¿Más policías es igual a más seguridad? ¿El aumento del delito se soluciona con más presencia policial? ¿En qué medida la policialización de la seguridad produce delitos y delincuentes? ¿Cómo reinterpretar los datos producidos por la Encuesta Nacional sobre la Estructura Social del Programa de Investigación sobre la Sociedad Argentina Contemporánea (ENES-Pisac) de cara al próximo gobierno?

Hace días, la Comisión Bonaerense por la Memoria hizo pública la búsqueda del paradero de Facundo Astudillo Castro. La última vez que se lo vio era subido a un patrullero. Un policía fue reconocido por la madre como quien “había tenido problemas” con su hijo.

Durante el primer semestre de 2017 se registraron 39 hechos represivos hacia los conflictos sociales. De ellos, 18 se llevaron a cabo durante el segundo trimestre.

El lunes 16 de diciembre, se realizó un Plenario Nacional de la CTA en la sede de la calle Piedras. Participaron los miembros de la Mesa Nacional y los Secretarios Generales de las distintas provincias, quienes luego de debatir la coyuntura nacional tras el conflicto policial, acordaron emitir la siguiente declaración:

Cuando los argentinos nos encaminábamos a festejar los treinta años de democracia ocurrió lo de Córdoba. Esa verdadera sedición policial montada sobre reclamos legítimos pero con métodos inadmisibles como los robos y el vandalismo que comenzaron en un barrio de agentes policiales y luego se extendieron en las zonas liberadas para el delito por la ausencia de la fuerza pública. El papel del gobernador De la Sota resultó tan lamentable como estimulador para el accionar concatenado de otras policías provinciales. Cedió ante la extorsión de los uniformados y, tras hacerlo, culpó al gobierno nacional.