La búsqueda de la verdad política siempre será una tarea dura, aun en nuestros tiempos cuando la ciencia ha puesto en nuestras manos un gran número de conocimientos. Uno de los más importantes fue conocer y estudiar el fabuloso poder de la energía contenida en la materia.

El descubridor de esa energía y su posible empleo era un hombre pacífico y bonachón que, a pesar de su repudio a la violencia y a la guerra, solicitó su desarrollo a Estados Unidos, presidido entonces por Franklin D. Roosevelt, de conocida posición antifascista, líder de un país capitalista en profunda crisis, que había contribuido a salvar con fuertes medidas que le ganaron el odio de la extrema derecha de su propia clase. Hoy ese estado impone al mundo la más brutal y peligrosa tiranía que ha conocido nuestra frágil especie.

Los despachos procedentes de Estados Unidos y sus aliados de la OTAN se refieren a las fechorías cometidas por ellos y sus cómplices. Las ciudades más importantes de Estados Unidos y de Europa reflejan constantes batallas campales entre los manifestantes y la policía bien entrenada y alimentada, con carros blindados y escafandras, repartiendo golpes, patadas y gases contra mujeres y hombres, torciendo manos y cuellos de jóvenes y viejos, mostrando al mundo las cobardes acciones que se cometen contra los derechos y la vida de los ciudadanos de sus propios países.

¿Hasta cuándo pueden durar semejantes barbaries?

El gobierno del Brasil en la segunda mitad de marzo de este año (2012) ha tenido dos iniciativas muy importantes para la construcción de un nuevo orden financiero internacional. El primero y más importante es la nominación de José Antonio Ocampo a la Presidencia del Banco Mundial. Ocampo, ex ministro de economía colombiano que también ha sido Director Ejecutivo de CEPAL y Sub Secretario general de Naciones Unidas para Asuntos Económicos y Financieros, se mudó al think tank de Joseph Stiglitz en la Universidad de Columbia cuando dejó dicho cargo. Con Stiglitz es uno de los intelectuales pensantes sobre cómo debería ser el nuevo orden financiero internacional, hoy tan cuestionado tras los colapsos financieros vistos en Estados Unidos, Gran Bretaña y Europa.

Históricamente, desde su diseño inicial en 1944 y su puesta en marcha en 1946, las instituciones de Bretton Woods (BW), el FMI y el Banco Mundial, estuvieron repartidas entre Europa y Estados Unidos. Europa se quedaría con la Dirección ejecutiva del Fondo mientras Estados Unidos lo haría con el Banco.

Contrariamente a lo que han afirmado los dirigentes europeos, el pacto fiscal que introduce una regla de oro presupuestaria no ha resuelto en nada la crisis de la zona euro. El tratado en cuestión no hace más que afirmar buenas intenciones en materia de gestión presupuestaria sin atacar la causa profunda de la crisis: los desequilibrios estructurales de la balanza de cuenta corriente en el seno de los países de la zona euro. Ahora bien, la crisis de la deuda soberana no es la causa de la crisis financiera sino su consecuencia. Al instaurar políticas de austeridad generalizadas simultáneamente en todos los países deficitarios de la zona euro, los responsables políticos corren el riesgo de hundir la zona euro en un decenio perdido de recesión hasta que haga implosión bajo la presión de las revueltas sociales contra el yugo de la austeridad.

Recordemos que la crisis financiera supone una doble crisis de endeudamiento privado y público. Ocultar el exceso de endeudamiento privado es cómodo, pues exonera de toda reflexión crítica sobre los excesos propios de un capitalismo no regulado. La zona euro ha permitido la expansión de burbujas de endeudamiento en los países de la periferia financiadas en gran parte gracias al ahorro de los países del Norte. Durante cerca de diez años, se ha construido una zona euro a dos velocidades con la complacencia de los líderes europeos. El Norte se ha convertido en centro industrial de producción aprovechando una inflación moderada, mientras que el sur se ha convertido en centro de consumo en el que una economía de servicios y del sector inmobiliario ha suplantado a la industria debido a una inflación excesiva. Estas disparidades de desarrollo son las dos caras de un mismo desequilibrio, financiando Alemania el exceso de deuda privada de los países periféricos. El excedente de la balanza comercial de Alemania procede en gran medida de los países europeos: el 63% de sus exportaciones se dirigen hacia la Unión Europea. Mientras que la parte de la industria en el valor añadido de la economía alemana alcanza el 30%, es del 16% y el 18% respectivamente en el caso de Francia y España. El diferencial de competitividad no es sólo cuantitativo, pues la industria se concentra en los países del Norte y ha sido consignada al abandono en los países del Sur.

El pacto fiscal no reconoce en absoluto estos desequilibrios. Se concentra exclusivamente en la disciplina presupuestaria, exigiendo a los países que mantengan el "déficit presupuestario estructural" por debajo del 0.5%. Ahora bien, el déficit estructural es imposible de definir, dando vía libre a todas las interpretaciones y rodeos. Por otro lado, no se puede considerar el déficit presupuestario como único indicador de desequilibrio. Así, por ejemplo, España e Irlanda eran los mejores alumnos presupuestarios en 2007. España tenía una tasa de endeudamiento del 37% como parte del PIB, un indicador presupuestario que hubiera podido envidiar cualquier país de la zona euro sin excepción en la época. Pero la crisis financiera ha hecho estallar la burbuja inmobiliaria convirtiendo en insolventes a hogares y empresas sobreendeudadas. Luego, el Estado español, ha tenido que endosar la deuda de los bancos golpeados de lleno por la acumulación de créditos dudosos.

En virtud de una ecuación fundamental de equilibrio macroeconómico, la balanza exterior es la suma de la balanza privada y de la balanza presupuestaria. El análisis del endeudamiento privado y público muestra que evolucionan en espejo para componer una suma relativamente inflexible, la balanza de cuenta corriente, reveladora de la competencia de un país. Cuando sobreviene una crisis financiera y el sector privado se ve obligado a desendeudarse, el endeudamiento público debe substituirse mecánicamente con el endeudamiento privado para mantener el crecimiento y la balanza de cuenta corriente. El déficit presupuestario español e irlandés no se deben a la irresponsabilidad de sus gobernantes sino ante todo a un déficit estructural de competitividad y a una especialización de sus economías en sectores de débil valor añadido. En un sistema de cambio rígido, los países no pueden modificar su competitividad más que domeñando los costes laborales e invirtiendo en I+D para desarrollar sectores industriales orientados a la exportación con fuerte valor añadido. Pero estas políticas mercantilistas no se construyen más que a largo plazo: no se puede exigir a un país llevar a cabo reformas estructurales de competitividad en el espacio de algunos meses.

Forzoso es constatar que la austeridad preconizada por la doxa europea ha fracasado allí donde se ha puesto en práctica (Grecia, Portugal, Irlanda y España). Por otro lado, apenas firmado el tratado de pacto fiscal, España anunciaba que no cumpliría sus objetivos presupuestarios en 2012, pasando de un déficit del 4.4% del PIB previsto inicialmente a una estimación que se acerca al 6% del PIB. El programa de austeridad español ha acabado de abismar al país en la recesión, con tasas de paro considerables de un 23% sobre el conjunto de la población activa y del 50% entre los jóvenes de menos de 25 años. No hará falta mucho tiempo para que el país haga implosión socialmente bajo el empeño del rigor presupuestario.

La zona euro ha adoptado por unanimidad la doctrina de la austeridad combinada con una política monetaria expansionista, haciendo creer que el rigor presupuestario favorece la confianza y sostiene el crecimiento a largo plazo. ¿Por qué habría de funcionar hoy esta política cuando la austeridad no se ha visto coronada de éxito en la historia económica cuando no ha ido acompañada de devaluación monetaria? Peor todavía, parece confundirse con las políticas de deflación competitiva que se exigían para preservar el patrón oro en los años 30. Los premios Nobel de economía Joseph Stiglitz y Paul Krugman han mostrado ambos que estas políticas provocaron deflación y sumieron a los países en la depresión.

Cierto es que el programa de refinanciación a largo plazo ("LTRO") de los bancos de la zona euro por parte del Banco Central Europeo nos ha salvado a corto plazo del hundimiento, pero esta política de taponamiento no ha resuelto en nada las causas profundas de la crisis ni ha mejorado la situación de solvencia de los países periféricos de la zona euro, que no cesa de agravarse. Pese a la autosatisfacción de la que alardean los negociadores del tratado, la crisis de la zona euro no ha terminado, y conocerá incluso una fase más aguda en cuanto se debiliten las perspectivas de crecimiento en China y los Estados Unidos y el apetito por el riesgo de los inversores se evaporare de nuevo en los mercados.

Renegociado o no, el pacto fiscal no tiene futuro. Si deseamos preservar el euro, se hace imperativo reconocer la responsabilidad compartida por países acreedores y deudores en los desequilibrios de la balanza de cuenta corriente en el seno de la zona. Un gobernante federal democrático tendrá que ver la luz, establecer un diagnóstico lúcido de la crisis y actuar en interés general de toda la zona, rebasando las reivindicaciones particulares de los estados. Sin inflación en los países del Norte y sin mecanismos de redistribución fiscal entre los países miembros (Tesoro europeo, eurobonos, banco europeo de inversión...), la zona euro desaparecerá. Y de seguir prevaleciendo la política de negación, esta desaparición no se hará de manera concertada y preparada sino en un contexto de caos político y financiero. El euro será federal o no será.

La sangre ibérica forma parte de la sangre argentina. No sólo desde la época de la colonia, sino también a través de las fuertes corrientes inmigratorias de fines del siglo XIX y la primera mitad del XX. A pesar de esta realidad, la infausta década del ’90 dejó entre su mala herencia la ruptura parcial, quizá sólo transitoria, de estos lazos de hermandad. No fue sólo por el comportamiento de los connacionales que, siguiendo la receta de los organismos financieros internacionales, profundizaron el ciclo de apertura, desregulación y privatizaciones iniciado a mediados de los ’70, sino también con la soberbia y displicencia neocolonialista de los capitalistas españoles. La impostura no se limitó a los gestos de nuevos ricos en tierra arrasada, sino que se manifestó en los números de la economía.

El capital español vació firmas emblemáticas como Aerolíneas Argentinas y, como quedó plasmado en las importaciones de combustibles de 2011, fue uno de los principales beneficiarios, no el único, del saqueo del subsuelo. No se trató sólo de una determinada fase del capitalismo local, sino que la ex empresa española tuvo un comportamiento diferente del resto de las operadoras. La caída de las reservas de Repsol YPF superó por lejos a la media del mercado. Su lógica de acción estuvo íntimamente ligada a su conducción por el capital financiero.

Cuando Repsol compró YPF lo hizo endeudándose, y cuando merced al paso en falso de la actual administración, la familia “experta en mercados regulados” Eskenazi ingresó a la filial argentina, también lo hizo endeudándose. Esta lógica financiera fue soportada a pleno contra el vaciamiento de las reservas hidrocarburíferas lentamente acumuladas durante la gestión de la vieja YPF estatal. El resultado fue una extracción predatoria sin que exista la contrapartida de las buenas prácticas del negocio, esas que dicen que deben realizarse inversiones de reposición de reservas. El mismo retaceo inversor se verificó también en el downstream; con el estancamiento de la capacidad de refinación y la política de reducción del margen para las estaciones de servicio, que derivó en la desaparición de muchos estacioneros.

El modelo macroeconómico local, en un país poseedor de recursos en el subsuelo, no podía permitirse una continuidad en la ampliación de la brecha energética externa. La histórica recuperación de la soberanía energética anunciada ayer por CFK no fue una medida sólo ideológica, sino imperiosa. El resultado de la experiencia histórica permite afirmar que la estrepitosa caída de reservas liderada por Repsol YPF no fue consecuencia, como afirmaban los lobistas sectoriales, de la política de precios. En la etapa de mayor liberalización de los ’90, cuando los combustibles eran más caros en Argentina que en España y regían los precios internacionales para las exportaciones, no existió la contrapartida de inversiones para la reposición de reservas. El argumento de la brecha de precios con el mercado internacional es simplemente falaz.

España es hoy el país europeo que sigue a Grecia en la cola de los desahuciados. Es también la economía con la desocupación más alta, la que llega a niveles cercanos al 50 por ciento en el caso de los más jóvenes. Su aparato productivo se encuentra en recesión y las recetas de ajuste tras ajuste profundizarán sus problemas. Se trata de procesos que, como conoce Argentina, son desastrosos para los trabajadores, que pierden derechos adquiridos durante generaciones, y ventajosos para unos pocos capitalistas.

El ruido de fondo que hoy se escucha en la península es el mismo que se escuchaba aquí antes de la terrible crisis de 2001-2002: la cantinela de la confianza en los mercados, el clima de negocios y la seguridad jurídica. Tales fueron los tópicos de la recriminación que, con soberbia colonial residual, expresaron con tono amenazante los funcionarios de la actual administración derechista española. Pero se equivocan, la “hostilidad” de Argentina no es con España, a la que el país lleva en su sangre, sino contra el modo de actuar de una clase capitalista que hoy oprime a su propio pueblo. La decisión argentina sólo fue un acto de independencia, mal que le pese a la metrópoli en decadencia.

En su edición del sábado, The New York Times informó sobre un fenómeno aparentemente creciente en Europa: el "suicidio por crisis económica", personas que se quitan la vida por la desesperación del desempleo o la ruina en los negocios. Una historia desgarradora. Pero estoy seguro de que no fui el único lector, especialmente entre los economistas, que se quedó pensando si la historia de fondo no es tanto sobre personas individuales, sino sobre la aparente decisión de los líderes europeos de acometer el suicidio económico del continente en su conjunto.

Hasta hace un par de meses todavía me quedaban algunas esperanzas con Europa. A fines del año pasado, Europa parecía al borde de la debacle financiera, hasta que el Banco Central Europeo (BCE) salió al rescate. Les ofreció a los bancos europeos líneas de crédito de final abierto a condición de que pusieran como garantía sus bonos de las deudas soberanas, como una manera de ayudar de forma directa a los bancos, de manera indirecta a los gobiernos, y frenar el pánico.

La pregunta entonces era si esa medida valiente y efectiva sería el principio de un replanteamiento, y si los líderes aprovecharían ese momento de respiro para reconsiderar las políticas que llevaron a la actual situación. Pero no lo hicieron.

En cambio, redoblaron su apuesta por políticas e ideas fracasadas. Y cada vez parece más improbable que algo los haga cambiar de rumbo.

¿Por qué la actual crisis del capitalismo fortalece a quien la provocó? ¿Por qué la racionalidad de la “solución” a la crisis se basa en las previsiones que hace y no en las consecuencias que casi siempre las desmienten? ¿Por qué es tan fácil para el Estado cambiar el bienestar de los ciudadanos por el bienestar de los bancos? ¿Por qué la gran mayoría de los ciudadanos asiste a su empobrecimiento como si fuese inevitable y al escandaloso enriquecimiento de una minoría como si fuera necesario para que su situación no empeorara aún más? ¿Por qué la estabilidad de los mercados financieros sólo es posible a costa de la inestabilidad de la vida de la gran mayoría de la población?

"Lo cierto es que por mucho que se empeñe y presione el eurogrupo, la aplicación estricta de los recortes y la 'consolidación fiscal' se enfrenta a insuperables dificultades técnicas: los hechos mismos y una visión macroeconómica mínimamente sensata deberían haberles enseñado ya lo que el hiperpolítico doctrinarismo ideológico neoliberal de las últimas décadas parece haberles hecho perder de vista, y es a saber: que la reducción del déficit público en presencia de una enorme deuda del sector privado no es cosa que entre en la esfera de la discrecionalidad político-económica de ningún gobierno, se ponga como se ponga."

Peor, imposible. Los ajustes y las medidas de sangre, sudor y lágrimas tomadas por diversos gobiernos del Viejo Continente para revertir una de las peores crisis económicas de los últimos tiempos, están teniendo un dramático "efecto colateral": en la Unión Europea (UE) nunca hubo tantos desempleados como ahora.

Hay más de 24,5 millones de personas sin trabajo. Con España a la cabeza (tiene un desempleo de 23,6%), la tasa de desocupación de la zona euro alcanzó un nuevo récord histórico al trepar al 10,8% en febrero (un décimo más del 10,7% de enero). Es el nivel más alto desde junio de 1997. Es decir, desde el lanzamiento de la moneda única europea.

El sentido fundamental que tiene el proyecto del Poder Ejecutivo Nacional (PEN) de reforma de la ley de la Carta Orgánica del Banco Central y de la ley de Convertibilidad –con media sanción en la Cámara de Diputados y pendiente de aprobación en Senadores–, es terminar con la idea de un Banco Central aislado, cuya única finalidad sea proteger el valor de la moneda, y romper con la visión nefasta de que las reservas de divisas que el país posee deben dedicarse a cubrir íntegramente la base monetaria. Una Carta Orgánica que adjudica como objetivos del Banco Central, además del fomento de la estabilidad monetaria y financiera, el desarrollo económico con equidad social. Pero hay un agregado no menor, y es que este fomento debe darse en el marco de las políticas establecidas por el Gobierno nacional, es decir, orientar sus acciones según los planes de la autoridad elegida por el pueblo.

El sistema creado en Bretton Woods hace siete décadas está a punto de colapsar. No se trata de un hundimiento abrupto sino de la lenta erosión de su legitimidad y de la capacidad para dirigir los asuntos globales. En su lugar viene pugnando por nacer un nuevo orden cuyos cimientos comenzó a construir la IV Cumbre de los BRICS en Nueva Delhi.

Vivimos un parteaguas, asegura el historiador Paul Kennedy. “Mientras ocurre, son muy pocos los contemporáneos que se dan cuenta de que han entrado en una nueva era”, escribió en un articulo titulado, precisamente, “¿Hemos entrado en una nueva era?” (El País, 3 de noviembre de 2011). El historiador prefiere no abordar los cambios bruscos como las grandes guerras, sino “la lenta acumulación de fuerzas transformadoras, en su mayor parte invisibles, casi siempre impredecibles, que, tarde o temprano, acaban convirtiendo una época en otra distinta”.