicas. La modalidad de concesión a empresas privadas adoptada en los años noventa fue singular y un caso de referencia internacional. El debate sobre los modelos de gestión ferroviaria aún sigue abierto, tanto a nivel nacional como internacional.

Lo que recorre este trabajo es el tema complejo de la fenomenología de la incertidumbre humana. La cuestión de la incertidumbre humana en este siglo es obvia, incluso, para los historiadores que suelen sentirse más cómodos con la familiaridad de los pasados de la humanidad que con el presente sombrío y el futuro misterioso. Becker (1994: xii-xiv) explicó que la “fenomenología de la incertidumbre” está caracterizada por manifestaciones de convergencia e intersección de épocas que causan inestabilidades y dudas acerca de las adecuaciones del orden normativo existente de la vida, falta de confianza en las cosmovisiones existentes, fragmentación de identidades, ruptura de los valores conocidos de sociabilidad y civilidad, y signos visibles de la vacuidad de las nociones sobre el Estado nación.

Los actuales territorios metropolitanos cuestionan nuestra idea de ciudad: son vastos territorios de urbanización discontinua, fragmentada en unos casos, difusa en otros, sin límites precisos, con escasos referentes físicos y simbólicos que marquen el territorio, de espacios públicos pobres y sometidos a potentes dinámicas privatizadoras, caracterizada por la segregación social y la especialización funcional a gran escala y por centralidades “gentrificadas” (clasistas) o “museificadas”, convertidas en parques temáticos o estratificadas por las ofertas de consumo. Esta ciudad, o “no ciudad” (como diría Marc Augé) es a la vez expresión y reproducción de una sociedad a la vez heterogénea y compartimentada (o “guetizada”), es decir mal cohesionada.

No hay duda que eso que llamamos “conflictos urbano-ambientales” está al alza en América Latina, a pesar de que no tengamos una definición rigurosa de lo que se trata. Hoy en día la capacidad de los gobiernos para imponer una idea del “interés público” mediante proyectos está fuertemente cuestionada (sobre todo si son grandes proyectos), tanto por una creciente movilización social como por nuevas formas de captura de las burocracias por intereses económicos. Aquí intento una visión panorámica del catálogo de preguntas que este proceso suscita para las ciencias sociales, en particular desde el cruce entre dos disciplinas: el derecho y la sociología. Para ello, parto de la distinción entre el punto de vista interno y el externo del análisis de los fenómenos jurídicos.

Cuando los investigadores sociales exploran un conflicto urbano-ambiental suelen penetrar en su dimensión jurídica. No solo les resulta inevitable contar la historia de lo que ocurrió cuando alguien acudió a tal o cual tribunal, sino que es difícil evitar una narrativa que no lleve consigo una opinión jurídica, es decir una postura sobre cuáles son los actores cuyos derechos han sido vulnerados o de qué modo han vulnerado los derechos de otros. Aquí no falta el abogado o el jurista que dice “¡alto ahí! Está usted cruzando el umbral de la ciencia jurídica y ese no es su territorio”, pero lo cierto es que quien analiza un conflicto con los métodos de las ciencias sociales y termina emitiendo una opinión jurídica, con frecuencia ofrece una contribución original para la comprensión de “el caso”. Pero esa contribución implica tomarse en serio la complejidad interna del mundo del derecho y en particular la fuerza normativa de algunas categorías que no por ser polémicas van a desaparecer. Ahí están, por ejemplo la idea de la igualdad ante la ley (que obligaría a compensar una expropiación a grandes terratenientes igual que a comunidades campesinas) o la noción de interés público, que puede ser legítimamente movilizada cuando se trata de llevar agua a los sectores vulnerables de una ciudad, aun a costa de una comunidad rural (y obviamente ¿a cambio de qué?).

Pero más allá de que la investigación social puede enriquecer el punto de vista interno del derecho, su mayor contribución se da cuando ofrece un punto de vista externo del mismo. Esto es, una comprensión del significado social del derecho que incluye aspectos del conflicto que las ciencias jurídicas no son capaces de registrar. El método supone dos pasos: la reconstrucción de lo que está en juego en el conflicto y el análisis de su juridificación.

Tipos de conflicto

Para identificar lo que está en juego (frase que no me cansaré de repetir) en los conflictos urbano-ambientales lo primero es construir una tipología de los mismos. Me parece que se pueden distinguir tres tipos de conflicto según lo que en ellos está en juego: la transformación del entorno, la exclusión social y la expropiación. Estas cuestiones pueden estar presentes en el mismo conflicto pero son analíticamente distintas. Para comprender lo que está en juego en los conflictos por la transformación del entorno, es interesante seguir la sugerencia de Mariana Valverde en el sentido de identificar los cronotopos (en el sentido de Bakhtin) que los actores movilizan en cada caso, o sea las ideas de tiempo y lugar que dan sentido a la experiencia urbana y que van desde la evocación del pasado cuando la escala es el barrio, hasta la movilización de un futuro promisorio cando la escala es la de la ciudad). Al reconocer la complejidad de la dimensión espacio-temporal del conflicto, es posible reconocer, por ejemplo, el modo en que lo que está en juego se transforma conforme avanza el conflicto; lo que inicia como una defensa del barrio puede convertirse en una lucha por la democratización de la gestión urbana o de la reforma del papel de los jueces. Para resumir esta cuestión, alguien dirá que lo que está en juego es “el tipo de ciudad que queremos”, pero lo importante para las ciencias sociales es identificar el modo en que los actores movilizan sus propios repertorios y los efectos sociales resultantes.

En los conflictos por condiciones de exclusión lo que está en juego es la situación de un grupo respecto de los bienes públicos de la ciudad y tienen que ver no solo con el acceso a ciertos satisfactores básicos (agua, transporte…) sino con condiciones ambientales que suponen una exposición desigual a riesgos de todo tipo. Son estos los conflictos que proporcionan su mayor fuerza normativa a la idea del derecho a la ciudad, aunque esto, una vez más, pueda ser polémico en el mundo del derecho. Acaso la pregunta más recurrente aquí es ¿cómo es posible que los sectores populares aceptan condiciones de desigualdad como las que marcan a las ciudades de América Latina? Y ello nos remite a una pregunta más general de la sociología urbana: ¿de qué está hecho el orden social en estas ciudades que naturaliza esa desigualdad? Y sobre todo ¿cuál es la productividad social de los conflictos que ponen en entredicho ese orden?

Un tercer tipo de conflicto es el que surge por el ejercicio del poder expropiatorio del Estado. Lo que está en juego es el balance entre el poder del Estado y el poder del propietario –o, si se quiere, la propiedad como relación social–. Cuando esos conflictos se leen exclusivamente en clave jurídica, lo que se encuentra es una polarización entre doctrinas más o menos favorables a la defensa del derecho de propiedad. Pero una mirada más cercana revela una enorme ambigüedad en el asunto: no solo porque a veces los propietarios “afectados” en realidad son beneficiados cuando son capaces de obtener altas indemnizaciones. También porque los afectados pueden ser sectores sociales vulnerables para quienes la pérdida de la propiedad es además la pérdida de su única vivienda (o sea una coincidencia entre expropiación y exclusión social). Aquí, la urgencia del analista por “tomar partido” suele opacar la riqueza y la complejidad del conflicto. Cuando se analizan de cerca los conflictos por expropiaciones, es posible reconstruir el orden urbano en su dinámica socio temporal; es decir, la ciudad no solamente como una estructura estática construida a partir de la distinción entre espacios públicos y espacios privados, sino la dinámica socio-política que reproduce (y es condicionada por) dicha estructura en un proceso siempre abierto.

Reconstruir la lógica social

Una vez que se tiene una idea clara de lo que está en juego y su complejidad, es posible introducir la dimensión jurídica a través del concepto de juridificación, mediante el cual se trata de evitar la adopción de los conceptos jurídicos como válidos, para poder reconstruir la lógica social propia del campo jurídico. Para ver el derecho “desde fuera” es preciso tomar distancia de sus propias categorías y registrar el modo en que los actores lo movilizan. Pero sobre todo, es preciso preguntarse cómo es que el rumbo del conflicto es redefinido una vez que ha entrado al mundo del derecho. Obviamente jueces y abogados se convierten en personajes importantes, y por eso hay que preguntarse qué está en juego para ellos en el conflicto. Pero sobre todo no hay que olvidar que los actores iniciales del conflicto (que representan los intereses y las visiones en lucha en la ciudad y su entorno) siguen siendo actores y siguen pesando sobre el resultado. Acaso sea este el reto más grande de la investigación sociológica sobre los conflictos: registrar el sesgo específico que la juridificación imprime al conflicto, sin dejar de lado que siempre se trata de una re-definición del orden urbano, con la ley o a pesar de ella.

¿Para qué sirve todo esto? Se trata de recuperar el viejo proyecto de la sociología, que en gran parte ha sido el de encontrar una explicación no contractualista del orden social. Mientras dominen las teorías de la “gobernanza”, que suponen la posibilidad de un orden pactado desde la neutralidad de unos actores ubicados más allá del conflicto, seguirá siendo válido el proyecto de comprender el orden social a partir del conflicto.

Setenta años de reinado. El 22 de julio de 1944, los acuerdos de Bretton Woods (New Hampshire) consagraron el poder absoluto del dólar estadounidense Ese día, pocas semanas después del desembarco de los aliados en las playas de Normandía, las grandes naciones se reunieron en ese lugar distinguido de Nueva Inglaterra para redefinir las normas del sistema monetario internacional. De allí en más, todas las monedas estarían atadas al dólar, pivote de la nueva arquitectura y única divisa aún convertible en oro.

Martín Redrado fue el presidente del Banco Central que en 2009 firmó con su par de China un acuerdo por el cual la institución argentina tenía el derecho a obtener yuanes a cambio de pesos por el equivalente a 10.000 millones de dólares. A lo largo de los tres años de vigencia del contrato la posibilidad nunca fue utilizada.

El Senado norteamericano vota de modo unánime defender a Israel, incluyendo al senador Bernie Sanders, de Vermont. No creo que lo haya hecho por dinero. Es un miembro a sueldo del PETEI (‘Progresistas en Todo Excepto Israel’), el segmento liberal de la sociedad norteamericana, que no es progresista en muchas cosas, incluido Israel.

Tomemos, por ejemplo, el caso del ‘coronel’ Sanders. Yo pensaba que mi difunto amigo Alexander Cockburn era a veces demasiado duro con Sanders, pero me equivocaba. Sanders lleva mucho tiempo siendo un lameculos, tal como nos informó Thomas Naylor deshaciendo los mitos que rodean al senador en un artículo de CounterPunch en septiembre de 2011:

“Aunque pueda haber sido socialista antaño, en los 80, cuando era alcalde de Burlington [Vermont], hoy socialista no es. Más bien se comporta como un tecnofascista disfrazado de liberal, que respalda todas las repugnantes guerritas del presidente Obama en Afganistán, Irak, Libia, Pakistán, Somalia y Yemen. Puesto que siempre “apoya a las tropas”, Sanders nunca se opone a ningún proyecto de ley de gastos en Defensa. Respalda a todos los contratistas militares que llevan a Vermont puestos de trabajo muy necesarios.

El senador Sanders rara vez pierde la oportunidad de hacerse la foto con las tropas de la Guardia Nacional de Vermont cuando las envían a Afganistán o Irak. Está siempre en el Aeropuerto Internacional de Burlington cuando regresan. Si Sanders apoyara de verdad a las tropas de Vermont, votaría a toda prisa por acabar con todas las guerras”.

Un voto unánime del Senado es raro, por lo tanto, ¿qué explica ser más leal a Israel de lo que lo son unos cuantos judíos críticos en ese mismo país? Un factor importante es sin duda el dinero. En el año 2006 cuando la London Review of Books publicó un artículo (encargado y rechazado por el Atlantic Monthly) de los profesores Walt y Mearsheimer sobre el grupo de presión israelí, se produjo el habitual revuelo de los sospechosos habituales. No del difunto Tony Judt, que defendió públicamente la publicación del texto y que se vio él mismo sometido a violentas amenazas y odiosos correos por parte de ya sabemos quién.

The New York Review of Books, acaso avergonzada de su falta de arrestos en esta cuestión, entre otras, le encargó un texto a Michael Massing que señalaba algunos errores del ensayo de Mearsheimer/Walt pero proporcionaba a la vez algunas cifras interesantes. Su artículo merece leerse por sí mismo, pero el siguiente extracto ayuda a explicar el voto unánime de apoyo a la actuación israelí:

“A los defensores del AIPAC [Comité de Acción Política Norteamericano-Israelí] les gusta sostener que su éxito se explica por su capacidad de explotar las oportunidades de las que se dispone en la Norteamérica democrática. Hasta cierto punto, es cierto. El AIPAC dispone de una formidable red de apoya a lo largo y ancho de los EE.UU. Sus 100.000 miembros —han subido en un 60% en los últimos cinco años — tienen la guía de las nueve oficinas regionales del AIPAC, sus diez oficinas satélite, y un equipo en Washington de más de cien personas en el que se cuentan cabilderos, investigadores, analistas, organizadores y publicistas, respaldados por un ingente presupuesto de 47 millones de dólares….Esa descripción, sin embargo, pasa por alto un elemento clave del éxito del AIPAC: el dinero. El mismo AIPAC no es un Comité de Acción Política [entidades que en los EE.UU. recogen dinero para campañas políticas]. Más bien, tras evaluar el historial de voto y las declaraciones públicas, proporcionan información a esos comités, que dan dinero a los candidatos. El AIPAC les ayuda a decidir quiénes son los amigos de Israel de acuerdo con los criterios del AIPAC. El Center for Responsive Politics, un grupo no partidista que analiza las contribuciones políticas, recoge una lista de un total de 36 CAPs pro-israelíes, que en conjunto aportaron 3,14 millones de dólares a los candidatos en el ciclo electoral de 2004. Los donantes pro-israelíes dan muchos millones más. En los últimos cinco años, por ejemplo, Robert Asher, junto a varios de sus parientes (un mecanismo habitual para maximizar las aportaciones), ha donado148.000 dólares, sobre todo en sumas de 1.000 o 2.000 dólares a uno u otro candidato.

Un antiguo miembro del personal del AIPAC me describió cómo funciona el sistema. Un candidato entra en contacto con el AIPAC y expresa sus fuertes simpatías por Israel. El AIPAC le señala que no respalda candidatos, pero se ofrece a presentarle a gente que sí puede apoyarlos. Al candidato se le asignará alguien asociado al AIPAC para que actúe como persona de contacto. Se juntarán cheques de 500 o 1.000 dólares provenientes de donantes proisraelíes y se le enviarán al candidato con una clara indicación de las opiniones políticas de los donantes (todo esto es perfectamente legal). A esto se añaden reuniones para recaudar fondos en diversas ciudades. Con frecuencia, los candidatos proceden de estados con una insignificante población judía.

Un miembro del personal del Congreso me contó el caso de un candidato demócrata de un estado montañoso que, deseoso de acceder al dinero pro-israelí, contactó con el AIPAC, que le asignó un ejecutivo informático de Manhattan ansioso por ascender en la organización del AIPAC. El ejecutivo organizó una recepción para recaudar fondos en su apartamento del Upper West Side, y el candidato salió de allí con 15.000 dólares encima. En el reducido mercado de anuncios televisados y de prensa de su estado, esa suma demostró ser un factor importante en una carrera en la que se impuso por la mínima. Así se convirtió el congresista en uno de los varios centenares de miembros en los que se podía confiar para que votasen siguiendo los designios del AIPAC (la persona en cuestión me dio el nombre del congresista, pero me pidió que no lo dijera para evitarle el bochorno)”.

Todo esto es posible gracias a la política oficial norteamericana desde 1967. Si los EE. UU. llegasen algún día a modificar su posición en este asunto, los votos unánimes resultarían imposibles. Pero ni siquiera en los EE.U.U se han llegado a prohibir las manifestaciones públicas que se oponen a la brutalidad israelí y a su consecuente despliegue de terror estatal.

En un fin de semana (18-19 de Julio de 2014) en el que hubo manifestaciones en diversas partes del mundo, el gobierno francés prohibió una marcha en París organizada por numerosos grupos, entre ellos varias organizaciones judías no sionistas de Francia y demás. Desafiaron la prohibición. Varios miles de personas se vieron envueltas en gases lacrimógenos lanzados por los odiados CRS [las Compañías Republicanas de Seguridad, los antidisturbios franceses]. El primer ministro Manuel Valls, desesperado oportunista y neo-con, azote de los roma en Francia, que compite con Le Pen por el voto de la derecha, y es ornato, nada sorprendentemente, de un Partido Socialista Francés que sigue el modelo de un desvergonzado picapleitos y criminal de guerra (Tony Blair), explicaba la prohibición en razón de ‘no alentar el antisemitismo’, etc. El control del grupo de presión de Israel en Francia es total. Domina la cultura y los medios de información franceses y las voces críticas con Israel (tanto judías como no judías) quedan efectivamente acalladas.

El poeta y crítico israelí Yitzhak Laor (cuyas obras, que retratan la brutalidad colonial de los soldados israelíes han sido a veces prohibidas en su propio país) describe el nuevo ascenso del euro-sionismo en términos mordaces. La ‘ofensiva filosemita’ es ahistórica:

Sería simplista considerar esta cultura memorial como una crisis tardía de la conciencia internacional, o un sentido de la justicia histórica que ha tardado tiempo en materializarse…

La mayoría de los miembros de la Asamblea General de las Naciones Unidas han surgido de un pasado colonial: son descendientes de los que sufrieron genocidios en África, Asia o América Latina. No debería haber ninguna razón por la que la conmemoración del genocidio de los judíos llevara a bloquear la memoria de esos millones de africanos o indígenas americanos asesinados por los civilizados invasores occidentales de sus respectivos continentes.

La explicación de Laor es que con la desaparición de la vieja dicotomía amigo-enemigo de la Guerra Fría, había que dar pábulo en Europa a un nuevo enemigo global:

En el nuevo universo moral del ‘fin de la historia’, había una abominación —el genocidio judío — que todos podían unirse para condenar; y lo que es igualmente importante, quedaba firmemente en el pasado. Su conmemoración serviría tanto para consagrar la tolerancia liberal-humanista de la nueva Europa frente a ‘el otro (que es como nosotros)’ y redefinir ‘al otro (que es diferente de nosotros)’ en términos de fundamentalismo musulmán.

Laor desmonta hábilmente a los Glucksmann, los Henri-Levy y los Finkelkrauts que dominan la prensa escrita y la videosfera en la Francia de hoy. Después de abandonar sus creencias marxistas de juventud a finales de los 70, hicieron las paces con el sistema. El surgimiento de una corriente ultrasionista en Francia es anterior, sin embargo, a los ‘Nuevos (sic) Filósofos’. Tal como explicaba el profesor Gaby Piterburg en su reseña de los ensayos de Laor en la New Left Review:

Al igual que en los EE.UU., fue la guerra de 1967 la que supuso un giro decisivo en la consciencia judía francesa. Un joven comunista, Pierre Goldman, describió la ‘gozosa furia’ de una manifestación pro-israelí en el bulevar Saint-Michel, donde se encontró a otros camaradas, ‘marxistas-leninistas y supuestos antisionistas regocijados por la capacidad guerrera de las tropas de Dayan’. Pero la reacción política del Elíseo fue opuesta a la de la Casa Blanca. Alarmado de que Israel trastocara el equilibrio de poder en Oriente Medio, de Gaulle condenó la agresión, y describió a los judíos como ‘un pueblo de élite, seguro de sí mismo y dominante’. Las organizaciones judías francesas que habían dado por hecha una política exterior pro-israelí comenzaron a organizarse sobre una base política, mientras Pompidou y Giscard continuaban el embargo de armas de de Gaulle en los años 70. En 1976 el Comité Judío de Acción (CJA) organizó un ‘día de Israel’, que movilizó a 100.000 personas. En 1977, CRIF, consejo representativo de unos 60 organismos judíos, anteriormente apacible, elaboró una nueva carta en la que denunciaba el ‘abandono de Israel’ por parte de Francia, publicada por Le Monde como documento de hecho. En las elecciones presidenciales de 1981, el fundador del CJA, Henri Hajdenberg, llevó a cabo una campaña de perfil alto en favor de un voto judío contrario a Giscard; venció Mitterrand por un margen del 3 %. Se levantó el boicot y Mitterrand se convirtió en el primer presidente en visitar Israel. Quedó así sellada una cálida relación entre el CRIF y la élite del Partido Socialista y se cubrió con un discreto velo de silencio el papel de Mitterrand durante la guerra como funcionario de Vichy.

[Una nota breve: cuando al profesor Piterburg (antiguo oficial de las FDI, el ejército israelí) le atacan los sionistas en sus intervenciones públicas acusándole de ser un “judío que se odia a sí mismo”, responde así: “No me odio a mí mismo, pero sí a vosotros”.]

Lo mismo vale para la Francia oficial. El país es diferente. Las encuestas de opinión revelan que, como mínimo, el 60 % de los franceses se opone a lo que Israel está haciendo en Gaza. ¿Son todos antisemitas? No les han podido influir los medios, ¿verdad? Porque están absolutamente a favor de Israel. ¿No será que la población francesa ignora a Hollande, Valls y los ideólogos mercenarios que les apoyan?

¿Y qué pasa con Gran Bretaña? Aquí el Extremo Centro que gobierna el país, así como la ‘Oposición’ oficial apoyaron debidamente a sus señores de Washington. La cobertura de los recientes sucesos de Gaza en la televisión estatal (la BBC) fue tan espantosamente unilateral que hubo manifestaciones frente a las oficinas de la BBC en Londres y Salford. La mínima experiencia que yo mismo tuve con la BBC revela lo temerosos y pusilánimes que se sienten en su interior. Como conté en mi blog de la London Review of Books, esto fue lo que pasó:

El miércoles, 16 de Julio, recibí cuatro llamadas del programa Good Morning Wales, de la BBC.

Primera llamada por la mañana: ¿podían contar conmigo para entrevistarme sobre Gaza mañana por la mañana? Contesté que sí.

Primera llamada de la tarde: ¿les podía contar lo que diría? Dije que (a) Israel es un estado matón, mimado y malcriado por los EE. UU. y sus vasallos. (b) Apuntar y matar niños palestinos (sobre todo chicos) es una vieja costumbre israelí. (c) La cobertura de Palestina que hace la BBC es abominable y si no me cortaban les explicaría cómo y por qué.

Segunda llamada de la tarde: estaría dispuesto a debatir con alguien favorable a Israel. Respondí que sí.

Mensaje por la tarde en mi teléfono: lo sentimos muchísimo. Ha habido un accidente de autopista en Galés, de modo que hemos decidido prescindir de su intervención.

Pocos ciudadanos británicos son conscientes del papel que desempeñó su país a la hora de crear este embrollo. Fue hace mucho tiempo, cuando Gran Bretaña era un imperio y no un vasallo, pero los ecos de la historia nunca se desvanecen. No fue por accidente sino intencionadamente que los británicos decidieron crear un nuevo Estado, y no fue sólo Balfour. El Centro de Información Alternativa de Beit Sahour, una organización conjunta israelo-palestina que promueve la justicia, la igualdad y la paz de palestinos e israelíes publicó recientemente un texto. Era una cita del Informe Bannerman, escrito en 1907 por el primer ministro de Gran Bretaña, Sir Henry Campbell-Bannerman, cuya importancia estratégica hizo que se ocultara y no se hiciera público hasta muchos años después.

“Hay un pueblo que controla espaciosos territorios [los árabes] que bullen de recursos ocultos y a la vista. Dominan las intersecciones de las rutas mundiales. Sus tierras fueron cuna de civilizaciones y religiones humanas. Esta gente tiene una fe, una lengua, una historia y las mismas aspiraciones. Ninguna barrera natural aísla a esas gentes unas de otras…si por azar esta nación se unificara en un Estado, tomaría el destino del mundo en sus manos y separaría a Europa del resto del mundo. Tomando todo esto seriamente en consideración, debería implantarse un cuerpo extraño en el corazón de esta nación para impedir la convergencia de sus alas, de tal forma que puedan agotarse sus poderes en interminables guerras. También podría servirle a Occidente para conseguir sus codiciados objetivos”.

Cómo empezó todo, preguntan algunos estos días. Esto, lo que está ocurriendo en Gaza, se inició hace mucho tiempo. Comenzó con los pogromos, las persecuciones racistas de judíos primero en Rusia, después en Europa. Comenzó con el antisemitismo europeo, con el nazismo, con el genocidio contra los judíos y con la posterior decisión de Europa, motivada por la culpa de lo ocurrido, de apoyar y fomentar el sionismo -surgido en el siglo XIX- y la masiva emigración judía a Palestina.
Comenzó cuando el protectorado británico de Palestina miraba hacia otro lado mientras los judíos se organizaban en bandas armadas que cometieron atentados terroristas, matando a gente, contra objetivos británicos y árabes.

En 1947 la ONU, motivada por la responsabilidad y culpa europea del horror contra los judíos, aprobó un plan de partición que asignó el 54% de la Palestina del mandato británico a la comunidad judía (llegada la mayoría tras el Holocausto) y el resto, a los palestinos. Jerusalén quedaba como enclave internacional.

En los primeros meses de 1948 las fuerzas armadas judías clandestinas -escribo judías porque así se autodenominaban, y aún no se había declarado la independencia de Israel- elaboraron el Plan Dalet, cuyo fin era, entre otras cosas, hacerse con el control de la vía que unía Jerusalén con Tel Aviv, una zona que no figuraba como futuro territorio israelí en el plan de partición de la ONU. De ese modo expulsaron a miles de personas y asesinaron a cientos. Es decir, ya hubo entonces un plan de limpieza étnica.

Después, cuando los países árabes vecinos declararon la guerra a Israel tras su nacimiento en mayo de 1948, las fuerzas armadas israelíes aprovecharon para ocupar más tierras y expulsar a cientos de miles de palestinos. De ese modo Israel pasó a tener un 78% del territorio (posteriormente, en 1967 Israel ocuparía el 22% restante: Gaza, Cisjordania y Jerusalén Este).

Tras la guerra del 48, muchos palestinos intentaron regresar a sus casas, pero las tropas israelíes se lo impidieron, a pesar de que en diciembre de 1948 Naciones Unidas aprobó la resolución 194, incumplida hasta hoy, confirmada en repetidas ocasiones y ratificada en la resolución 3236 de 1974, que establecía el derecho de los refugiados a regresar a sus hogares o a recibir indemnizaciones.

Solo pudieron permanecer dentro de Israel, en muchos casos como desplazados, unos 150.000 palestinos, el 15% de la población, que en 1952 accedieron a la ciudadanía. Son los llamados árabes israelíes.

Gaza

Gran parte de los palestinos de Gaza son refugiados, expulsados o descendientes de los expulsados en 1948 a través de lo que constituyó, según historiadores israelíes como Ilan Pappé, una limpieza étnica, con el objetivo de levantar un Estado de mayoría judía. Incluso el historiador israelí sionista Benny Morris, ha escrito que “con la suficiente perspectiva resulta evidente que lo que se produjo en Palestina en 1948 fue una suerte de limpieza étnica perpetrada por los judíos en las zonas árabes”.

Los palestinos de Gaza viven hacinados, castigados, limitados. Israel controla qué productos y personas acceden a la Franja y prohíbe la entrada de materiales fundamentales. Practica un castigo colectivo.

Esto, lo que está pasando en Gaza, se inició hace 66 años, cuando se optó por una concepción de Israel como un Estado judío con mayoría judía. Para mantener esa mayoría Israel practica la ocupación, aparta y discrimina a los palestinos y, de vez en cuando, lleva a cabo operaciones militares que matan a cientos o miles y provocan el desplazamiento de miles más.

Para mantener la mayoría judía...

El Estado israelí, para ser fiel a su autodefinición -Estado judío- excluye el concepto de ciudadanía universal. Si aceptara como ciudadanos a los palestinos de Gaza y Cisjordania -territorios que controla u ocupa- su concepción como Estado judío estaría en peligro, ya que la población judía dejaría de ser la mayoritaria.

La elevada natalidad entre los palestinos es una de las preocupaciones principales de Israel. Lo llaman la cuestión demográfica. Ya hoy los judíos dentro de la llamada Línea Verde -las fronteras de antes del 67- conforman el 70% de la población, y se calcula que dentro de veinte años podrían ser el 50%.

Israel se opone a la creación de un Estado palestino pero también se niega a conceder derechos plenos y ciudadanía a los palestinos de Gaza y Cisjordania, porque si lo hiciera, estaría renunciando a su carácter judío como Estado. Es decir, a lo que algunos historiadores y politólogos llaman etnocracia.

Como subrayaba el israelí Sergio Yahni, integrante del Alternative Information Center, en una conversación que mantuvimos en Jerusalén:

“Israel solo puede ser un Estado judío si mantiene la supremacía demográfica o legal de la población judía, pero para ello tiene o que llevar a cabo una nueva limpieza étnica, como la de 1948, o practicar la segregación étnica legalizada, es decir, el apartheid. Mientras Israel no asuma una verdadera transformación democrática, no viviremos en paz y seguirá la represión”. ("El hombre mojado no teme la lluvia", Ed.Debate, 2009).

La Ley de Bienes Ausentes

Para que Israel pudiera ser un Estado judío, el gobierno del primer ministro David Ben Gurion organizó la recolonización de las tierras y distribuyó los bienes inmuebles que llamaron “abandonados”. Para ello se aprobó en 1950 la Ley de los Bienes Ausentes, que gestionó el traspaso a manos judías de las casas de los palestinos, no solo de los que se habían ido fuera de las fronteras israelies, sino también de aquellos que habían sido reubicados dentro del Estado israelí.

También se aprobaron otras leyes que prohibieron la venta o transferencia de tierras para garantizar que no cayeran en manos palestinas, y que permitían decretar la expropiación de bienes por interés público o declarar una superficie como “zona militar cerrada”, lo que impedía a los propietarios de la misma reclamarla como suya. De ese modo, 64.000 viviendas de palestinos ya habían pasado a manos judías en 1958.

La Ley del Retorno

Otra de las leyes fundamentales y una de las más controvertidas es la Ley del Retorno, que confirma esa insistencia en el carácter judío del Estado a través de la concesión de privilegios a los judíos. Esta ley concede el derecho a la ciudadanía de todos los judíos del mundo, de los hijos, nietos y cónyuges de los judíos, así como de quienes se conviertan al judaísmo. Sin embargo, no incluye a los judíos de nacimiento convertidos a otra religión y de hecho se ha denegado la ciudadanía a varios judíos convertidos al cristianismo.

La polémica en torno a esta ley reside en que Israel no permite regresar a su hogar a los palestinos expulsados ni a sus descendientes. Pero, por poner un ejemplo, un sueco que se convierta al judaismo sí tiene derecho a residir en Israel y a obtener la ciudadanía. Además, es probable que pudiera acceder a ayudas económicas del Estado para financiar estudios o adaptación a su nuevo hogar.

En 2003 se construyó un escalón más en esta política exclusivista con la aprobación de la Ley de Ciudadanía y Entrada en Israel, que indica que los palestinos de Cisjordania o Gaza menores de 35 años y las palestinas de Cisjordania o Gaza menores de 25 años no podrán residir en territorio israelí aunque se casen con un/a israelí. Sin embargo, si cualquier europeo contrae matrimonio con un ciudadano israelí tendrá derecho tanto a la residencia como a la ciudadanía.

La ocupación

La ocupación es la esencia del Estado israelí tal y como se concibe a sí mismo a día de hoy. Los colonos conforman una especie de ejército israelí paralelo al oficial, ya que ejercen una función paramilitar, la de invadir y ocupar, motivados por razones políticas, religiosas y también económicas, ya que el Estado concede préstamos y subvenciones a aquellos judíos que se instalan en la tierra de los palestinos.

En el territorio palestino de Cisjordania viven 450.000 colonos judíos, con una población total de más de dos millones de habitantes. Las colonias judías consumen un promedio de 620 metros cúbicos de agua por persona al año frente a los menos de 100 metros cúbicos de los palestinos. Esto sucede porque los asentamientos se apropian de parte de los acuíferos y de las áreas con más reservas.

Los colonos pueden llevar armas. Además, sus asentamientos están protegidos por el Ejército israelí, que de este modo legitima la ocupación. Es el propio Estado el que administra los terrenos de Cisjordania.

A través de las colonias, Cisjordania se ha convertido en una zona acantonada, sin continuidad territorial, donde los pueblos y ciudades están desconectados entre sí, convertidos en islotes rodeados por controles militares israelíes y por asentamientos judíos. Un Estado palestino con esta Cisjordania actual no contaría con conexión territorial y tendría tantas fronteras como colonias hay.

Exclusión y discriminación

Para controlar a la población palestina, Israel limita sus movimientos, lleva a cabo arrestos arbitrarios, aplica la llamada ley de detención administrativa, que permite mantener encarcelado a un palestino sin cargos ni juicio hasta al menos dos años, impide a los palestinos salir de su localidad o les obliga a esperar horas para hacerlo, les niega servicios públicos fundamentales, les prohibe construir viviendas y de hecho destruye algunas de sus casas, con la excusa de que no cuentan con permisos de construcción que se les deniegan de forma sistemática.

En la práctica aplica un apartheid y se guía por la ley del talión. Si alguien mata a un israelí, es el propio Estado el que se encarga de la venganza, derribando la casa de la familia del presunto culpable, torturándole a él, a sus amigos o familiares, o impulsando una ofensiva militar en su barrio o en otro, como la actual contra Gaza. Al contrario de lo que debería ser la actuación de un Estado democrático, Israel opta por la venganza en vez de por la vía judicial.

El precio de la paz

Ante ello, Estados Unidos o la Unión Europea se limitan a murmurar con tibias condenas que son simple tinta sobre papel, porque mientras las emiten, mantienen a Israel como socio comercial preferente, le venden armas, le brindan apoyo diplomático y estratégico. Nuestros gobiernos son corresponsables -desde hace décadas- del destino de palestinos e israelíes.
Como me dijo Rami Elhanan, israelí que perdió a su hija en un atentado de Hamás, los judíos que apuestan por excluir a los palestinos se excluyen a sí mismos, “están volviendo al gueto. La solución está encima de la mesa, pero solo llegará cuando Israel se dé cuenta de que el precio de no tener paz es más elevado que el de tenerla”.

Este año Hamás y Al Fatah anunciaron su reconciliación y un acuerdo incipiente para un gobierno de unidad nacional. Las autoridades palestinas han hablado incluso de estar dispuestas a recurrir a la vía judicial para denunciar a Israel en tribunales internacionales. Ante ello, la respuesta de Tel Aviv ha sido más mano dura. No quiere al pueblo palestino unido, porque eso también amenaza el carácter judío de su Estado.

La radicalización está llegando a tal punto que han brotado nuevos grupos extremistas israelíes que atacan a los manifestantes israelíes que salen a la calle para pedir paz y libertad para Palestina.

En su ansia por querer más, Israel sigue renunciando a un acuerdo más que beneficioso para él, por el cual los palestinos tendrían un Estado con tan solo el 22% de la Palestina inicial, lo que supondría ordenar la salida de Cisjordania de los 450.000 colonos judíos, algo a lo que Tel Aviv no está dispuesto, al menos hasta ahora.

De todo esto va lo que ocurre estos días en Palestina, en Gaza, en Cisjordania.

Otro Israel es posible

Cada día que pasa los palestinos son reducidos a números o al olvido, recubiertos por esa perversa sospecha que persigue a tantas víctimas, y que susurra “algo habrán hecho”, “algo habrán hecho”, porque resulta increíble que los crímenes se cometan con tanta impunidad. La entidad que se erige a sí misma como árbitro moral para decidir qué debería ocurrir y qué no en Palestina es la misma que robó y sigue robando la tierra de otros.

No hay solución militar posible porque a pesar de todo, a pesar de lo que dijera Golda Meir en 1969, Palestina y los palestinos existen. La única solución pasa por poner fin a la ocupación, a los asentamientos, a la exclusión. El racismo, según el semiólogo Walter Mignolo, es la decisión de aquellos que están en el poder de clasificar y evaluar el grado de humanidad de los otros con el objetivo de controlar y dominar.

Dicho en palabras de la académica israelí Nurit Peled, “el Estado de Israel, que se declaró oficialmente un Estado de apartheid, se distingue por lo que ha sido siempre el método del racismo más típico y exitoso: la clasificación de los seres humanos”.

Otro Israel es posible, al igual que otra Sudáfrica fue posible.