Re-industrialización argentina ¿Mito o Milagro?

Los 10 años posteriores a la caída de la Convertibilidad fueron escenario de cambios relevantes en la estructura productiva, ocupacional y distributiva de nuestro país. La salida del cepo cambiario en 2002, junto a la fuerte expansión de la demanda interna (final e intermedia) y externa, traccionaron notablemente la producción de bienes y servicios. Al mismo tiempo, se ensayaron políticas que permitieron separar -al menos parcialmente- la caída inicial en los salarios reales del dinamismo y expansión de la demanda agregada(1). A partir de 2003, el esquema económico que se fue configurando permitió combinar altas tasas de crecimiento con mejoras cualitativas en la dinámica macroeconómica, productiva y social.

Sobre la base de espacios de rentabilidad más amplios e inclusivos para la diversidad de actores y tramas productivas, la mayoría de las actividades sanearon su delicada situación patrimonial y financiera, ganaron competitividad e iniciaron una trayectoria de expansión. Las consecuencias inmediatas fueron un notable aumento en la producción de bienes, acompañada por una intensa generación de nuevos puestos de trabajo y un mejoramiento de los indicadores de calidad del empleo. La industria manufacturera fue protagonista del crecimiento experimentado por la Argentina y se convirtió en uno de los sostenes más importantes, revirtiendo el proceso de desindustrialización observado desde mediados de los ‘70.

La Río+20 ha provocado una amplia discusión sobre cuestiones ecológicas. Como no todos entienden los términos técnicos de la temática, publicamos aquí un artículo del ecologista más conocido del Estado de Río, Arthur Soffiati, de Campos de Goytacazes, RJ, fundador del Centro Norte Fluminense para la Conservación de la Naturaleza, publicado el 14 de mayo de 2012 en la Folha da Manhã de esa ciudad. Estas son las palabras principales: Ecodesarrollo sostenible, economía verde, huella ecológica, antropoceno.

Hace cerca de 11 mil años, la temperatura de la Tierra comenzó a aumentar de modo natural, ocasionando el derretimiento progresivo de la última gran glaciación. Gran parte del agua, al pasar del estado sólido al líquido, elevó el nivel de los mares, separó tierras de los continentes, formó islas, incentivó la formación de bosques y de otros ambientes. Los científicos dieron a esta nueva fase el nombre de Holoceno.

La Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (APYME) y la Confederación Gremial Nacional Unida de la Mediana, Pequeña y Microindustria, Servicios y Artesanado de Chile (CONUPIA) expresan su solidaridad con el destituido presidente democrático de Paraguay, Fernando Lugo, y el pueblo de ese país, que en la última semana han sido víctimas de un golpe institucional.

Las entidades manifiestan su enérgico repudio al desconocimiento de la voluntad popular por parte de una Legislatura desprestigiada, que sirve al propósito de instaurar en la nación hermana un retroceso de las aspiraciones populares en beneficio de los poderes corporativos y los sectores políticos tradicionales.

¿Qué pasa en Paraguay? El pasado 22 de junio su presidente Fernando Lugo fue derrocado por el congreso. La matanza de campesinos a manos de las fuerzas de seguridad -matanza en la que se cruzan ineficacias, dramas estructurales y fogoneos de la oposición tanto liberal como colorada- abrió una crisis política que derivó en un juicio político express y sin precedentes, al tiempo que recaló en un mecanismo no tan novedoso para la cadena genética de la región: el golpe de estado parlamentario. Detrás de la ambigua potencia de ese calificativo, se esconden las capas con las que se forma la compleja estructura política del Paraguay: un férreo esqueleto formado por más de tres décadas de hegemonía del Partido Colorado sobre el que se intentó construir, en estos años de experiencia luguista, una alternativa distinta pero endeble. Entre la fragilidad, el fusilamiento parlamentario y la resistencia, caminamos Asunción para ver las marcas de una continuidad democrática que se quebró desde adentro.

En 2008 un obispo de la combativa región de San Pedro -sede de importantes luchas campesinas- llegaba a la presidencia de Paraguay mediante la Alianza Patriótica para el Cambio. Aprovechando una fuerte división dentro del Partido Colorado -con 61 años ininterrumpidos en el poder, incluyendo los 35 de la dictadura de Alfredo Stroessner-, Fernando Lugo logró ganar las elecciones y abrir una nueva etapa.

Pero apenas decidió dar su salto a la política, alentado por los pedidos de ciudadanos y movimientos sociales, especialmente campesinos, el "obispo de los pobres" tuvo un dilema: presentarse con su pequeño partido Tekojojá (Igualdad) y perder, o tratar de ganar aliándose al Partido Liberal Radical Auténtico (plra), una fuerza política tradicional opositora a la dictadura stronista. El fantasma de lo ocurrido en México, donde López Obrador denunciaba haber sido víctima de fraude, parecía bastante familiar en Paraguay. Por eso Lugo optó por aliarse con los liberales -capaces de proveer votos y garantizar que sean contados- y aprovechar la oportunidad -quizás irrepetible- de un Partido Colorado profundamente dividido entre Blanca Ovelar -la candidata de Nicanor Duarte Frutos, que al final de su mandato hizo una conversión discursiva al "socialismo humanista"- y Luis Alberto Castiglione, considerado el candidato "de la embajada" (de Estados Unidos). El trípode stronista gobierno-fuerzas armadas-Partido Colorado ya se había ido desarmando con la caída del dictador.

Venezuela será miembro pleno del Mercosur el 31 de julio y Paraguay quedó suspendido del bloque hasta las elecciones de abril próximo. Las dos noticias quedaron ligadas porque el Senado paraguayo era el responsable de poner bolilla negra a la incorporación de Venezuela, pero el protocolo entre el Mercosur y Caracas fue firmado en 2006. Incluso el presidente paraguayo no era el centroizquierdista Fernando Lugo sino Nicanor Duarte Frutos, un colorado del ala que no tiene vínculos con los herederos del régimen dictatorial que encabezó entre 1954 y 1989 Alfredo Stroessner.

Con Venezuela y Paraguay de eje, sobre todo desde el viernes 22 de junio en que Lugo fue destituido, quedan algunos apuntes sueltos que pueden hilvanarse como sigue:

Tras haber gobernado durante 15 años seguidos, entre 1930 y 1945, Getulio Vargas fue reelecto para la presidencia de Brasil en 1951. Si algo no le faltaba era experiencia en la gestión y confianza en el pueblo; sin embargo, Vargas, el 24 de agosto de 1954, en su oficina, se pegó un tiro en el corazón. Los grupos golpistas habían empezado la campaña desestabilizadora unas semanas antes. El testamento del Padre de los Pobres no deja lugar a dudas. Empieza y termina de un modo que tiene vigencia en estas horas de América latina: “…No me acusan, me insultan; no me combaten, difaman de mí; y no me dan el derecho a defenderme. Necesitan apagar mi voz e impedir mi acción, para que no continúe defendiendo, como siempre defendí, al pueblo y principalmente a los humildes. Sigo lo que el destino me ha impuesto. Después de décadas de dominio y privación de los grupos económicos y financieros internacionales, me hicieron jefe de una revolución que gané. Comencé el trabajo de liberación e instauré el régimen de libertad social (…) Luché contra la privaciones en el Brasil. Luché con el pecho abierto. El odio, las infamias, la calumnia no abatirán mi ánimo. Les daré mi vida. Ahora les ofrezco mi muerte. Nada de temor. Serenamente doy el primer paso al camino de la eternidad y salir de la vida para entrar en la historia”.

La Cámara de Casación rechazó una apelación de Loma Negra, Juan Minetti, Cementos Avellaneda, Petroquímica Comodoro Rivadavia y Cemento San Martín y confirmó una multa millonaria. Se las juzgó por cartelización, entre 1981 y 1999

La Justicia convalidó multas por 300 millones de pesos para cinco cementeras acusadas por el Estado de realizar prácticas anticompetitivas. La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal declaró inadmisibles los recursos de casación interpuestos por las empresas contra la sentencia de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico que había dejado en firme la multa en cuestión. Las empresas acusadas son Loma Negra, Juan Minetti, Cementos Avellaneda, Petroquímica Comodoro Rivadavia y Cemento San Martín, como también la Asociación Fabricantes de Cemento Portland. Según la interpretación del tribunal, la multa ya quedó firme, por lo que sería de cumplimiento obligatorio por parte de las cementeras.

Desde hace poco tiempo Argentina es blanco de ataques en varios frentes, relacionados con la suspensión de pagos de su deuda decidida en 2001, y con procedimientos ante el Ciadi (Centro Internacional de Arreglos de Diferencias relativas a Inversiones), un tribunal de arbitraje del Banco Mundial muy controvertido. El 26 de marzo de 2012, el Departamento de Comercio Exterior de Estados Unidos suspendió a Argentina de su sistema generalizado de preferencias (SGP), un mecanismo que permite conceder tarifas aduaneras preferenciales a los países en desarrollo. El gobierno de Obama justificó esta sanción por la negativa de Argentina a acatar dos condenas, por un monto total de más de 300 millones de dólares, a favor de dos empresas estadounidenses que presentaron la demanda ante el Ciadi. Una de ellas, Azurix Corporation, que intentó dos acciones contra el Estado argentino ante este tribunal de arbitraje, había demandado, en efecto, la revisión del sistema generalizado de preferencias para excluir a Argentina. Este “brazo de la compañía quebrada Enron, en la industria del agua”, según las palabras del embajador argentino en Washington, había obtenido en 1999 una concesión por 30 años de la distribución de agua en dos de las tres regiones de la provincia de Buenos Aires. Las autoridades anularon más tarde esta concesión debido a la falta de cumplimiento de las normas en términos de inversiones y de calidad del servicio.

Acerca de la inmunidad del Estado frente a los tribunales arbitrales y judiciales externos (CIADI y otros). La fuerte resistencia que generaron doctrinas de la Corte Argentina dirigidas a encuadrar las conductas de las empresas multinacionales (casos "Swift-Deltec" y "Parke Davis") determinaron su inmediato desmantelamiento en 1976 por la dictadura militar, convalidando la doctrina transnacional de los precios de transferencia, la cual -más allá de las medidas adoptadas para neutralizar sus abusos- sigue vigente en la legislación tributaria argentina. En el marco de este nuevo estatuto legal de un renovado coloniaje, en los años '90 la Argentina concertó 58 tratados internacionales llamados "de protección recíproca de las inversiones" prorrogando la jurisdicción nacional en favor de los tribunales arbitrales del CIADI.