Este artículo aborda una descripción sobre las características generales de la industria farmacéutica y sus especificidades y analiza algunos rasgos salientes de la industria nacional.

Por Juan Carlos Amigo.

Este libro recorre 130 años de historia económica, política y social argentina de una manera atrayente. En sus más de 800 páginas, la obra repasa las principales características de los modelos agroexportador, de industrialización por sustitución de importaciones (ISI), de valorización financiera y del nuevo patrón de crecimiento que presenta la economía argentina a partir del estallido de la convertibilidad.

Esos diferentes modelos económicos no son tratados como compartimentos estancos, sino como parte de un mismo proceso que fue modelando la actual estructura económica argentina.

El texto comienza detallando cómo la Argentina se fue insertando comercialmente en el mercado internacional como abastecedor de lanas, carnes y cereales del mercado británico, de tal manera que, en 1929, el 70% del valor de la producción agropecuaria de la zona pampeana era destinado a la exportación.

Las condiciones que permitieron esa específica forma de inserción internacional (arribo de financiamiento externo como principal forma de acumulación, aluvión inmigratorio, construcción de ferrocarriles e infraestructura, consolidación territorial e institucional) también son tratadas en detalle.

El mundo se enfrenta a importantes desafíos para garantizar las condiciones de vida del planeta, cuyo futuro está marcado por la intensidad y velocidad de la evolución del proceso de calentamiento global. Según la comunidad científica internacional, los riesgos para la seguridad alimentaria subyacentes al proceso de cambios climáticos son muy fuertes. En este caso, biodiversidad, tierra y agua asumen significados cada vez más estratégicos para el futuro de la humanidad.

Los países de América Latina beneficiados por la naturaleza con la abundancia de esos recursos (además de la riqueza mineral) tienen el deber de protegerlos en beneficio de sus generaciones presentes y futuras y, por supuesto, para acciones solidarias, vía comercio, o no, con el resto del mundo.

Es el clamor patrio que ha emergido de las mismas entrañas de la caverna y de sus portavoces instalados en su buque insignia: el Gobierno español. Amenazan casi con invadir Argentina por el expolio al que han sometido a la España de sus amores, como dice la copla. ¿Los españoles expoliados? ¿Son los españoles los propietarios legítimos del petróleo argentino? ¿Repsol no es acaso una multinacional que poco tiene que ver con la vida de los ciudadanos de acá? ¿Los más de 13.000 millones de dólares que la empresa pseudoespañola ha repartido entre sus accionistas en la última década han beneficiado a nuestros ciudadanos? ¿Los objetivos empresariales y los ingresos multimillonarios de sus directivos han sido fijados por el Gobierno español en tanto que representante de la España que ahora reacciona como madre de Repsol a pesar de que se trata de una empresa privada controlada por el capital financiero internacional y que solo persigue beneficios máximos en tiempos mínimos?

Diversos interrogantes y críticas insidiosas se han planteado respecto del proceso de intervención y expropiación de Repsol-YPF. En este trabajo nos proponemos contestarlos.

1 ¿Es legítima la expropiación del 51 por ciento del capital accionario de Repsol-YPF, equivalente al 88 por ciento de las acciones del grupo controlante?

Sí. La expropiación constituye un procedimiento de derecho público que cuenta con la base del artículo 17 de la Constitución argentina: “La expropiación por causa de utilidad debe ser calificada por ley y previamente indemnizada”. El artículo 2511 del Código Civil describe la viabilidad de la expropiación –por causa de utilidad pública, previa disposición de una justa indemnización–. La ley 21.459 de expropiación prescribe que “la utilidad pública que debe servir de fundamento legal a la expropiación comprende todos los casos en que se procure la satisfacción del bien común”. La Declaración Universal de los Derechos Humanos (art. 17) establece: “Toda persona tiene derecho a la propiedad, individual y colectivamente. Nadie será privado arbitrariamente de su propiedad”, norma de derecho internacional de 1948 constitucionalizada en 1994 correctamente interpretada por Arturo Sampay cuando dice que “sólo prohíbe el desposeimiento arbitrario de la propiedad, y arbitrario es la abierta infracción de lo justo. Consiguientemente, la norma de referencia autoriza sin condiciones a transformar en bien público a los bienes particulares cuando lo requiere la efectuación de la Justicia”. En línea con la última norma citada, el Concilio Vaticano II expresó que “el traspaso de los bienes privados a la propiedad pública sólo puede hacerse ofreciendo una equitativa compensación, teniendo en cuenta todas las circunstancias” –entendiéndose éstas, con arreglo también a las precisiones de Arturo Sampay, “el estado de las finanzas públicas, la situación personal del afectado por la expropiación y, sobre todo, el grado de necesidad colectiva que la ocasione”, (que) significa que nada puede ser un óbice que malogre el destino natural de los bienes, esto es efectuar el bien común–.

La reacción del gobierno español, los límites de las represalias comerciales anunciadas por Madrid y los oscuros antecedentes de Repsol. Claves para entender una conducta predatoria.

La agresiva respuesta –cargada de amenazas– que dio inicialmente el gobierno español y sus principales partidos –el PP y el Psoe– al anuncio de expropiación de la participación de Repsol en YPF, parece haberse aplacado, al menos temporalmente. De llenar durante días las portadas de todos los periódicos y las aperturas de informativos y programas de debates en radios y canales de televisión, el tema se ha ido replegando a páginas interiores como un tema menor.
A las primeras reacciones viscerales y exabruptos, tanto Repsol como el gobierno –que por momentos parecieran ser la misma cosa– parecieran haber decidido controlar su incontinencia oral para pasar a pensar fríamente en las acciones de respuesta a adoptar.
El viernes, tras la rueda de prensa semanal al término de la reunión del Consejo de Ministros, la vicepresidenta Soraya de Santamaría anunció la primera, aunque de poco calado: el freno a las importaciones de biodiesel argentino, que suponían una factura de cerca de 750 millones de euros y que en realidad ya había sido decidida en 2010 por Zapatero tras la presión de los productores españoles de biodiesel. Si no se llegó a implementar hasta ahora fue porque salía más barato importarlo de la Argentina.
Y en cuanto a la Unión Europea, como gran defensora tradicional de las transnacionales europeas, ha anunciado la suspensión de alguna reunión prevista con empresarios argentinos y analiza la posibilidad de quitar a la Argentina ciertas rebajas arancelarias para la entrada de sus productos en Europa.
Las medidas son en realidad poco más que simbólicas, dado que la balanza comercial es totalmente desigual, la Argentina coloca en el mercado europeo un volumen infinitamente menor de productos a los que importa de Europa y el biodiesel que deje de vender a España lo puede absorber el mercado interno. En definitiva, la medida será negativa para la economía española.
Nada que ver con lo que puede representar para Repsol –que ya ha quitado YPF de su nombre– la pérdida de sus inversiones en la Argentina, que tantos beneficios le venía reportando desde hace años.
El gobierno de Rajoy tampoco ha logrado más que vagos gestos de solidaridad de parte de Estados Unidos y del G-20.

¿Habrá más represalias? Una pista para entender el por qué de tanto silencio puede encontrarse en lo editorializado el jueves pasado por el portavoz por excelencia de la City londinense y del mundillo empresarial y financiero europeo, el periódico Financial Times. Tras tildar en anteriores editoriales a la presidenta Cristina Fernández de “lunática populista”, dijo el jueves: “No está claro qué precio pagará la Argentina por las acciones pero, dado que un tribunal del Estado lo fijará, Repsol probablemente obtendrá un acuerdo injusto. En todo caso, no se pagará nada durante años. Mientras tanto, la pérdida de la mayoría de su producción de petróleo y gas es un duro golpe para la compañía.
“España ha lanzado fuego, pero su espacio para maniobrar es limitado. Aparte de hacer sentir vergüenza, tiene poco con qué golpear a la Argentina. Mientras, la acción multilateral podría no ser más efectiva, Buenos Aires tiene una historia de no hacer caso de la opinión internacional no deseada”.
Todos los analistas parecen coincidir en eso, que a pesar de su inmenso poderío, Brufau parece tener perdida su batalla para conseguir que la Agentina pague sus acciones al desorbitado precio que reclama.

El precedente de Bolivia. El conflicto actual no es el único de este tipo que ha tenido Repsol en América latina. El 1º de Mayo de 2006, el presidente Evo Morales anunciaba también la nacionalización de los hidrocarburos y, mientras lo hacía, tropas del Ejército ocupaban las decenas de plantas de petróleo y gas existentes en el país.
La medida, aunque ya había sido anunciada durante la campaña electoral de Morales, se precipitó a partir de enero de ese año. Cuando el gobierno boliviano anunció que registraría sus reservas de petróleo y gas en la Bolsa de Nueva York, Brufau anunció rápidamente una rebaja del 25% de las reservas petroleras y gasísticas de Repsol-YPF. ¿La razón? Que Brufau había declarado como propias reservas que en realidad pertenecían al Estado boliviano, lo que le supuso querellas por fraude en Estados Unidos.
Poco después, la aduana boliviana acusó también a la empresa de un delito de contrabando de 230.399 barriles de crudo, allanó su sede y detuvo a su presidente y a su gerente.
Un año antes, en junio de 2005. ya había habido otro incidente con Repsol, en el campo de Surubi, cuando unos campesinos que se encontraban pescando murieron abrasados por las llamas que provocó la explosión en un vertedero ilegal de Repsol.
En otra ocasión se descubrió una planta de gas suya no declarada. Después de llevar a cabo la nacionalización, Bolivia reclamó también al banco español BBVA y al Zürich, que devolvieran las acciones que tenían en la petrolera, y que constituían hasta ese momento parte de los fondos de pensiones privados que estas gestionaban y que pasaron a estar bajo control del Estado.
En aquel momento también el gobierno del socialista Rodríguez Zapatero salió en una defensa a ultranza de Repsol-YPF, contando con el respaldo del PP y de prácticamente todos los medios de comunicación. Estos se ensañaron con Evo, con un trato despectivo hacia el indiecito y diarios como El País llegaron a editorializar que la medida sería “altamente perjudicial para el pueblo boliviano”.

¿Música conocida? Las amenazas que también hubo en aquel momento quedaron en la nada y Repsol-YPF, como otras nueve petroleras, terminaron por aceptar el nuevo rol que les asignó el gobierno boliviano, como socios minoritarios y bajo reglas muy distintas. Pocos años después ya Bolivia veía como las arcas del Estado se beneficiaban significativamente por el cambio de modelo, en el que el Estado pasó a detentar la mayoría de Yacimientos Petrolíferos Fiscales de Bolivia (Ypfb).
En noviembre de 2008, Rafael Correa anunció por su parte la decisión de que Repsol-IPF se fuera de Ecuador. “Repsol se va del país porque nos ha hecho perder el tiempo, además de que ha bajado la producción y las inversiones, y no ha aceptado renegociar el contrato.” Correa advirtió en aquel momento, que “las compañías transnacionales deben entender que las condiciones no las van a poner ellos, las va a poner el país”.

Graves acusaciones. La presencia de la multinacional española en 14 países de América latina y el Caribe, seis europeos, cuatro asiáticos y ocho africanos, ha estado a menudo salpicada de graves escándalos y acusaciones por parte de representantes de comunidades indígenas y campesinas, de organismos ecologistas como Attac y Ecologistas en Acción, de defensores de los derechos humanos como Amnistía Internacional y de más de 200 ONG de distintos ámbitos y países.
El Tribunal Permanente de los Pueblos condenó en 2007 a Repsol por “violación de derechos humanos y atentado contra el planeta”. Entre los numerosos testimonios que se expusieron en su contra y confirmando el informe de A.I. “Un laboratorio de guerra, represión y violencia en Arauca”, de 2004, se denunció la connivencia de la empresa estadounidense Oxy –de la que Repsol es socia– con los paramilitares ultraderechistas colombianos para explotar con toda impunidad el petróleo en esa región colombiana. La Brigada XVIII de los paramilitares, a la que Estados Unidos habría aportado 90 millones de dólares dentro del Plan Colombia, para proteger a Oxy y el oleoducto del norte del país, aplastar cualquier intento de formar sindicatos a los trabajadores y para forzar el abandono de la tierra de la población local, es autora de numerosas masacres en la zona.
A Repsol se la ha llegado a acusar de blanquear dinero del narcotráfico y de poner como condición para invertir en muchos países que el gobierno de turno controlara –léase, reprima– cualquier tipo de conflictividad social.
No sólo importantes poblaciones de Bolivia, Ecuador, Perú, Colombia y la misma población mapuche argentina tienen denuncias contra Repsol, sino que en el propio territorio español, en las islas Canarias, se ha lanzado la campaña ciudadana “Canarias dice no a Repsol”, ante el intento de la compañía por explotar petróleo a 20 millas de las costas de Fuerteventura y Lanzarote, en un área de 616.000 hectáreas, que pondría en peligro diez espacios naturales protegidos.
Esta es la compañía “ejemplar” y “víctima” por la que el gobierno de Rajoy, con el apoyo del Psoe y de prácticamente todos los grandes medios de comunicación españoles pretenden lanzar una cruzada nacional en su defensa.

Bajo el húmedo y caluroso cierre de la Cumbre de mandatarios, el domingo pasado y desde Cartagena, la corresponsal de La Nación escribía para que los lectores del diario de los Mitre dijeran el lunes “¡qué barbaridad!”. El texto aseguraba que Cristina había dejado la hermosa ciudad tropical al mediodía porque estaba muy molesta. El monotema de una cadena de medios norteamericanos en español y de distintos países del sur del Río Bravo repetían “¡qué barbaridad!”. Muchos de los que leían el lunes 16 a Silvia Pissani o a muchos otros articulistas, apenas un par de horas después escuchaban la realidad por cadena nacional. Se había cumplido lo dicho por el canciller Héctor Timerman desde el centro de prensa de la Cumbre: “La Presidenta tiene una reunión impostergable hoy a la noche”. Los que desoyeron a Timerman no fueron los únicos en enterarse por televisión. El ex presidente de Repsol YPF Antonio Brufau había dejado su departamento de Puerto Madero el sábado y diez horas después el lear jet de Repsol lo dejaba en el aeropuerto de Barajas. Una vez más se había ido con las manos vacías. Al día siguiente por la tarde madrileña, desde el edificio de Repsol en el Paseo de la Castellana, cerca del estadio Bernabeu, hablaba en teleconferencia con Antonio Gomis y otros ex directivos de la compañía. Hablaban de lo que sucedía en ese momento: la Presidenta anunciaba por cadena nacional que el 51% de las acciones eran expropiadas en los términos establecidos por el Acuerdo para la Promoción y la Protección Recíproca de Inversiones entre Argentina y España de 1992. Ese acuerdo, con fuerza de ley, establece que la nacionalización o expropiación que pueda ser adoptada por una Parte contra las inversiones de la otra Parte en su territorio deberá aplicarse exclusivamente por causas de utilidad pública conforme a las disposiciones legales y en ningún caso deberá ser discriminatoria. Agrega que “pagará al inversor o a su derecho-habiente, sin demora injustificada, una indemnización adecuada, en moneda convertible”. Tanto Brufau y Gomis como los Ezkenazi conocían muy bien el artículo 5 del convenio que caía sobre su cabeza. Lo que no sabían era que la Presidenta no estaba molesta el domingo: ella se estaba concentrando para el paso más trascendente desde que inició su segundo mandato al frente del gobierno. Cristina se estaba preparando para el gran desafío, consistente en emprender el camino de la soberanía energética cuyo primer paso era sumamente arriesgado. No sólo había que redactar la ley para ser tratada en el Congreso: era decisivo tener el panorama de cómo tomarían ese proyecto las diez provincias con recursos hidrocarburíferos que quedarían asociadas a la expropiación, era preciso saber cómo podía reaccionar la sociedad, la oposición y el empresariado. Pero, como en el ajedrez, sabía que después de las blancas mueven las negras. Y sin dudas, Cristina debía estar preparada para la jugada de Repsol. Por eso, no debe haberle incomodado que La Nación y el coro de medios se autocomplacieran con “el enojo de Cartagena”. El anuncio por cadena fue tan sorpresivo como la firma, un rato antes, del decreto de necesidad y urgencia que designaba como interventor y subinterventor, por un plazo de 30 días, a Julio De Vido y Axel Kicillof. Mientras Brufau veía el verde primaveral del Paseo de la Castellana, la nítida imagen que le devolvía el plasma de la amplia mesa del salón de conferencias donde estaban Gomis y el resto de los directivos, algo pasó en ese lunes caluroso de Buenos Aires que descolocó al ex presidente de Repsol YPF. Se colaba en cámara una gente que ingresaba al salón y comunicaba que las nuevas autoridades se hacían cargo de la operación de la compañía.
Ese lunes 16 de abril se iniciaba una nueva etapa en la historia de la energía argentina. Con el correr de los días, la energía soberana sumaba aliados. Radicales, Socialistas, de Proyecto Sur y también de peronistas opositores. Mauricio Macri ensayaba el puesto de representante del Partido Popular español en Argentina, quizá conmovido por algunas declaraciones del presidente Mariano Rajoy que prometía amplios apoyos. El entusiasmo de Macri fue decayendo a medida que veía que ninguna empresa de capitales españoles radicada en Argentina se solidarizaba con el vaciamiento y la desinversión causada por Brufau. Tampoco otras empresas de capitales italianos o alemanes o estadounidenses o brasileros hacían ademán de mencionar el tema. La realidad es que Telefónica o el Banco Santander o Volkswagen o Camargo Correa y decenas de otras habían recibido los mismos mensajes en las reuniones con ministros y secretarios de Estado en noviembre pasado, apenas reasumida la Presidenta: las cuentas del flujo de capital del país necesitan sintonía fina y las altas rentas de las multinacionales no se corresponden con los niveles de reinversión de las compañías. Si los números de las remesas de utilidades eran preocupantes en general, el caso Repsol YPF era escandaloso. Por datos brindados por la misma compañía, en 1999, ganaba 477 millones de dólares, los beneficios trepaban a 1.076 en 2002 y, en 2003, llegaba a 1.596 millones. Desde entonces y hasta 2011 ese fue el promedio de ganancias. Los niveles de inversión fueron bajísimos: el 85% del dinero emergente del subsuelo de la Patria volaba al exterior. En noviembre, el entonces CEO de Repsol YPF, Sebastián Eskenazi, se reunía con funcionarios del más alto nivel del Gobierno y recibía el mismo pedido que los otros directivos. Lo transmitió en la reunión del Consejo de Administración de la compañía. Cabe consignar que Eskenazi era el socio local, tenía el legado de actuar como algo que en la Argentina se mencionó hasta el hartazgo y parece una rara avis: un burgués nacional. El burgués nacional, hijo de un gran burgués y hasta el lunes pasado vicepresidente de la petrolera. Los socios españoles decidieron hacer oídos sordos al pedido y los socios argentinos decidieron acompañar a los españoles en la remesa de utilidades al exterior. La suerte estaba echada. Tal como había dicho Julio César al cruzar el Rubicón. Pero Brufau y Esquenazi no tenían las legiones atrás. El primero vio, ese lunes, como se terminaba abruptamente la videoconferencia. El otro tenía un plazo perentorio para retirar sus pertenencias. Una nueva etapa se iniciaba. En los otros pisos de la inmensa torre de la avenida Macacha Güemes la gente seguía trabajando. Enfrente, en el campo de deportes del Colegio Nacional de Buenos Aires, los chicos y las chicas seguían con sus clases de gimnasia, en la vereda seguían desfilando las vecinas elegantes y los que se entrenaban para alguna maratón. Los ejecutivos desplazados fueron hasta el subsuelo y se retiraron sin hacer declaraciones en autos de vidrios polarizados. Buenos Aires estaba buena ese lunes. La Argentina también.

El principal reto de este artículo es analizar si la economía brasileña cuenta con herramientas para hacer frente a una crisis de escala mundial. En la primera parte, son reanalizados los aspectos más relevantes del funcionamiento del capitalismo de las últimas décadas, con énfasis en el papel desempeñado por el capital ficticio, y son recordados los despliegues de la crisis en el momento actual. En la segunda y tercera partes, dedicadas a Brasil, son descritas las políticas contra cíclicas realizadas por el gobierno brasileño en 2009 y discutido hasta qué punto Brasil puede hacer frente, sin ayuda, a una nueva retracción de la demanda y de la liquidez mundial. Entre otros aspectos es dada especial atención a la exposición de la economía al movimiento de los capitales con sus desdoblamientos, tanto en el cambio como en el balance de pagos y en las finanzas de las empresas.

La única manera de entender las razones que provocan el furor con que el gobierno español, los medios de comunicación y tantos tertulianos de toda laya defienden a Repsol no puede ser otra que comprobar el amplio listado de ex autoridades del Estado, incluyendo actuales ministros, que han estado en su nómina, las miles de páginas y horas de su publicidad que financian a los medios y quién sabe qué otro tipo de influencias más inconfensables e inconfesadas.

Defender la españolidad de Repsol es algo demasiado forzado y olvidar que los que ahora lo hacen con tanto ímpetu fueron, en su gran mayoría, los que promovieron y llevaron a cabo la privatización de empresas que entonces sí que eran efectivamente españolas, no solo porque la totalidad o la inmensa mayoría de su capital era español, lo que quizá incluso sea lo de menos, sino porque la estrategia empresarial que perseguían respondía a intereses nacionales y no globales que apenas si repercuten en el progreso de España y en el bienestar de sus ciudadanos.

La crisis financiera europea no terminó, acaba de comenzar. En el largo plazo, la tragedia griega aparecerá como un episodio menor. No es difícil para los argentinos comprender el origen de la crisis, aunque es sorpresivo por qué una de las regiones más ricas del mundo y una referencia global para el crecimiento con equidad social se está suicidando al adoptar medidas de austeridad que profundizan la crisis.

La Unión Monetaria Europea (EMU, por sus siglas en inglés) nació de un diseño político francés que pretendía atar para siempre el destino de la Alemania post-unificación a Europa occidental. De otro modo, la nueva Alemania hubiera mirado hacia el este, como lo hizo de todas formas al convertirse en el eje manufacturero de Europa del este, hacia donde descentralizó sus producciones de menor valor agregado. Al participar de la EMU, Italia y otros países apuntaron a importar la disciplina fiscal, monetaria y laboral alemana.

Los economistas de Estados Unidos alertaron a los europeos que la EMU no era un “área monetaria óptima”, ya que era muy heterogénea en términos económicos, culturales y lingüísticos. Las elites europeas lo vieron como una conspiración norteamericana para impedir el nacimiento de una nueva divisa internacional. Sea lo que fuera, lo que sucedió entre 1999 y 2008 es una historia conocida para los argentinos. La liberalización financiera y la fijación del tipo de cambio generaron enormes flujos financieros desde el “núcleo” europeo –Alemania, Holanda, Austria y Finlandia– hacia la “periferia” –fundamentalmente, España, Grecia e Irlanda–. Estrictamente, Francia e Italia no pertenecen a ninguno de los grupos, la industria manufacturera italiana se ubica segunda sólo por detrás de Alemania y esto evidencia las diferencias entre Italia y España. Los flujos de capitales condujeron a un boom de la construcción en Irlanda y España e impulsaron el despilfarro del gobierno en Grecia. Esto condujo a un efímero crecimiento en esos países, acompañado por una inflación relativamente elevada y la consecuente pérdida de competitividad. Las cuentas externas se volvieron negativas y acumularon un enorme caudal de deuda, principalmente con Alemania.

Asimétricamente, desde fines de la década del 90, bajo el gobierno social- demócrata del canciller Schroeder, Alemania adoptó una política mercantilista de moderación salarial y fiscal junto con flexibilización laboral. Por un lado, comprimía la demanda doméstica y la inflación y, por el otro lado, financiaba la demanda agregada en la periferia. Esto se convirtió en la desembocadura del modelo de crecimiento alemán basado en las exportaciones.

El único problema es que la periferia acumuló enormes cantidades de deuda externa sin tener la capacidad para, eventualmente, terminar con los desbalances devaluando sus monedas, como hizo Argentina en 2002 o Italia en 1992, luego de los desequilibrios creados por el Sistema Monetario Europeo en los 80. A fines de 2009, los mercados financieros comenzaron a dudar de la solvencia de las economías periféricas. La crisis golpeó a Grecia, Irlanda, Portugal en 2010 y a la tercera y cuarta economía de la EMU, España e Italia en 2011. Como consecuencia de la caída en los ingresos fiscales y el rescate público del sector bancario en países como Irlanda y España, los problemas de deuda privada se convirtieron en un problema de deuda pública.

La respuesta europea ha sido caracterizada históricamente por ser sistemáticamente “muy chica, muy tarde”. Los fondos de emergencia europeos fueron concebidos para evitar el default de los gobiernos periféricos. Sin embargo, hay un inconveniente: una parte significativa de esos recursos viene de los mismos países que necesitan el financiamiento, un círculo vicioso. Contra el deseo de Alemania, el Banco Central Europeo (BCE) tuvo una tímida intervención para sostener las deudas soberanas periféricas, pero sólo lo suficiente para evitar el colapso de la EMU y no para mantener en niveles sostenibles las tasas de interés sobre esas deudas (los dos miembros alemanes del directorio del BCE renunciaron en protesta durante 2011).

Los alemanes se oponen a que el BCE actúe como prestamista de última instancia para los países y bancos, la principal razón por la cual fueron creados los bancos centrales. La idea de un banco central que coopere democráticamente con la política fiscal fue parte de la reciente reforma del Banco Central argentino. Pero los líderes alemanes, los gobernantes demócratascristianos y la oposición socialdemocrata, comparten, consciente o inconscientemente, un diagnóstico errado de la crisis europea. En nombre de un inexistente peligro inflacionario, rechazan el accionar firme del BCE para calmar a los mercados al actuar como el máximo garante/protector de las deudas periféricas. Es más, Alemania impuso medidas de austeridad fiscal sobre la periferia argumentando que el derroche fiscal es el responsable de la crisis.

El resultado es una situación económica y social en deterioro. Alemania espera sobrevivir, a pesar de la caída de los mercados periféricos europeos, mirando hacia las economías emergentes. La única acción efectiva fue tomada en diciembre pasado por el titular del BCE, Mario Draghi, nuevamente con la oposición alemana, al prestarle a los bancos europeos un billón de euros por tres años a una tasa de uno por ciento con la expectativa de que una parte se utilice para sostener las deudas soberanas. Esa operación sirvió como alivio de corto plazo, pero ahora los bancos tienen más bonos de deuda, una situación nada tranquilizadora dado que las causas que generaron la crisis siguen presentes.

Los países europeos están en un escenario kafkiano: locos si se quedan, locos si se van. Por un lado, el quiebre de la Eurozona devastará al sistema financiero global, dado que cualquier país endeudado entrará en default al mismo tiempo. Por otro lado, Alemania se opone a la solución más razonable: permitir que el BCE sostenga la deuda europea, impulsar la demanda interna alemana permitiendo que los salarios y el gasto fiscal aumenten, implementar un enorme Plan Marshall europeo para la periferia emitiendo eurobonos.

Este es el triste final de una linda historia europea de construcción de una sociedad justa y eficiente. Tal vez, cuando las cosas empeoren, incluso para los alemanes, el fracaso de la austeridad lleve a medidas más progresivas. Sin embargo, eso no compensará el sufrimiento innecesario que imponen las políticas vigentes sobre millones de europeos. La presión de Estados Unidos y las economías emergentes para que Alemania asuma un liderazgo regional y global y no se comporte como Suiza serían de gran ayuda.