Hace veinte años los piquetes de campesinos franceses destruían en el sur del país varios camiones que transportaban fresas procedentes de España. Los agricultores protestaban contra las importaciones españolas, cuyo bajo precio desplazaba a los productos autóctonos en las grandes superficies. O tempora o mores! Entonces vivíamos en otro mundo muy diferente: el coloso rojo había desaparecido para ser entregado a los técnicos del desguace y el Tratado de Maastricht había sentado, dos años antes, las bases de la Unión Europea, la organización que prometía con enterrar décadas de conflicto y animadversión entre naciones en un continente que entonces luchaba por salir de la recesión económica. ¿Qué eran unos cientos de kilos de fresas alfombrando las carreteras francesas en comparación? Las sanciones aprobadas recientemente por Rusia son una prueba de lo mucho que ha cambiado el mundo desde entonces.

1 ¿Qué propone el proyecto de ley impulsado por el Gobierno?

La ley busca garantizar que los tenedores de bonos de los canjes de 2005 y 2010, perjudicados por las decisiones del sistema judicial de Estados Unidos, reciban sus fondos sin inconvenientes. Propone, para eso, dos cambios en el mecanismo de pago de los títulos. Remover al Bank of New York Mellon (BoNY) como agente fiduciario frente a su incapacidad para cumplir con las obligaciones contractuales y designar como nuevo pagador a Nación Fideicomisos. El segundo punto es habilitar el canje voluntario de los bonos reestructurados regidos por leyes extranjeras por otros con idénticas condiciones de rentabilidad y plazos pero bajo legislación argentina. Ambos cambios están contemplados en el contrato que regula el funcionamiento de los títulos públicos. Representan una estrategia activa, agresiva y consistente que no tiene garantizado el éxito. Como el objetivo es lograr una solución viable para el ciento por ciento de los acreedores, la iniciativa contempla que, a partir del próximo vencimiento, se depositarán en la cuenta del nuevo fiduciario los pagos correspondientes al 7,6 por ciento de buitres y holdouts que todavía no ingresaron al canje, quienes podrán acceder a esos fondos si aceptan cambiar los bonos en default desde 2002 por los de la reestructuración de la deuda.

2 ¿Por qué se reactivó el canje por bonos con ley local?

Cuando la Corte Suprema de Estados Unidos confirmó la sentencia de Griesa en favor de los fondos buitre, el ministro de Economía, Axel Kicillof, anunció que el país ofrecería la posibilidad de modificar el lugar donde los acreedores cobran los vencimientos de los títulos públicos. La iniciativa de mediados de junio fue relegada a un segundo plano mientras se buscó una salida negociada para pagarles a los buitres sin violar las condiciones pactadas con el 92,4 por ciento de los acreedores del canje y frustrar el costoso proceso de reestructuración de la deuda. La imposibilidad para hallar esa solución y la continuidad del bloqueo a la transferencia de los fondos correspondientes a los pagos de intereses de bonos con ley foránea reactivaron la hoja de ruta original.

3 ¿Cómo se implementa el cambio de legislación?

La deuda emitida bajo legislación extranjera plausible de cambio asciende a 28.000 millones de dólares, alrededor del 14 por ciento del stock de pasivos externos. Cambiar esos bonos por otros en idénticas condiciones financieras con ley argentina es un procedimiento técnico voluntario que puede ser realizado individualmente. Además, el proyecto de ley deja abierta la puerta a que los bonistas soliciten en forma colectiva la legislación y jurisdicción aplicables a los títulos. Si los inversores con bonos argentinos optan por esa vía y alcanzan una adhesión del 66 por ciento de todos los bonistas, el cambio en las condiciones de los bonos sería extensivo a la totalidad de los tenedores. El Gobierno no ha conseguido hasta el momento activar esa posibilidad y no parece sencillo que lo logre.

4 ¿Cómo se desplaza al agente pagador?

La cláusula 5.9 del Trust of Indeture a la que recurre Argentina habilita al país y a los bonistas a cambiar al fiduciario en determinados escenarios (incluso el pagador puede renunciar). En este caso se trata de la incapacidad para actuar. El reemplazo del BoNY por Nación Fideicomisos tiene como fin que la cadena de pagos sea estrictamente local, sin intervención de entidades financieras expuestas a las decisiones extravagantes de jueces estadounidenses. Pero cambiar al fiduciario no es un proceso inmediato. Suponiendo que el banco neoyorquino no oponga resistencia a ser desplazado y pierda su negocio, todavía resta sortear el impedimento que recae sobre esa entidad para colaborar con Argentina al momento de suministrarle la información de los acreedores. “El contrato dice que ante un impedimento en el cobro por parte de los acreedores se puede modificar el canal de pago. Por eso, el Gobierno presenta al Parlamento un canal de pago a salvo de obstrucciones”, sostuvo Kicillof.

5 ¿Nación Fideicomisos cumple con las condiciones para reemplazar al BoNY?

El contrato es preciso: el agente fiduciario debe contar con una capitalización de 500 millones de dólares y tener su oficina corporativa de fideicomisos en Nueva York. Nación Fideicomisos, subsidiaria del Banco Nación, cumple sólo con el primer requisito. La entidad no está autorizada a operar en Estados Unidos como agente pagador de vencimientos de deuda. Sin embargo, no se pretende lograr esa habilitación ya que, si la tuviera, los pagos no estarían protegidos de las erráticas decisiones de Griesa y otros jueces permeables a los reclamos buitres. Los asesores legales del ministro Kicillof interpretan que en ese escenario se impone la filosofía de fondo del contrato: garantizar que los acreedores cobren. Si Argentina deposita el 30 de septiembre los vencimientos del Par en las cuentas que tiene el actual fiduciario en el Banco Central, casi con seguridad los dólares y euros no llegarían a sus propietarios. Frente a esa “situación de fuerza mayor” se justificaría el intento de cambio.

6 ¿Qué sucede si los bonistas no aceptan ese cambio?

Desde un importante fondo de inversión extranjero con oficinas en Nueva York afirmaron ayer a este diario que no se oponen al reemplazo del fiduciario y señalaron incluso que están dispuestos a aceptar el canje de bonos por otros con ley local. Sin embargo, la posibilidad no será compulsiva. Como indica el contrato y enfatiza el proyecto de ley, los bonistas también pueden designar un fiduciario que “garantice el canal de cobro”. Tampoco se puede descartar que, por razones estatutarias, financieras, políticas, alguno de los fondos de riesgo con bonos argentinos rechace esa propuesta. Si no acceden y mantienen los títulos, podrían convertirse en holdouts de segunda generación. Otra posibilidad pesimista es que se reúna el 25 por ciento de los acreedores y frente al incumplimiento de las condiciones pactadas en el contrato reclamen la aceleración de los pagos, lo que abriría un intenso proceso de demandas cruzadas. La confirmación de ese reclamo implicaría que el país debe cancelar de una vez todo lo adeudado en materia de capitales e intereses hasta el vencimiento definitivo de los títulos.

7 ¿Hay alguna alternativa?

Sí. Se podrían modificar las condiciones dispuestas en el contrato para ser agente pagador (ítem 5.8), eliminando el requerimiento de que tenga una oficina en Nueva York. De esa forma, Nación Fideicomisos sería elegible. Para lograrlo se debería convocar a una asamblea de bonistas y conseguir el apoyo del 66 por ciento de los presentes. La posibilidad no fue explicitada por el Palacio de Hacienda, pero el proyecto de ley es lo suficientemente ambiguo para dejar abierta esa vía.

1 ¿Cuándo se implementarán los cambios?

El Palacio de Hacienda pretende que el proyecto reciba la aprobación del Congreso antes del 30 de septiembre. En esa fecha, Argentina debe realizar el próximo desembolso correspondiente a intereses de los bonos Par. Cuando la ley esté vigente, Argentina reclamará al BoNY que transfiera al nuevo pagador los 539 millones de dólares retenidos en sus cuentas. Cuanto antes finalice el debate legislativo, mayor será el tiempo disponible para que el país avance con el proceso de remoción del BoNY.

La crisis de la globalización ha actualizado la reivindicación por el desarrollo como un complejo proceso que involucra cambios sociales e institucionales, así como formas diversas de aprendizaje democrático. Puesta en los márgenes de la discusión académica y política internacional, la economía política del desarrollo puede volver por sus fueros en la medida que la academia y los propios comandos políticos de la economía se vean impelidos a reflexionar sobre el largo plazo. La economía política del desarrollo debe hermanarse con la política para reconfigurar el significado del interés general, alineándolos tras objetivos de libertad, justicia y democracia. Tales pueden ser las coordenadas cuyo fin consista en hacer de la globalización, que es apertura e interdependencia, un vector activo en el cultivo de la densidad nacional como elemento indispensable para pensar críticamente la realidad y, como lo enseñó y practicó Prebisch, darle a la historia un curso creador de futuro.

Nuestra conferencia Mission Oriented Finance Mission explora cómo orientar la financiación hacia lo que Hyman Minsky llamó “el desarrollo en capital de la economía”, definido en un sentido amplio, para incluir la inversión privada, la inversión en infraestructuras públicas y la inversión en desarrollo humano.

Pero para entender cómo, hay que entender qué es el dinero y por qué importa. Después de todo, las finanzas son el proceso por el que se pone el dinero en manos de quienes están dispuestos a gastarlo.

El premio Nobel de Economía consideró que el proyecto de ley que el Poder Ejecutivo envió al Congreso "es una buena decisión" porque le da a los tenedores de bonos la libertad de cambiar sus activos. "Es lo que yo hubiera recomendado", subrayó Joseph Stiglitz, quien además criticó el esquema jurídico por el cual "un juez llega a tener el derecho de juzgar acerca de cualquier bono en el mundo".

En declaraciones a Ámbito Financiero, Stiglitz consideró que la iniciativa de cambiar por ley el agente de pago de deuda para garantizarle a los bonistas que entraron en los canjes de 2005 y 2010 el cobro de los depósitos del Estado argentino sería una de las soluciones "desde el punto de vista económico". "Si tengo una activo y lo quiero cambiar voluntariamente por otro, no veo la razón de por qué no. Es la base de la economía", añadió.

Por otro lado, opinó que "desde una perspectiva global, no es posible entender por qué un juez llega a tener el derecho de juzgar acerca de cualquier bono en el mundo. La extraterritorialidad debería ser inaceptable", manifestó en forma enfática.

Consultado sobre las consecuencias económicas que podría provocar el cambio de jurisdicción, Stiglitz respondió: "No puedo opinar sobre qué ocurrirá con los puntos legales porque no soy experto. Pero desde una perspectiva histórica, a los mercados les interesa una sola cosa: la habilidad de repagar la deuda”.

“En general, luego de una reestructuración como la de Rusia o Grecia, es posible volver a los mercados internacionales de manera bastante rápida, generalmente en dos años", señaló, y agregó que "es por eso que esta decisión no provocará efectos adversos para el país, en el sentido de conseguir financiación en los mercados internacionales. La Argentina ha demostrado en los últimos años la voluntad y capacidad de pago".

Finalmente, el economista insistió en remarcar la necesidad de crear una organización global para encontrar soluciones a los problemas de reestructuraciones de deuda. "El problema es el mientras tanto. Existe un gran consenso entre expertos de que debe existir, y más aún luego de casos como éste", concluyó.

Muy poca importancia se le ha asignado a los mercados ilegales dentro de la economía, quizás debido a la invisibilidad que producen sus metodologías, indicadores y fuentes, pero también a las implicaciones morales, legales, políticas y culturales nacidas en el marco de la política de la “guerra a las drogas”.

El presente artículo analiza la situación del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), una de las principales piezas del sistema argentino de ciencia y técnica, durante los años previos a la instauración de la última dictadura cívico-militar (1976-1983) y a partir de su intervención dispuesta en 1976. En base a documentos investigados en el Archivo Nacional de la ex Dirección de Inteligencia de la Policía de la provincia de Buenos Aires (DIPBA), el Archivo General de la Armada (AGA), archivos del INTA, declaraciones testimoniales y entrevistas realizadas a integrantes y ex integrantes del organismo, se aborda el proceso de construcción de un mapa de datos sobre trabajadores del organismo, posteriormente utilizado durante la intervención militar.

Las economías del capitalismo avanzado no logran salir del atascadero en que cayeron a partir de la crisis financiera y económica del 2008-2009. Los gobiernos de esos países, sometidos al poder de la plutocracia que controla los monopolios financieros, industriales, comerciales y demás sectores, muestran una total incapacidad y confirman, con la terquedad con que aplican las políticas de austeridad, como es tan claro en la Unión Europea (UE) y otros países. el fin del sistema político que caracterizó la “civilización industrial”.

La desigualdad podría marcar las próximas décadas de las economías del norte del planeta. Wolfgang Streeck, director del prestigioso Instituto Max Planck de Sociología (Colonia, Alemania), acaba de publicar Buying time: the delayed crisis of democratic capitalism (editado en inglés por Verso Books).

En su libro, Streeck, que conversó la semana pasada con Ñ, analiza las tensiones y conflictos entre países, gobiernos, votantes e intereses capitalistas, explica cómo el impuesto se ha ido convirtiendo en deuda pública y desde ahí en el ajuste que vemos hoy en día.

El programa Facultad Abierta realiza desde el año 2002 relevamientos generales de las empresas recuperadas por los trabajadores en todo el país, que permiten hacer un seguimiento del desarrollo de este proceso de autogestión del trabajo desde ese año hasta la actualidad. En este artículo se adelanta la primera parte del informe del cuarto elevamiento de empresas recuperadas en Argentina, realizado en 2013. El mismo muestra que el movimiento no solo no se ha estancado en aquellos casos provenientes de la crisis del 2001, sino que se ha consolidado y sigue creciendo, al punto que en los últimos tres años se han recuperado 63 nuevas empresas.